Capacitan a funcionarios públicos en las últimas reformas fiscales

Mérida, Yucatán.- El Gobierno del Estado capacita a todos los funcionarios públicos del ramo fiscal en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para fortalecer a las instituciones financieras gubernamentales y mantener un sano ejercicio de la economía local, afirmó el contralor estatal, Miguel Antonio Fernández Vargas.

El mencionado estatuto incorpora nuevos lineamientos, medidas y obligaciones dirigidas a determinadas actividades económicas, consideradas por la propia ley como vulnerables debido a su posible relación con negocios o giros comerciales que faciliten o promuevan el lavado de dinero.

El funcionario detalló que esta normativa, conocida comúnmente como ley anti-lavado, entró en vigor a finales del año pasado y tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía de todo el país mediante la cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR), para prevenir, investigar, perseguir y sancionar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita.

Por ello, dijo, es importante la capacitación a todo el personal de la estructura de Gobierno en las últimas adecuaciones al marco legal, con la finalidad de mantenernos como un estado seguro y a la vanguardia en la materia.

Ante el consejero Jurídico del Estado, Ernesto Herrera Novelo; y el director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, Carlos Pasos Novelo; recordó que la capacitación se extendió a todos los notarios públicos y fedatarios de la entidad para homologar criterios de aplicación y robustecer la seguridad fiscal y jurídica del territorio.

El curso estuvo a cargo del vocal de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Juan Carlos Reza Priana, quien dijo que dicha Ley obliga a ciertas entidades a informar a la SHCP sobre operaciones que puedan implicar el uso de dinero ilícito y faculta a las autoridades para investigar dichas acciones.

Durante la conferencia de prensa realizada en el Salón Izamal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, el expositor señaló que el estatuto define como actividades o giros vulnerables a las apuestas, concursos y sorteos, la comercialización de tarjetas de crédito o prepagadas por entidades no financieras, la transmisión o construcción de bienes inmuebles, la venta de joyería o arte y la distribución de vehículos terrestres, aéreos o marítimos, entre otros.

Debido a esto se establecieron límites al uso de dinero en efectivo en operaciones relacionadas con la adquisición de bienes, que rebasen las cuantías determinadas por la propia Ley.

En ese sentido, la normativa obliga a los intermediarios no financieros, es decir, quienes participan en transacciones económicas, a verificar la identidad de sus clientes o usuarios, a solicitar información sobre su ocupación o fuente de ingreso, y a conservar y proteger durante cinco o 10 años la documentación sobre dicha información.

Por último, el consejero Jurídico, Herrera Novelo afirmó que la capacitación de los funcionarios será constante, pues se busca que Yucatán sea referente en materia fiscal y administrativa, mediante la actualización permanente a las instituciones encargadas de cuidar el funcionamiento de la economía estatal.