Yucatán armoniza sus leyes en el marco de la reforma político-electoral

Mérida, Yucatán.- Los diputados del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad las iniciativas de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, y las siete reformas en materia político electoral para armonizar el marco legal estatal con la reforma Político-Electoral.

La nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, contiene la integración de los órganos de representación popular, los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; las candidaturas independientes, el proceso de selección de candidatos independientes, las prerrogativas, derechos y obligaciones, así como la propaganda electoral de estos candidatos.

A su vez la nueva Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán prevé el financiamiento de los Partidos, las reglas y el financiamiento público y privado, junto con su sistema de contabilidad y obligaciones en cuanto al régimen financiero; la fiscalización a los Partidos, las candidaturas comunes, las coaliciones y las fusiones, así como la pérdida del registro de los Partidos Políticos.

Sobre las siete reformas, están modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado donde se suprimiría la función electoral al Poder Judicial; modificaciones a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; Código Penal del Estado; la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado; y la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado.

Promueven reformas a la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, desde la actualización a la denominación del nuevo Instituto electoral y del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa hasta el establecimiento de nulidad por violaciones graves, dolosas y determinantes, que son definidas detalladamente, entre otros.

El Código Penal del Estado establecería que son delitos electorales los señalados en la Ley General de Delitos Electorales y una reforma a la Ley de la Fiscalía General del Estado donde se transformaría la Vicefiscalía especializada en Derechos Electorales, entre otros.