- Diputados remiten a la Mesa Directiva para que se discuta este jueves en la sesión del Pleno
La reunión de la comisión inició a las 17:20 horas y poco
después de las 19:00 horas se avaló el documento, en lo general y en lo
particular, con 24 votos a favor (PRI, PAN, PRD, PVEM y NA), uno en contra
(Ricardo Mejía Berdeja, de MC) y una abstención (Julisa Mejía Guardado, del
PRD).
Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la
Constitución.
En las consideraciones del documento se señala que “resulta
evidente que la corrupción trasciende militancias partidistas, proyectos
ideológicos y órdenes de gobierno”.
Se establece que “el actuar de los servidores públicos se
vuelve relevante: un acto de corrupción no sólo tiene implicaciones éticas, en
específico contrarias al sistema axiológico de las democracias
constitucionales, sino que producen daños relevantes en el desempeño estatal”.
Recuerda que, según datos del Índice Nacional de Corrupción
y Buen Gobierno, para el año 2010, las ´mordidas´ para acceder o facilitar 35
trámites y servicios públicos alcanzaron los 32 mil millones de pesos.
Para ese mismo año, el índice registró 200 millones de actos
de corrupción en los distintos órdenes de gobierno.
Según el Barómetro de las Américas, en 2010 el 77 por ciento
de los ciudadanos encuestados percibieron índices altos de corrupción en el
país.
Se crea el Sistema Nacional Anticorrupción “como una
instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control
de recursos públicos”.
Resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas en
crear una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la
administración gubernamental.
El sistema contará con un Comité Coordinador integrado por
los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía
responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo federal
responsable del control interno y por el magistrado presidente del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa.
Asimismo, por el comisionado presidente del organismo
garante que establece el artículo 60 de la Constitución y por un representante
del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación
Ciudadana.
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