México, DF.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a entregar copia de la
documentación que dé cuenta sobre dónde ha estado el que será el nuevo avión
presidencial, así como las ciudades, fechas y responsables de la aeronave.
El sujeto obligado no podrá omitir entregar el documento que
dé cuenta de la recepción y partida de la aeronave de fecha 09 de octubre de
2014.
A la solicitud de esta información por parte de un
particular, la SEDENA se declaró incompetente para proporcionarla y orientó al
interesado a dirigir su petición al Banco Nacional de Obras y Servicios
(BANOBRAS), razón por la que el solicitante se inconformó ante el INAI.
En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Joel
Salas Suárez concluyó que la SEDENA es competente para responder, pues además
de ser el usuario final de la aeronave, también es la institución responsable
de la inspección y supervisión técnica del contrato.
Por otra parte, de acuerdo con declaraciones del secretario
de Comunicaciones y Transportes federal, retomadas por diversos medios de
comunicación, el avión presidencial arribó a territorio nacional el 9 de
octubre de 2014, permaneció unas horas en la base militar número 1 en Santa
Lucia, Estado de México, y regresó a Estados Unidos para continuar con su
equipamiento. Por tanto, la SEDENA debe tener constancia de la fecha y la
ubicación de arribo por ser el responsable de supervisar las pruebas realizadas
en sus instalaciones.
En julio de 2012, SEDENA presentó el proyecto de adquisición
del nuevo avión presidencial, argumentando que la actual aeronave cumpliría 27
años de servicio. El avión en proceso de adquisición, según información de la
empresa productora, brindará mayor eficiencia en su operación debido a que por
su velocidad y ahorro de combustible le permite usar 20% menos de carburante
que cualquier otro avión de su tamaño en trayectos similares.
La Auditoría Superior de la Federación halló en la Cuenta
Pública de 2012 que no se contó con los elementos técnicos y económicos suficientes
para acreditar la selección y adquisición de la aeronave, y que siete meses
antes de presentarse el análisis costo-beneficio, ya habían iniciado las
negociaciones entre SEDENA, BANOBRAS, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la empresa proveedora.
Con un costo de 6 mil 700 millones de pesos, la aeronave Boeing 787-7 Dreamliner fue
adquirida con un esquema de arrendamiento a pagar en 15 años, el cual será
liquidado por una partida presupuestal administrada por BANOBRAS y aprobada por
el Congreso.
El comisionado ponente, Joel Salas Suárez apuntó que el
costo del avión ubica a este caso en la mira pública, por lo que las
instituciones deben de ser sensibles a las demandas de transparencia y
rendición de cuentas.
“La transparencia y el acceso a la información pública son
vías para que las instituciones públicas comprueben que cumplen con sus
obligaciones, garantizando en todo momento el derecho de la población a saber.
Tratándose del avión presidencial es natural que atraiga la atención pública,
lo cual ofrece a la autoridad una oportunidad para demostrar que entiende su
papel en el proceso”, concluyó.
No hay comentarios.
Publicar un comentario