Mérida, Yucatán.- En la necesidad de proteger y asistir a
las mujeres que sufren violencia de género o pasan por un proceso judicial
coincidieron jueces en materia familiar y penal del Poder Judicial, así como
una especialista en psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán.
En el marco de las acciones para institucionaliza la
perspectiva de género en la labor judicial, se llevó a cabo la mesa panel
“Acceso a la justicia con Perspectiva de Género, Violencia de Género”, en la
cual los panelistas hicieron énfasis en tener presente como juzgadores la
situación de violencia que padecen, mayormente, las mujeres, pero también otros
miembros de la familia como los menores.
La mesa panel se realizó la tarde de ayer en el auditorio
“Víctor Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia del Estado y estuvo
moderada por la magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, quien es enlace de
igualdad de género del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán ante
la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos (CONATRIB).
En su oportunidad, la jueza de oralidad familiar del Poder
Judicial Lic. Enna Rossana Alcocer del Valle, señaló que la definición de
violencia según el Código de Familia del Estado, hace referencia a la violencia
familiar, es decir, la que se ejerce contra algún miembro de la familia por
parte del cónyuge, concubino, concubinario o pariente consanguíneo y establece
los tipos de violencia como la psicológica, patrimonial, económica y sexual y
rige al momento de conceder las medidas de protección en el sistema de oralidad
familiar.
“La participación del
estado y de las autoridades ante esta problemática es condenar la violencia y
tender a erradicarla, brindar protección jurídica a la mujer respecto de sus
derechos sobre una base de igualdad con los del hombre y la abstención de toda
práctica discriminatoria”, aseguró la juzgadora.
Cuando una mujer comparece ante un juez familiar y solicita
una medida de protección, es un asunto muy delicado, el juzgador puede no tener
elementos suficientes para resolver y en esos casos hay que tener en
consideración que el sistema de oralidad familiar, en primer término, es un
sistema basado en el principio de buena fe, sin embargo hay ocasiones en las
que sí se cuenta con relatos y con documentos de denuncias, expuso ante el
nutrido auditorio.
Explicó que la ley de las mujeres a una vida libre de
violencia del estado de Yucatán faculta a la autoridad judicial para conceder
este tipo de medidas sujetas a prueba, a las cuales es importante darles la
celeridad posible para proteger a este sector vulnerable de la sociedad que
demanda protección.
Es importante, resaltó, que el juzgador llegue al fondo del
asunto valiéndose de cualquier prueba que considere pertinente para esclarecer
los hechos controvertidos. Por otro lado, la concesión de la medidas de
protección a los hombres también es factible, juzgando con perspectiva de
género, siendo siempre cuidadosos.
En su turno, el juez de control del Poder Judicial, Lic.
Antonio Bonilla Castañeda, mencionó que todo juzgador tiene por mandato constitucional juzgar con una perspectiva de género buscando
que no se violente el derecho humano que toda persona tiene al acceder a la
justicia.
Esto implica, continuó, que el juzgador debe considerar
situaciones particulares de cada uno de los ciudadanos para poder arribar a una
conclusión que le permita analizar las circunstancias bajo las cuales la
persona que resintió una lesión jurídica pueda encontrar una solución a través
de la justicia.
“Hablar de perspectiva de género también implica que el hombre
también puede ser víctima, pero es evidente que en nuestro país la violencia de
género se va hacia la mujer, lo cual tiene que ver con los estereotipos que
socialmente hemos aprendido y repercuten en conflictos penales”, dijo.
Expuso que estereotipar es asignar funciones y roles, en el
caso de la sociedad las funciones que tienen la mujer y el hombre, lo cual
influye para que se den conflictos previstos como delitos, y ello amerita una
eficaz protección a los derechos de las mujeres.
Como sociedad ya no podemos seguir construyendo estereotipos
y como instituciones del estado estamos
para garantizar y proteger a la mujer cuando se encuentren en un riesgo. Por
otro lado, las medidas de protección en el ámbito penal se dan incluso antes de
presentar una denuncia, pero también hay la posibilidad de poner medidas
cautelares idóneas que protegen a la víctima y que garanticen una tranquilidad
y no una zozobra durante el procedimiento iniciado, finalizó.
En su intervención, la psicóloga Faridé Castillo Peña de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) habló de los tribunales amigables para
niñas, niños y adolescentes, los cuales son necesarios para que un menor que se
encuentra en contacto con el sistema de justicia tenga herramientas para
superar esa experiencia y pueda superarlo de forma exitosa, incluso en su vida
adulta.
Dijo que hacer tribunales amigables para niños, niñas y
adolescentes implica cuidar sus derechos, protegerlos y mitigar en la medida de lo posible el sufrimiento
psicológico y social durante el proceso.
Sobre perspectiva de género, la especialista explicó que es
importante pensar en las hijas e hijos de las personas que sufren violencia.
“No hay que olvidarlos, porque un pequeño que no tiene una experiencia sanadora
y terapéutica, con los años se convierte
en un adulto incapaz de desarrollar una personalidad saludable”.
Resaltó la alianza estratégica y positiva entre la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y
el Poder Judicial del Estado para establecer mecanismos y trabajar con
materiales, espacios físicos y de justicia amigables, lo cual traerá un impacto
positivo en el tejido social.
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