Ochoar Reza, al PRI por candidatura de unidad

Este viernes, líderes de dos organizaciones ligadas al PRI: de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) expresaron su respaldo a Ochoa Reza

Mientras el CEN priista emitía la convocatoria, Enrique Ochoa Reza, ex titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  se reunía con la dirigencia de la CTM encabezada por Carlos Aceves del Olmo, la cual le expresó su apoyo para ser el próximo líder del partido.

Con esto, la CTM se convirtió en el primer sector del instituto político en pronunciarse por una candidatura de unidad.

La dirigente nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), senadora Cristina Díaz Salazar, dio su apoyo Ochoa Reza “para que obtenga su registro para ser electo como presidente sustituto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y concluir el periodo estatutario 2015-2019”, indicó el grupo en un comunicado.

De acuerdo con la confederación, “con Enrique Ochoa el tricolor vivirá una nueva etapa manteniendo firmemente la defensa de los intereses de la ciudadanía y buscando el avance y progreso del país”.

De acuerdo con la convocatoria, si sólo se registra un aspirante, el procedimiento electivo subsecuente quedará “sin materia” y se declarará “electo” al aspirante único, precisa el documento.

Enrique Ochoa Reza, director de la CFE, se perfila como el virtual candidato de unidad a ocupar el máximo escaño de su partido. El funcionario federal presentó este viernes su renuncia a la Comisión para participar en el proceso de elección de su partido.

El funcionario ha sido militante del partido durante más de dos décadas, en las que ha mantenido un bajo perfil, pues nunca ha ocupado un puesto de elección popular.

Quien resulte electo será designado como presidente sustituto para la conclusión del periodo estatutario 2015-2019, tras la renuncia el pasado 20 de junio, de Manlio Fabio Beltrones, tras la derrota histórica del priismo en elecciones estatales, y a menos de un año de haber tomado posesión como líder del PRI para el periodo 2015-2019.

Los militantes que deseen registrarse como aspirantes al cargo deberán ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al partido, tener arraigo y prestigio entre la militancia y la sociedad, reconocido liderazgo y amplios conocimientos de los postulados del PRI.

Los aspirantes no deben haber sido dirigentes, candidatos, militantes o activistas de otro partido político, “a menos que cuente con declaratoria favorable de la Comisión nacional de Justicia Partidaria”.

Los requisitos de la convocatoria estipulan que todo aspirante debe comprobar una residencia de por lo menos tres años en territorio nacional, excepto si hubiese desempeñado funciones públicas, estar inscrito en el registro partidario e ir al corriente en el pago de sus cuotas, y no haber sido condenado por delitos graves o patrimoniales.

También deberán acreditar apoyos del 20% de la estructura territorial, identificada a través de los comités directivos estatales y de la Ciudad de México; o tres de los sectores y organizaciones nacionales como el Movimiento Territorial, la Organización de Mujeres Priistas, el Frente Juvenil Revolucionario y la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria.

Y contar con el respaldo del 20% del total de los consejeros políticos nacionales y/o el cinco por ciento del total de afiliados inscritos en el registro partidario nacional.

La Comisión Nacional de Procesos Internos será la instancia responsable de organizar, conducir y validar el proceso interno. Una vez que los aspirantes obtengan el dictamen de que su postulación es procedente, podrán realizar actividades de proselitismo a partir del miércoles 13 de julio y concluir, a más tardar, a las 24:00 horas del viernes 15 del mismo mes.

Las campañas internas serán financiadas exclusivamente con recursos propios de los aspirantes y aportaciones o donaciones de origen lícito que reciban, y no podrán obtenerlos de los poderes públicos en cualquier ámbito de gobierno.

Los recursos económicos destinados a esas actividades deberán ser manejados con legalidad, honestidad y racionalidad, a efecto de permitir su mejor aprovechamiento y evitar dispendios.