- “La corrupción es un problema enquistado, sobre todo, en la clase gobernante y le cuesta muchos miles de millones de pesos al país: Padilla Zenteno
Jesús Padilla Zenteno, presidente del Sindicato Empresarial
en la Ciudad de México, recordó que la percepción sobre la corrupción en el
sector público de nuestro país crece cada día, aunado a los múltiples casos de
gobernadores y funcionarios señalados, investigados y detenidos en algunos
casos.
Además, en los últimos años, la corrupción es percibida no
sólo como un dique en el desarrollo socioeconómico de México, sino como uno de
los mayores males que aquejan al país, incluso por sobre la percepción de la
pobreza.
La prescripción de la acción penal es la extinción del poder
del Estado para perseguir un delito por el transcurso del tiempo, con la
excepción de los de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles.
La prescripción es la garantía de quienes son perseguidos
por el Estado por el supuesto de haber cometido un delito, de ser juzgados en
un plazo razonable. Esta es precisamente el eje de la propuesta que realiza
COPARMEX CDMX, afirma Padilla Zenteno, porque el índice de impunidad es casi de
95 por ciento y sigue en aumento.
“Como hemos visto recientemente, la corrupción es un
problema enquistado, sobre todo, en la clase gobernante y le cuesta muchos
miles de millones de pesos al país; esos recursos podrían ser utilizados de una
manera diferente para poderle dar a México el desarrollo económico y social que
nos merecemos. Por esto mismo, desde COPARMEX CDMX creemos es un deber ayudar a
fortalecer el desarrollo político y nosotros queremos contribuir a lograrlo”,
expresó Padilla.
De acuerdo con datos del INEGI, el costo de la corrupción en
México es de alrededor de 6 mil 400 millones de pesos, que se van en gastos por
el exceso de documentación y de requisitos, como también en el desfile de
ventanilla en ventanilla, sobre todo en sectores estratégicos como son
seguridad pública, trámites ante el Ministerio Público y al abrir una empresa.
Sin embargo, en los años recientes los principales actos de
corrupción han sido de los gobernantes de los estados, quienes suman alrededor
de 20 detenidos, en proceso de investigación y otros más con señalamientos
únicamente porque aún se encuentran en el cargo. A estos se suman varios
funcionarios de Estado o de altos niveles en la administración pública.
Esta propuesta va aparejada a la iniciativa lanzada por
COPARMEX CDMX el pasado 5 de octubre cuando solicitó a los legisladores la
“muerte política” para los servidores públicos involucrados en actos de
corrupción, a partir de su inhabilitación de por vida, así como para aquellos
ciudadanos o ciudadanas quienes deseen participar en elecciones para cargos de
elección popular.
Pese a que existe el beneficio donde se enuncia que una ley
no puede ser retroactiva en perjuicio de nadie, esta ley contaría a partir de
la fecha de su aprobación hacia adelante, por lo que se respetaría este
principio.
Este modelo de imprescriptibilidad actualmente ya está
previsto en legislaciones de Ecuador, Argentina, Bolivia y Perú, en América
Latina.
Actualmente, el Código Penal Federal en el Título Décimo
Artículo 212 al 224, enuncia los delitos que podrían derivarse de la comisión
de hechos de corrupción, y describe el tiempo de prescripción de los mismos en
un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad
que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será
menor de tres años.
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