- La agilidad en el intercambio de información con la Banca es vital para el proceso de fiscalización que realiza el INE: Lorenzo Córdova
- Reconoce la disposición de la Banca para colaborar con la autoridad electoral, a efecto de que los riesgos del financiamiento irregular sean inhibidos, detectados y sancionados
Lorenzo Córdova destacó la necesidad de que la Banca, como
uno de los grandes aliados del INE, proporcione – en plazos breves y a través
de las instancias hacendarias correspondientes- la información que permita
detectar las operaciones de riesgo o la canalización de recursos irregulares a
la campaña electoral que comenzará el 31 de marzo próximo.
“El INE tiene que hacer una fiscalización en tiempo real,
esto quiere decir que, durante la campaña, los partidos políticos y los
candidatos reporten día a día los ingresos y gastos que tengan. El INE no se
conforma, por cierto, con los dichos de los actores, desplegamos tareas de
verificación a lo largo y ancho del territorio y recabamos cientos de miles de
pruebas de evidencia de gasto. También cruzamos información con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) para verificar y validar cada factura y necesariamente
requerimos información a la Banca para conocer los movimientos entre cuentas de
partidos y proveedores, origen de recursos, dispersión de pagos, por ejemplo”,
señaló.
Lorenzo Córdova mencionó que la fiscalización del INE
abarcará alrededor de 20 mil candidatos y deberá presentar conclusiones de cada
uno de los contendientes 40 días después de la Jornada Electoral, “porque
tenemos que terminar nuestro trabajo antes de que los tribunales electorales
califiquen las elecciones”.
Es por ello, dijo, “la agilidad en el intercambio de
información con la Banca es vital para el INE; por la trascendencia del tema
-agregó- hemos abordado esta situación con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, con su Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores”.
El Consejero Presidente del INE reconoció la disposición que
la Banca para colaborar con la autoridad electoral “a efecto de que los riesgos
del financiamiento irregular sean inhibidos, detectados y sancionados”.
Es vital para el INE -destacó Lorenzo Córdova- que los
movimientos financieros que tengan cierto riesgo electoral puedan ser conocidos
de forma oportuna por el INE.
“Me refiero particularmente a las operaciones que realizan
entre sí personas físicas o morales con entidades de interés público, y que
conforme a los modelos que cada institución financiera ha definido y
desarrollado se califican como de riesgo, y que hacen del conocimiento de la
Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores”.
Precisó que lo ideal sería que las operaciones de riesgo se
puedan actualizar, no al término de cada trimestre, como ocurre, sino en plazos
más breves, “lo óptimo sería una semana, como una medida temporal sólo durante
los tres meses que durará la campaña”.
Si la información se entrega al término de cada trimestre,
advirtió, esa información ya no puede ser útil para la fiscalización, porque el
segundo trimestre es el que ocupan las campañas electorales, y el INE debe
terminar a más tardar el 15 de agosto la fiscalización.
“Lo ideal sería llegar al extremo de una semana como medida
temporal para que la información que ustedes generan pueda fluir de manera más
ágil y el INE pueda asegurar que a la política no llegan recursos públicos
desviados a través de empresas fachada o que hay tramas de financiamiento
electoral a espaldas de la ley”, subrayó.
La transformación del México autoritario en un país
democrático -resaltó- es una prueba de la vocación civilizatoria que conllevan las
elecciones, y refleja cómo la competencia electoral ha logrado encauzar por
vías institucionales la lucha por el poder político y el respaldo o rechazo de
la sociedad a las autoridades elegidas en las urnas.
Finalmente, hizo un llamado a los partidos y los candidatos
a apegarse a las normas y cumplir con sus obligaciones de transparencia y
redición de cuentas; a los gobiernos, a cumplir con la Constitución y mantener
la imparcialidad política tanto en su actuación como en el uso de los recursos
a su cargo, a no intervenir en la contienda electoral, y a los medios de
comunicación a procurar información oportuna, cierta, porque de ello depende
que el voto sea libre e informado.
Y a la sociedad, las y los ciudadanos, a apropiarse de una
elección, “no sólo porque son ellos quienes las hacen sino porque la decisión
está en sus manos y la misma debe tomarse en total libertad y generándonos a
los demás actores todos los contextos de exigencia que sean posibles para que
cumplamos debidamente nuestra labor”.
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