- Afecta derechos fundamentales, afirma
Ciudad de México (cimacnoticias).- La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el decreto por el que
se agregó la objeción de conciencia al artículo 10 Bis a la Ley General de
Salud.
El organismo argumentó que la adición a la Ley General de
Salud abre la posibilidad de afectar derechos fundamentales como la salud,
integridad personal, seguridad jurídica, a la vida, libertades sexuales y
reproductivas, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada
sobre el número y el espaciamiento de los hijos, y derecho al libre desarrollo
de la personalidad.
El pasado 11 de mayo el Ejecutivo federal publicó la reforma
al Artículo 10 Bis de esta norma que dice que “el personal médico y de
enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la
objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de
servicios”.
Si bien la norma establece que no podrá invocarse la
objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se
trate de una urgencia médica y describe que el ejercicio de la objeción de
conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral, grupos
defensores de los derechos de las mujeres alertan que puede ser un pretexto
para no garantizar el derecho al aborto.
En todo el país el aborto es legal cuando es producto de una
violación sexual, en 24 estados cuando la vida de la mujer corre peligro, en 14
cuando hay complicaciones de salud y solo en la Ciudad de México cuando es
voluntad de la mujer, sin embargo grupos feministas alertaron que la objeción
de conciencia puede usarse para impedir que el personal médico practique la
interrupción legal del embarazo.
En un comunicado la CNDH informó que dicha regulación debe
de ser dentro del estricto respeto al marco constitucional y convencional
existente, de manera que garantice plenamente el respeto y la protección de los
derechos fundamentales.
De acuerdo con el organismo, la Suprema Corte debe ser quien
decida sobre la constitucionalidad de la norma por ello presentó el recurso
producto de un proceso de diálogo y debate con organizaciones de la sociedad
civil, académicos y personas expertas en la materia y representantes de organismos
vinculados con la protección y defensa de los derechos.
Asimismo el organismo informó que presentó una acción de
inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social por
considerar que no establece reglas claras para la contratación de publicidad
oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de
expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la
información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos
silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación. 18/AGM/LGL
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