- Organizaciones protestan por medida
Ciudad de México (Cimacnoticias).- Organizaciones de
inmigrantes y mujeres en Estados Unidos rechazaron la decisión del Fiscal
General, Jeff Sessions, de derogar el asilo político de una mujer salvadoreña
que sufrió violencia familiar, medida que calificaron de misógina, hostil y
anti-inmigrante.
En una decisión poco usual, Sessions atrajo el caso y
revirtió la decisión de una corte de apelaciones migratoria que había concedido
asilo a la mujer. En Estados Unidos, las cortes migratorias son parte del
Departamento de Justicia, no del sistema judicial, por eso el Fiscal General
puede intervenir.
Sessions argumentó que “el estatus de asilo no puede proveer
reparación para cualquier mala fortuna”, y constató que tanto la violencia
familiar como la violencia por parte de pandillas criminales “en general” no
pueden ser motivo para pedir asilo. La decisión forma parte de la política
anti-inmigrante del gobierno Trump y tendrá presumiblemente implicaciones en
cientos de peticiones de asilo.
El centro de Estudios de Género y Refugiados de la Universidad
de Hastings (CGRS, por sus siglas en inglés), que también formó parte de la
defensa legal de la mujer salvadoreña, dijo que la demandante sufrió 15 años de
violencia por parte de su ex marido. “La golpeó, incluso cuando estaba
embarazada, la amenazó con un cuchillo y un arma”, la víctima buscó ayuda en
instancias estatales salvadoreñas, pero sin resultados.
Fue por eso que se refugió en Estados Unidos. El asilo le
fue concedido después de que una corte decidió en un precedente en 2014 que las
sobrevivientes de violencia familiar necesitan protección, ya que para recibir
asilo político, es necesario comprobar que una persona es perseguida o no
protegida por un gobierno a causa de su raza, religión, etnia, nacionalidad,
opinión política o como parte de “otro grupo social”.
La corte estableció que mujeres centroamericanas que no
pueden escapar de matrimonios abusivos, son un grupo social.
Si ellas citan un “temor creíble” de volver a casa, ante
oficiales migratorios, se tiene que abrir su caso. Según estadísticas de
Homeland Security (el departamento de inmigración) 92 mil personas alegaron
temor al llegar en la frontera en 2016, mientras que en 2008, fueron solamente
5 mil 100.
De las personas con “temor creíble” a persecución y tortura
en su casa, un 73 por ciento venía de El Salvador, Honduras o Guatemala, y en
81 por ciento de los casos, la policía migratoria encontró que el temor fue
fundado y refirió a las personas ante una jueza o un juez migratorio.
El Fiscal Sessions argumentó en su reversa a la decisión de
la corte que la mujer salvadoreña no llena el criterio, porque “la simple
existencia de circunstancias en común no hace a las personas que poseen estas
características un grupo social en particular”. Para él, la violencia en casa y
la violencia de pandillas es “violencia privada”.
Declaración que provocó el furor de los grupos defensores de
mujeres e inmigrantes. “Esta decisión es un intento de regresarnos a una era en
la que los Estados no reconocían los derechos de las mujeres como Derechos Humanos,
en la que negaron una protección a las mujeres huyendo persecución de género”,
dijo Karen Musalo, directora del CGRS.
La Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes de Estados Unidos
(YWCA, por sus siglas en inglés), remarcó via Twitter que Sessions estaba
“esencialmente emitiendo una sentencia de muerte a las personas buscando
seguridad de violencia familiar y de pandillas”, y calificó esta política como
“crueldad personificada”. Las dos son las principales razones porque ciudadanas
y ciudadanos centroamericanos piden asilo.
La directora de la Red Nacional para Terminar Violencia
Domestica (NNEDV, por sus siglas en inglés), Kim Gandy, declaró que “esta
decisión desoladora pone en peligro a las ya vulnerables víctimas de violencia
familiar, que no tienen otro sitio al que acudir.”
La directora de la Coalición Nacional contra Violencia
Doméstica (NCADV, por sus siglas en inglés), instó a la administración Trump de
revertir la decisión del Fiscal: “Nuestro país tiene que defender a las
personas que se refugian de sus agresores, no importa donde nacieron o qué
estatus tengan”, dijo Ruth Glenn.
En la plataforma Change.org, existe una petición que aboga
por aclararle al Fiscal Sessions que la violencia familiar es un motivo para
asilo político, y ya reunió casi 80 mil firmas, y la organización ACLU inició
otra petición que pide a Sessions revocar su decisión.
La mujer salvadoreña que está por perder su estatus de asilo
por la decisión de Sessions se mostró irritada: “Creo que las y los jueces
migratorios están en contra de inmigrantes. Generalizan. Creen que vinimos para
trabajar, no entienden que huimos para salvar nuestras vidas”, dijo a la
organización CGRS. 18/SG/LGL
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