• Afirma que ese estado no debe ser experimento para prolongar mandatos de gobernantes a través del poder legislativo
Ciudad de México.- En Baja California las pasiones y los compromisos políticos desataron demonios que pensábamos estaban conjurados en el desarrollo de la democracia, tiene que regresar la razón y la prudencia, porque no hay amistad que valga cuando se trata del respeto constitucional, afirmó la diputada Dulce María Sauri.

Al fijar la posición  del Grupo Parlamentario del PRI, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuestionó la ausencia de la Secretaria de Gobernación y preguntó: quién le habrá dicho al senador Bonilla o al propio Presidente de la República que la Constitución local se podía modificar, ignorando el mandato del pueblo,  pero es una realidad que dos años de la gubernatura parecieron insuficientes.

En Baja California 21 diputados reformaron la Constitución de la entidad federativa para ampliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez, con argumentos banales al señalar que la intención fue ahorrar costos en una futura elección.

Al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, durante el pronunciamiento que hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Sauri Riancho subrayó que “ambición y prepotencia son peligrosos; pudo ser  un ensayo para conocer la reacción de la sociedad y prolongar  otros mandatos vía los Congresos; habrá quien  crea que Bonilla se fue por la libre, pero también que Baja California es un ensayo a nivel nacional”.

Al revisar la carrera política de Bonilla Valdez recordó que fue diputado local, senador, y posteriormente se hizo evidente una amistad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aficionado al beisbol, de esa amistad surgió el nombramiento como “superdelegado” en Baja California, pero frente a esta decisión  “debe regresar la prudencia y la razón, porque no hay amistad que valga cuando se trata de respetar la Constitución, si el mandato es por dos años así será” insistió.

La diputada por el estado de Yucatán relató una historia parecida en su entidad natal, hace 32 años, cuando se pretendió ampliar 18 meses el mandato del gobernador interino, Víctor Cervera Pacheco y fue el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien intervino para desautorizar cualquier prolongación de mandato. Hoy la Secretaría de Gobernación está ausente.

Intervención de la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri Riancho, para referirse al pronunciamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en relación con el Decreto que Reforma el Artículo Octavo Transitorio del Decreto no. 112, de Reformas a la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, aprobado el 8 de julio de 2019, durante la Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 17 de julio de 2019.

Con su venia, presidenta.

Grave, muy grave lo que sucede en Baja California. Pasiones y compromisos políticos han desatado demonios que suponíamos conjurados por el desarrollo de la democracia.

El triunfador de las elecciones del pasado 2 de junio, quien fue electo por el plazo de dos años, simple y llanamente decidió ampliar el plazo de su gobierno a cinco años, logrando respaldo en el Congreso estatal.

La reducción del plazo gubernamental de 6 a 2 años, no fue una innovación exclusiva de Baja California, numerosos estados, a raíz de las reformas electorales de 2014, decidieron ajustar sus calendarios para coincidir con los plazos federales cada tres años.

Las nuevas fechas electorales las señalaron las autoridades locales con sobrada antelación, de tal manera que cuando las y los ciudadanos fueran a votar, sabrían exactamente si elegían por 2, 3 o 5 años a sus gobernantes.

En materia de calendarios electorales, Yucatán tiene su propia historia. Durante las décadas de 1970 y 1980, cundió la idea de que parte importante de los problemas que vivía el estado, se debían al desfase entre el inicio de la administración federal y de la estatal, eran los tiempos de la hegemonía priista.

Los candidatos, uso deliberadamente el género masculino al gobierno de Yucatán, eran destapados en vísperas de la gran decisión sobre la candidatura presidencial, en consecuencia, se sostenía en los corrillos locales quien resultaba postulado al Ejecutivo yucateco gozaba de la simpatía del Presidente de la República que se iba y no necesariamente de quien habría de llegar.

Real o imaginada, esta situación llevó a generar un movimiento que en 1987 pretendió efectuar una modificación al calendario electoral, prórroga se le llamó, para que Víctor Cervera, gobernador interino, prolongara su mandato por 18 meses.

El Congreso local recibió la iniciativa de reforma constitucional y se inició el trabajo en comisiones para dictaminarla.

Previa visita del presidente nacional del PRI, la respuesta política no tardó, desde Gobernación, el Secretario Manuel Bartlett, amigo, diría yo, admirador de Víctor Cervera, intervino desautorizando totalmente cualquier pretensión de prolongar el mandato de quien era considerado por un amplio sector de la población yucateca, como un excelente gobernante.

Después de esa turbulencia, el proceso de postulación del candidato a la gubernatura continuó y la elección se celebró en noviembre de ese año. Ahora sucedió en la Península, Baja California, 32 años después.

La historia parece repetirse con algunas graves variables, Jaime Bonilla Valdez, empresario de medios de comunicación de la región, incursionó recientemente en la política bajacaliforniana, al amparo de su amistad beisbolística con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Bajo la sombra de él, Bonilla fue diputado federal por el Partido del Trabajo, después de haber renunciado a su ciudadanía estadounidense.

Triunfador en la contienda al Senado en 2018, acompañó en la campaña a su amigo, muy pronto solicitó licencia para asumir el cargo de superdelegado en Baja California, antesala para la candidatura al gobierno estatal. Hasta aquí, nada fuera de lo común. El Presidente apoya a su amigo para ser postulado como candidato a gobernador.


El problema comenzó cuando los dos años del periodo de la gubernatura fueron considerados como insuficientes.

¿Quién le habrá dicho al senador Bonilla o al propio Presidente de la República que esta situación se podría modificar? Realmente lo ignoro.

Antes de la elección, impugnaron en los tribunales electorales, pero el tribunal federal ratificó los dos años a pesar de las presiones políticas sobre sus magistrados.

El 2 de junio pasado, las y los bajacalifornianos fueron a las urnas a elegir a su gobernador, por dos años.

Pero ambición y prepotencia son combinaciones peligrosas. La semana pasada, más de un mes después de la elección, el Congreso saliente de Baja California decidió ampliar el periodo a 5 años, con argumentos banales como el costo de realizar la elección tan pronto.

Vean por favor el dictamen, que por cierto, tiene fecha de un día después de haber sido aprobado, la recepción por servicios parlamentarios.

Rumores aparte que hablan de sumas millonarias para aceitar la voluntad de los legisladores, la reforma a la Constitución local entraña una grave violación a la Constitución federal.

¿Será una especie de globo sonda para conocer reacciones a la posible prolongación de otros mandatos por la vía del Congreso?

¿Habría quien se crea que el candidato Bodilla se fue por la libre, o por el contrario, Baja California es solo un ensayo de una estrategia nacional?

A diferencia de Yucatán en 1987, en esta crisis la Secretaría de Gobernación ha estado ausente, ni siquiera porque la relación con los estados es una de las pocas atribuciones que conservó la SEGOB en la nueva administración.

El Grupo Parlamentario del PRI, confía que este punto de acuerdo contribuya a que regresen la razón y la prudencia política a Baja California.

No hay amistad que valga cuando se trata del orden constitucional y de respeto al Estado de Derecho.

Si la boleta dice 2, eso será. Si dice 6, también.

Muchas gracias.

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