Gobierno federal renta 6,494 vehículos para funcionarios de alto nivel de 101 instituciones públicas

Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y  Crédito Público informó que para dotar de vehículos a secretarios de Estado, subsecretarios y sus homólogos, de 101 instituciones públicas por un periodo de 36 meses, designó a las siete empresas que abastecerán los 6,494 vehículos requeridos. 

Indicó, median te un comunicado, que con base al Memorándum de Austeridad Republicana emitido por el Presidente de la República el 3 de mayo del presente sobre la asignación de vehículos solo a Secretarios de Estado, Subsecretarios y sus homólogos, así como a la información de demanda que proveyeron las distintas dependencias, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo el procedimiento de contratación consolidada para proporcionar el Servicio de Arrendamiento de Transporte Vehicular Terrestre en Territorio Nacional, a través de Licitación Pública Nacional.

Bajo este proceso, el viernes 13 de septiembre de 2019 se designaron, mediante la figura de abastecimiento simultáneo, a 7 de los 20 licitantes que participaron:

• A2daht Health México, S.A. de C.V;

• Arrendomovil de México, S.A. de C.V;

• Casanova Vallejo, S.A. de C.V;

• Integra Arrenda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R;

• Jet Van Car Rental, S.A. de C.V;

• Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. SOFOM E.N.R, y

• Value Automotriz, S.A. de C.V. en participación conjunta con Value Arrendadora

S.A. de C.V. SOFOM.

El servicio se brindará a 101 instituciones públicas por un periodo de 36 meses para el uso administrativo de 6,494 vehículos. Se calcula un ahorro de 74 millones 600 mil pesos por mes, tomando como base las cantidades de vehículos, así como de los precios reportados al cierre de la administración anterior. Esto significará un ahorro de más de 2,686 mdp a lo largo de los tres años. a las empresas ganadoras, ya que contribuyeron a una diminución del costo por vehículo, en promedio, por un 20%.

El esquema de compras consolidadas implementado por el Gobierno de México permitió generar ahorros y una mayor participación de proveedores, a partir de la libre competencia del mercado y de la confianza en los procedimientos de contratación.