2020

  • Es la segunda huelga en más de 51 años de historia
  • Hay indicios de que Notimex  viola capítulo laboral del T-MEC
  • Sanjuana Martínez ha despedido a 241 empleados de Notimex, y por ello la empresa enfrenta 85 juicios laborales.
Ciudad de México.- Los y las trabajadoras de Notimex, Agencia de Noticias del estado Mexicano estallaron la huelga en este medio de comunicación en el primer minuto del viernes 21 de febrero, ante la negativa de la directora general, Sanjuana Martínez Montemayor, para dialogar y alcanzar un acuerdo sobre el Contrato Colectivo de Trabajo.

Entre consignas de “fuera Sanjuana, fuera Sanjuana, fuera Sanjuana”, “SUTNOTIMEX, SUTNOTIMEX, SUTNOTIMEX”, “Sanjuana SUTNOTIMEX esta en la lucha”, el contingente de trabajadores arribó hasta las puertas del edifico donde se encuentra la agencia y de manera pacífica instalaron las banderas de huelga.

Ante representantes de Derechos Humanos, de organismos internacionales, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, fueron instaladas las banderas rojinegras en las puertas de entrada de Notimex.Esta es la primera huelga de un organismo dependiente del gobierno federal en por lo menos 20 años, yes el segundo estallamiento en la historia de Notimex.

En un comunicado los trabajadores afiliados al Sindicato único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) indicaron que recurrieron a este derecho Constitucional, debido a la falta de acuerdos con ña Dirección sobre la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) v vigente y por violaciones al contrato colectivo de trabajo y luego de haber prorrogado en dos ocasiones como una muestra de buena voluntad paran la conciliación.

En el SutNotimex mantuvimos en todo momento la ape4rtura al diálogo y la negociación, e incluso como parte de su disposición para alcanzar un acuerdo y gracias a la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aceptamos un ofrecimiento público de in cremento salarial de 3.4 por ciento y de 1.8 por ciento a prestaciones, el cual nunca se formalizo por parte de la Agencia. Además, pusimos sobre la mesa la negociación diversas cláusulas para posibilitar un acuerdo.

En los 51 años de existencia de Notimex, esta es la segunda vez que se cuelgan las banderas rojinegras. La primera  fue en 1993 y tuvo una duración simbólica de dos horas.

Esta segunda huelga ocurre en un ambiente de hostigamiento y acoso laboral emprendidos por Martínez Montemayor, en el cual los trabajadores hemos sufrido maltrato, violencia de género y repercusiones económicas, así como despidos injustificados y difamación.

La vida sindical fue un tema que causó malestar a los directivos, desde que llegaron al cargo, en marzo pasado. Golpetearon al SutNotimex y quedamos al borde de la extinción. Pero logramos reorganizarnos: elegimos a Adriana Urrea como nuestra nueva líde3re Sindical, un nuevo Comité Ejecutivo que logró la toma de nota y la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

Pero luego de ello, lor instrucciones de Sanjuana Martínez, vino una ola de despidos injustificados contra los integrantes de SutNotimex, crearon un sindicato patronal y amedrentaron a los trabajadores con que si no firmaban su adhesión al mismo serían despedidos.

Hoy estamos a 11 meses de estas arbitrariedades de Sanjuana Martínez y su grupo de colaboradores, quienes han despedido a 241 empleados de Notimex, y por ello la empresa enfrenta 85 juicios laborales.

  • La niña, de 13 años, y su primo Carlos, de 17 años, “se fueron por voluntad propia”, reportó la policía.
  • Tras una intensa búsqueda y amplio despliegue ciudadano en. redes sociales y la activación de una Alerta Ámber
Mérida, Yucatán.- Tras una intensa búsqueda y amplio despliegue ciudadanos en. redes sociales, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron esta noche que localizaron en el estado de Campeche a Mía Victoria, de de 13 años de edad y su primo de 17 años, que sus familiares reportaron como extraviados.

La dependencia informó en su cuenta que los agentes investigadores de Yucatán en colaboración con sus homólogos de Campeche, dieron con el paradero de Mía Victoria C. G. y Carlos G. M. quienes por su propia voluntad se alejaron de sus respectivos domicilios de la comisaría de Dzununcán, Mérida.


Sus familiares los reportaron como desaparecidos, lo cual generó una Alerta Ámber.

Ambos jóvenes se encuentran bien y serán turnados a las autoridades competentes para las diligencias de ley.

  • Contiene propuestas legislativas, para mejorar la gestión administrativa y financiera de los entes fiscalizados 
Ciudad de Mérida.- El titular de la Auditoría Superior del Estado, Mario Can Marín, entregó a la LXII Legislatura el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018, así como los Informes Individuales, correspondientes a la tercera entrega, que contienen 88 entes públicos.

El documento fue recibido por el presidente de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, Alejandro Cuevas Mena (PRD), con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva de la actual Legislatura, Janice Escobedo Salazar (PRI); el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI); así como la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama.

El auditor estatal detalló que el documento contiene un resumen de las actividades que ha realizado el órgano fiscalizador, que incluyen propuestas legislativas, para mejorar la gestión administrativa y financiera de los entes fiscalizados.

Además, Can Marín, añadió que el Informe cuenta con un análisis de la deuda pública y un estudio macroeconómico, que busca mejorar la inversión de los municipios; al igual que comentó que, los tiempos de fiscalización son más rápidos, al actualizar la ley, y por ello se han presentado denuncias, observaciones y áreas de oportunidad.

“Trabajamos con una planeación estratégica a través de la fundamentación de las observaciones y el trabajo generalizado”, reiteró.

En su turno, el diputado Cuevas Mena adelantó que se estudiarán las propuestas de reformas a las leyes en la materia, por parte de la ASEY, porque “quien hace la labor de fiscalizar tiene de primera mano la información y las necesidades, así como los hallazgos que permitan hacer mejor el trabajo”.

Regidores

La comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad el número de regidores de mayoría relativa y representación proporcional de los Ayuntamientos, para el próximo proceso electoral que iniciará en 2021, la cual no tuvo cambios con respecto a los comicios anteriores.

La presidenta de la comisión Karla Franco Blanco (PRI), aclaró que la Ley de Gobierno de los Municipios, establece que el Congreso estatal deberá establecer el número de ediles el año previo a que inicie el proceso electoral.

De la misma manera, continuó el análisis de la Iniciativa para adicionar el artículo 7 al Código de la Administración Pública de Yucatán, suscrita por Alejandro Cuevas, que busca establecer como obligación que el Gobierno estatal y los municipales, cuenten con una persona mayahablante en áreas de primer contacto para brindar asesoría a la comunidad indígena.

Para ello, se distribuyó entre los integrantes de la Comisión, la información solicitada por la diputada Díaz Lizama al Instituto de Investigaciones Legislativas; para lo cual, Miguel Candila Noh (Morena) calificó los datos como incompletos porque no se sustentó de manera oficial por parte de los Ayuntamientos, por lo que pidió que los alcaldes sustenten lo requerido mediante oficio.

En este sentido, Franco Blanco aclaró que se entregó esta información para que fuera analizada en los siguientes días, al igual que se consideró un convenio de colaboración con el Indemaya para capacitar al personal que se tenga en cada dependencia y municipio, con el fin de no erogar recursos.

Así mismo, Díaz Lizama señaló que se debe revisar el marco legal de la iniciativa para ver si es viable, porque ya lo contempla, de manera general, la Constitución Política del Estado y una Ley secundaria, aunque también se puede complementar, porque en la propuesta, específica que haya personal en el área de Atención Ciudadana.

Aunado a esto, Silvia López Escoffié (MC) indicó que el objetivo de la iniciativa es relevante para que en los centros de contacto directo haya orientación a los mayahablantes, porque Yucatán es el estado con más personas que hablan lengua indígena.

Por último, el diputado Felipe Cervera, sugirió que también se le pida a las dependencias estatales y Ayuntamientos contesten mediante los correos electrónicos oficiales, al igual que en la propuesta que le hicieron al Instituto de Investigaciones se incluyan los 106 municipios, porque antes no fue requerido.

Por otro lado, también se entregó a los legisladores el oficio de respuesta de los datos solicitados al Instituto de Investigaciones con respecto a la iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado, signada por Luis Borjas Romero (PRI).

Para terminar, siguió el análisis de las reformas a la Constitución Política de Yucatán y la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, presentada por Movimiento Ciudadano, para propiciar mayor calidad de vida a este grupo vulnerable.

López Escoffié, propuso que se estudie primero las modificaciones a la Carta Magna yucateca y después atender la Ley secundaria, para realizar por medio del parlamento abierto con especialistas en el tema.

Difusión de cadáveres

En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad dos proyectos de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, el primero sobre la difusión de imágenes de cadáveres en medios de comunicación, y el segundo, para agravar sanciones en materia de abuso sexual.

En el orden mencionado, sobre la reforma a las fracciones cuarta, quinta y la adición de la sexta del artículo 231 de la norma referida, la cual establece que de forma maliciosa, revela, exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, página de internet, medios impresos, electrónicos o cualquier otro, fotografías o videos que revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos.

Además, a propuesta de la diputada Silvia López, se cambió que cuando esta conducta lo haga un servidor público, la sanción será de una mitad más a la determinada; al igual que, a propuesta del legislador Felipe Cervera, se modificó que no se considerará malicioso cuando este acto sirva, con previa autorización, para investigaciones científicas, académicas, parciales y judiciales.

La proponente de las dos iniciativas, Kathia Bolio Pinelo (PAN), explicó que la propuesta anterior tiene el fin de que la persona fallecida y sus familiares se les respeten sus derechos a la intimidad y a la no divulgación de su cuerpo, porque en el país la tendencia es a la alza.

“Porque se revictimiza a las familias, en un momento doloroso, por eso el espíritu de esta reforma es evitar el morbo y que se lucre ante una desgracia y que la última imagen de un ser querido no sea divulgada de manera maliciosa”, recalcó.

En relación al abuso sexual, Bolio Pinelo comentó que busca tipificar, reglamentar y estipular como delito grave el abuso sexual, en particular el infantil.

Por otro lado, a petición de López Escoffié, el presidente de la Comisión, Luis Borjas, indicó que en este cuerpo colegiado se tiene un registro de 24 asuntos, 14 distribuidos a sus integrantes, de los cuales 12 ya fueron atendidos y 12 se les dará trámite en este periodo.

  • Convocan a autoridades sanitarias, expertos, investigadores y consumidores de tabaco a un debate abierto para definir si se debe prohibir o regular el uso de estos aparatos
Ciudad de México.- Los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) y José Ricardo Delsol Estrada (Morena) advirtieron que el decreto presidencial que prohíbe la importación de dispositivos de “vapeo” o cigarros electrónicos, podría detonar el mercado negro.

En conferencia de prensa, convocaron a las autoridades sanitarias, expertos, investigadores y consumidores de tabaco a un debate abierto en la Cámara de Diputados para definir si en el país se debe prohibir o regular el uso de estos aparatos.

Ramírez Barba sostuvo que el tabaquismo continúa siendo un grave problema de salud pública en México, ya que deja más de 43 mil muertes al año y representa altos costos para el sector salud, los pacientes, sus familias y la sociedad en general.

Señaló que el ingreso calculado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos del tabaco para este año, excede los 43 mil 600 millones de pesos; sin embargo, el cáncer y las enfermedades derivadas del hábito de fumar marcan con claridad que México debería tender a ser un país libre de humo.

Apuntó que, según cifras oficiales, en México existen más de cinco millones de usuarios de cigarros electrónicos y de acuerdo con especialistas, son menos dañinos que los cigarros convencionales, por lo que invitó a todos los sectores a dirimir, estudiar, analizar y determinar lo mejor para México a través de las leyes.

El diputado panista refirió que diversas empresas han interpuesto amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la comercialización de dispositivos de “vapeo” o cigarros electrónicos.

Delsol Estrada apuntó que la acción de prohibir el uso de cigarros electrónicos, que causan 95 por ciento menos daño, podría detonar un mercado negro, por lo que exhortó a las autoridades sanitarias a privilegiar el diálogo y la concordia, y no atentar contra los derechos fundamentales como la la libre determinación.

“Debemos generar debates y espacios para las personas que tienen esas necesidades y una propuesta muy sólida. Creemos que hay mucha desinformación que ha derivado en un decreto muy corto y falto de información”, asentó.

Dijo que este debate no se trata de partidos políticos, ni colores, sino de una discusión en donde asista la razón y el bienestar de los mexicanos.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo, estamos para eso los legisladores y en esta Cámara buscaremos los acercamientos para llegar a un sano acuerdo, sin antes tomar una decisión tan descabellada como es la prohibición al vapeo”, concluyó.

Ciudad de México.-  El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) pidió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, por el presunto desvío de fondos por 50.8 millones de pesos que detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Le pido al Presidente de la República la renuncia de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional del Deporte”, sostuvo en rueda de prensa el también secretario de la Comisión de Deporte.

Ayer miércoles, la titular de la SFP informó que desde abril de 2019 abrió cuatro expedientes de investigación a la Conade, de los cuales se desprendieron distintas observaciones como el incumplimiento de perfiles en funcionarios y entrenadores, uso indebido del beneficio de la alimentación y hospedaje exclusivo para deportistas de alto rendimiento, así como irregularidades en apoyos diversos entregados a beneficiarios del Fodepar.

El diputado panista dijo que “está demostrado no es una politiquería, no es una persecución de la oposición, es una investigación bien hecha y que la misma Función Pública ha determinado como tal”.

Riggs Baeza recordó que, durante la comparecencia de Guevara Espinoza, el pasado 8 de julio, ante la comisión legislativa, la cuestionó por casos de corrupción detectados y las empresas involucradas, así como algunos personajes que se señalan como cercanos a la titular, a lo que la funcionaría evadió el tema.

El legislador panista exhibió “una medalla por su gran corruptela” para la funcionaria; dijo que, así como terminó su tiempo de atleta, “también ha terminado su vida en la administración pública, está demostrado y yo quiero pedir la renuncia de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara”.

Consideró que su actuación al frente de la institución lastimó la vida deportiva de México, “no puede ampararse en el hecho de que esto se viene arrastrando del pasado, estas son irregularidades, desvíos, de esta administración nada tiene que ver con el pasado y si así fuera, que también las medallas que obtuvo en los Juegos Panamericanos también se las adjudique a la administración pasada, o le aplicamos todo o nada”.

  • Presentan iniciativa para reformar la Ley General de Salud y la Ley Federal para el Control de Precursores y Productos Químicos
Ciudad de México.- Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PVEM y Morena presentaron una iniciativa para que la Secretaría de Salud federal controle y regule las sustancias químicas que se han utilizado en ataques contra mujeres.

La propuesta plantea reformas a la ley General de Salud y a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y o Comprimidos.

El proyecto de dictamen fue presentado en tribuna por la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM), quien dijo que diversos químicos de uso industrial son utilizados para cometer delitos relacionados con el narcotráfico, pero también para causar lesiones dolosas.

“Una sola persona atacada con ácido es demasiado, por lo que resulta necesario reforzar los medios legales para erradicar desde la raíz este tipo de delitos a través de la regulación efectiva de los agentes que son utilizados como armas”.

Comentó que la finalidad de la iniciativa es fortalecer las medidas que deben de llevarse a cabo en la venta de dichas sustancias químicas, tomando en cuenta los usos y hechos ilícitos con los que se encuentren relacionados.

 “También se propone que la información recabada por las autoridades competentes en el control y manejo de las sustancias químicas pueda servir para fortalecer las investigaciones en donde se hayan producido lesiones dolosas, esto con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, agregó.

Refirió que, de acuerdo con la asociación Acid Survivors, cada año se registran unos mil 500 ataques con ácido en el mundo, sin embargo, en México no existen cifras oficiales de cuántos casos se han presentado. 

 “Se tiene conocimiento de que este tipo de delitos han ocurrido en estados de la República como Oaxaca, Aguascalientes, Puebla y la Ciudad de México”, abundó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

  • Presenta una iniciativa para reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal
Ciudad de México.- La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para hacer obligatorio el trabajo penitenciario. 

En tribuna, la legisladora comentó que el objetivo es velar por una verdadera readaptación social de las personas que se encuentren privadas de su libertad en un centro penitenciario.

Apuntó que la obligatoriedad del trabajo penitenciario, junto con la capacitación y la educación para el mismo, son medios idóneos para alcanzar la readaptación social de individuos que compurgan una pena privativa de la libertad.

Refirió que en la mayoría de los centros penitenciarios se ha observado falta de trabajo de los internos y, en su caso, cuando este se da, no tiene fines educativos ni de rehabilitación social, lo cual redunda en detrimento directo del interno al no poder contar con los medios adecuados para alcanzar la llamada readaptación social.

 “El objetivo es convertir a los centros de reclusión en verdaderos centros de trabajo, a efecto de readaptar a los reclusos y hacer posible su readaptación social mediante la obligatoriedad del trabajo”, finalizó. 

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

  • Diputadas del PAN se sumarán al paro nacional el próximo 9 de marzo, asegura
Ciudad de México.- La diputada Marcela Torres Peimbert (PAN) condenó que el Gobierno Federal determinara retirarle el 100 por ciento de los recursos a la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) para seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con este padecimiento.

Advirtió que con esta acción el número de mujeres fallecidas por esta enfermedad se incrementarán sustancialmente, ya que se le quitará la atención a la población menos favorecida económicamente.

“Más mujeres van a morir, y van a morir, por un feminicidio que tiene que ver con falta de capacidad burocrática del gobierno actual”, indicó en declaraciones a la prensa.

Este jueves, la Fucam informó que no logró alcanzar un acuerdo con el Gobierno Federal para poder seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con cáncer de mama, por lo que, desde la desaparición del Seguro Popular, con el que tenían convenio, dejaron de brindar atención de esta manera.

Torres Peimbert lamentó que el Ejecutivo Federal relegue a las mujeres y dejé en estado crítico a instituciones como Fucam que cuentan con prestigio, calidad, y experiencia.

“Este gobierno ha quitado de la mira a las 10 muertas que se registran diario debido a la violencia, ha quitado de su mira la atención al cáncer de mama que es el asesino número uno y silencioso de mujeres”, aseveró.

Sobre el paro nacional al que convocan colectivos feministas y organizaciones civiles, el próximo 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios, subrayó que las diputadas del PAN se sumarán a esta acción.

“Lo que queremos en este paro nacional es que nos miren, que sepan que somos la mitad de la fuerza laboral de este país, que somos no sólo madres e hijas; somos periodistas, diputadas, abogadas, médicos, ingenieras y que este gobierno nos voltee a ver y nos atienda”, concluyó.

  • Tonatiuh Bravo (MC) celebró que Morena no haya respaldado iniciativa del diputado Miguel Ángel Jáuregui para reformar la Ley Orgánica de la UNAM
Ciudad de México.-  El coordinador de los diputados de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, advirtió que hay iniciativas en los Congresos locales del estado de México, Colima, Hidalgo, Puebla, Baja California Sur y Nayarit, de menguar la autonomía universitaria.

Asimismo, sostuvo que el grupo parlamentario de Morena “hizo muy bien” en no respaldar la iniciativa de su diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca que planteaba reformar la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para cambiar, entre otros puntos, el método de elección del rector; iniciativa que se prevé retirar.

En declaraciones a la prensa, el líder parlamentario señaló que el “intento de menguar la autonomía de las universidades está presente en entidades como el estado de México, Colima, Hidalgo, Puebla, recientemente en Nayarit y Baja California Sur”.

Aseguró que en dichos estados hay iniciativas similares a la que presentó Jáuregui Montes de Oca en la Cámara de Diputados, presentadas por parte de distintos partidos, pero en su mayoría de Morena, las cuales tienen la intención de vulnerar a sus instituciones educativas públicas.

Bravo Padilla reiteró su respaldo al rector de la UNAM y a su comunidad, consideró que la propuesta de reforma del legislador de Morena “fue verdaderamente inoportuna”, ya que se presentó en el marco de la elaboración de la Ley General de Educación Superior.

“Hizo muy bien el grupo parlamentario de Morena en haberle retirado el apoyo, y estaremos al pendiente que se de lectura (en el Pleno) a la comunicación en la cual se retira”, aseveró.

Llamó a todos los grupos parlamentarios a reflexionar y a defender la autonomía universitaria como un baluarte histórico.

Respecto de la supuesta investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto como parte del caso contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, detenido recientemente en España, Bravo Padilla celebró que se hagan investigaciones de cualquier ilícito.

Sin embargo, aseguró que se debe tener cuidado en no caer en un sensacionalismo, porque se trate de ex mandatarios, “simplemente que se aplique la justicia por parejo”.

Cuestionado sobre los aspirantes al proceso para la elección de cuatro consejeras y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), el líder parlamentario manifestó la satisfacción del grupo parlamentario por los aspirantes, que hasta el momento se han registrado.

  • Fiscal de Oaxaca informa el inicio de una carpeta de investigación por violación a la intimidad en el caso de María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido
  • +Abogada de la artista confía en que autoridades aprehendan a responsables del ataque; “no vemos otro camino sino seguir levantando la voz”
Ciudad de México.- El aumento de agresiones contra mujeres nos llama a trabajar en unión sin importar ideologías y partidos, así como asumir la responsabilidad de garantizar a las niñas y niños de México una vida libre de violencia, con educación y salud, sostuvo el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena), presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

En conferencia de prensa junto al Fiscal General del Estado de Oaxaca Rubén Vasconcelos y de Ana Katiria Suárez, abogada de María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido en septiembre de 2019, el diputado indicó que es responsabilidad de las autoridades atender la violencia contra mujeres, pero también de la ciudadanía.

Respecto del caso de María Elena, encomió las acciones del gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, para fincar responsabilidades a todos los que estuvieron involucrados en el ataque, así como la atención otorgada a la víctima y a su familia.

“Reconocer al gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat, y por supuesto al fiscal, Rubén Vasconcelos, ya que en el caso de María Elena han demostrado total empatía”, comentó.

Recordó que María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña de 26 años, fue rociada con ácido, lo que le provocó serias heridas que comprometieron su integridad física, emocional e intelectual. “No sabe si va a volver a tener la oportunidad de expresarse a través del saxofón”.

Por su parte, el fiscal de Oaxaca informó que el caso de María Elena es abordado de forma distinta, efectuando una atención integral a través de diversas acciones.

“Primero, respecto a la investigación propiamente, ya tenemos detenidos y vinculados a proceso a dos responsables autores materiales de este terrible delito, los vinculamos no por lesiones, ni por lesiones calificadas, sino porque –después de un amplio trabajo jurídico– consideramos que había datos suficientes para presentar ante el juez e imputarles feminicidio en grado de tentativa”.

A finales de diciembre se presentaron datos al juez de control para que otorgara órdenes de aprehensión contra tres personas que se consideran actores intelectuales de este delito, añadió.

“Se están haciendo las labores de localización para que enfrenten la justicia en los mismos términos en que lo están haciendo los autores materiales”.

Abundó que también se inició otra carpeta de investigación por el delito de violación a la intimidad sexual en perjuicio de María Elena. “Vamos a avanzar en esta investigación y a fijar las responsabilidades correspondientes”.

En su oportunidad, Ana Katiria Suárez manifestó su confianza en que las autoridades de Oaxaca aprehendan a los responsables de este ataque.

“No vemos otro camino sino seguir levantando la voz, con la herramienta con la que podemos exigirles a las autoridades que cumplan con su deber, que es la ley.

“Las autoridades que desde antes juraron protegernos y velar por nuestra vida; hoy estamos aquí clamando justicia para María Elena. Justicia por su vida, integridad, identidad y la de su familia”, comentó.

Mientras el agresor siga libre, dijo, son altas las probabilidades que, tanto como María Elena como su familia, sean atacados.

“Esto se observa con la campaña de desprestigio que su propio agresor ha generado en medios y que no podemos minimizar, porque es un mal que aqueja a muchísimas mujeres cuyos agresores consideran que evidenciando imágenes íntimas van a desprestigiar la reputación de una mujer libre, que tiene toda la autonomía de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana, por eso nadie tiene derecho a lastimar su identidad”, agregó.

  • Diputada Bayardo Carrera explicó que la iniciativa pretende adicionar la fracción VIII al artículo 3 y adicionar los artículos 35 Bis, 35 Ter y 35 Quáter de la Ley General de Vida Silvestre
Ciudad de México.- La diputada Rosa María Bayardo Carrera (Morena), integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, informó que presentará una iniciativa para regular el comercio de ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre.

Asimismo, busca que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) implemente mayor supervisión de quienes se dedican al comercio legal de estas especies para conocer el total de sus ventas y operaciones, e integre un padrón de comercializadores para garantizar que las especies no sean víctimas de violencia, maltrato, crueldad o de un inadecuado manejo que las ponga en riesgo.

En conferencia de prensa con el presidente de la Comisión, Roberto Rubio Montejo, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena), e integrantes de asociaciones y ambientalistas, indicó que la iniciativa busca frenar la perniciosa actividad del comercio ilegal de la vida silvestre y las situaciones de maltrato y sufrimiento animal, ante la laguna que existe en le Ley Federal de la Vida Silvestre.

Bayardo Carrera explicó que la iniciativa pretende adicionar la fracción VIII al artículo 3 y adicionar los artículos 35 Bis, 35 Ter y 35 Quáter de la Ley General de Vida Silvestre.

“Lamentablemente, en México la vida silvestre se encuentra severamente amenazada por las prácticas de comercio ilegal de animales y flora, lo cual se ha traducido en un negocio que genera grandes ganancias, que termina por depredar gran parte de la biodiversidad”, expuso.

Refirió que la Ley General de la Vida Silvestre reconoce la existencia legal de la comercialización de los ejemplares, partes o derivados, sin embargo; “en la ley abundan lagunas normativas que no permiten establecer con claridad cómo se llevará a cabo esta actividad”.

Lo anterior, dijo, ha generado que en apariencia haya personas físicas o morales, dedicadas al comercio ilegal de ejemplares que no cuentan con un plan de manejo de las especies, instalaciones adecuadas, planes de resguardo y de seguridad, entre otros.

“Se busca poner orden y establecer reglas claras que permitan desarticular el comercio ilegal de la vida silvestre, así como desmantelar el mercado negro que alienta la obtención de las ganancias inescrupulosas a partir de poner en riesgo la vida de las especies silvestres de México”, apuntó.

Muñoz Ledo comentó que está venta ilegal es un tema grave, ya que “debe haber una protección evidente, porque no se trata de sacrificar a especies animales; primero hay que proteger nuestra enorme biodiversidad, pero luego hay que tener cuidado de quienes los introducen”.

“Es una iniciativa loable y debemos emprender esa reforma para tener mejor relación entre la naturaleza y la sociedad”, dijo.

Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), explicó que el tráfico ilegal de la vida silvestre es uno de los negocios más redituables del mundo, después del contrabando, drogas y armas.

Aseveró que alrededor de 350 millones de plantas y animales se venden anualmente en el mercado negro generando ganancias de más de 20 mil millones de dólares al año.

“En nuestro país, el Código Penal Federal establece que el tráfico ilegal de la vida silvestre es delincuencia organizada, no obstante, este delito sigue creciendo y es cada vez más frecuente, por muchas razones: una de ellas, es la pobreza extrema que se vive en gran parte del país, por lo que la gente realiza esta práctica como su única alternativa de sustento”, agregó.

Señaló que México tiene alrededor de 600 especies en peligro de extinción y dijo que en la Azcarm cuentan con más de 15 mil ejemplares rescatados del tráfico animal o posesión, “la gran mayoría llegaron en muy malas condiciones y ha sido prácticamente imposibles reintroducirlos a su hábitat, pero se estima que al menos el 80 por ciento de estos animales mueren antes de ser vendidos”.

“Necesitamos desde el Legislativo darle dientes a la Semarnat para poder combatir este delito”, comentó.

Juan Jorge Avilés Ortega, presidente del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social A.C, celebró la iniciativa para fortalecer los mecanismos existentes para la comercialización de la vida silvestre, pero sobre todo para su regulación.

Arturo Islas Allende, ambientalista, mencionó que esta iniciativa pretende básicamente que “no haya más felinos, tigres, leones y gatos gigantes salvajes en departamentos, porque alguien tiene la posibilidad económica de comprarlos, pues ante el mundo y los ojos de muchas más personas se dan cuenta que en México no atendemos el maltrato animal”.

Ojalá que “podamos hacer que esta ley pase, se ejerza con dignidad y con toda la presión, y que la actual administración ponga la atención precisa en el maltrato de los animales”, finalizó-

  • También pretenden catalogar como delito grave la pornografía infantil, el abuso a menores e incapacitados, la violación, violación equiparada, el incesto y el estupro, entre otros.
Mérida, Yucatán (Foto Antonio Sánchez G).- Como parte de los trabajos  de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública que preside el diputado Luis Borjas Romero, se aprobaron dos dictámenes que proponen reformas el Código Penal del Estado.

Las iniciativas aprobadas pretenden modificar el Código Penal del Estado en materia de fotografía de fallecidos y abuso sexual. La primera busca sancionar a quien de forma maliciosa revele, publique, exhiba, comparta o difunda en redes sociales, páginas web, medios electrónicos e impresos o cualquier medio de difusión, fotografías o vídeos que revelen el cuerpo de los cadáveres y la segunda pretende catalogar como delito grave la pornografía infantil, el abuso a menores e incapacitados, la violación, violación equiparada, el incesto y el estupro, entre otros.

Borjas Romero señaló que son 24 los asuntos contenidos en los trabajos de la Comisión de Justicia,  de los cuales 14 han sido distribuidos, 12 han sido atendidos, hayan sido aprobados o no, y que faltan 12 más por aprobar. Afirmó que se proyecta distribuir 2 o 4  la próxima semana para continuar a buen ritmo con el desahogo de las iniciativas que recaen en la comisión que preside.

  • PRD se sumará a paro nacional el próximo 9 de marzo, afirma
Ciudad de México.-  La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, cuestionó que el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca (Morena) pretendiera vulnerar la autonomía de la UNAM al proponer reformar su Ley Orgánica, a fin de que sus autoridades sean electas por medio de voto libre y secreto.

Llamó a la comunidad universitaria a estar vigilante de cualquier intromisión en su vida interna, porque sólo les corresponde a ellos definir los procesos de designación de sus directivos.

“Esta fue una intentona de vulnerar la autonomía de la UNAM que, como hemos visto, Morena se ha deslindado y han retirado la iniciativa, pero bueno siempre terminan desdiciéndose, retirándose”, indicó en declaraciones a la prensa.

La líder parlamentaria recordó que en enero pasado los diputados pidieron que se respetara la autonomía de la Universidad Autónoma de Nayarit, luego de que el gobernador de esa entidad, Antonio Echevarría García, enviara al Congreso local una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de esa casa de estudios.

Cuestionada sobre el paro nacional al que convocan colectivos feministas y organizaciones civiles, el próximo 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios, subrayó que las diputadas del PRD se sumarán a esta acción y promoverán que ninguna trabajadora de la Cámara de Diputados labore.

“El mundo sin nosotras sería totalmente distinto económicamente, pues representa mucho la fuerza de las mujeres y por ello, nos sumamos a que las mujeres no vayan a sus trabajos, no compren, que las niñas no vayan a la escuela, que en verdad se sienta qué sería sin nosotras en cualquier espacio”, señaló.

Respecto del anuncio que realizó la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) de que alcanzó un acuerdo con el actual Gobierno Federal para poder seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con este padecimiento, Juárez Piña acusó a esta administración de ejercer violencia institucional contra las mujeres.

“Esta es una forma de violencia, es una violencia institucional que la hemos visto reflejada en el presupuesto, porque no destinan lo que le correspondería a la atención de mujeres que formamos más del 50 por ciento de la población. Este Gobierno nos ha relegado y eso es una forma de violencia”, aseveró.

  • La presidenta de este órgano legislativo, Laura Rojas, sugirió a la y los coordinadores parlamentarios a replicar esta acción
  • El movimiento está convocado para el próximo 9 de marzo
Ciudad de México.- En la sesión de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas Hernández, anunció que se garantizará el pago a las trabajadoras de la Cámara de Diputados que decidan sumarse al Paro Internacional de Mujeres, el próximo 9 de marzo.

Además, sugirió a la y los coordinadores de los grupos parlamentarios que hagan lo mismo con las empleadas que laboran con ellos.

“Conscientes de la importancia de visibilizar cómo sería México sin la presencia de las mujeres, la Mesa Directiva ha instruido garantizar el pago a las trabajadoras de la Cámara que decidan sumarse al paro”, declaró.

El movimiento, explicó, se creó a finales de octubre de 2016, como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que sufren las mujeres en diversas latitudes; fue promovido por mujeres de más de 50 países.

El paro internacional de mujeres es un movimiento que promueve una huelga mundial en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“En nuestro país, este año, bajo el lema “El nueve nadie se mueve”, el paro de mujeres será el próximo lunes 9 de marzo”, subrayó.

  • Además, presupuesto suficiente para atenderlo y prevenirlo
  • Grupo plural legislativo trabajará para avanzar en la agenda de igualdad de género: Pilar Ortega
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados integró este lunes un grupo de trabajo conformado por 12 legisladoras y legisladores que se coordinará con la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la tipificación del feminicidio, esto frente al aumento exponencial de agresiones hacia mujeres.

También se buscará garantizar presupuesto suficiente para entes autónomos que atiendan y prevengan este delito; asimismo, para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El grupo de trabajo es encabezado por la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, quien indicó que se iniciará el análisis para definir un solo tipo penal de feminicidio.

Asimismo, se trazarán objetivos para avanzar en la agenda de género del Congreso de la Unión.

En entrevista, la diputada aseguró que, a pesar de que en las legislaciones locales y la federal están incluidos los tipos penales de dicho delito, las investigaciones no funcionan, no hay especialización en la impartición y procuración de justicia, tampoco se tienen unidades específicas y las que existen no cuentan con los recursos suficientes para funcionar.

 Para atender este problema, “hay que ver cuáles son los temas que están en el ámbito del Poder Legislativo para generar las reformas y adecuaciones normativas necesarias, tanto en lo constitucional, como en la normativa secundaria”, agregó.

“Nosotros consideramos que tenemos que avanzar en las conquistas que ya hemos ganado, y una de ellas es justamente este tipo penal que está en el Código Penal Federal. La problemática no es esto, es su aplicación y en la diversidad de criterios y tipos penales que están en los códigos de las entidades federativas; es un problema la diversidad normativa”.

Por eso, dijo, uno de los temas que se revisarán en la mesa de trabajo son las modificaciones constitucionales que logren un solo tipo penal de feminicidio, que sea el mismo en el ámbito federal y local.

Consideró que es un triunfo muy importante la colaboración entre la Fiscalía y la Cámara de Diputados; es el punto de partida para “desterrar el feminicidio y darle un mensaje de aliento a las mexicanas que hoy estamos horrorizadas de ver lo que está pasando en contra de las mujeres y esta violencia exponencial”.

Se requieren políticas públicas transversales

El incremento de víctimas de feminicidio que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a diciembre de 2019, suman 3 mil 621 casos, evidencia la necesidad de políticas públicas que atiendan de manera transversal el problema.

“No basta la tipificación homologada si finalmente no se aplica (…) lo que queremos es que esas muertes no ocurran y cómo se puede solucionar: con la prevención.

“Prevenir los feminicidios es un tema multifactorial y se tiene que abordar desde distintos puntos, por eso muchas de nosotras consideramos que sería oportuno crear una ley general, que no solamente establecería los tipos, sino también las políticas públicas que se implantarían, los programas o las entidades responsables de generar las acciones de prevención”, puntualizó Ortega Martínez.

Lo anterior, debe ir acompañado de los recursos necesarios para que las entidades funcionen, porque se han reducido los recursos hacia programas con perspectiva de género que buscan erradicar la violencia, sostuvo.

“Consideramos que sería muy atendible tener una ley que tuviera políticas transversales, obligaciones para los tres órdenes de gobierno y para los tres Poderes de la Unión, y la ruta que se tiene que seguir”.

Aseveró que el feminicidio se está convirtiendo en un cáncer, una emergencia que se debe atender por medio de los mecanismos que tiene el Estado; por eso el punto de partida sería generar estas directrices.

“Hay algunos que están pugnando por tener un Código Penal Único, donde se establezca un solo tipo penal, pero nosotros decimos que no basta con el tipo, si no se establecen estas directrices, políticas públicas, y por ello está la alternativa de la ley general”, abundó.

Además, se requieren órganos autónomos especializados en el tema, porque “no podemos contrarrestar un fenómeno, si quienes están llevando la batuta de la investigación, de la impartición y procuración de justicia no lo hacen con perspectiva de género”.

“El feminicidio es un tipo penal que muchos todavía se resisten a entender, pero que está ahí, porque éste es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres. Tenemos que empezar reconociendo que en este país hay un profundo machismo, una profunda discriminación hacia las mujeres y que siguen viviendo una violencia fuerte que, lamentablemente, está acabando con la vida de muchas y tenemos que erradicarla”, apuntó.

La Comisión de Justicia aporta soluciones

La legisladora compartió que la instancia legislativa que preside ha impulsado diversas iniciativas que atienden los tipos de violencia contra la mujer.

Recordó que una de ellas es establecer un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, “porque la violencia tiene muchas formas, la económica es un tema que afecta al hogar, que daña a las mujeres. Parece que hay una gran impunidad en este asunto”.

“Esta comisión ha sido de las más productivas. Además, tiene dos subcomisiones, una que atiende los feminicidios y violencia contra las mujeres, y otra, la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Estas dos subcomisiones han venido generando instrumentos legislativos en este tema”, explicó.

En ese sentido, agregó: “hay un compromiso real de la Comisión de Justicia por abonar a erradicar la violencia”.

Por otro lado, luego de que en la sesión del 18 de febrero el Pleno aprobara diferentes dictámenes en materia de acoso, hostigamiento sexual y para aumentar la pena por feminicidio, Pilar Ortega enunció la postura de la Comisión de Justicia por los recientes hechos de violencia contra mujeres y niñas.

“La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresa su profunda consternación por los delitos cometidos en contra de mujeres y niñas mexicanas, particularmente de los atroces feminicidios de Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia Aldrighetti Antón, quienes antes de ser asesinadas padecieron los defectos del sistema de procuración de justicia”, expuso.

Manifestó que la comisión asume su compromiso de legislar “ante esta emergencia nacional, en la inteligencia de que solo con la participación de todas las fuerzas políticas y en unidad se avanzará en la solución de esta dolorosa problemática”.

  • Urge que la transparencia acorrale a la corrupción, aseguró
  • Entre el 10 y el 25 por ciento de los fondos de los contratos públicos se pierden por esta práctica 
Ciudad de México.-  El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Óscar González Yáñez, reveló que la facturación falsa en México se calcula en alrededor de 600 mil millones de pesos.

Durante la ponencia: “La Tecnología para la Transparencia y el Combate a la Corrupción”, el legislador sostuvo que esta cantidad equivale a dos veces el impuesto de la gasolina (IEPS), a todas las remesas que envían nuestros connacionales, a dos veces el ingreso petrolero, al 10 por ciento del presupuesto del país, sólo en el tema de la facturación, y faltaría lo que perdemos por la corrupción, subrayó.

 “Esto representa un gran agujero en las finanzas públicas del país”. Por eso, sostuvo el diputado González Yáñez, urge que la transparencia acorrale a la corrupción, porque el costo es altísimo para cualquier nación.

La ponente Silvina Moschini, empresaria y escritora argentina experta en tecnologías de la información, reconoció que el robo por sobrefacturación representa mucho más que el robo a todos los bancos del mundo combinados.

 “El fraude por sobrefacturación, que en este caso la víctima es el pueblo, porque es dinero que están retirando, que se pudiera utilizar para servicios como salud, educación, para todas esas cosas que el pueblo necesita, se pierde y queda detectado porque hasta hace poco no existía la tecnología para poder tener la responsabilidad y la obligación de rendición de cuentas”, reveló.

Falta, abundó, política de gobernanza y tecnología a fin de detectar este tipo de fraudes que hoy en día se siguen practicando.
Destacó que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 10 y el 25 por ciento de fondos públicos en los contratos de gobierno se pierden por corrupción, y que la transparencia a través de la tecnología puede resolver una enorme parte, porque hace que la gente sea responsable para rendir cuentas. 

Por eso, aseveró, es importante el trabajo que debe hacer la función pública para crear un marco de educación y concientización, con la meta de que haya mayor conciencia, políticas y normativas que eviten la corrupción.

También estuvieron en la conferencia, la diputada Ximena Puente de la Mora, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Fréderic García, asesor externo en tecnología del jefe de la oficina de la Presidencia de la República y Jesús Guillermo Funes Rodríguez, vicepresidente de la Concamin, entre otros.

  • Transcurre el tercer día de actividades de registro
  • Destacan cuatro mujeres entre los aspirantes
Ciudad de México.-  Con el tercer día de actividades del registro de aspirantes al proceso de selección de cuatro consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), suman once los que han presentado documentación.

El día de hoy se presentó Humberto Antonio Ramírez Sáenz, de Veracruz, quien tiene experiencia como integrante del Consejo General Electoral de su estado.

Durante el día de apertura entregaron documentación Luis Miguel Pérez Juárez, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Rafael Morales Ramírez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y Carlos David Soberano Velasco, de Chiapas.

Asimismo, Héctor García González, especialista en Justicia Electoral y Rosselvy Domínguez Arévalo, presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras. En suma, se obtuvieron los primeros cinco registros, respectivamente.

En cuanto al segundo día de actividades se registraron nuevamente cinco aspirantes, quedando en este orden: Edmundo Fuentes Castro, consejero electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí; Maday Merino Damian, consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco y Javier Jedidia Ortega Balmori, técnico de Educación Cívica del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

También Rosa Aurora Oropeza González, de la Ciudad de México, y, por último, Laura Elena Fonseca Leal, consejera presidenta del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

  • En la agenda modificaciones a diversos ordenamientos para tipificar como delito electoral la violencia política en razón de género.
  • Eliminación del fuero al titular del Ejecutivo federal, la reducción de presupuesto a partidos políticos y la regulación del outsourcing, entre otros.
  • Analizar la agenda legislativa prioritaria de la Administración Pública Federal, la finalidad.
Ciudad de México.- Como parte de las facultades de la Secretaría de Gobernación para establecer la relación con los otros Poderes de la Unión, dialogó con representantes de los distintos grupos parlamentarios en el Senado de la República, a fin de analizar la agenda legislativa prioritaria para el Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

La titular de la dependencia, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que la agenda impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, significaría un gran avance para la vida política y el desarrollo en el país.

Acompañada del subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, señaló que al ser prioritaria la agenda legislativa, la interlocución con este poder es permanente.

La secretaria de Gobernación y senadora con licencia, al conocer con amplitud la agenda del Senado de la República, expuso que para el presidente el intercambio de diferentes posturas políticas es necesario para enriquecer la democracia en el país.

Las y los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta coincidieron en la necesidad de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como diversos ordenamientos para tipificar como delito electoral la violencia política en razón de género.



También enfatizaron la necesidad de impulsar la agenda del presidente, que incluye la eliminación del fuero al titular del Ejecutivo federal, la reducción de presupuesto a partidos políticos y la regulación del outsourcing, entre otros.

En la reunión estuvieron presentes por parte de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Emilio Saldaña y la directora general de Estudios Legislativos, Sofía González Torres.

Asistieron los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila –también presidente de la Junta de Coordinación Política–; del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Kuri González y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong.

Igualmente, de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT), Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera Espinosa; del Partido Encuentro Social (PES), Sasil De León Villard; además del secretario técnico de la presidencia de la Jucopo, José Manuel del Río Virgen, así como integrantes de los distintos grupos parlamentarios.

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