- Abogados argumentan que el decreto es inconstitucional y viola los derechos humanos; sin embargo
- El juez Séptimo de Distrito en Michoacán, Armando Díaz López, otorgó también la suspensión provisional al abogado Ignacio Mendoza Jiménez, para circular
- El gobernador Aureoles aseguró que "no es momento de egoísmos, sino de solidaridad"
Michoacán.- Unos 400 abogados nicolaitas y catedráticos de la Universidad Michoacana promovieron amparos en contra del Decreto de Aislamiento Obligatorio ante la pandemia de coronavirus, publicado el pasado lunes en Michoacán.
El juez Séptimo de Distrito en Michoacán, Armando Díaz López, concedió la suspensión provisional a los litigantes, y para su persona queda sin efectos.
El 21 de abril entró en vigor el citado decreto que establece que nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle y quienes lo hagan van a ser multados, aislados, recluidos y tendrán que hacer trabajo de carácter comunitari
Ello, sin embargo, no los exime de acatar las medidas sanitarias obligatorias establecidas por las instituciones de salud, federales y estatales en esta contingencia.
Los abogados argumentaron que el decreto emitido por el gobernador Silvano Aureoles Conejo es inconstitucional y violatorio de derechos humanos. Los litigantes, a través de diferentes despachos jurídicos, han incluso exhortado a la ciudadanía a sumarse a esta oleada de promociones de amparos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado de ninguna manera respecto del decreto; fue un juez de distrito del poder judicial federal. La SCJN tampoco declaró inconstitucional la medida, simplemente ordenó suspender provisionalmente sus efectos únicamente a los promoventes de los amparos. La decisión será revisada en los siguientes días por un Tribunal Colegiado de Circuito, quien determinará en definitiva si se suspende o no los efectos del Decreto a los promoventes.
La suspensión se dictó antes de la emisión del acuerdo del Consejo General de Salubridad publicado el pasado 21 de marzo en el Diario Oficial de la Federación.
El documento establece en su artículo quinto que los estados deberán establecer y ejecutar los mecanismos para reducir la movilidad e instrumentar las medidas de control pertinentes. "Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud en cada entidad, ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención adecuada y oportuna de la salud de la población, tanto para la enfermedad COVID-19, como para cualquier otra necesidad de atención", señala el documento.
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El gobernador Silvano Aureoles Conejo dijo a los abogados que se han pronunciado en contra del Decreto que no es momento de egoísmos, sino de solidaridad profunda. Lo anterior fue dicho por el mandatario michoacano en un mensaje público tras conocerse la más reciente cifra de contagios por el COVID-19 a nivel nacional y estatal, que va en aumento.
"Lamento mucho que haya quienes no comprendan que no es momento del 'yo', sino el momento de 'nosotros'; que no es momento de egoísmos, sino de la solidaridad más profunda”, expresó. Aureoles Conejo afirmó que la dificultad que está atravesando el país y el estado exigen de la corresponsabilidad de todos los sectores sociales.
Lamentó que haya quienes ven en el aislamiento obligatorio, a fin de preservar la salud y la vida de la población, una medida que afecta sus intereses personales. Expuso que, en algunos casos, esas personas han decidido presentar recursos de amparo ante los tribunales, lo cual dijo respetar, pero lo calificó como "un acto muy egoísta".
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Otro amparo fue promovido por Ignacio Mendoza Jiménez, quien fue candidato a la Fiscalía de Justicia de Michoacán, y es quien logró la liberación del líder y fundador de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles.
El juez Séptimo de Distrito en Michoacán, Armando Díaz López, otorgó la suspensión provisional al solicitante, misma que impide a las autoridades estatales detener al litigante y aplicar dicho decreto en el que se declara el aislamiento obligatorio publicado el pasado lunes.
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