Criminalizar el contagio durante la pandemia COVID-19 vulnera derechos humanos

Mediante un documento tituladon”Criminalizar el contagio durante la pandemia COVID-19 vulnera derechos humanos”, las y los defensores de los derechos humanos consideran que la lógica punitiva no es una forma idónea de cumplir con el objetivo, así como tampoco es proporcional para el ejercicio de derechos humanos. 

El documento íntegro:

Las organizaciones de la sociedad civil y las personas que suscribimos este documento manifestamos nuestra preocupación por las recientes declaraciones del Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en el sentido  de hacer uso del aparato de justicia penal para castigar a las personas que no cumplan con las indicaciones de aislamiento en el marco de la pandemia de Covid-19. Si bien compartimos la necesidad de que toda la población cumpla a cabalidad con las medidas indicadas por la Secretaría de Salud, así como el carácter crucial que tendrá el grado de su atención , consideramos que la lógica punitiva no es una forma idónea de cumplir con el objetivo, así como tampoco es proporcional para el ejercicio de derechos humanos.

 Si bien varias entidades del país poseen ya en sus legislaciones delitos por “riesgo de contagio”, estos no son una medida que ayude afectivamente  a evitar la propagación de la pandemia. Preocupa que el efecto inmediato de la aplicación de este tipo de delitos sea la criminalización de la pobreza, dado que se llevaría a castigar a quienes por necesidad no tienen posibilidades de quedarse en casa sin perder de manera significativa o total los ingresos que reciben.

Preocupa, además,  que el anuncio de Vila Dosal se dé en un contexto en el cual el discurso de paz y tranquilidad  ha sido reiteradamente utilizado para justificar el uso excesivo de la fuerza pública y la ampliación indebida del régimen punitivo en el estado de Yucatán. Además de la reciente medida a iniciar a partir del 1 de abril operativos de la Secretaría de seguridad Pública para ”verificar en todo el estado el cumplimiento de estas disposiciones”, el cual se da con posterioridad al anuncio del uso del aparato punitivo para sancionar a quien no cumpla con las medidas de aislamiento.

Por si fuera poco, advertimos que los gobiernos han centrado la difusión de información en áreas urbanas y a través de medios que sonde difícil acceso para la población rual. Si bien reconocemos que el Gobierno de Yucatán ha incluido el idioma maya para la difusión de sus mensajes en el marco de la pandemia, destacamos que esto no es suficiente si no se hace de la mano de campañas de difusión culturalmente adecuadas. Esa es otra razón por la cual criminalizar el contagio puede tener potenciales efectos discriminatorios en los sectores históricamente excluidos.

La crisis sanitaria  que enfrentamos actualmente requiere de medidas de carácter social, económico y sanitario,brespetuosode los derechos humanos que protejan a los grupos en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido instamos al gobierno de Yucatán y en general a los gobiernos locales, que se abstengan de tomar medidas relacionadas con la suspensión de derechos o la incorporación de medidas punitivas para garantizar el aislamiento, concluye el documento. 

Entre los firmantes se encuentran Elementa DDHH,  Indignación, Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE),Colectivo por la Protección de todas las Familias en Yucatán, Equis, Justicia para las Mujeres, entre otros.