Analizan en Parlamento Abierto minuta que reforma al Poder Judicial de la Federación

Analizan en Parlamento Abierto minuta que reforma al Poder Judicial de la Federación

  • Participaron diputadas, diputados, magistrados y especialistas 
  • Es organizado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia

Ciudad de México.- En el Parlamento Abierto virtual “Análisis de la minuta que reforma diversos artículos de la Constitución Política relativos al Poder Judicial de la Federación”, diputadas, diputados, magistrados, operadores y especialistas fijaron sus posiciones.

El documento plantea modificar los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Carta Magna, y fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para dictamen.

Es congruente con la lucha contra la impunidad

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), precisó que la minuta representa una reforma profunda a la organización del Poder Judicial de la Federación. “Es una asignatura pendiente con el pueblo de México; en la actualidad, nuestro país está en el lugar 60 de 69 naciones que mide el Índice Global de Impunidad”.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, por lo que es necesario tomar medidas urgentes. Además, el Índice Global de Impunidad 2020 advierte que existe la necesidad de mejorar las capacidades de la impartición de justicia del país.

Esta reforma, dijo, es congruente con la lucha contra la injusticia y la impunidad; es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes de la Federación. “El Legislativo no podía ser indiferente ante esta urgente necesidad de fortalecer a nuestras instituciones de impartición de justicia”, agregó la diputada.

Los ejes temáticos del dictamen a la minuta que mañana martes será analizado en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, expresó, son: fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como tribunal constitucional e impedir que los poderes constituidos rebasen la competencia que expresamente le señala la Constitución, y separar la jurisdicción ordinaria de la del ámbito constitucional.

Asimismo, dijo, combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, dotando al Consejo de la Judicatura de mayores facultades para tomar medidas cautelares y acciones contra integrantes del Poder Judicial que desvirtúen sus funciones; impulsar la carrera judicial, a través de una Escuela de Formación; contar con la Defensoría Pública, y garantizar la paridad de género. “Es necesario romper barreras para que la participación de mujeres en la carrera judicial sea paritaria”.

La justicia, una demanda unánime

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), señaló que se vive un Estado de impunidad, y una demanda unánime de “nuestro tiempo es la exigencia de justicia; frente a tal demanda, insatisfecha, existen diversas vías propuestas, como son las posibilidades del Gobierno donde impera la voluntad de una sola persona y, otra, le apuesta por el fortalecimiento de las instituciones y las leyes”.

Mencionó que el caso específico del Poder Judicial es una tarea que requiere un análisis profundo, basado en la evidencia y con miras a un proyecto de largo alcance, porque la última vez que se realizó una reforma de Estado en aras del fortalecimiento del mismo fue en la década de los noventas.

Consideró indispensable que las comisiones dictaminadoras “podamos someter la minuta al análisis de especialistas y de personas expertas, en aras de refrendar la seguridad de que el dictamen que será puesto a consideración del Pleno contendrá el mejor instrumento legislativo posible, y es relevante que la sociedad esté involucrada”.

La iniciativa promovida desde la presidencia de la SCJN y presentada por el titular del Poder Ejecutivo, añadió, tiene como consecuencia plausible “el poner en el centro de la discusión nacional un tema fundamental, como es la posibilidad de revisar de forma integral el funcionamiento del Poder Judicial para encontrar cómo fortalecerlo”.

Afirmó que el dictamen ayudará a resolver situaciones urgentes que se deben atender, como el nepotismo y la corrupción, así como armonizar el marco normativo del Poder Judicial de la Federación, conforme al principio de paridad de género; sin embargo, dijo, queda pendiente el tema de la justicia local y los mecanismos de designación de las y los ministros de la Corte.

 Diputadas y diputados

 La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) celebró que se escuchen las opiniones para tener una propuesta más robustecida que beneficie a la población que exige justicia.

También de Morena, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, consideró importante la participación de los especialistas sobre la minuta, ya que es una reforma necesaria para el Poder Judicial.

Por el PT, la diputada Ana Ruth García Grande llamó a analizar el proceso de designación de los ministros, a fin de que sea democrático y termine con el nepotismo y corrupción, así como las atribuciones de quienes presiden el Poder Judicial y la Judicatura para que realmente actúen como contrapeso.

Rubén Cayetano García, diputado de Morena, expuso que la reforma debería llevar hasta la Constitución el tema del nepotismo y todos los lastres que tienen los tribunales y de quienes imparten la justicia en México, además de considerar a la inamovilidad, ya que “generó comodidad, nepotismo, poder absoluto y ha generado que jueces promuevan a sus familiares”.

Mejorar el acceso a la justicia

El magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal, señaló que la minuta es el siguiente peldaño para el fortalecimiento de la institución, bajo los principios de eficiencia y deja de lado la figura clásica del juez constitucional, colocándolo en su actual papel de agente activo dentro de la consolidación del Estado de derecho como personaje atento a los cambios y fenómenos sociales.

“Vivimos tiempos donde la unidad representa la pieza clave para la construcción del futuro; es indispensable caminar hacia el mismo objetivo, la paz y armonía social; cualquier modificación que se realice al Poder Judicial debe tomar como base el Estado de derecho y la circunstancia de que miles de personas se encuentran ávidas de justicia”, añadió.

El magistrado Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expuso que las reformas buscan mejorar la forma en que la población accede a la justicia y llamó a considerar las implicaciones que podrían tener los cambios, porque actualmente hay 98 tribunales ordinarios; la idea es que haya un máximo de 41. “Hacer más con menos, aprovechar los recursos y no generar una estructura cada vez más grande y pesada”.  

Con la reforma, añadió, todos los temas y materias pueden y deben verse desde un enfoque de derechos humanos; la concentración busca evitar la fragmentación en función de los derechos de la víctima, y destacó que se eleve a rango constitucional la Escuela Judicial, a efecto hacer frente a la facultad que está en la Carta Magna.

El magistrado en el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, José Alfonso Montalvo Martínez, dijo que, si bien la propuesta busca consolidar a la Corte como Tribunal Constitucional, abre una puerta para que el máximo Tribunal distraiga gran parte de sus esfuerzos y recursos sólo para resolver si proceden o no los procesos de impugnación.

Ante ello, consideró vital limitar los casos que realmente conlleven a un pronunciamiento, por lo que la impugnación debe ser vista como una vía de protección de los derechos que se complementará con la jurisprudencia y que la decisión emitida por el Corte no sea discrecional ni arbitraria, pues tendrá que realizar un acuerdo exponiendo los motivos de su fallo.

Fabiana Estrada Tena, coordinadora de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la propuesta es de trascendental importancia, porque su aprobación puede tener un enorme impacto en el sistema jurídico y contribuir a una mejora de la vida pública en nuestro país.

Académicos y especialistas

La coordinadora del Programa de Transparencia de Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa, Laurence Pantin, consideró necesario incorporar la obligación del concurso de oposición para el personal de los juzgados y tribunales, aunque aseguró que la reforma tiene medidas incompletas para combatir la corrupción y el nepotismo.

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell Sánchez, indicó que esta reforma va en la dirección correcta, pues contribuye al desarrollo constitucional; no obstante, planteó la necesidad de modificar el nombramiento de ministros y aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que el 66 por ciento de todos los procesos judiciales son en esta área.

Francisca María Pou Giménez, profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sugirió modificar las reglas de disciplina hacia jueces y magistrados que no aplican jurisprudencia, porque atenta contra su independencia, así como cambiar la parte donde dice que la Corte podrá emitir recursos en amparo directo, cuando haya interés excepcional en materia constitucional de derechos humanos y el sistema contenga un lenguaje simplificado.

Hugo Alejandro Concha Cantú, director de la revista de la Reforma Judicial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que es importante que haya mejores sentencias, ya que no se puede pasar al sistema de jurisprudencia con esos precedentes porque “son largas y confusas; a la ciudadanía hay que darle mejores sentencias por parte de los jueces”.

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