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Mérida, Yucatán.- El Primer Tribunal de Juicio Oral de Yucatán determinó que Martín Alberto Medina Sonda pasará años 50 en prisión por el feminicidio de su ex esposa Emma Gabriela Molina Canto.

Un cómplice, Juan Ramón Moreno Hernández, alias “Cachorro”, fue sentenciado a 35 años de cárcel. 

Otros dos cómplices, Óscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Ávalos, quienes cobraron 60 mil pesos para cometer el crimen, purgan condenas de 46 y 43 años de prisión, respectivamente.

Medina Sonda escuchó la notificación en video conferencia pues permanece recluido en Villahermosa por otros delitos cometidos durante la administración del ex gobernador Andrés Granier Melo en Tabasco. 

En una audiencia en la que dieron a conocer su deliberación, luego de que el pasado 6 de septiembre del presente habían fallado de forma unánime sobre la culpabilidad de ambos procesados, los integrantes del Tribunal determinaron que Medina Sonda y El Cachorro, de forma conjunta, mancomunada y solidaria éstos deberán pagar $8, 611,758.00 como reparación del daño para las víctimas indirectas. 

A ambas personas también le fueron suspendidos sus derechos políticos y fueron amonestadas.

El Tribunal, conformado por los jueces Fabiola Rodríguez Zurita (presidenta), Níger Desiderio Pool Cab e Ileana Georgina Domínguez Zapata, informó en voz de su presidenta, a las partes y al público presente en la sala 8 del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), que será en próxima audiencia programada para el 20 de septiembre del año en curso a las 15:00 horas cuando se leerá y explicará la sentencia, tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) vigente.

Cabe señalar que este juicio oral inició el pasado 7 de agosto del presente y durante una audiencia continua, oral y pública, tanto la parte acusadora (Fiscalía estatal), asesores jurídicos y las propias víctimas indirectas, así como también los acusados y sus defensores, desahogaron ante el Tribunal las pruebas para probar sus respectivas teorías.

Tizimín, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán inauguró el día de hoy, de manera formal, la nueva sede de su juzgado segundo mixto del tercer departamento judicial del estado en la ciudad de Tizimín, el cual atiende asuntos civiles, mercantiles y familiares de primera instancia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Yucatán Abogado Ricardo Ávila Heredia, junto con representantes del gobierno municipal y del legislativo, cortó el listón inaugural de este edificio que representa un avance para mejorar la atención hacia los ciudadanos.

La prioridad para el Poder Judicial es mejorar la atención al público. Esta remodelación en una de nuestras zonas más importantes como es Tizimín ayudará a mejorar las condiciones en las que los ciudadanos reciben el servicio, atención que también debe ser humana y de ayuda siempre para ofrecer una solución, dijo el presidente Ávila Heredia.

Agregó que el Poder Judicial tiene entre sus metas primordiales ser transparente y por ello informó el costo de la remodelación de este juzgado que fue de $1,137,934.94 pesos e instruyó al área de finanzas a hacer públicos todos y cada uno de los gastos que se realizaron para acondicionar esta nueva sede.

Reconoció al equipo encabezado por el juez Wilberth Vidal y los exhortó a seguir trabajando con la capacidad, el ímpetu y la energía que los caracteriza.

El juzgado se encuentra ubicado en la calle 41 número 354 entre 47 y 49 de esta ciudad.


En la inauguración estuvieron presentes la diputada suplente  Ana María Méndez Salazar y Orlando Ojeda Novelo, en representación del alcalde de Tizimín, Ing. Mario González González. Igualmente estuvieron presentes la Magistrada de la sala civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado Mygdalia Rodríguez Arcovedo, así como también las consejeras de la Judicatura Sara Luisa Castro Almeida y Melba Angelina Méndez Fernández y los Consejeros Luis Alfredo Solís Montero y Luis Jorge Parra Arceo.

  • Por unanimidad, fallo condenatorio por feminicidio agravado
Mérida, Yucatán.-  Por unanimidad y luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), los jueces del  Primer Tribunal de Juicio Oral dictaron fallo condenatorio en contra de Martín Alberto Medina Sonda, al encontrarlo culpable por el delito de feminicidio agravado, perpetrado en contra de su ex pareja Emma Gabriela Molina Canto, tras los hechos registrados en marzo del 2017 en el fraccionamiento San Luis de la capital yucateca.

Durante las audiencias de juicio oral, la FGE aportó los datos que obran en la carpeta correspondiente, suficientes para el fallo decretado por los tres jueces participantes, quienes anunciaron la fecha del 12 de septiembre para la audiencia de individualización de la pena.

A lo largo del proceso jurídico fueron presentados al Tribunal de enjuiciamiento pruebas documentales, diversos testimoniales, así como pruebas periciales y materiales que permitieron a los jueces dictar su veredicto.

De acuerdo con la información reunida del caso, los hechos ocurrieron el 27 de marzo del año 2017, cuando dos personas acusadas de ser los autores materiales del crimen y por el que fueron sentenciados en el 2018 a 46 y 43 años de prisión, respectivamente, privaron de la vida a la víctima, quien había sido pareja sentimental del acusado y quien se probó que cometió el delito por razones de género.

En la audiencia de este día celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, también los jueces emitieron la declaratoria de culpabilidad en contra de Juan Ramón Moreno Hernández “El Cachorro”, por el delito de homicidio calificado, relacionado con el mismo caso.

  • Por incendio en pandilla y motín, daño en propiedad denunciados por las autoridades municipales y Telecomunicaciones de México 
Mérida, Yucatán.- Tras ser analizados los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron vinculados a proceso 12 personas involucradas en los disturbios ocurridos la noche del pasado 28 de agosto en los bajos del palacio municipal en Oxkutzcab, Yucatán. 

En las audiencias realizadas en el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, con sede en el Centro de Justicia Oral de Tekax y el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, ubicado en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), los Fiscales responsables, presentaron los datos de prueba para indicar su presunta participación en los delitos de daño en propiedad ajena cometido por incendio contra institución pública y en pandilla; denunciados por autoridades municipales, además de daño en propiedad ajena, denunciado por Telecomunicaciones de México.

MENORES VINCULADOS A PROCESO

Durante la audiencia realizada en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, los jóvenes S.R.C.CH de 17 años, J.R.P.C., de 14 años, E.A.CH.S., de 16 años, J.J.M.X., de 16 años, A.J.T.CH., de 15 años y R.A.L.D., de 17 años fueron vinculados a proceso por el delito de daño en propiedad ajena cometido por incendio en pandilla y motín; además se otorgaron 40 días de plazo para el cierre de investigación complementaria.

Los ahora vinculados continuarán bajo las medidas cautelares que se les impusieron durante la audiencia inicial y que incluyen la prohibición de acercarse al Palacio Municipal y las personas que trabajan ahí, mantenerse en resguardo domiciliario, salir solo para estudiar o trabajar, no salir de su localidad, la prohibición de reunirse entre ellos y deberán acudir a firmar ante las autoridades de Tekax.

LA AUDIENCIA EN TEKAX

En el caso de A.M.T.C., G.A.C.G., M.O.T.F., G.M.G.I., J.P.M.P. y J.A.U.E., que fueron presentados en el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, fueron valorados en larga audiencia los datos de prueba presentados por los Fiscales Adscritos a esta demarcación y se decretó el auto de vinculación a proceso; otorgando un plazo de cierre de investigación complementaria de tres meses.

Con relación a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a los seis imputados, se mantendrá vigente por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que continuarán privados de su libertad hasta que se defina su situación legal por los delitos que se les acusa.

Mérida, Yucatán.- Con el objetivo de sensibilizar a los servidores públicos del Poder Judicial en torno al principio que favorece a las víctimas cuando solicitan una orden de protección de emergencia, la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado inició el taller “Medidas Contra La Violencia Domestica” que imparte el Magistrado Jorge Rivero Evia, presidente de la sala colegiada civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia.

En la primera jornada de este taller que se realizó el pasado lunes 2 de septiembre y continuará el próximo día 9, estuvo presente el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia Ricardo Ávila Heredia, así como Magistradas, Magistrados, jueces y personal de los juzgados, quienes reafirman, de este modo, los criterios y elementos que deben considerar cuando se presenta una solicitud de este tipo de medidas, con base en la ley pero también en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El taller también profundiza acerca de lo establecido en el Protocolo de Actuación del Poder Judicial del Estado para la emisión de órdenes de protección publicado en el Diario Oficial del Estado el 29 de junio del año pasado y que se apega a las normas internacionales, nacionales y estatales y a la perspectiva de género como método de impartición de justicia.

De este modo, los servidores judiciales cuentan con elementos para llegar a una determinación de expedición o no expedición de una orden de protección de emergencia, siempre bajo el principio “in dubio pro víctima”, que significa, en la duda a favor de la víctima y considerando que el derecho a vivir en un entorno libre de violencia forma parte del catálogo de los derechos humanos que deben considerarse integrados al orden nacional, al estar reconocido en diversos tratados internacionales.

Estos tratados son, entre otros, la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979) y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud e integridad física establecidos en la Constitución General.

Actualmente, tanto los jueces familiares como los jueces de control (materia penal) del Poder Judicial del Estado están facultados para resolver acerca de las solicitudes de órdenes de protección a cualquier persona que esté siendo víctima o sea potencial víctima de violencia. Cabe mencionar que esta facultad también a tienen los Ministerios Públicos, que pertenecen al Poder Ejecutivo.

Este taller fue organizado por la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, en coordinación con la Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega, Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia.

Mérida, Yucatán.- El reto principal para evitar la trata de personas es la prevención coordinada de todas las autoridades y la sociedad para que el combate sea eficaz, afirmó el Dr. Emilio Maus Ratz, en la conferencia “Retos jurídicos y sociales en el combate a la Trata de personas”.

Todas las autoridades deben sumar esfuerzos para lograr un combate eficaz en contra del delito de trata de personas, atender a las víctimas y redoblar esfuerzos para garantizar su reintegración en la sociedad y así evitar que recaigan como víctimas de este delito. 

Hizo un llamado a la sociedad para contribuir al combate de este delito, ya que, dijo, a causa de que hay demanda es que prospera esta actividad ilegal, siendo la más visible la trata con fines de explotación sexual que afecta particularmente a mujeres y niñas.

El también investigador y académico señaló que existen factores estructurales para que las personas se conviertan en víctimas de la trata, tales como la pobreza, la falta de escolaridad, la falta de oportunidades y la violencia en las familias. Por el lado de quien comete el delito resaltó que el hecho de que haya demanda permite que los tratantes de personas lucren con esta actividad delictuosa.

Dio a conocer que 45.8 millones de personas viven alguna forma de esclavitud moderna en el mundo y en México 376,800 personas están sujetas a algún tipo de moderna esclavitud, esto de acuerdo con cifras de Walk Free Foundation, escenario que se agrava si se consideran las 357 mil mujeres que, según el INEGI, son forzadas a ejercer la prostitución.

Esta conferencia fue organizada por la Enlace Nacional, Liga Aurora Cortés Ortega, la Comisión de Igualdad de Género en colaboración con el Centro de Ética Judicial como parte de las actividades que se realizan todos los días 25 de cada mes, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas como día naranja.

En esta conferencia, que se realizó en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicias estuvo presente el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Ricardo Ávila Heredia, así como Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros de la Judicatura estatal, autoridades y representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, así como también autoridades militares y navales.

  • Establecen 100 mil pesos en concepto de reparación del daño
Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia de 19 años de prisión para H.P.M.P, quien fue encontrado culpable del delito de violación, tras los hechos ocurridos el mes de septiembre del año 2018, en agravio de un adolescente de identidad reservada, en el municipio de Conkal, Yucatán.

Durante la sesión, los tres jueces que conforman el Tribunal Segundo de Juicio Oral condenaron al indiciado tras evaluar las pruebas aportadas por la FGE, que señalaban al imputado como responsable del citado delito, registrado en el interior de un predio en el Fraccionamiento Santa Mónica, en la localidad mencionada.

De acuerdo con la investigación del caso, el acusado ultrajó a su víctima, valiéndose de la violencia física y moral, para cometer el ilícito en un par de ocasiones.

Además de la pena privativa de la libertad, los integrantes del Tribunal establecieron 100 mil pesos en concepto de reparación del daño.

  • El empresario fue liberado por el juez “por lo absurdo del caso”, dijo su hija.
Ciudad de México.- A la una de la mañana, tiempo de Argentina, Carlos Ahumada salió de la cárcel, así lo informó a través de sus redes sociales Ciro Gómez Leyva, quien incluso obtuvo comunicación directa con la hija del empresario argentino-mexicano confirmando la liberación de su padre.

De acuerdo con su hija, el empresario fue liberado por el juez “por lo absurdo del caso”.
"Hola, Ciro, el que miente es Radio Centro. Estoy muy feliz de estar con mi papá y ojalá dejen de seguir cometiendo injusticias con él y con todos nosotros. Por favor, ya déjenos vivir en paz", dijo Ana Lucía Ahumada Gurza.
De acuerdo a la información compartida en las redes de Gómez Leyva, Carlos Agustín Ahumada Kurtz ya se encuentra en su casa, luego de haber sido detenido la tarde del viernes (16 de agosto) en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, Argentina, por elementos de la Policía Federal de ese país, junto a una cantidad en efectivo de dólares americanos y pesos argentinos

En relación a la detención de quien fuera pareja sentimental de la hoy imputada Rosario Robles, la hija de Ahumada Kurtz pide que dejen vivir en paz a su padre y su familia, con quienes, dice, se han cometido injusticias.

El abogado de Ahumada aportó como prueba el acta de cierre de la auditoría de diciembre de 2018, sobre el ejercicio fiscal 2012, “donde todas las observaciones fueron solventadas”.

  • Este miércoles participan cuatro testigos de la Fiscalía desde las 8:30 horas
Mérida, Yucatán.- En la audiencia del juicio oral por el caso de Emma Gabriela MC la fiscalía estatal continuó con el desahogo de pruebas para comprobar su teoría del caso ante el Tribunal 1º. de enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado.

En esta ocasión, testificaron ante el Tribunal tres testigos. Dos de ellos fueron agentes policiacos quienes narraron ante los jueces la manera en que detuvieron a dos personas quienes más tarde en un proceso judicial se determinó que fueron autores materiales del homicidio.

El tercer testigo del día de hoy fue un agente de la policía estatal quien realizó el acordonamiento del lugar con la finalidad de que preservar las pruebas que obtendrían los peritos.

En la audiencia, los fiscales se desistieron de tres testigos.

El día de mañana se reanudará la audiencia con el desahogo de 4 testigos por parte de la fiscalía. La audiencia iniciará a las 08:30 horas.

Se prevé que este juicio oral que inició el pasado 12 de agosto continúe las próximas semanas.


Mérida, Yucatán.- Este lunes continuó el desahogo de testigos de la Fiscalía estatal en el juicio que se sigue a dos personas por los delitos de feminicidio agravado y homicidio calificado, respectivamente, cometido en contra de una mujer en marzo de 2017.

El testigo que hoy acudió ante el Tribunal 1o del Poder Judicial del Estado rindió su testimonio en su calidad de paramédico quien auxilió a la víctima. 

Seguidamente, los representantes de la fiscalía estatal se desistieron de un testigo, por lo que los jueces que integran el tribunal, suspendieron la audiencia y la continuarán el día de hoy martes en punto de las 08:30 horas.

Este juicio, que inició el pasado 7 de agosto, continuará desarrollándose en la sala 8 del Centro de Justicia Oral de Mérida.

Cabe apuntar que uno de los acusados se encuentra en el Centro de Readaptación Social de Tabasco, desde donde aprecia el desarrollo del juicio por medios electrónicos y en coordinación entre el tribunal de enjuiciamiento de Yucatán y el juzgado de Tabasco. 

Por este mismo caso ya fueron sentenciadas dos personas como autores materiales del hecho.

  • La acusan de ejercicio indebido del servicio público
  • Su defensa dice ella alertó de anomalías a Peña; Meade también sale raspado
Ciudad de México.- El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo vinculó a proceso a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga,  por ejercicio indebido del servicio público y le impuso prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Marta Acatitla.

El juzgador concedió a la Fiscalía General de la República dos meses para realizar la investigación complementaria por las presuntas omisiones cometidas por Robles Berlanga ante un supuesto desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas y sistemas de radio y televisión estatales.

Antes de escuchar la resolución del juez de control, Rosario Robles pidió "humildemente" enfrentar el proceso en libertad tras asegurar que no cuenta con millones de pesos como para evadir a la justicia.

"Ni tengo millones de pesos como para irme a Canadá a vivir y regresar impunemente, no quiero evadir a la justicia, mis tarjetas y mi cuenta están bloqueadas, yo me he presentado de manera absolutamente voluntaria, siempre he dado la cara", externó Robles.

La extitular de Sedesol llegó al Reclusorio Sur, alrededor de las 17:00 horas de ayer, para la audiencia en la que se determinaría si se le vincula a proceso por ejercicio indebido del servicio público.

Aseguró que sí informó, a través de la línea roja, al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, sobre las supuestas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En una entrevista realizada por su defensa y  presentada como dato durante la audiencia de ayer, se detalló también que Robles Berlanga informó al titular del Ejecutivo federal en giras de trabajo o durante las reuniones de gabinete.

Sí le puso en conocimiento al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la red federal (línea roja). También la forma de comunicación era a través de las reuniones de gabinete. Carece de todo sustento que se diga que Rosario Robles Berlanga no informó a su superior jerárquico sobre estas presuntas irregularidades”, señaló la defensa.

El excandidato presidencial José Antonio Meade también salió raspado durante la audiencia de ayer sobre las investigaciones realizadas a Rosario Robles, pues uno de los puntos torales del abogado de la exsecretaria de Estado para intentar derribar los argumentos e imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) fue que cuando la ASF informó sobre los supuestos contratos irregulares en la Sedesol, su defendida ya no era titular de dicha dependencia, por lo que la omisión de la que se le acusa no recaería sobre ella.

Muchas de las anomalías detectadas fueron cuando ella no era titular de la dependencia

Incluso se destacó el acta de entrega-recepción de la Sedesol, en agosto de 2015, de Robles al ex abanderado priista y el informe en el que se mencionan las irregularidades no solventadas.

Según el equipo legal de la exfuncionaria, muchas de las anomalías detectadas por la ASF fueron reportadas cuando Meade Kuribreña, Luis Miranda o Eviel Pérez eran titulares de la Sedesol, durante la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que “le correspondía al entonces titular de la Secretaría revisar los dictámenes y actuar en consecuencia”.

Por ejemplo, la defensa mencionó que uno de los convenios, firmado el 6 de marzo de 2013 entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue revisado por la ASF y las irregularidades dadas a conocer hasta el 4 de septiembre de 2015 por lo que, respecto a la temporalidad, “para esa fecha Rosario Robles Berlanga ya no era titular de la Sedesol y no pudo incurrir en omisión”.

Otro de los argumentos de los abogados fue que el Ministerio Público de la Federación busca imputar a Robles acciones de terceros, tales como autoridades de universidades estatales sobre los que su defendida no tenía competencia.

Al iniciar la continuación de la audiencia inicial, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo decretó un receso de 50 minutos para que la Fiscalía General de la República revisara los datos de prueba presentados por la defensa de Rosario Robles.

Lo anterior luego de que la tarde de este lunes los fiscales se negaran a recibir los registros de investigación que llevaron los abogados a la sede de la Fiscalía para acreditar la inocencia de su defendida. Incluso el juez regañó a los agentes ministeriales por no hacer su trabajo con tiempo.

Se considera presa política, dice su abogado

Xavier Olea, abogado de Rosario Robles, aseguró que su clienta le dijo que se consideraba una presa política, luego de que un juez le dictara prisión preventiva tras ser acusada de ejercicio indebido del servicio público.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para "Despierta", el abogado defensor dijo que les sorprendió la medida dictada por el juez, de otorgar prisión preventiva a la ex titular de Sedesol.

Detalló que el argumento para otorgar la prisión preventiva fue que Rosario Robles no tiene acreditada su residencia en la Ciudad de México.

Xavier Olea aseguró que aportaron los datos de prueba para demostrar que sí vive en la Ciudad de México y que aportarán más pruebas al respecto.

Esta mañana de martes, un juez federal vinculó a proceso a Rosario Robles por ejercicio indebido del servicio público y le impuso la medida de prisión preventiva justificada que deberá cumplir en el penal de Santa Martha.

El juzgador concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) dos meses para realizar su investigación complementaria.
  

  • La familia Triay se pregunta si tras un juicio legal y honesto haya una mano negra capaz de pisotear la justicia.
Mérida, Yucatán.- Tras la liberación de Pablo Santos García Gutiérrez, el único detenido que seguía en prisión por el homicidio del psiquiatra Felipe de Jesús Triay Peniche, la familia Triay emitió un boletín con el título “Funcionarios ineptos o perversos”.

Esta liberación, señala el documento, sólo se explica de la siguiente manera: 

  • que la Fiscalía del Estado, que es la representante social de todos los yucatecos, no haya cumplido con su trabajo por ineptitud, ignorancia o fines abyectos; 
  • que los jueces que llevaron el caso hayan actuado de manera similar, con cualesquiera de esas tres aberrantes suposiciones o, que tras un juicio legal y honesto haya una mano negra capaz de pisotear la justicia y con ella nuestros principales valores cívicos y morales.
García Gutiérrez, fue liberadol ayer en la tarde, cerca de las 5, tras un amparo que le concedió un juez de Cholula, Puebla.

El año pasado fue liberado, también gracias a un amparo, el segundo acusado, el también psiquiatra Enrique Lara González.

En su página de Facebook, el periodista Manuel Triay Peniche, publicó el siguiente boletín:

Funcionarios ineptos o perversos

“Es importante que Yucatán se siga considerando un lugar seguro”, declaró ayer tarde Pablo Santos García a las puertas del penal cuando obtuvo su libertad, tras cumplir cinco de los 35 años de cárcel que le fueron impuestos al comprobarse que asesinó, con premeditación, alevosía y saña, al doctor Felipe Triay Peniche. Y la familia Triay por primera vez está de acuerdo con este homicida.

Consideramos de suma importancia que las autoridades locales y federales, que no coinciden entre sí con la aplicación de la Ley y tampoco con la justicia, se metan esas palabras tras las orejas y se den cuenta que si un asesino anda suelto no puede haber seguridad, y menos cuando ese asesino en un psiquiatra a quien el Estado le autorizó el cuidado, prevención y atención de la salud mental de los yucatecos.
Pablo García, condenado tras un centenar de pruebas físicas y científicas, obtuvo ayer tarde su libertad inmediata merced a un amparo que un juez de Cholula, Puebla, le concedió no sabemos por qué. 

Lo que sí sabemos, y comprobamos una vez más, es la grave deficiencia en la justicia mexicana en manos de ineptos o de corruptos, que para este caso tiene un denominador común: la libertad de un homicida

Esta liberación sólo se explica de la siguiente manera: que la Fiscalía del Estado, que es la representante social de todos los yucatecos, no haya cumplido con su trabajo por ineptitud, ignorancia o fines abyectos; que los jueces que llevaron el caso hayan actuado de manera similar, con cualesquiera de esas tres aberrantes suposiciones o, que tras un juicio legal y honesto haya una mano negra capaz de pisotear la justicia y con ella nuestros principales valores cívicos y morales.

Por cierto, sobre esta liberación, según medios locales, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró que el caso de Pablo Santos es cosa juzgada, en lo que de ninguna manera coincidimos porque no se conocen oficialmente los términos del amparo y no se conocerán antes de 10 ó 15 días. Lo que se diga ahora no pasará de ser especulaciones.

Para que Yucatán se siga considerando un lugar seguro, como declaró del homicida el doctor Triay Peniche -y no sabemos si lo dijo por burla pero tiene el mismo valor- será necesario que se investigue a fondo dónde está el error, pues una autoridad dice una cosa y otra señala lo contrario, y por lógica una cosa no puede ser y no ser a la vez.

Y tras esa investigación, que deberá ser exhaustiva y profunda para llegar a las raíces del problema, deberá castigarse al culpable para evitar más asesinos en las calles de este Estado seguro y para evitar que más funcionarios ineptos lleguen a los puestos públicos o, no menos igual de grave, que una mano negra mande al sumidero de las miasmas todo un sistema de justicia, en un país regado con abundancia con sangre de gente inocente", hasta aquí el documento.

  • Tras más de 10 años de violencia y persecución, incluido su divorcio y encarcelamiento, finalmente fue asesinada a las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis 
  • Quedan dos por enjuiciar: Medina Sonda y Juan R. M. H; dos sicarios ya purgan condena; y, otro, quien se acogió como testigo protegido, está delicado de salud
Mérida, Yucatán.- Con un testigo encubierto en arresto domiciliario, en silla de ruedas y su salud muy disminuida por la diabetes [incluso ya le cortaron el dedo de un pie], hoy miércoles comienza el juicio a Martín Alberto Medina Sonda y Juan R. M. H por su participación en el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, con 17 puñaladas, el 27 de marzo de 2017.

Medina Sonda está acusado de feminicidio agravado y en caso de ser hallado culpable podría ser sentenciado a unos 50 años de 
prisión. Actualmente el presunto autor intelectual del crimen de su ex esposa está recluido en el penal de Tabasco, purgando una condena de 12 años y seis meses por delito de lavado de dinero.

Actualmente los autores materiales del feminicidio, los tabasqueños Óscar López Tolliva y a Jonathan Mézquita Ávalos a cumplir 46 y 43 años de prisión, más sanciones por portación de arma blanca y cocaína y un pago por ocho millones de pesos como reparación del daño causado.

Ahora, tras varios amparos y revisiones y luego de más de dos años, finalmente los jueces del Tribunal Primero de Juicio Oral, Fabiola Rodríguez Zurita, Nidia Celis Fuentes y Niger Pool Cab, se encargarán de llevar el desahogo de pruebas: 165 para el caso de Medina Sonda y 161 para el segundo enjuiciado, quien contrató a los sicarios. La última diligencia está programada para el 2 de septiembre próximo.

El proceso tendrá como particularidad una videoconferencia con un tribunal oral en Villahermosa, Tabasco, pues Medina Sonda cumple una condena por lavado de dinero en el Centro de Reinserción Social de esa entidad.

La madre de la víctima y denunciante de este caso, Ligia Canto Lugo será la primera testigo,.

El enfermo y ex chofer de Medina Sonda, Rogelio César Reyes Barrueta, es prueba principal contra los acusados: él confesó que recibió los 70 mil pesos de su entonces patrón para llevar a cabo el atentado contra Emma Gabriela.

Los fiscales ofrecerán su testimonio como prueba anticipada con la grabación de audio y video cuando declaró ante el juzgado segundo de control el 25 de octubre de 2018 en la que relató cómo se planeó y se llevó a cabo a la ejecución del crimen.

Por su parte, los asesores jurídicos de la víctima indirecta, Ligia Canto Lugo, presentaron 67 pruebas para la audiencia de reparación del daño.

  • Resolverá si mujeres necesitan permiso o autorización judicial
Ciudad de México [Cimacnoticias | CIMACFoto: César Martínez López |Por: Hazel Zamora Mendieta].- En este periodo de sesiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverán dos controversias constitucionales que buscan limitar el derecho de mujeres y niñas víctimas de violación sexual a interrumpir un embarazo no deseado, un servicio que desde hace tres años es obligatorio en todo el país, sin necesidad de que la víctima interponga una denuncia penal.

Ambas controversias son un intento de los legisladores de Aguascalientes y Baja California de frenar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM 046), norma que en 2016 fue modificada para eliminar el requisito que se les pedía a las mujeres de contar con una denuncia penal por violación o autorización judicial para acceder al aborto.

Desde entonces, las víctimas de este delito pueden interrumpir el embarazo en los servicios de salud pública sólo bajo protesta de decir la verdad; y las menores de 12 años de edad sólo deben estar acompañadas de la madre, padre o un tutor, para recibir la atención.

Los ajustes a la NOM 046 que hizo la Secretaría de Salud (Ss) buscaron facilitar el acceso de las víctimas de violencia sexual al aborto y así evitar forzarlas a parir o recurrir a procedimientos inseguros que resultaran en defunciones o criminalización.

Sin embargo, los legisladores de los congresos de Baja California y Aguascalientes promovieron controversias constitucionales (54/2016 y 45/2016) alegaron que la Ss invadió competencias de los gobiernos estatales porque sólo a las entidades pueden legislar en materia de aborto.

Anteriormente la Corte ya ha ratificado la obligación del sistema de salud pública de brindar servicios integrales a las víctimas de violación. En 2009, con los mismos argumentos, el gobernador del estado de Jalisco presentó una controversia constitucional para solicitar la invalidez de la NOM 046.

En aquella ocasión la SCJN resolvió que las instituciones de salud deben ofrecer información previa, anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las víctimas de violación.

A pesar de que este derecho también está en la Ley General de Víctimas, publicada en 2013, las organizaciones civiles han documentado que las instituciones de salud niegan el servicio a niñas y mujeres con el argumento de que el personal de salud es objetor de conciencia o que las víctimas deben presentar una denuncia o autorización previa del Ministerio Público para acceder al aborto.  

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) entre 2009 y 2016 se interpusieron 111 mil 413 denuncias por violación en México; en contraste, en el mismo periodo el sistema de salud sólo reportó haber realizado 63 abortos legales por la causal de violación.

En ese sentido, en 2018 la y los ministros de la Segunda Sala de la SCJN resolvieron dos amparos (601/2017 y 1170/2017) en los que determinaron que negar los servicios de aborto a las víctimas de violencia sexual es una violación a sus Derechos Humanos y que por lo tanto el Estado está obligado a reparar de manera integral dichas violaciones.

En estos casos la SCJN declaró que las autoridades sanitarias deben atender de manera eficiente e inmediata la interrupción del embarazo producto de una violación, a fin de no permitir que las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la agresión sexual continúen.

Adicionalmente señalaron que los servicios de salud pública no pueden implementar mecanismos ni políticas internas que impidan a las víctimas ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

La NOM 046 tiene origen en la historia de Paulina, una niña de 13 años de edad a la que en el año 2000 se le negó el derecho de abortar tras sufrir una violación sexual en el estado de Baja California.

Ella tuvo que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado firmara un acuerdo, por el que reformó la NOM 046 para garantizar este derecho, norma que de nuevo estará en discusión.

En el actual periodo de sesiones, que inició el 1 de agosto, la Suprema Corte también resolverá una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad sobre salud y educación sexual, así como distribución de anticonceptivos en el Estado de Veracruz; y otra acción de inconstitucionalidad relativa a la gestación subrogada. 19/HZM 

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán informó que, en este periodo vacacional, los juzgados de control del sistema penal acusatorio y oral de Mérida y del interior del estado permanecerán abiertos en horario normal.

Estos atenderán las solicitudes de órdenes de protección de emergencia para víctimas en peligro o viviendo violencia, acorde con la competencia en el territorio donde resida la víctima y en términos de ley de las mujeres a una vida libre de violencia.

En apego a la ley, las órdenes de protección que otorgan los jueces son de emergencia, es decir, por la naturaleza de las condiciones de la víctima se expiden con urgencia, máximo dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Sin embargo, por ley estas órdenes tienen una temporalidad máxima de setenta y dos horas.

Caber señalar que, acorde con el marco legal vigente, el Ministerio Público, a través de sus agencias en todo el estado, también está facultado para otorgar órdenes de protección de emergencia, pero también otras medidas de protección y providencias precautorias de mayor alcance, las cuales pueden durar hasta sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días.

En cuanto a los juzgados de control que atenderán las solicitudes de órdenes de protección de emergencia, se informa que los Juzgados Primero y Segundo de Control del Primer Distrito Judicial tienen su sede en el Centro de Justicia Oral (CJOM) de Mérida, ubicado en calle 145 N° 299, colonia San José Tecoh de esta ciudad.

El Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial se ubica en Progreso, Yucatán en la calle 37 N° 85 por 18 y 20 del Puerto de Abrigo. Mientras que el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial tiene sede en Tekax con oficinas en Calle 41 S/N, Manzana 59, Solar 2. Por su parte, el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial se encuentra en Umán con sede en la Calle 25 N° 144 Carretera Umán-Celestún.

Finalmente, también estará disponible para solicitud de órdenes de protección el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial con sede en Valladolid y que se ubica en el Tablaje catastral 11199, Polígono Chan Yokdzonot, Km. 15.

Por otro lado, el Poder Judicial del Estado también informó que en el periodo que comprende del 16 al 31 de julio del presente año, los juzgados en materia civil, mercantil, de oralidad mercantil, familiar y de oralidad familiar del primer departamento judicial con sede en Mérida, así como así los Juzgados Mixtos de los tres Departamentos Judiciales del Estado, permanecerán sin actividad.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial de Yucatán privilegia la transparencia, no sólo para que la sociedad conozca la forma en que se presta el servicio de justicia y las limitaciones que enfrenta, sino porque es inherente al trabajo judicial y lo legitima cuando la institución está abierta a las críticas, opiniones, sugerencias y propuestas que nos permitan optimizar nuestras funciones, expresó el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán Magistrado Ricardo Ávila Heredia.

Lo anterior en el marco de la firma de un convenio general de colaboración entre el Poder Judicial y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP Yucatán) que establece las bases de cooperación entre ambas instituciones, para coordinar la ejecución de programas y actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública de Yucatán y promover acciones de capacitación, cultura, difusión y promoción sobre estos temas fundamentales para el conocimiento de la sociedad.

El Magistrado Ávila Heredia, detalló que, si bien en los hechos esta coordinación ya se daba de manera constante, en capacitación y cooperación, ahora se formaliza con el documento que fue también signado por el comisionado presidente del INAIP, Aldrin Martín Briceño Conrado y llevó la firma como testigo de honor del Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

El convenio establece que estas actividades estarán dirigidas al personal del Poder Judicial del Estado, pero también a la ciudadanía en general y reforzarán la cultura de la transparencia gubernamental y rendición de cuentas, el desarrollo de mejores prácticas de gobierno y la publicación de información en el  marco de las políticas de transparencia proactiva, que permitan fortalecer la cultura democrática, la educación cívica y la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las decisiones públicas.

El Magistrado Ávila Heredia detalló también una serie de acciones que el Poder Judicial ya realiza para reforzar la transparencia de su labor. “En el manejo de recursos económicos, independientemente de la información obligatoria que la ley señala como contratos, licitaciones, promovedores, el Poder Judicial hace público de manera mensual, a través de su página de internet, los pagos por cada uno de los servicios o adquisiciones, efectuadas a partir de la cantidad de $10,000.00, pesos, señalándose el concepto, el nombre del proveedor, el número de cheque o transferencia, por el que se realizó el pago”, explicó.

Detalló que en cuanto a labor jurisdiccional, en el año de 2017 se publicaron en la página de internet del Tribunal Superior de Justicia más de 600 sentencias de segunda instancia; en el 2018 más de 800 y en el actual se han publicado 400.

Mencionó que otra forma de contacto con la sociedad es a través de las competencias de litigación oral convocada por este Poder, siendo que en el área penal, en el sistema acusatorio, celebra este año su novena edición y en el caso del litigio oral en materia familiar, este año se ha convocado a su primera edición.

Expuso que en el área de contraloría se realiza un manual de usuario para la captura y seguimiento de las denuncias de faltas administrativas y la consulta ciudadana sobre el estatus de la denuncia presentada.

Al evento asistieron magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia; consejeras y consejeros de la Judicatura, así como autoridades estatales y federales civiles y militares.

Posterior a la firma el Comisionado Presidente del INAI, Acuña Llamas, dictó la conferencia magistral “Justicia abierta”.

  • Crean el Grupo de apoyo terapéutico para personas en proceso judicial de divorcio 
Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán convoca a las persona que estén involucradas en un proceso judicial de divorcio a asistir a un grupo de apoyo terapéutico con el que busca apoyar, a través de la interacción con otras personas en la misma situación y con la intervención de especialistas, a llevar de la forma más adecuada este proceso por el bien de las familias y los menores.

Las personas que deseen inscribirse a este "Grupo de apoyo terapéutico para personas en proceso judicial de divorcio", deben ser mujeres u hombres mayores de edad que estén atravesando un proceso judicial de divorcio, así como acudir por voluntad propia y comprometerse a atender todas las sesiones que iniciarán el lunes 12 de agosto y finalizarán el lunes 25 de noviembre, en horario de 19:00 a 20:30 horas.

Para acceder a este taller, es necesario que los solicitantes acudan a una entrevista con la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, Elsy Maribel Gamboa Solís.

Para obtener más información las interesadas y los interesados pueden acudir a las instalaciones de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social ubicada en la calle 35 entre 62 y 62 a del centro de Mérida, Yucatán, en el edificio que alberga los juzgados mercantiles y familiares del Poder Judicial del Estado. 

También pueden comunicarse al teléfono 9-30-06-50 extensión 6996 en horario de 08:00 a 15:00 horas. Asimismo, pueden visitar nuestra página de internet www.poderjudicialyucatan.gob.mx y Facebook: Poder Judicial de Yucatán


Mérida, Yucatán. - La violencia psicológica es el principal tipo de violencia que se ejerce en el estado de Yucatán, afirmó la Dra. María Emilia Montejano Hiltonl

Dijo que con base en los datos del Banco Nacional de Datos e Información Sobre Casos de Violencia Contra la Mujeres (BANAVIM), en el que también señala que en 2019 la violencia emocional es la problemática mas alta en todo el paìs, la violencia psicológica es la que impera en la mayoría de los estados, pero lo grave es que la violencia se produce en el hogar y no necesariamente es por la pareja.

La Dra. Montejano también mencionó que existen legislaciones internacionales que buscan garantizar el derecho de todas las personas, como la convención Americana sobre Derechos, la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), así como la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer conocida como la Convención de Belem do Pará.

La ponente que también es profesora investigadora en la Facultad de Derecho explicó el procedimiento que cuando el Presidente de México firma un tratado internacional, debe llevarlo al Senado para su aprobación que consiste en la firma del representante del Senado y posteriormente el Presidente lo lleva al organismo internacional que lo expidió, por lo que esta entrega del documento con las firmas lo llama ratificación.

Posteriormente, Montejano Hilton señaló que en Yucatán la violencia feminicida no es común, ya que mueren mas hombres que mujeres, sin embargo, los números indican que en violencia sexual las víctimas son mujeres.

De la misma manera, explicó que sociedad y el gobierno debemos analizar qué es lo que debemos atacar, por lo que es necesario realizar campañas de difusión para evitar todo tipo de violencia, ya que “si nosotros evitamos la violencia generalizada, solita se reducirá en todos los demás campos” puntualizó.

Por último, destacó que la educación es el principal factor para evitar la violencia en los hogares.

La conferencia se ofreció a todo público, como parte de las actividades que realiza la Magistrada Ligia Aurora Cortés Ortega como Enlace Nacional para los temas de género e igualdad del Poder Judicial. 

En este evento acudieron las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Consejeras y Consejeros de la Judicatura del Estado, así como representante del Poder Ejecutivo y Legislativo. 


Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán firmó esta mañana un convenio de colaboración e intercambio en materia de investigación e información legislativa y judicial con el H. Congreso del Estado, el cual permitirá a ambos Poderes elaborar programas, proyectos y actividades de interés recíproco que coadyuven al enriquecimiento de la cultura de la legalidad y la investigación.

En una ceremonia realizada esta mañana en la sede del Poder Legislativo del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Ricardo Ávila Heredia y el presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado, Martín Enrique Castillo Ruz, signaron el documento mediante el cual se realizarán análisis y estudios a temas de relevancia en diversas materias. Además en dicha ceremonia fungió como testigo de honor el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Felipe Cervera Hernández.

“La coordinación y apoyo entre Poderes es sin duda un elemento indispensable para el desarrollo de las funciones y el trabajo de cada institución y cumplir así con la finalidad principal de servir adecuadamente a la sociedad a la que nos debemos y que la demanda”, expresó el magistrado Ávila Heredia en un mensaje previo a la firma.

El magistrado dijo que hay temas prioritarios, complejos, pero indispensables que deben ser analizados. “Me permito poner en la mesa, para iniciar la marcha de este convenio, plantearnos como un objetivo el estudio de dos legislaciones que por su propia naturaleza y por la necesidad social es indispensable: la materia familiar y la materia laboral.

La primera debemos analizarla y estudiarla en todos los aspectos que sean posibles, no obstante las limitaciones que alguna otra ley nos imponga por el momento como es el caso de la competencia federal en materia de procedimientos, explicó.

Añadió que temas como la alienación parental, la custodia compartida, la restitución nacional de infantes, la compensación, etc. son algunos de los temas que es necesario abordar.

Por otro lado, dijo el magistrado Avila Heredia, tenemos encima la transformación de la materia laboral, de las juntas de conciliación a los Poderes Judiciales locales.

“El Poder Legislativo tiene una importancia trascendental ya que él será quien modifique la Constitución, las leyes orgánicas, toda la reglamentación necesaria para dotar, incluso, a los Poderes Judiciales de los elementos y recursos necesarios para poder llevar a cabo esta reforma que tiene trascendencia y mucha complejidad”, apuntó.

Por su parte, el diputado Cervera Hernández expuso que el congreso no puede hacer leyes “nada más para subir el porcentaje de leyes emitidas”, sino que debe legislar lo que se necesita y para eso requiere trabajar de la mano del Poder Judicial de Yucatán.

En su oportunidad, Sergio Martínez Cachón director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Yucatán, expresó que este convenio coadyuva al enriquecimiento de la legalidad. Explicó que mediante el mismo se podrán incrementar el conocimiento para la toma de decisiones parlamentaria, social económica y de opinión pública, así como la impartición de conferencias, seminarios, programas de modernización así como captación de información digital que ya se realiza a través de la plataforma Digestum, en la que es posible consultar, vía internet, la legislación local, nacional e internacional.

Al evento acudieron las magistradas Mygdalia A. Rodríguez Arcovedo, Leticia del Socorro Cobá Magaña, el Magistrado Marcos Celis Quintal y los consejeros Luis Jorge Parra Arceo, Luis Alfredo Solís Montero y las Consejeras Melba Angelina Méndez Fernández y Sara Luisa Castro Almeida, así como le Magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, Cesar Antuña Aguilar.

  • Recomendaciones de la CONAMER para incrementar el porcentaje de asuntos que se resuelven mediante un proceso conciliatorio
Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán reportó un buen avance en la implementación de la reforma a la justicia cotidiana en materia mercantil que fue publicada en enero de 2016 y cuya principal innovación es la aplicación de la oralidad en esa materia. 

Funcionarios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) presentaron a magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el diagnóstico sobre el avance en la implementación de los juicios orales mercantiles a nivel nacional y en el que Yucatán presenta un avance de 66 por ciento, ubicándose por encima de la media nacional que fue de 48 por ciento.

Entre los indicadores que se midieron en este diagnóstico destaca la capacidad de resolución de los casos, donde la media nacional es de 61 por ciento y Yucatán alcanza 69 por ciento, de igual manera, se reportó el índice de asuntos concluidos en 100%. En este mismo rubro se estableció que durante 2017 los juzgados mercantiles del Poder Judicial de Yucatán resolvieron cada caso en un promedio de 148 días laborales desde el inicio de la demanda.

En el indicador de estadística judicial el análisis midió si los Poderes Judiciales estatales cuentan con un área de estadística y personal, así como el registro de variables estadísticas y el uso de un software para el manejo y consulta de datos. El diagnóstico detalla que el Poder Judicial de Yucatán registró en este rubro un avance de 56 por ciento y de 90 por ciento en lo que se refiere al sistema estadístico judicial, lo que ubica a Yucatán con un buen avance frente a otros estados.

En la reunión se realizaron recomendaciones para incrementar el porcentaje de asuntos que se resuelven mediante un proceso conciliatorio, así como las medidas que se deben tomar para optimizar las salas de oralidad.

Asimismo, se abordaron temas como la incorporación de juzgados itinerantes especializados en materia oral mercantil con el fin de mejorar la economía procesal.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal recogió las propuestas presentada por la comitiva de CONAMER, la cual será presentada al Consejo de la Judicatura para analizar su viabilidad.

En la reunión estuvieron presentes los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Luis Felipe Esperón Villanueva, Ricardo Ávila Heredia, José Rubén Ruiz Ramírez y Santiago Altamirano Escalante así como las Magistradas Mygdalia A. Rodríguez Arcovedo, Ligia Aurora Cortés Ortega y Leticia del Socorro Cobá Magaña.

Por parte de la CONAMER participaron en la reunión  el coordinador General de Proyectos Especiales de ese organismo José Daniel Jiménez Ibáñez  acompañado de su comitiva y del Director de Innovación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, Antonio de Jesús Aranda Correa.

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