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  • El presidente electo de Guatemala se reúne con senadores de Morena, PRI y PAN en el Senado de la República
  • Nuestros países deben construir muros de prosperidad para salir adelante, señala
Ciudad de México.- El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, se reunió con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, y legisladores del PRI y del PAN.

En su primera visita oficial a México, el mandatario quien tomará posesión en enero próximo, habló con los senadores de migración, fronteras, infraestructura, salud, educación, empleo, inversión y energía, así como derechos humanos.

Este viernes Giammattei se reunirá en Mérida con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.


Monreal Ávila dijo que en la reunión conversaron sobre temas migratorios, comercio, “desarrollo fronterizo y amistad entre nuestras naciones”.

Giammattei expresó que en la reunión con  el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado coincidieron “que nuestros países deben construir muros de prosperidad para salir adelante·.


Posteriormente se reunió con la senadora del PRI, Vanessa Rubio Márquez, presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe, quien mencionó que durante la junta portó “con mucho orgullo mi Condecoración de la Orden del Quetzal”. 🇲🇽🇬🇹

Durante la reunión trataron temas muy importantes para el desarrollo y cooperación entre ambos países. 

La reunión versó sobre migración, fronteras, infraestructura, salud, educación, empleo, inversión y energía.

“Una agenda compartida de prosperidad compartida; y de coordinación efectiva para retos comunes”, dijo la senadora mexicana.


Después se reunió con senadores del PAN, encabezados por el vicecoordinador Erandi Bermúdez. El tema fuen sobre el fenómeno migratorio, “priorizando, por supuesto, el respeto a los Derechos Humanos”.

Otro senador panista, Damián Zepeda, dijo que “la migración es un tema que nos ocupa a ambos países, por lo que debemos encontrar alternativas en conjunto que pongan en el centro a los seres humanos, generando oportunidades para todos”.

Giammattei indicó que “con los senadores del PAN, conversamos sobre un problema que nos concierne a todos, la migración, siendo un tema que debemos solucionar en ambos países creando oportunidades para todos”.

  • Emitir Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, oportunidad de crear un espacio seguro a niñas y mujeres: Lorena Villavicencio
  • La diputada llama a aumentar el presupuesto para la Conavim en 2020 y el de los programas de prevención de la violencia, de refugios para mujeres maltratadas y de acompañamiento integral y reparación del daño de las víctimas
Ciudad de México.-  La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), integrante de la Comisión de Justicia, afirmó que la eventual emisión de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México será la oportunidad de crear un espacio seguro a las niñas y mujeres.

“La Alerta de Violencia de Género es una gran oportunidad para convertir el derecho a una vida libre de violencia en política pública prioritaria en la Ciudad de México, y que de esta manera la Ciudad de México mantenga su vocación vanguardista, progresista y de ampliación de derechos”, dijo en rueda de prensa.

“(La Alerta) no debe ser utilizada como una política descalificación, sino al contrario, es una gran oportunidad para que nuestra ciudad se constituya en una urbe que garantice una vida libre de violencia a las mujeres”, agregó la legisladora por la Ciudad de México.

El pasado 13 de septiembre, un juez federal concedió un amparo a organizaciones civiles que ordena a la ​Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) declarar la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, luego de que en noviembre de 2018 dicha Comisión determinó que no era necesario.

La diputada morenista, coordinadora de la Subcomisión de Feminicidios y Violencia contra las Mujeres, de la Comisión de Justicia, expresó su disposición a revisar la normatividad de la Alerta de Violencia de Género para su fortalecimiento y funcionamiento efectivo, como la ordena la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Asimismo, convocó a todos los integrantes de la Cámara de Diputados a aumentar los recursos de la Conavim en 2020 y el de los programas de prevención de la violencia, de refugios para mujeres maltratadas y de acompañamiento integral y reparación del daño de las víctimas.

“Actualmente se les otorgó a todas las Alertas de Género del país 100 millones de pesos, lo cual es absolutamente insuficiente para atender el clima de violencia generalizada en todo el territorio”, expresó.

Villavicencio Ayala señaló la necesidad de que los diputados sostengan reuniones de trabajo con la Conavim y con las fiscalías y las comisiones de atención a víctimas de los estados.

También resaltó la importancia de visibilizar el trabajo de los jueces en el desafío de acabar con la impunidad “y terminar con esa creencia de que en este país ‘no pasa nada si se asesina una mujer’”.

Informó que tiene una propuesta de tipo penal único para el tema de feminicidio, así como una propuesta de código penal único.

Apuntó que el grupo parlamentario de Morena tiene entre los temas principales de su agenda legislativa la despenalización del aborto y se iniciará la discusión al respecto, y para ello ya hay tres iniciativas, una de ellas para que el Congreso de la Unión pueda expedir un código penal único donde no se establezca el aborto como delito; “eso nos parece que es la mejor de las posturas; nos inclinamos por esa”.

Consideró que si el Ejecutivo ya tiene una iniciativa de Ley de Amnistía, que beneficia a las mujeres que están presas por abortar, “debería haber una posición clara de todas las instancias de gobierno para que ya avancemos en el tema de la regulación y que no se vuelva a tener nunca más a una mujer encarcelada por tomar una decisión sobre su propio cuerpo”.

“El cuerpo de una mujer no es un territorio de disputa para nadie. Es un asunto que le compete única y exclusivamente a las mujeres; no es un espacio público donde los demás pueden debatir qué hacer con él. Es una decisión que nos corresponde única y exclusivamente a las mujeres”, finalizó.

  • La diputada Verónica Juárez, del PRD, pide al Congreso que esa Ley ayude aq resolver problemas reales
Ciudad de México.- El Congreso de la Unión está obligado a revisar a fondo la Iniciativa de Ley de Amnistía presentada por el Ejecutivo Federal para que realmente ayude a resolver problemas reales y no termine convirtiéndose en un acto propagandístico más del Presidente, sostuvo la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña.

“Se debe generar un gran debate sobre este tema porque en una primera revisión de la iniciativa realizada por mi grupo parlamentario, hay algunas dudas que se deben disipar”, señaló en un comunicado.

Advirtió que prevé supuestos inaplicables, como los de aborto y sedición, debido a que no existen, en la jurisdicción federal, procedimientos iniciados por estos delitos.

Juárez Piña, dijo que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no existe desde 2012, en el fuero federal, ninguna carpeta de investigación o averiguación previa iniciada por abortar, por lo cual no beneficia a ninguna mujer.

Lo anterior contrasta con los datos del fuero común ya que, en esta jurisdicción, existen 512 casos en 2015, 538 en 2016, 516 en 2017, 576 en 2018 y 375 hasta el 20 de agosto de 2019, dando un total de 2,527 mujeres que no se verán beneficiadas debido a que estos casos deben ser atendidos por las legislaturas estatales y no por el Congreso de la Unión.

En el caso de las personas indígenas, su aplicación resulta “inconstitucional, debido a que se aboca a violaciones al debido proceso cometidos en contra de un grupo particular de personas y no a delitos como tales”.

Los únicos casos que podrían resultar de interés son los de los delitos contra la salud y el robo simple; sin embargo, debe proporcionarse información relativa al número de personas a los cuales aplicará, agregó la legisladora.

La iniciativa señala que se beneficiará a aquellas personas procesadas y/o sentenciadas por “el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años”.

No obstante, precisó que, al igual que en el caso del aborto, el robo es un delito que se sigue, en su mayor parte, en los sistemas estatales y no en los Tribunales federales, razón por la cual no se tiene una previsión respecto al número de personas que podrían ser objeto de la amnistía por esta hipótesis, en el fuero federal, recordando que a la mayor parte de estos procedimientos no les aplica esta amnistía.

Respecto a la extinción de la acción penal en contra de personas procesadas y/o sentenciadas por delitos políticos, tipificados estrictamente como sedición, precisó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no consigna ninguna averiguación previa del 2012 a la fecha por el delito de sedición, con lo cual este supuesto quedaría, de hecho, invalidado.

Con relación a las preocupaciones manifestadas por algunos grupos de la población sobre el riesgo de que algunos liberados regresen a la actividad delictiva, como el caso de los imputados por delitos contra la salud, Juárez Piña dijo que el gobierno Federal está obligado a precisar cuál es la ruta de acompañamiento y las opciones que plantea para ellos a fin de evitar que vuelvan a delinquir o que sean cooptados de nueva cuenta por la delincuencia.

  • Piden al gobernador Alfredo del Mazo Maza que Wendy Paola Ramírez Hernández y Andrea Monserrath Garrido Hernández, quienes resultaron dañadas por el siniestro registrado en mayo de 2013, sigan recibiendo su paga
Ciudad de México.-  La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena), solicitó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reanudar el pago de la pensión vitalicia a Wendy Paola Ramírez Hernández y Andrea Monserrath Garrido Hernández, que sufrieron quemaduras graves por la explosión de una pipa de gas en San Pedro Xalostoc, Ecatepec, en mayo de 2013.

“Por un derecho de humanidad le estamos exigiendo que cumpla con la pensión vitalicia que en su momento el ex gobernador y ahora senador, Eruviel Ávila Villegas les había proporcionado a las dos jovencitas”, indicó en conferencia de prensa con Wendy Paola Ramírez Hernández y el abogado, Iran Arteaga Gamboa.

Hernández Pérez recordó que el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se comprometió a otorgar una pensión vitalicia a Ramírez Hernández y Garrido Hernández, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).

“Sin embargo, las beneficiarias de esta pensión que se prometió como vitalicia, han expresado que, la actual administración del gobernador en funciones, Alfredo del Mazo Maza, ha suspendido el pago”, señaló.

Comentó que el pasado 19 de junio pidió a del Mazo Maza, mediante un oficio, que reanudara a la brevedad el pago de la pensión, pero, “la respuesta fue negativa porque se argumenta que la petición resulta improcedente, de conformidad con la normatividad en la materia”.

“Ninguna normatividad puede ser obstáculo para que reciban la pensión vitalicia que se les prometió”, apuntó.

La legisladora integrante de la Comisión de Igualdad de Género mencionó que hace unos días el personal del ISSEMyM, “nos dijo que no se les va a restituir esa pensión vitalicia”.

“Estamos apoyando a estas chicas porque por humanidad tenemos que restituirles ese apoyo para que puedan sobrevivir”, dijo.

Ramírez Hernández manifestó que con la pensión que recibían apenas sobrevivían, “me da coraje porque ni siquiera nos dieron un motivo por el cual nos la quitaron”.

Iran Arteaga Gamboa, abogado, lamentó que del Mazo Maza y Ávila Villegas “con la mano en la cintura hayan quitado esa pensión vitalicia que ellos mismos determinaron”.

“Seguiremos jurídicamente los aspectos que se tengan que hacer en contra del gobierno del ex gobernador Eruviel Ávila y del actual gobernador, Alfredo del Mazo”, concluyó.

  • No han contado con el apoyo para reconstruir sus hogares;: Mónica Almeida
Ciudad de México  La diputada Mónica Almeida López (PRD), secretaria de la Comisión de Vivienda, aseveró que el actual gobierno federal ha olvidado a los damnificados de los sismos de septiembre 2017, “al igual que la administración pasada”.

“(El gobierno federal) se ha olvidado de los más necesitados, pues en lo que va del año más de 4 mil damnificados por los sismos de 2017 se encuentran desprotegidos y sin acceso a apoyos federales para iniciar la reconstrucción de sus viviendas, tan sólo en Oaxaca”, apuntó en un comunicado.

Afirmó que se ha ejecutado el 70 por ciento del presupuesto destinado para la vivienda en el país, sin embargo, los damnificados no han contado con el apoyo para reconstruir sus hogares.

Almeida López señaló que es una acción “sumamente preocupante” que el gobierno, más allá de no tener la capacidad de llegar a todas las regiones afectadas por los sismos de hace dos años, siga planeando marginar la vivienda social al destinar su prepuesto al apoyo de tan sólo 16 ciudades en todo el país.

“Si se empeñó por un año el desarrollo de vivienda social en el país, en detrimento de los mexicanos y el sector inmobiliario que sufrió graves afectaciones, para atender una situación apremiante, ésta debe ser atendida con eficiencia ya que el presupuesto no puede mantener estas proporciones en los ejercicios fiscales siguientes”, indicó.

La legisladora explicó que la urgencia de atender a los damnificados obliga a recurrir a presupuestos a gran escala que resuelvan las problemáticas, pero éstas deben ser eficaces y en un tiempo determinado.

Asimismo, consideró que el Plan Nacional de Desarrollo “es ineficiente al no programar los avances presupuestales, lo que mantiene paralizada la vivienda de todos los mexicanos y a los beneficiarios de los programas de reconstrucción sin la atención adecuada”.

“El ejercicio fiscal está por terminar y los subejercicios, así como la mala planeación y ejecución de recursos están afectando a los beneficiarios de uno de los programas con más recursos de su ramo, por lo que las alarmas están encendidas ya que la población ha manifestado múltiples inconsistencias en el programa”, concluyó.

  • Delgado Carrillo afirma que se buscará replicarla en los congresos estatales, para que sea más la población beneficiada
Ciudad de México.-  El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que la Ley de Amnistía aplicará para mujeres, jóvenes y personas indígenas que han sido criminalizadas por la pobreza o la ignorancia y se buscará replicarla en las entidades del país, para que sea más la población beneficiada.

“Esta ley no es para homicidas, secuestradores, reincidentes, ni para aquellos delitos donde se haya involucrado un arma de fuego. Es para mujeres, jóvenes, personas indígenas quienes han sido criminalizados por la pobreza o por la ignorancia”, indicó en declaraciones a la prensa.

Previó al primer informe de gestión de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el Congreso local, el líder parlamentario expuso que se revisará el proceso de cada persona para ver si encuadra en los supuestos que tendrá la Ley de Amnistía, trabajo que realizará la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación.

“Eso lo va a determinar la Fiscalía General después de una valoración que haga. En el caso de los presos políticos, se va a formar una comisión en la Secretaría de Gobernación para que haga la valoración correspondiente”, reiteró el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Señaló que con este marco jurídico replicado en los congresos estatales, se beneficiaría a muchas mujeres en el caso del aborto, ya que este delito está penado a nivel local, por lo que es donde se registra más incidencia.

“La mayor parte de este delito es a nivel local, está penado a nivel local, entonces no va a ser un universo muy grande en el caso federal, pero insisto, se está buscando que esta ley se replique en los congresos de los estados, para que en este delito haya más mujeres beneficiadas”, apuntó.

Delgado Carrillo indicó que la iniciativa para expedir la Ley de Amnistía, que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, se presentará mañana ante el Pleno, para que inicie su proceso legislativo y confió en que sea aprobada en este mismo mes.

Por otra parte, el diputado de Morena reconoció el trabajo que ha realizado la jefa de Gobierno de la Ciudad de México en materia de seguridad, pues “se ve que hay un mayor control y que se está recuperando nuevamente la seguridad”.

“La evaluación es muy positiva porque hay que ser muy realistas en cómo dejaron la ciudad, y la dejaron en condiciones muy lamentables en el tema de seguridad. Los avances que se habían logrado en 12 años, se revirtieron en la administración de Miguel Ángel Mancera”, finalizó.

  • Los agravios cometidos contra la libertad sexual han ido en aumento: Bernal Martínez
Ciudad de México.-  La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT), planteó expedir la Ley del Registro Federal de Agresores Sexuales, a efecto de contar con datos de las personas que han sido condenadas por estos delitos e inhibirlos, dado que afectan tanto a la población femenina como masculina.

Precisó que los delitos cometidos contra la libertad sexual han ido en aumento conforme con los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En 2016 se realizaron 35 mil 92 casos; en 2017, 36 mil 923, y en 2018, 41 mil 398, de los cuales 18 mil 288 fueron por abuso sexual, 2 mil 825 acoso, mil 222 hostigamiento, 11 mil 593 de violación, 2 mil 965 de violación equiparada, 10 casos de incesto y 4 mil 495 de otros delitos sexuales.

Bernal Martínez resaltó que es evidente que de 2016-2017, el índice de los delitos contra la libertad y seguridad sexual aumentaron en más del 5 por ciento, y de 2017 a 2018 hubo un aumento de poco más del 12 por ciento.

Tal situación, aseguró, pone de manifiesto que las actuales penas y sanciones han sido insuficientes para prevenir y disminuir la comisión de este tipo de delitos; por ello se debe crear el Registro Federal de Agresores Sexuales, el cual estará a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El registro deberá contener: nombre y fecha de nacimiento, sobrenombres o alias con los cuales se le conoce; señas particulares; datos de residencia, permanente o temporal; números telefónicos; direcciones de Internet o de las páginas sociales que utilice; datos de su fuente de trabajo y de documentos oficiales; registros de ADN. También, copia digitalizada de la sentencia condenatoria, fotografía actual y datos de identificación del o de los vehículos automotores que tenga.

Se busca que el registro sea publicado en la página de Internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ello, como parte de la sanción impuesta al delincuente y para que la ciudadanía consulte si en su colonia, ciudad o estado, reside de manera permanente o temporal una persona condenada por algún delito de naturaleza sexual, con la finalidad de ser un instrumento de prevención de este tipo de delitos.

También se propone que sean las fiscalías de justicia de los estados y de la Ciudad de México quienes recopilen, almacenen y envíen al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública los elementos actualizados que integran el Registro Federal de Agresores Sexuales, con lo cual se tendrá un control de este tipo de delincuentes, desalentando con ello la comisión o la reincidencia delictiva.

La diputada del PT expuso que lo que se propone es que la persona que cometa este delito pueda ir al padrón, una vez que haya una sentencia condenatoria, a efecto de no vulnerar sus derechos.

La propuesta se remitió a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Ciudad de México.-  La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó a la Cámara de Diputados que, a través de la Guardia Nacional, se garantiza la integridad de las personas en los puntos fronterizos, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad a la normatividad aplicable.

Mencionó que se trabaja con las entidades federativas en la protección y resguardo de las caravanas migrantes; además, en las regiones que son un punto de flujo migratorio.

También se han establecido puntos de controles fijos y objetivos aleatorios en las zonas con afluencia de migrantes, y con el Instituto Nacional de Migración se ejecutan acciones conjuntas en todo el territorio nacional.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la dependencia resalta que se han instalado puntos de inspección en las carreteras, con la finalidad de atender el flujo migratorio a bordo de autobuses y camiones.

Destaca que es necesaria una estrecha coordinación y colaboración de las instancias de seguridad, con los organismos encargados de garantizar los derechos humanos en el país.

Considera fundamental generar esquemas de protección que garanticen los derechos de los migrantes, mediante acciones que permitan el adecuado desarrollo de las atribuciones de esta institución y sus órganos administrativos desconcentrados.

Eso respondió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a diversos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, respecto del flujo migratorio proveniente de Centroamérica.

Los legisladores pidieron un informe sobre las medidas adoptadas para salvaguardar el orden público de los estados de tránsito migratorio, con motivo de los migrantes provenientes de Centroamérica.

Solicitaron diseñar un protocolo de actuación que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes y de los menores no acompañados, derivado de las nuevas políticas migratorias que implantará el gobierno federal.

  • Senado y sociedad civil trabajan en la construcción de una Ley que beneficie a enfermos y consumidores: Jesusa Rodríguez
Ciudad de México.- Durante cinco días, más de 900 personas se dieron cita en la antigua sede del Senado de la República, en la calle de Xicoténcatl número 9, donde se llevaron a cabo conferencias “Rumbo a la Regulación de la Cannabis”, organizado por las Comisiones de Justicia; Salud; Estudios Legislativos, Segunda, y de Seguridad Pública.

Ahí, legisladores, empresarios, productores, activistas, consumidores, representantes de organizaciones civiles y sociedad en general, presentes o a través de redes sociales e internet, participaron y discutieron, junto con destacados panelistas nacionales e internacionales sobre la regulación de la mariguana en México, para uso médico y lúdico. 

Las discusiones y exposiciones fueron moderadas por la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, quien destacó que este ejercicio de Parlamento Abierto abre la participación de la ciudadanía para que “juntos, Legislativo y sociedad, conformemos la mejor legislación en la materia”.

Indicó que México debió empezar hace diez años a regular el cannabis. Estamos tarde pero, acotó, no sólo es acelerar el proceso sino hacerlo bien. Hay que empezar bien. Esto es un lento proceso que nos llevará a una legislación adecuada sobre la materia.

Participante también, la senadora Patricia Mercado dijo que en la conformación de esta nueva ley, las comisiones revisoras en el Senado están analizando y trabajando con base en la propuesta de la ex senadora y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La realización de estos foros dijo, demuestra que estamos avanzando en la construcción del acuerdo para la regulación y cumplir la sentencia de la Corte, en el sentido de cambiar los artículos que son anticonstitucionales en la Ley General de Salud, y pasar a su regulación.

Durante las ponencias, el ex senador de Colombia, Juan Manuel Galán Pachón, afirmó que la política de drogas que ha seguido el mundo en los últimos 50 años, está fundamentada sobre una falacia.

Hablar de un mundo libre de narcóticos no solamente es una utopía. “Es una falacia que hace imposible construir una política pertinente en materia de manejo de sustancias”, apuntó.

Aseguró que sí es posible lograr una regulación adecuada del cannabis, en un mundo libre del abuso de estupefacientes. Para eso, agregó, hay que entender qué lleva al ser humano a excederse en su uso, a evadir su realidad y a generarse paraísos artificiales para aliviar su dolor, sufrimiento o circunstancias de vida.

A su vez, el abogado litigante, Juvenal Lobato Díaz, destacó que México debe seguir los ejemplos de Canadá y algunos estados de la Unión Americana, en el caso de la trazabilidad. Con ello se incrementaría la recaudación de impuestos, se combatiría la corrupción y se fomentaría el empleo.

En materia de fiscalización, indicó que el gobierno debe dar seguimiento y control desde que se siembra hasta la comercialización.

Para regularlo, dijo, se deben establecer dos elementos fundamentales: libertad y seguridad. La libertad de quien decide tener un consumo lúdico, y la seguridad de que al hacerlo no tendrá problemas de salud y no generará otros de seguridad pública, añadió.

Lo anterior ocurrirá con una regulación que respete los derechos humanos y los principios de un Estado democrático. El Gobierno no puede tener un papel excesivamente intervencionista; debe ser regulador, debe establecer controles únicamente, subrayó.

El vicepresidente de Relaciones Gubernamentales y Desarrollo de Negocios de Canadá, Ivan Ross Vrána, señaló que la regulación en su país ha sido todo un éxito. Actualmente la policía local detiene a más personas manejando ebrias, que fumando mariguana, afirmó.

Esto indica que la regulación es muy buen camino, asentó. En mí país han cambiado los paradigmas en jóvenes, quienes ya la consumen con fines lúdicos, con más responsabilidad.

En su exposición “Cannabis de Canadá – lecciones aprendidas en los últimos 10 años”, indicó que este estupefaciente ha sido altamente benéfico en pacientes con ataques epilépticos y algunas enfermedades crónico-degenerativas.


El ex comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Gil Kerliwoske, sugirió que México debe poner especial atención desde las pruebas de laboratorio -que determinen la viabilidad de las plantas- hasta el empaquetado, etiquetado y embalaje para evitar la falsificación.

En los once estados de la Unión Americana, donde se ha legalizado el cannabis, dijo, es una lucha constante contra la falsificación. Se han establecido programas estrictos de producción, volumen y control.

Además, puntualizó que con lo que se genere de impuestos, el gobierno mexicano debe crear programas reales de prevención para los jóvenes a fin de evitar excesos y riesgos en su salud.

  • Urge una gran reforma financiera que favorezca a los campesinos
Ciudad de México.- El sistema financiero va en contra del desarrollo nacional, pues niega la posibilidad de préstamos baratos: Narro Céspedes. 

Sólo el 12 por ciento de las unidades productivas del campo gozan de crédito bancario para producir; esto equivale a 600 mil de los cinco millones de agrupaciones registradas, señaló el senador José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Anunció que presentará un Punto de Acuerdo para que el Senado de la República intervenga en favor de los usuarios de la banca comercial de México, a la cual calificó de usurera y abusiva. Propone modificar la Ley para clasificar como usura, el cobro de intereses excesivos en la banca.

 Acusó que el sistema financiero va en contra del desarrollo nacional, pues niega la posibilidad de préstamos baratos para la producción. Dijo que los intereses que cobran, son los más altos del mundo, sumando hasta el 70 por ciento anual.

 El senador de Morena, denunció que al menos en tres entidades de la República, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, ejecutivos de Banco HSBC desaparecen de la noche a la mañana, llevándose el contenido de cuentas, pagares e inversiones que forman el patrimonio de las personas, y la empresa no se hace responsable de esos saqueos.

Insistió en que a través de un parlamento abierto se puedan encontrar soluciones para modificar las reglas de operación de la banca comercial mexicana, con una gran reforma financiera.

Narro Céspedes también habló de la mina de oro ubicada en Mazapil, Zacatecas, concesionada a mineras canadienses, mismas que no han cumplido la mayoría de los 19 compromisos firmados desde 2008 con la población y, en consecuencia, tienen problemas. Falta resolver el problema del agua, del desarrollo, empleo y la contaminación en la región.

  • La ley beneficiará a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, narcomenudeo, sentenciados y por robo simple sin violencia.
  • Mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles.
Ciudad de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, informó que este domingo su fracción parlamentara recibió la iniciativa, en el marco del 209 aniversario del Grito de Independencia, cuando Miguel Hidalgo "liberó a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo".

Ciudad de México.- El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, informó que recibieron este domingo, de parte del Presidente de la República, una iniciativa para expedir la Ley de Amnistía, la cual otorgará la libertad a personas presas por ciertos actos delictivos, para que puedan reintegrarse a la vida en sociedad.

En un comunicado, recordó que el 16 de septiembre de 1810, antes del icónico grito de independencia, Miguel Hidalgo liberó de la cárcel de la congregación de Dolores a presos políticos del régimen virreinal y a gente del pueblo, cuya pobreza o ignorancia era la causa común de su presidio. 

En ese sentido, en la actualidad, los gobiernos de algunos estados tienen la tradición de indultar en estas fechas a presos cuya culpabilidad es dudosa, o es baja la cuantía del daño que produjeron, también a los que observan buen comportamiento, o bien, a quienes tuvieron un juicio injusto.

El líder parlamentario explicó que el indulto y la amnistía son distintos pero comparten el objetivo de conceder la libertad y ofrecer la oportunidad de la reinserción social. 

La amnistía, además, resaltó, está respaldada por la voluntad popular representada en el Congreso.

Comentó que por ello, en el marco del 209 aniversario del Grito de Independencia, el Presidente de la República presenta la Ley de Amnistía, como expresión concreta del compromiso de aliviar las injusticias que padece el pueblo de México, como la carencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y expedita íntimamente relacionada con la pobreza, la marginación y el flagelo de la corrupción.

Delgado Carrillo expuso que la ley beneficiará a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia o bien, a sentenciados por robo simple sin violencia.

Asimismo, a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles.

" Existen varios elementos o signos distintivos comunes en muchas de las personas presas, tales como la baja escolaridad o incluso analfabetismo, y en muchos casos su pertenencia a una comunidad o pueblo indígena. Además, diversos análisis arrojan una relación entre pobreza e injusticia, entre marginación y denegación de justicia", dijo.

Subrayó que la liberación procederá bajo ciertas condiciones: que no se trate de reincidentes; que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego o que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional. 

"La amnistía beneficiaría a quienes están en prisión por delitos menores, no para quienes causen graves daños a las personas. La Fiscalía General de la República velará por el cumplimiento de tales condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los presos políticos", reiteró.

Además, adujo que el Ejecutivo Federal integrará una Comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía, misma que podrá solicitar el beneficio de la Ley cuando existan casos que lo ameritan.

  • De cinco a ocho años de prisión a quien amenace a un comunicador, propone senadora del PAN.
Ciudad de México.- La senadora Nadia Navarro Acevedo, del PAN, presentó una iniciativa que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de tipificar los delitos cometidos contra periodistas y la libertad de expresión.

De acuerdo con la organización Artículo 19, México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo, a nivel mundial. Tan sólo en los primeros ocho meses de la nueva administración han sido asesinados 15 periodistas, refirió.

La propuesta, dijo, plantea imponer de cinco a ocho años de prisión a quien por sí o por interpósita persona amenace a un periodista con causarle daño; se incrementa la mitad de la pena cuando se le causen lesiones.

Además, se prevé aplicar de cinco a diez años de prisión a quien realice actos u omisiones que se dirijan a una persona o instalación orientados a inhibir o menoscabar el libre ejercicio de la libertad de expresión o de imprenta, se señala.

Dicha pena de prisión aumentará hasta en una mitad cuando los delitos sean cometidos por un servidor público en ejercicio o con motivo de sus funciones, detalló la senadora panista.

La iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, adicionando un Título Décimo Bis, denominado: "De la Libertad de Expresión", con un Capítulo Único denominado: "Delitos cometidos contra la libertad de expresión" fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

  • Contrabando de fósiles, uno de los negocios ilícitos más rentables del mundo, después de las drogas y las armas: Ramírez Lucero
Ciudad de México.-  La diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) planteó exhortar a la Secretaría de Cultura y a los institutos nacionales de Antropología e Historia y el de Bellas Artes, implanten campañas y refuercen las existentes, para combatir el robo, venta o sustracción de piezas arqueológicas, paleontológicas o cualquier vestigio histórico o cultural del país.

En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Cultura y Cinematografía, precisó que el contrabando de fósiles está incluido en el robo de bienes culturales (obras de arte y piezas arqueológicas) que junto al tráfico de especies, ocupan el tercer sitio de negocios ilícitos más rentables del mundo, después de las drogas y de las armas.

Este tipo de actividades provocan la pérdida de información valiosa; por ejemplo, “cómo vivían los antepasados, qué civilizaciones existieron y cuáles eran sus costumbres. No todo son malas noticias, se han escuchado casos de piezas arqueológicas recuperadas en otros países, y devueltas a México, como sucedió en 2016 con unas piezas arqueológicas de las culturas maya y olmeca, rescatadas del tráfico ilegal en ciudades y aeropuertos de Italia”.

Ramírez Lucero argumentó que la protección y creación de museos, el cuidado, promoción y conservación de sitios arqueológicos o paleontológicos, transmisión de la historia, cultura y el respeto y fomento de las tradiciones, así como su estudio, son temas importantes.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es competencia conjunta de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales realizar campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

No obstante, “uno de los principales problemas a los que se enfrentan las autoridades, es la poca conciencia que tienen los turistas, ya sea nacionales o extranjeros, y los pobladores de estas zonas, de la importancia de los bienes y el daño que se ocasiona con el robo, daño o venta en el mercado negro de éstos”.

México, añadió, es uno de los países que tiene un pasado histórico y cultural importante. Somos el segundo país de Latinoamérica con más museos, mientras que la Ciudad de México obtiene la segunda posición entre las metrópolis del mundo en la misma categoría.

Ante ello, la diputada de Morena expuso que la prevención es la principal medida a adoptar; se deben implantar campañas para proteger y conservar las zonas turísticas, arqueológicas y paleontológicas, así como el respeto y cuidado de las tradiciones. 

  • Urge tomar medidas para inhibir el consumo de estos productos, así como mejorar los recursos de financiamiento para el sector salud
Ciudad de México.-  La diputada Laura Imelda Pérez Segura, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, declaró que la actualización del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) es una propuesta oportuna y responsable debido a la situación creciente de problemas de salud en México.

Destacó que “se trata de un impuesto progresivo que está a favor de la salud y que pretende reducir el consumo de tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y comida con bajo aporte nutricional; además de beneficiar a las personas con menores ingresos, pues se propone que lo recaudado sea destinado al sector salud”.

En este sentido, Pérez Segura hizo referencia a los datos publicados por el Inegi y mencionó que, en 2018, las enfermedades del corazón (141,619 casos) y la diabetes mellitus (106,525) fueron las dos principales causas de muerte en México, representando el 26.59% y el 20% respectivamente del total de defunciones. La evidencia internacional, sugiere que estos incrementos se encuentran muy relacionados con la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, tales como bebidas azucaradas, dulces o aquéllos con bajo aporte nutricional.

Sobre el tabaquismo, la diputada destacó que está dentro de las principales causas de muerte en México y ocupa el segundo lugar en las enfermedades que generan mayor gasto a las instituciones de salud, sólo por debajo de los accidentes (de tráfico de automotor, caídas, ahogamiento y sumersión, proyectil de armas de fuego, entre otros). De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo es considerado como una epidemia mundial que mata a 6 millones de personas al año, de las cuales 600 mil son personas no fumadoras; es decir, son afectadas por estar expuestas al humo ajeno.

En ese sentido la diputada mencionó que de acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), se estima que en México hay alrededor de 11 millones de “fumadores pasivos”, que son personas que, a pesar de no fumar, son afectadas por el humo de los fumadores activos y que están altamente expuestos a enfermedades como asma, bronquitis y hasta diversos tipos de cáncer.

El estudio “Economía del tabaco y los impuestos al tabaco en México”, concluye que el impuesto que grava el tabaco tiene que ser sustancialmente aumentado para disminuir el consumo y combatir las enfermedades que causa el mismo.

El consumo de alcohol es una actividad dañina que se busca inhibir con esta propuesta porque en México es un peligro creciente. De acuerdo con datos de la OMS, 3.3 millones de personas mueren a causa de esto. Aunado a esto, según datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría, 37.1% de la población consumidora tiene entre 15 y 19 años de edad; 24.7% tiene 30 años o más; 17.4% tiene entre 20 y 24; 12.2% entre 25 y 29 años, y 8.5% entre 12 y 14 años de edad.

La secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados calificó estos datos de preocupantes. Es necesario hacer esfuerzos extras para cambiar estos hábitos de consumo, es de alarmarse que casi el 50% de las personas que consumen alcohol sean jóvenes y niños que no pasan los 19 años de edad, mencionó.

La actualización de este impuesto es una medida prudente y que va acorde al contexto social que vivimos; se requiere combatir la creciente presencia de enfermedades crónicas y mejorar el sector salud. Quien se pronuncie en contra de las medidas que inhiben se estaría pronunciando en realidad a favor de las empresas y en contra de la salud, puesto que defiende la accesibilidad a productos dañinos que incluso dos de ellos son considerados drogas, agregó.

Vamos a trabajar para que la propuesta de aumentar moderadamente el impuesto a bebidas azucaradas, alimentos no esenciales altos en densidad energética, tabaco y alcohol, sea tomada en cuenta en la próxima Ley de Ingresos que estaremos revisando para su aprobación, mencionó.

Pérez Segura hizo énfasis en que, de ser tomada en cuenta la propuesta, estaría evitando 27,704 casos de enfermedad asociados al consumo de bebidas azucaradas, lo que traería consigo un ahorro en costos directos de atención en salud de 3,097 millones de pesos; en el alcohol habría una reducción en casos incidentes y de enfermedad de 47,761 y un ahorro de 1,833 millones de pesos; en el caso del tabaco se estaría evitando 38,358 muertes y se ahorraría 55,511 millones de pesos en atención de enfermedades asociadas al consumo de este producto.

Esta propuesta generaría 62,110 millones de pesos adicionales y los usos de estos ingresos fiscales serán justificados debido a la urgencia de tener un mayor financiamiento en el sector salud, para que se cumpla con la cobertura necesaria para garantizar a los mexicanos el acceso a salud de calidad.

Los datos nos demuestran que estamos en una emergencia nacional, se tienen que tomar medidas oportunas y conscientes que ayuden a cambiar esta situación, las leyes nos ayudan a regular las actividades humanas; sin embargo, al igual que el comportamiento de las personas, las leyes deben evolucionar al mismo ritmo y estar actualizadas al contexto real todo el tiempo, concluyó. 

  • En México del total de estas víctimas, 91 de cada 100 son mujeres y 9 hombres: Nohemí Alemán
Ciudad de México.- La Comisión de Justicia analiza exhortar a los congresos locales para que, dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco legal para fortalecer en sus legislaciones perseguir el delito de violencia familiar y hacerlo por oficio, pues en México del total de estas víctimas, 91 de cada 100 son mujeres y 9 hombres.

En un punto de acuerdo, la diputada Nohemí Alemán Hernández (PAN) expuso que 65 de cada 100 mujeres que sufren una agresión fueron objeto de violencia cuando eran niñas. Este delito constituye un fenómeno que atenta de manera indiscriminada contra la población femenina, convirtiéndose hoy en día en la principal amenaza para su integridad física y psicológica.

Además, la agresión al hombre en el hogar ha crecido y ha pasado del uno por ciento en 2000 al 21 por ciento en 2010, y los hijos también son víctimas, pero su condición física propicia que, en la mayoría de los casos, este maltrato sea desconocido por quienes deben denunciarlos.

Mencionó que los menores que padecen violencia física o sexual se convierten en agentes generadores de la misma en contra de sus descendientes, o continúan siendo víctimas. También, el elevado impacto sobre la salud de quienes la sufren ha obligado a considerarla como uno de los mayores asuntos a tratar por el Estado.

Alemán Hernández destacó que Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz han incluido en sus legislaciones los conceptos de violencia familiar o doméstica.

“Es un problema que requiere acciones de Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo; labores que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como en los demás poderes, así como en los sectores de educación, atención a la salud, desarrollo social y de gobierno”, afirmó.

Una niña o niño que crece en un medio hostil en el cual la falta de respeto, las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, el abandono y el descuido son la constante, “son menores maltratados, aunque no sean los sujetos directos de las agresiones”.

La diputada del PAN afirmó que es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre el concepto de violencia familiar, lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.

De ahí, añadió, la necesidad de lograr que los congresos de las entidades federativas, armonicen su marco legal a fin de que la violencia familiar sea perseguible de oficio, y así lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política, las leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Mérida, Yucatán.- La diputada Cecilia Patrón se comprometió a trabajar con los temas pendientes del primer año en el Congreso de la Unión y con temas urgentes para el país, Yucatán y Mérida, pero además alcanzar objetivos y, por ende, resultados.

En el portafolio en el que contiene su plan de trabajo para 2019 y 2020 incluye mantener la lucha para garantizar el funcionamiento efectivo del programa de Estancias Infantiles y que nunca más se vuelva a poner en riesgo el presupuesto destinado para tal fin.

Dedicarse a velar por un aumento en el presupuesto destinado para seguridad en los municipios del país y de esta manera ayudar a favorecer la paz en aquellos que viven asediados por la delincuencia, y como parte del proyecto del PAN sentar las bases para que el el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR) reduzcan en su porcentaje en especial para quienes registran menos ingresos.

“Regreso a la Cámara de Diputados con mucha tarea, pero también con muchas ganas de que éstos y otros temas se vuelvan pronto una realidad, por eso me voy dispuesta a luchar para que a México y a Yucatán le vaya bien, por ahora me voy a México con la convicción de que el Programa de Estancias Infantiles vuelva a su normalidad, pero además enriquecerlo en actividades y métodos para el desarrollo de los niños, que nunca más vuelvan a cortarle el presupuesto”, advirtió.

La legisladora yucateca también dijo que tiene pendiente reforzar las leyes de pesca y acuacultura, y la de medio ambiente, de lo que ya informado en su oportunidad, con objeto de contrarrestar la pesca furtiva en la costa y evitar que proyectos municipales incurran en atentados a zonas protegidas, como sucedió en el municipio de San Felipe.

Indicó que como parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el PAN entrará con la propuesta de reducir los impuestos que más afectan a los que menos tienen y se considera que puede ser un buen momento para hacer más equitativos los impuestos y buscar más alternativas para que las familias con mayores necesidades puedan salir adelante.

Dijo que el PAN tiene seis grandes objetivos en su agenda parlamentaria, pues además de reducir impuestos, impulsar proyectos de inversión, potenciar el turismo, estimular las energías limpias, deducir impuestos en gastos de educación, salud y vivienda, así como estimular la micro, pequeña y medianas industria (Mipymes).

“Es por las familias, es por aumentar la calidad de vida de los más necesitados y en eso el PAN tiene la convicción de hacerlo independientemente del partido que gobierne el país”.

Mérida, Yucatán.- En lo que va del año se han registrado 163 fallecimientos por siniestros de tránsito, una cifra alarmante y que va a la alza, manifestó la diputada de Movimiento Ciudadano Milagros Romero Bastarrachea, durante su participación en tribuna.

“Yucatán es uno de los estados con mayor número de accidentes de tránsito con un 7.4%, una cifra similar a la que tiene el Distrito Federal que registra un 8%, es decir que en el estado se presentan igual número de accidentes que esa entidad, que tiene  más habitantes ” manifestó.

La legisladora local señaló que es urgente que se retome la Ley de Seguridad Vial que presentó Movimiento Ciudadano a principios de año, que incluso se ha turnado a comisión, pero no aún no se ha puesto a discusión, por lo que pidió a los legisladores comprometerse a legislar los temas urgentes.

“No contamos con una legislación estatal que siente las bases de coordinación entre el ejecutivo estatal y los ayuntamientos para atender este grave problema, con un marco jurídico sistemático para generar políticas, planes y programas” expresó.

La diputada ciudadana recordó que la propuesta de ley que presentaron, busca reducir los índices de siniestros de tránsito, garantizar los derechos humanos de la vida, la seguridad, la salud y la movilidad “si se tuviera una ley vigente de seguridad vial, se hubieran prevenido y evitado muchas pérdidas humanas en las carreteras” expresó.

Romero Bastarrachea informó que de los más de 160 fallecimientos que se han registrado en la entidad por esta causa, 65 fueron motociclistas, 17 ciclistas, 22 viajero o acompañantes, 17 conductores y 42 peatones. Tan solo en el periférico de Mérida han perdido la vida 18 personas, lo que significa que esta es una de las zonas más peligrosas del estado.

"Urge una distribución de responsabilidades para una correcta circulación en las vialidades, ya que actualmente peatones, ciclistas, motociclistas, choferes de autobuses y camiones no tienen claro donde deben de circular" finalizó

Mérida, Yucatán.- Con el objetivo de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de personas con la condición del Trastorno del Espectro Autista, la fracción Parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de ley para que sus derechos y necesidades sean reconocidos dentro de la constitución política.

La diputada Silvia América López Escoffié señaló que entre las bondades que tiene esta iniciativa se encuentra la creación de una comisión intersecretarial, que deberá estar integrada por titulares de dependencias y organizaciones de la sociedad civil que conozcan el tema.

“Los integrantes de este consejo deberán dar seguimiento a las acciones y programas que realicen las autoridades de los tres niveles de gobierno, sesionar dos veces al año, y llevar un registro de los casos que se presenten en la entidad” manifestó.

López Escoffié expresó que debido a la falta de estadísticas en el estado, es fundamental llevar un registro, que este a cargo de las unidades médicas con la finalidad de conocer cuál es el panorama que se tiene en cuanto a esta problemática en el estado.

Mencionó que este trastorno se ha convertido en un problema de salud pública, pues según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños padece el Trastorno del Espectro Autista, que se presenta principalmente en niñas y niños en diferentes grados.

Explicó que si bien en 2015 se presentó una ley general en la materia, la cual se homologó en Yucatán en 2016, esta quedo a medias, pues no garantiza la atención y protección integral de las personas que presentan esta condición.

“Lo que se busca con este proyecto de ley, es promover una detección temprana de posibles casos de autismo, y de esta manera poder ofrecerles una atención más personalizada”  dijo.

Indicó que actualmente las personas que padecen este trastorno están expuestos a discriminación, estigmatización y privaciones en materia de salud, educación y oportunidades, además de que presentan dificultad al momento de realizar sus actividades diarias. 

Finalmente resaltó que Movimiento Ciudadano siempre impulsará luchas a favor de los sectores vulnerables, procurando su bienestar y su inclusión dentro de la sociedad.

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