Mérida, Yucatán.- Con base en una iniciativa de Intrust Global Investments conjuntamente con la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y el Centro de Salud y Medio Ambiente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Facultad de Ingeniería, impartirá el diplomado en "Energías renovables y eficiencia energética".

En la zona sur se contará con la participación de académicos de los estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

La duración efectiva del programa es de 140 horas de trabajo presencial, mismas que estarán repartidas a lo largo de seis fines de semana durante un año- a partir del próximo 2 de octubre- más trabajo de campo y participación en línea.

El objetivo del Programa es profesionalizar a académicos del país, principalmente en el desarrollo de proyectos de energías renovables y eficiencia energética y que se impulsen proyectos concretos en el ramo, así también, relacionados con las adaptaciones sobre aplicaciones de cambio climático y mitigación del mismo.

Con este programa se busca implementar también un modelo "democratizador" de acceso al conocimiento y desarrollo efectivo de proyectos renovables en México, optimizando los recursos públicos y privados, y dándole un acceso efectivo a las Universidades Mexicanas, para que sean aliados y convocantes a la aplicación verdadera de la transición energética en México.

En el programa del diplomado, se abordarán temas como: El futuro de la energía renovable para México, proyectos de eficiencia energética, cómo empezar un negocio de energía renovable, entre otros, contenidos que serán impartidos por profesores de la Universidad de Harvard.

Con el fin de darle la mayor cobertura posible y acceso a académicos se han establecido tres sedes: Zona Norte: Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora; Zona Centro: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michocacán y Zona Sur: Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán.

El diplomado ha generado gran interés y la participación será de aproximadamente 100 académicos por sede.

Mérida, Yucatán.-  Regidores del Ayuntamiento de Mérida aprobaron la convocatoria de la licitación para la adquisición de un equipo que permitirá a la planta de tratamiento de aguas residuales producir hasta el 95% de la energía que consume, aprovechando los desechos que capta.

de esta manera esa planta dejará de consumir buena parte de la energía eléctrica proveniente de combustibles fósiles que causan severo daño al medio ambiente y se les atribuye ser en buena parte los causantes del cambio climático, el efecto invernadero y sinnúmero de enfermedades.

Además de la protección al medio ambiente, el Ayuntamiento meridano se ahorrará buena parte de los $80,000 a $90,000 al mes que actualmente paga a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Esta será la primera de dos instalaciones del o vinculadas con el Ayuntamiento que producirán energía eléctrica no convencional, ya que la planta de separación de residuos sólidos, propiedad de particulares pero que prestará servicio al municipio, también tiene ese objetivo e incluso espera tener sobrantes que venderá a la CFE.

Con la producción de energía no convencional, el Ayuntamiento se pone a la vanguardia de los municipios del país en ese aspecto. Los recursos para la compra del equipo provienen del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales.

La convocatoria aprobada fue para la licitación pública nacional para el suministro e instalación de sistemas de generación de energía fotovoltaica que producirá el 95% de la que se emplea en la operación de la planta de tratamiento y lechos de secados de la materia proveniente de lodos de fosas sépticas y agua de nixtamal.

La planta de tratamiento y aguas residuales está ubicada en la carretera Susulá-Chalmuch.

La aprobación de esa convocatoria formó parte de un paquete de licitaciones que incluye las siguientes:

—Licitaciones públicas nacionales para la construcción de drenaje pluvial en las zonas Sur, Oriente y Poniente de la ciudad de Mérida (tercera etapa) con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, así como el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la habilitación con sistema fotovoltaico interconectado a la Red y adecuación de la imagen institucional de diversos Centros de Desarrollo Comunitarios ubicados en las colonias Emiliano Zapata Sur, Manuel Crescencio Rejón, San José Tecoh Sur, Melitón Salazar, Francisco I. Madero y Centro, y adecuación a la imagen institucional de los Centros de Desarrollo Comunitarios del Centro y de las comisarías Caucel, San Jose Tzal, Komchén, Chablekal, Melitón Salazar y San Antonio Kaua II, con recursos del Programa Hábitat, y adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas para el mantenimiento del cárcamo y del sistema de agua potable de las comisarías Chablekal, Cholul, Komchén y San José Tzal, con recursos de Apazu.

Otros asuntos aprobados hoy por el Cabildo, son:

—Creación del Reglamento de Alumbrado Público del Municipio de Mérida, para atender las regulaciones técnicas internacionales y nacionales que norman las condiciones mínimas de calidad que debe proporcionar un sistema de alumbrado público, tanto en los aspectos de iluminación como de seguridad.

El reglamento establece las funciones y actividades que deben realizarse para la prestación adecuada y eficiente de este servicio con estándares de calidad y de manera continua e ininterrumpida, e incorporando elementos de uso eficiente de la energía para, gradualmente, disminuir el consumo de energía eléctrica y las emisiones de contaminantes que se generan.

La Subdirección de Alumbrado Público sustituirá a la actual Subdirección de Servicios Básicos.

El reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal.

—Convocatoria para la licitación para la adquisición de una camioneta pick-up que será destinada a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

—Donación de los predios marcados 97 y 96, ambos de la calle 6-D; 71-A de la calle 11-A, y el área de vialidad correspondiente a la calle 6-D, todos ubicados en el fraccionamiento “Real de Dzityá”.

—Factibilidades de uso de suelo para un restaurante de segunda B, y licencias de uso de suelo para un restaurante de segunda B y tienda de autoservicio A.

—Dar de baja 180 chalecos inservibles que remite la Dirección de la Policía Municipal, de los cuales 131 son antibalas, y los restantes 49 chalecos son antipuntas.

Mérida, Yucatán.- Agentes de la Comandancia de Mandamientos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE), dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado en contra de Ricardo B. G., por el delito de violencia familiar, denunciado por Yuliana A.M., en el Centro de Justicia para Mujeres, bajo el número de carpeta 223/2014.

En las diligencias para ejecutar la citada orden, el acusado pretendió darse a la fuga a bordo de su vehículo, con el que lastimó a uno de los agentes ministeriales, provocándole lesiones en un brazo y la pierna.

En la denuncia interpuesta la afectada señala que se encuentra casada con el indiciado y de dicho matrimonio procrearon dos hijas, que durante el noviazgo el acusado la trataba muy bien, pero una vez que contrajeron matrimonio  se tornó violento, agresivo y constantemente la insultaba.

Siendo la última de las agresiones el día 29 de marzo del año en curso, aproximadamente a las 23:00 horas, cuando la agraviada se encontraba hablando por teléfono con una amiga y llegó el acusado quien le arrebató el teléfono para gritar insultos al interlocutor al teléfono, lo que derivó en un forcejeo.

La denunciante lo siguió hasta el cuarto de sus hijos, donde continuaron los insultos y las agresiones, por lo que la querellante se refugió en el baño de dicho cuarto, desde donde aprovechó para comunicarse con su hermana y solicitar ayuda para salir de la casa, recibiendo  apoyo policiaco para abandonar el lugar.

Tras la querella interpuesta y en cumplimiento del mandato del juez, el detenido fue trasladado al área de seguridad de la corporación para posteriormente ser turnado ante la autoridad correspondiente.

Mérida, Yucatán.- El regidor Rubén Segura Pérez denunció la incongruencia en la administración de Renán Barrera Concha. Mientras el director de Administración, Jorge Gamboa Wong, dice abiertamente que el Ayuntamiento panista no pagará este año al Gobierno del Estado el cuatro por ciento sobre la nómina, por otra exige a la ciudadanía con el pago del impuesto predial.

-Deja a la vista una "doble moral", total autoritarismo y falta de responsabilidad para cumplir sus obligaciones tributarias, dijo Segura Pérez.

Señaló que es s verdaderamente lamentable el mal ejemplo que da esta administración municipal panista de no pagar impuestos, porque el impuesto al cuatro por ciento sobre la nómina es "inequitativo e impagable".

Expuso que “no es posible que se promueva el autoritarismo y la anarquía, y no los instrumentos jurídicos adecuados para resguardar las garantías tributarias de este ayuntamiento. Son actitudes que promueven la falta de responsabilidad y sobre todo de declaraciones protagónicas de un funcionario cuando se debe promover el cumplimiento de las obligaciones tributarias", manifestó.

Expuso que esto abre la posibilidad para que los ciudadanos sigan el mal ejemplo del Ayuntamiento y tampoco quieran pagar el impuesto predial o que hagan oídos sordos a las invitaciones del Ayuntamiento para cumplir con sus deberes tributarias.

“Hay que ser responsables con las declaraciones que se hacen”, remarcó el regidor, que pidió al alcalde que se emita un exhorto al funcionario público municipal para que corrija su conducta por hacer tales declaraciones totalmente irresponsables, provocadoras y hasta soberbias.

Agregó que la negativa expresa de no cumplir con una obligación fiscal, conduce a generar una pésima imagen tributaria cuando es el propio ayuntamiento que durante tres meses hace una campaña para que la ciudadanía cumpla con su deber de pagar el predial.

"Ahora con qué cara le va a decir el director de administración a la ciudadanía que paguen el predial cuando es este ayuntamiento que no cumple con sus obligaciones", dijo.

Mérida, Yucatán.- La regidora Marisol Gómez García cuestionó al alcalde Renán Barrera Concha sobre el uso de camionetas oficiales destinadas para el mantenimiento del alumbrado público por ciudadanos con aspiraciones a cargos públicos.

Dijo que "hace unos días circuló en las redes sociales una imagen del diputado local Mauricio Vila Dosal haciendo uso de una canasta de grúa para atender el alumbrado público de la ciudad”.

--Le pregunto al alcalde si cualquier ciudadano puede usar la infraestructura municipal para sus aspiraciones políticas.

Vila Dosal, quien es presidente de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local, aspira a suceder en la alcaldía a Renán Barrera Concha.

México, DF.-  En el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se reunieron con Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública.

Los grupos parlamentarios abordaron el tema de la corrupción y fijaron su posicionamiento. Coincidieron en que este flagelo impide la competitividad, eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias.

Por su parte, el funcionario informó que en lo que va de la presente administración se ha sancionado a 14 mil 905 servidores públicos por actos de corrupción y derivado de ello se han recuperado 6 mil 114 millones 600 mil pesos.

En los posicionamientos, el diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez (PRI) expresó que con las reformas constitucionales en materia de transparencia, el país cuenta por fin, con una eficaz rendición de cuentas; se trasluce el ejercicio de la actividad pública; la entrega de la información requerida por la ciudadanía se hará de manera pronta y expedita; habrá una ampliación en el derecho de acceso a los datos públicos, y se acercará el sistema a la ciudadanía.

Afirmó que el combate a la corrupción marcha en conjunto con la transparencia, hacia la consolidación de un país con gobernabilidad democrática. “Este tema representa uno de los principales reclamos más puntuales de la sociedad, así como una necesidad para construir un gobierno más eficaz y con mejores resultados”.

La corrupción, dijo, eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias. De ahí, que fuera indispensable generar cambios que pudieran hacer frente a esta problemática. “La corrupción representa un lastre en razón de los efectos negativos que provoca, por lo que en el PRI respaldamos con toda decisión las propuestas en materia de transparencia y anticorrupción planteadas por el Presidente Peña Nieto”.

Mariana Dunyaska García Rojas, diputada del PAN, mencionó que México ya cambió y hoy gobierna con transparencia, con la obligación de informar. “Desde hace 14 años es así y debe ser de esta manera. Decimos un rotundo no a gobiernos opacos, un rotundo no a la corrupción en las instituciones de la Administración Pública en México”.

El PAN, subrayó, continuará revisando el marco jurídico en materia de función pública. “Nos mantendremos vigilantes de las conductas indebidas en las que se comprometa el patrimonio de los mexicanos o que queden en impunidad; será nuestra labor ser el contrapeso del Ejecutivo, será nuestra labor por el bien de la sociedad mexicana”.

Argumentó que la Secretaría de la Función Pública espera su mutación a la Secretaría de Anticorrupción o Fiscalía, “no sabemos si funcionará o no”. Preguntó por qué ha iniciado nuevamente las actividades Oceanografía con los contratos de Pemex y dijo que en este esfuerzo de la última década en materia de transparencia y erradicación de la corrupción “ni nosotros ni los ciudadanos estamos dispuestos a dar pasos atrás en esta materia”.

El diputado Víctor Manuel Bautista López (PRD) sostuvo que la actual administración federal no ha cumplido con los compromisos públicos que formuló en materia de transparencia y acceso a la información, pues “el informe sólo reporta formalidades insuficientes para detener una práctica generalizada de corrupción”.

Precisó que sin transparencia verdadera, sin buenas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, la corrupción seguirá impidiendo el adecuado control institucional de la población sobre sus gobernantes. Cuestionó por qué empresas como OHL obtienen contratos públicos muy importantes, como el tren interurbano México-Toluca.

“Si los funcionarios públicos no estamos sujetos verdaderamente al imperio de la ley, luchas como las que vivimos frente a la delincuencia seguirán perdidas, porque lo que prevalece no es la justicia sino un Estado defectuoso, la impunidad y detrás de cada escándalo de corrupción se frotan las manos aquellos delincuentes que esperan que la justicia se administre no bajo los preceptos del derecho, sino del poder político y económico”, afirmó.

La diputada del PVEM, Laura Ximena Martel Cantú, aseguró que el país sólo superará el rezago existente si se combate a la corrupción de manera frontal. “Para las instituciones públicas y para los funcionarios, el único camino posible es el de la legalidad, la rendición de cuentas sobre cada peso gastado del erario público y sobre cada acción de los funcionarios públicos”, dijo.

La legisladora afirmó que hoy por hoy las bancadas parlamentarias tienen la responsabilidad de corregir aquellas estructuras que no dan los resultados previstos, y trabajar por construir y consolidar aquellas que les permitan tener un gobierno eficaz, eficiente y de resultados.

 “Resulta ineludible hacer nuestras las mejores prácticas gubernamentales para dar paso a lo que se ha denominado como un gobierno abierto, o mejor aún, un buen gobierno”, destacó.

En representación de la bancada Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González indicó que el Segundo Informe de Gobierno señala “como un avance” que se sancionaron a más de 14 mil servidores “presumiendo” que en la administración pasada fueron 13 mil 198 sancionados.

“Para el gobierno federal, tal vez, esto será un avance para el país pero por el contrario el amiguismo y los compromisos de este gobierno están en aumento así como las sanciones a proveedores y contratistas decaen, mientras el año pasado fueron 427 en éste último sólo se han impuesto 256”.

Huidobro González criticó que en el país sólo se necesite tener “influencias para pasar desapercibido. Está el claro ejemplo del secretario de Energía quien además de desempeñar dicho cargo es presidente del Consejo de Administración de Pemex contando con una partición accionaria en 4 estaciones de servicio y una planta de distribución de combustibles en Cozumel que comparte con miembros de su familia”, señaló.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (PT), consideró que el gobierno federal ha fallado al no tener claridad ni firmeza frente a la corrupción para usar los mecanismos adecuados que eviten el mal actuar de los funcionarios.

 “Sólo el 34 por ciento de las instituciones de la administración pública federal cuenta con algún órgano de consulta a la sociedad; el resto, es decir 137 de las 208 instituciones a las cuales aplica la estrategia de participación ciudadana, no tiene ni siquiera una opción que de entrada a la participación de la ciudadanía”, dijo.

También destacó que en el periodo de septiembre 2013 a junio 2014 del seguimiento de las auditorias registradas por los órganos internos de control en sus programas anuales de auditorías, se determinó una falta de cumplimiento en la realización de las auditorias programadas del 25.8 por ciento.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (Nueva Alianza), consideró “vergonzoso” y “preocupante” que México a nivel mundial ocupe el lugar 106 de los 177 países encuestados para combatir la corrupción ya que los daños pecuniarios que generan los actos de corrupción son superiores a un billón de dólares anuales equivalentes del 10 al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

 “Estamos convencidos de que el trinomio: trasparencia, cultura de la rendición de cuentas, de la gestión gubernamental y combate a la corrupción, son piedra angular de las instituciones públicas y la única vía para recuperar la confianza ciudadana en el gobierno y sus representantes, por lo cual deben de ser atendidas de manera prioritaria”, dijo.

Garfias Gutiérrez señaló que la reforma constitucional para crear el ente anticorrupción está pendiente de dictamen en la Cámara de Diputados, por lo que recordó que el combate a la corrupción requiere de acciones coordinadas y de compromisos compartidos.

El también subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, Julián Alfonso Olivas Ugalde, destacó que de los 14 mil 905 servidores públicos sancionados, 12 mil 651 son de la Administración Pública Federal. De ellos, 2 mil 614 fueron inhabilitados, 3 mil 299 suspendidos de funciones y 346 destituidos.

Otros 8 mil servidores públicos, abundó, recibieron amonestaciones, entre públicas y privadas y se impusieron 642 sanciones económicas por un monto de mil 591 millones de pesos. El funcionario añadió que la recuperación por las miles de irregularidades superó los 6 mil 114 millones, 600 mil pesos, luego de la puesta en marcha del número 01-800 para captar denuncias ciudadanas.

Asimismo, indicó, en materia de contrataciones públicas, se logró un ahorro por 3 mil 296 millones de pesos, en virtud de la promoción de compras consolidadas, la homologación de condiciones y términos en las adquisiciones de bienes o la prestación de servicios, entre otras modalidades que fortalecen y agilizan el sistema Compranet.

Comentó que de septiembre de 2013 a agosto del presente año, se concluyeron nueve auditorías y siete visitas de inspección a dependencias y entidades, con un monto fiscalizado de 7 mil 806.2 millones de pesos. Dijo que de dichas auditorías se desprendieron 56 observaciones con un monto irregular por aclarar de 589 millones 400 mil pesos.

Por otra parte, mencionó que la declaración patrimonial se ha convertido en una valiosa herramienta dentro del monitoreo de los servidores públicos. A la fecha, dijo, el cumplimiento de este requerimiento alcanza el 97.16 por ciento, es decir, 199 mil 491 funcionarios.

Una de las funciones de la SFP, dijo, consiste en sistematizar la documentación e información del registro de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles patrimonio inmobiliario federal y paraestatal.

 “Al mes de julio, el universo integraba 103 mil 679 inmuebles, de los cuales, 36 mil 389 correspondieron al sector público y 67 mil 290 fueron identificados como inmuebles destinados al culto religioso; de ellos, 15 mil 160 recibieron certificados de derechos de uso, garantizándose su certidumbre jurídica”, concluyó.

México, DF.- El director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Jorge Cárdenas Elizondo, consideró que los programas de apoyo a las mujeres indígenas y rurales necesitan mayores recursos.

“Aquí hay claramente una necesidad de mayor techo presupuestal. Si tuviéramos una buena planeación presupuestal, se le daría la prioridad correspondiente”, dijo durante el Taller “Las mujeres productoras rurales en México”.

Luego de escuchar las presentaciones de las funcionarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) sobre programas de apoyo a las mujeres del campo, Cárdenas Elizondo consideró que “los anexos del presupuesto en materia de género resultan meras sumas de gastos, no son realmente un ejercicio de planeación presupuestal”.

Lamentó que la pobreza extrema del país se ubique en el sector rural y, a pesar de eso, actualmente exista una discusión sobre quitar los programas de apoyo de apropiación individual e irse a los bienes públicos, “o sea infraestructura, investigación, extensionismo, etcétera, los que tienen que ver con el beneficio de conjunto”.

Al participar, la directora regional del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN) de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), María Guadalupe Escalona Sánchez, informó que el programa cuenta con un presupuesto de mil 335 millones de pesos; sin embargo, enfatizó, “no alcanza para toda la demanda”.

Señaló que se tiene un 98 por ciento de avance en ese presupuesto, y estimó que probablemente, con el problema de Baja California Sur, haya recursos adicionales para proyectos productivos, al igual que en Guerrero, “y quizá para noviembre estemos ejerciendo una parte”.

Indicó que el apoyo se maneja con un esquema de gradualidad, con asistencia técnica desde la producción hasta la conformación en empresas indígenas y cadenas de valor, para garantizar la consolidación de proyectos en tres años.

Detalló que el nivel básico de ayuda es de hasta 250 mil pesos, para proyectos con actividad de traspatio, de auto-abasto y comercialización; el intermedio es de hasta un millón de pesos, para proyectos que manejan transformación y valor agregado con procesos de comercialización; y el avanzado, que cubre hasta dos millones de pesos, para proyectos con cadenas de valor, equipamiento infraestructura, comercialización, convenios con gobiernos estatales y el apoyo de instituciones como FONAES o Financiera Rural.

La asesora de enlace sectorial de los programas Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE), de la Sagarpa, Ana Libia Leyva Hernández, destacó que al mes de septiembre este último esquema ha beneficiado a 11 mil 876 mujeres, para la implementación de 2 mil 61 proyectos productivos, cuyo monto asciende a 466.3 millones de pesos.

 “El 46.6 por ciento de las mujeres no realizaban ninguna actividad que les generara ingresos, a partir de los incentivos otorgados se incorporaron a alguna actividad remunerada”, expuso en su ponencia “PROMETE, mujer y empleo en la ruralidad”.

Explicó que el PROMETE coadyuva al desarrollo de los núcleos agrarios del país, mediante el otorgamiento de incentivos económicos para la implementación de proyectos productivos.

México, DF.- Diputados, funcionarios federales y de la Ciudad de México se pronunciaron por reglamentar a las agencias de modelos y edecanes, pues ante la falta de una legislación, la mayoría actúa en la clandestinidad y son el primer “gancho” para la prostitución y la trata de personas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género, Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), aseguró que el problema no es privativo de las mujeres, ya que se emplea un número importante de hombres, por lo que propuso llevar a cabo un diagnóstico cuantitativo, cualitativo y de la situación que guarda este sector laboral.

Con este análisis, dijo, podríamos ver cuántas de esas agencias de modelos se han convertido en enganchamiento para la trata de personas, “un fenómeno en el que se han visto inmiscuidos no solo particulares, sino funcionarios, políticos e instituciones”.

Durante el foro “Unión de Modelos, Edecanes y Representantes”, la diputada señaló que “resulta lamentable que el financiamiento para un partido político o una institución se utilice para la contratación de servicios de edecanes y modelos, en el plano sexual, y terminen -reprochó- para alimentar la trata de personas”.

Mícher Camarena se pronunció por la implementación de políticas públicas que sirvan para alertar a quienes se deciden a trabajar en el ámbito del modelaje y de edecanes, en particular sobre la violencia sexual y la cercanía que tiene con la prostitución y la trata de personas.

 “Quienes se dedican al trabajo como edecanes en empresas relativamente serias, se enfrentan a precarias condiciones laborales, informalidad en las contrataciones, bajos ingresos, nulas prestaciones y vulnerabilidad jurídica ante los empleadores”, subrayó.

En su turno, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MC) consideró necesario crear un marco jurídico que fortalezca al sector, ya que la Constitución obliga al Estado a cumplir con convenios y pactos, pero sólo quedan en buenos propósitos.

“Las propuestas que se den en el foro Unión de Modelos, Edecanes y Representantes, se tomarán en cuenta en el trabajo legislativo, a fin de evitar la discriminación y otros abusos a los que se enfrentan modelos y edecanes”, precisó.

Patricia Mercado Castro, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del gobierno del Distrito Federal, afirmó que en el servicio de modelaje y edecanes se emplea aproximadamente a 10 mil mujeres, cifra conservadora si se toma en cuenta que existen 900 mil en la informalidad. Hay, asimismo, un millón 100 mil hombres.

Aseguró que el sector del modelaje se mueve en una línea muy delgada entre el abuso, la explotación sexual y tráfico de personas.

La funcionaria reconoció que este es un reto para las autoridades laborales, tanto federal como de la Ciudad de México, porque en la mayoría de las agencias de modelos la violación a la Ley Federal del Trabajo es una constante.

“¿Qué significa esto? Que quienes se emplean carecen de prestaciones, no tienen un mínimo de bienestar, no cuentan con un salario digno y constantemente todos sus derechos son vulnerados”, afirmó.

Por tanto, dijo, se debe revisar la situación y regular a todas las agencias, además de cambiar el modelo de la protección social.

La fundadora de la Unión de Modelos, Edecanes y Representantes (UMER), Malisa Sosa, precisó que es indispensable crear reformas para una debida atención, protección y defensa a las y los trabajadores de la industria de la moda, publicidad y entretenimiento, así como regular y certificar a todas las agencias de contratación e impulsar políticas públicas dirigidas a una cultura de respeto y dignidad para quienes laboran en el sector.

No se trata de un cobijo especial, aclaró, sino resaltar que muchos jóvenes en este medio son vistos como mercancía, expuestos a abusos laborales y sexuales, víctimas de trata e incluso podrían perder la vida, con el agravante de que hay un número importante de menores de edad.

Muchos jóvenes, detalló, por necesidad y desconocimiento son víctimas de abusos, aunado a que el sector es visto como un espacio de diversión y frivolidad, poco dignificado y con estigmas. “Estamos aquí para poner en la agenda de trabajo de las y los legisladores los derechos de quienes estamos en esta industria con el simple propósito de sensibilizarlos”, enfatizó.

De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Graciela Rodríguez, resaltó que son principalmente las mujeres blanco de estereotipos y roles sociales discriminatorios, y “esto es violencia de género”, por lo que reitero mi disposición a colaborar en la protección, promoción y fortalecimiento de sus derechos.

La directora del Modelo de Equidad de Género del Inmujeres, Aida Cerda Cristerna, dijo que el foro es el espacio para difundir la voz de modelos, edecanes y representantes y denunciar la situación de vulnerabilidad laboral y violación a sus derechos humanos, a fin de que accedan a un trabajo remunerado en un marco de igualdad.

De la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), Claudia Carranza, indicó que la industria de la moda, publicidad y entretenimiento es el espacio para el enganche en la trata de personas, donde las mujeres son las más afectadas, por lo que es importante la denuncia y darles información al respecto.

México, DF.-  El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) afirmó que nuestro país carece de una autentica defensoría de los derechos humanos, debido a que la institución actual es omisa.

Durante el “Segundo coloquio de evaluación de la Comisión de los Derechos Humanos, el legislador dijo que a pesar de que la CNDH cuenta con mil 400 millones de pesos de presupuesto, cada vez emite menos recomendaciones en comparación con años anteriores.

“El tema de los derechos humanos cada día ocupa mayor atención en la agenda nacional. Siguen los casos de tratos crueles y degradantes; violencia de Estado y de género; violación a derechos ambientales, a la libertad de expresión y al derecho a la protesta”, destacó.

Lamentó la falta de comunicación con el titular de la CNDH e informó que los resultados de este coloquio se enviarán al Senado de la República, para que sean tomados en cuenta durante el proceso de renovación del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A su vez, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano), encargado de moderar el evento, apuntó que todas las instituciones públicas, de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de defender los derechos humanos.

“Debemos reflexionar sobre una institución cuya misión debe ser la defensa de los derechos humanos en México”, recalcó.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que los acontecimientos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, “evidencian el nulo ejercicio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la existencia de escuadrones de la muerte”.

Aseguró que estos grupos “existen, se toleran y se adiestran en el propio poder público; ahora han reaparecido con más fuerza, con el pretexto de combatir la delincuencia organizada, agregó”.

El director ejecutivo del instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo Vargas, habló de la urgencia de evaluar a la CNDH ya que, explicó, del total de recomendaciones que emitió en el 2009, 40 por ciento fueron para el Ejército, mientras que para el 2014, éstas prácticamente desaparecieron.

“Hoy la pregunta no sólo es sobre la CNDH, sino acerca del gobierno y si puede garantizar el correcto funcionamiento de sus instituciones de seguridad”, planteó.