Ciudad de México.- El Pleno cameral aprobó, con 271 a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que modifica la conformación de la Sección Instructora, la cual presidirá el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena). Como secretarias fungirán las legisladoras Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena) e Ivonne Liliana Álvarez García (PRI), así como Ana Ruth García Grande (PT), integrante.

El acuerdo establece que es para efecto de que conozca del procedimiento de juicio político contenido en la resolución emitida hoy por las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, conforme lo establece el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El documento, remitido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, menciona que el 23 de octubre de 2018, al requerirse la Sección Instructora de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política la conformó con los siguientes legisladores: Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), presidenta; Raúl Gracia Guzmán (PAN), secretario; Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), secretario, y Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante.

La secretaria de la Mesa Directiva, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, informó que el acuerdo aprobado hoy lo firman todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, a excepción del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Juan Carlos Romero Hicks.

El diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del grupo parlamentario del PAN, desde su curul, resaltó que este acuerdo “se redactó sin darnos una sola consulta a nosotros. Esto no puede ocurrir en un Parlamento”. Sostuvo que “es un atropello al diseño de las instituciones. Acción Nacional es la segunda fuerza política en esta Cámara y tiene que estar presente en una Sección Instructora”.

Al referirse al tema, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que el inicio de procedimiento de juicio político es fundamental porque esta soberanía manda el mensaje al pueblo de México de que “no habrá impunidad, de que no hay ningún pacto de complicidad, de que no hay nada que no sea la aplicación estricta de la ley y que exfuncionarios que sirvieron a gobiernos anteriores que saquearon al país, que robaron, que malbarataron el patrimonio, tienen que hacer frente a su responsabilidad”.

En tanto, el diputado Raúl Gracia Guzmán (PAN) indicó que la Sección Instructora ya existía y al inicio de esta legislatura ya se había establecido con determinados integrantes. Refirió que es un principio de derecho y de debido proceso que para sancionar a alguien la pena tiene que estar preestablecida como ilícita y el órgano que la va a juzgar o analizar tienen que estar preestablecido. “Hoy vemos cómo se viola el debido proceso y cómo se aplasta a la oposición”.

Cabe recordar que las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y la de Justicia, aprobaron hoy la resolución de la Subcomisión de Examen Previo, por la que se consideran procedentes las denuncias de Juicio Político en contra de María del Rosario Robles Berlanga.

Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el martes 3 de diciembre, a las 11:00 horas.

Ciudad de México.- Con 389 votos, la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con el propósito de apoyar a este sector productivo.

El dictamen establece que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) deberá formular el Programa Nacional de Agroindustria de la Caña de Azúcar en los seis meses posteriores a la publicación del Plan Nacional de Desarrollo en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar tendrá que publicitar y transparentar la toma de decisiones que generen efectos positivos o negativos sobre los objetos, actividades, procesos, producción, industrialización y comercialización de esta especie de planta.

Además, enviará de forma anual a las cámaras del Congreso, el informe sobre el avance y grado de cumplimiento de las acciones, objetivos y prioridades determinados por el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar.

Por su parte, los comités de Producción y Calidad Cañera de cada ingenio deberán fomentar y propiciar la participación y consulta de los abastecedores de caña, vigilando que sus opiniones, inquietudes y derechos sean incluidos en la toma de decisiones.

De igual manera, los comités firmarán convenios con el Centro Nacional de Metrología para que valide y certifique la calibración de las básculas de los ingenios y realice una inspección periódica, por lo menos dos veces al año.

Al fundamentar el dictamen, el diputado Juan Enrique Farrera Esponda (Morena), secretario de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, estimó que el plazo para la elaboración del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar evitará su redacción discrecional y tardía por parte de las autoridades responsables.

Afirmó que las reformas tienen el objetivo de empoderar a los abastecedores de caña, que son los destinatarios de las normas más vulnerables, brindando más potestad a la expresión de sus opiniones, inquietudes y en la defensa de sus derechos.  

El diputado Irineo Molina Espinoza (Morena), promovente de la reforma, apuntó que las propuestas buscan mejorar la confianza de los productores con sus dirigentes e industriales y afirmó que se está dando hoy un gran paso para hacia el fortalecimiento de dicho sector.

El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que la violencia política en razón de género sea delito electoral, para imponer multas de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

El dictamen fue avalado por 417 votos a favor, en lo general y en lo particular, para adicionar el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se establece prisión de seis meses a tres años a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar, vida en común o lazos afectivos.

Asimismo, de cuatro a siete años de prisión si en la comisión de las conductas prohibidas se empleare violencia física, sexual o amenazas. Además, en caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga.

La sanción se incrementará hasta en una mitad, se destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo o empleo, si se trata de un servidor público quien intervenga en estas conductas.

Al argumentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de que sea un delito electoral, la violencia política contra las mujeres, para erradicar jerarquías eminentemente masculinas, una especie de minusvalía femenina y la marginación en este ámbito.

Refirió que en la elección de 2018 se perpetraron al menos 237 agresiones a quienes ejercían actividad política o contendían por cargos de elección popular, 27 culminaron en feminicidios. Las medidas para paliar este tipo de violencia no han sido suficientes, es necesario que el Estado garantice el libre acceso a la política sin contrapisas ni violencia.

  

La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) mencionó que es necesario que la legislación establezca como delito la violencia política de género y que esta pueda ser perseguida y sancionada por las autoridades especializadas en materia penal. Es fundamental trabajar en políticas públicas que vayan en contra de la “normalización” de esta práctica, ya que esto minimiza sus consecuencias.

La legisladora priista María Lucero Saldaña Pérez resaltó que con esta reforma se cumple con la lucha del sector femenino y se favorece a la democracia. “Hoy México se encuentra entre los 20 países que más violenta a las mujeres, el Estado debe garantizar una vida libre de vulneraciones que permita desarrollarse profesionalmente a quienes aspiramos a ser candidatas o servidoras públicas”.

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por 395 votos a favor, 23 en contra y una abstención declarar el primer domingo de junio de cada año como el “Día Nacional de la Democracia”

El documento señala que la cultura cívica concibe al gobierno democrático como aquél en el que pesan las demandas de la población, pero también que debe garantizar el ejercicio pacífico del poder, su funcionamiento efectivo y gobernabilidad.

La participación incrementa el potencial democrático de una nación justamente porque aumenta el compromiso ciudadano con valores democráticos, tales como la idea de una sociedad atenta y vigilante de los actos del gobierno e interesada en hacerse oír. 

El dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que compartir una cultura política democrática implica concebirse como protagonista del devenir político, como integrante de una sociedad con capacidad para organizarse y demandar bienes y servicios del gobierno, así como negociar condiciones de vida y de trabajo.  

Las sociedades democráticas modernas se caracterizan por la gran cantidad de organizaciones y asociaciones que se forman y a las que se incorporan los ciudadanos para promover los más diversos ideales y demandas sociales (asociaciones en defensa de los derechos humanos, de combate a la pobreza y al hambre, organizaciones y movimientos feministas, ecológicos, pacifistas). 

Asimismo, en una sociedad democrática, las orientaciones y actitudes de la población hacia la política van dependiendo más del conocimiento que se adquiere sobre problemas que de percepciones más o menos espontáneas, que se tienen a partir de impresiones y no de información. 

Una población que comparte una cultura política democrática no solamente se relaciona con las instituciones que responden a las demandas de los ciudadanos formulando decretos, disposiciones o políticas que los afectan, sino también con aquéllas que las expresan y les dan proyección a través de la organización social. 

Al fundamentar el dictamen, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (Morena) dijo que la conmemoración del Día de la Democracia es de suma importancia para visualizar los objetivos y alcances que ha tenido la sociedad a lo largo de la historia, porque no solo implica votos sino una esfera incluyente hacia los grupos más vulnerables. 

“La democracia y la ciudadanización de México no es un proceso terminado, todos debemos de cuidar su consolidación y no dejar que la democracia sea solo un discurso”, agregó.   

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García (PRI) aseveró que la democracia es la forma de gobierno que ha permitido a las personas participar en las decisiones públicas y elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres, informadas y recurrentes. “Debemos de recordar que la libertad es un bien que gozan solamente aquellas y aquellos que luchan todos los días por ella”.

Ciudad de México.- Diputados integrantes de la Comisión de Salud realizaron el foro “Vacunación: prevención y Salud pública”, cuyo objetivo es generar conciencia en la población y dar elementos a los legisladores para construir una política pública de prevención que permita enfrentar los retos de cobertura, abasto y acorde a las demandas del país.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Ana Paola López Birlain (PAN) afirmó que “la vacunación es una gran herramienta para garantizar el derecho a la salud y brindar una mejor calidad de vida, de ahí la importancia de invertir en este tipo de prevención”.

Precisó que hay un rezago de 40 por ciento en la vacunación. “El primer reto es que sea universal, pues no se inmuniza a toda la población, se ha sectorizado y priorizado de acuerdo al presupuesto”. Otro desafío es la distribución y cobertura, ya que por decisiones administrativas las dosis no llegan oportunamente, el tercer reto es integrar nuevos antígenos a la cartilla de vacunación.

Sobre el surgimiento de enfermedades, advirtió que el flujo migratorio y la globalización, pueden generar nuevos brotes que requieren atención médica e implican un gasto. Con los recursos aprobados, la infraestructura y la poca disposición de apostarle a la prevención, “se podría entrar en una situación complicada de la que el gobierno deberá hacerse responsable”.

Con este foro se busca elaborar un producto legislativo acorde a las necesidades del país, que refleje la ruta a seguir para que ningún mexicano muera por una enfermedad prevenible.

El secretario de la Comisión de Salud, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), mencionó que la vacunación en México enfrenta un reto importante, porque hay insuficiencia, las compras no han sido las idóneas, y su esquema de implantación se ha relajado.

Añadió que ante este panorama hay una enorme tarea de aumentar la producción de antígeno en el país, con el objetivo de garantizar el adecuado abastecimiento; sin embargo, añadió, por segundo año consecutivo la secretaría del ramo pidió menos de lo que necesita para ampliar el esquema de inmunizadores.

Consideró que la visión clave para cualquier país es disminuir el riesgo de enfermedad y muerte. Esto se logra a través de la inmunización; es decir, es el programa más costo-efectivo, sólo después del abastecimiento del agua potable. “De ahí la importancia de otorgar un presupuesto suficiente y políticas públicas eficientes”.

El Secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, Rodrigo Romero Feregrino señaló que hay bajas coberturas que se deben al abasto y disponibilidad de vacunas, por lo que se han presentado brotes de enfermedades como el sarampión. Añadió que México tiene un problema creciente de oposición a las inmunizaciones, por lo que se deben realizar campañas de información y concientización sobre su importancia.

El doctor Francisco Ortiz García, del Programa IMSS-Bienestar, indicó que la vacunación es una prioridad del programa y es un capítulo del presupuesto que no se afecta. Desde 2015 a la fecha ha aumentado, de 500 millones a casi el doble para 2020, por incremento del precio de las vacunas. En dos años disminuyó el nivel de aplicación, no por una menor inversión o comprar menos, sino por problemas de abasto y falta de proveeduría.

El Presidente del Instituto Farmacéutico para México y Brasil (Inefam), José Carlos Ferreyra, dijo que el gasto en vacunas para 2018 fue de siete mil 582 millones; en 2019, de enero a septiembre, se redujo a tres mil 128 millones de pesos. Mencionó que la contracción en el gasto en este rubro puede provocar un riesgo de epidemia de influenza.

El doctor Miguel Ángel Rodríguez Weber, de la Academia Nacional de Medicina, se pronunció por mantener buenas coberturas y ampliar los esquemas de vacunación; combatir el desabasto de biológicos; resolver problemas de distribución oportuna y erradicar ideas sin fundamento, generadas por falta de información científica en contra de la vacunación.

El doctor Ernesto Calderón Jaimes, del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” se pronunció por impulsar un sistema de registro nominal, mediante un esquema de cartillas de vacunación para cada grupo de edad, que permita saber los riesgos de cada persona en determinada etapa da la vida.

Asimismo, el doctor José de Jesús Coria, de la Academia Mexicana de Pediatría, pidió impulsar estrategias emergentes para el incremento de coberturas, implantar la cartilla electrónica de vacunación que permita conocer a qué niño, en qué comunidad, y llamarlo para aplicárselas y fortalecer las acciones de comunicación social para favorecer la vacunación y generar la corresponsabilidad de la sociedad.

El representante del Instituto Nacional de Geriatría, Raúl Hernán Medina Campos, expuso que el esquema de vacunación no sólo se debe enfocar en la niñez, pues a lo largo de la vida contribuyen a un envejecimiento saludable; no obstante, enfatizó que para ello se requiere de mejorar la cobertura, fortalecer las semanas nacionales de salud y garantizar un financiamiento fijo.

Ciudad de México.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 398 votos a favor y siete abstenciones, el dictamen que reforma diversas disposiciones a las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la de Salud, con el objetivo de erradicar la violencia obstétrica.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, define a la violencia obstétrica como toda acción u omisión intencional del personal de salud, público o privado, que dañe física o psicológicamente, denigre o discrimine a la mujer durante el embarazo, el parto, el post-parto y puerperio.

Además, estipula que por ningún motivo se podrá negar el servicio médico y la vulneración o limitación de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres; incorpora que en los servicios de salud se promoverán acciones de prevención de la violencia obstétrica.

El dictamen destaca que entre el 2015 y el 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 28 recomendaciones donde se han señalado diversos actos de agresiones obstétricas y abusos de los derechos humanos por parte de prestadores de servicios de salud en contra de mujeres embarazadas. 

Al fundamentar, la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena) afirmó que la aprobación de este dictamen es un compromiso con la vida, los derechos y la dignidad de las mujeres.

Sostuvo que se deben de integrar mecanismos y herramientas que garanticen a las mujeres el derecho a la salud libre de violencia y asentar en los códigos penales las sanciones para quienes incurran en prácticas médicas violentas.

De la misma bancada, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera consideró necesario armonizar las leyes federales y estatales para calificar este tipo de conductas como una forma de violencia institucional y de género.