• Pemex necesita participación de la iniciativa privada: diputado Víctor Díaz
• Académicos y especialistas reconocen alto costo para explotar yacimientos de este gas
• Se realizó foro “Análisis de los Impactos del Gas Shale”, en San Lázaro

México, DF. Diputados, académicos e investigadores se manifestaron por analizar a profundidad la Reforma Energética, y en particular el tema del Gas Shale, ya que se necesitan energías renovables como alternativa para la sostenibilidad energética del país y garantice el respeto de los derechos humanos y protección al medio ambiente.

Al inaugurar el foro “Análisis de los Impactos del Gas Shale”, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (Nueva Alianza) señaló que debe analizarse a fondo la Reforma Energética para evitar que se transforme en petrolera o de hidrocarburos.

El también presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable, argumentó que será necesario incorporar a esta nueva ley que se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión, el enfoque de sustentabilidad, sobretodo en un tema importante como es el Gas Shale.

Sostuvo que si bien la explotación de este gas puede tener efectos positivos para la economía y el desarrollo humano, podría afectar a los mantos acuíferos y la riqueza natural; por ello, la importancia de hacer un análisis profundo de esta extracción.
La Comisión Especial precisa en un documento que México podría ahorrar hasta 259 mil millones de dólares (monto de las importaciones de gas en 2013), al abastecer su demanda interna con Gas Shale.

Indica que de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las importaciones de gas natural aumentaron 37 por ciento a tasa anual en 2012, mientras que la producción de este hidrocarburo cayó 4 por ciento en el mismo periodo.

Además, subraya que México carece de una estrategia para explotar sus reservas de Gas Shale, pues le faltan los recursos y un marco normativo para extraerlo de manera rentable y segura con el medio ambiente.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (PRI) sostuvo que Pemex no está funcionando adecuadamente, por lo que necesita de la participación de la iniciativa privada en temas de exploración, transportación y refinerías, y que el tema del Gas Shale sea analizado con detalle por su alto costo y posible rendimiento.

Mencionó que en México se importa el 34 por ciento de gas y a un alto costo; la luz es 25 por ciento más cara que en Estados Unidos, y si se le retira el subsidio sería 75 por ciento más costosa. Además, se importa el 49 por ciento de las gasolinas, las cuales tienen un subsidio de 210 mil millones de pesos.

Por ello, argumentó, la necesidad de la participación de la iniciativa privada, ya que México no tiene la tecnología ni la capacidad económica para la exploración en aguas profundas y ultra profundas.

La académica del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Miriam Grunstein, expresó que dado que en el país hay una regulación muy laxa en la materia y Pemex tiene una política inconsistente, “se podría pagar un costo muy alto por explotar yacimientos de Gas Shale”.

Afirmó que no tiene sentido que México se abalance a la explotación del gas de esquisto porque tiene otros yacimientos que son totalmente explotables. “Me preocupa la laxitud regulativa mexicana y que el Estado absorba los costos de la falta de comercialidad de la explotación de los esquistos”, comentó.

Sin embargo, dijo que se debe crear un marco jurídico general para la explotación de estos hidrocarburos, donde se establezca que las reglas ambientales y de seguridad no son las mismas para los convencionales y los no convencionales, y que el monitoreo de esta empresas es costoso.

En tanto, Aroa de la Fuente López, integrante de Fundar-Centro de Análisis e Investigación, resaltó que por el momento no es rentable la producción de este gas, pues para un sólo pozo México requiere entre 20 y 25 millones de dólares, lo que supera los costos de Estados Unidos que están entre 3 y 10 millones de dólares.

Detalló que datos de Pemex indican que de 2012 a 2016 se necesitarán invertir 30 mil millones de pesos sólo para la evaluación de estos yacimientos. Además, dijo, la industria gasífera de Estados Unidos ha reconocido que el 80 por ciento de los pozos perforados pueden resultar económicamente inviables.

Se pronunció por la implementar una Reforma Energética sustentable, pues el modelo basado en hidrocarburos es el principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que contribuye con el 67.3 por ciento.

Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que en Estados Unidos la explotación de esquistos ha sido importante, pues ha permitido un repunte en la producción de hidrocarburos y sólo exporta a México y Japón.

Precisó que México es una nación aceitera porque su producción de gas es pobre y secularmente lo ha importado, y a pesar de los programas creados desde el sexenio de Ernesto Zedillo no ha otorgado autosuficiencia, ya que la producción mexicana de gas es de 6.5 millones de pies cúbicos diarios.

Resaltó que México tiene grandes desafíos en la exploración de yacimientos, pues los costos económicos son diez veces más elevados. “Los inversionista no van a descansar hasta no lograr subir a la superficie los dólares enterrados”.

Íñigo Martínez Peniche, tutor de la especialidad de Política y Gestión Energética y Medioambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), expresó que en el análisis de la Reforma Energética, el fracking o fractura hidráulica, tendrá múltiples desafíos económicos, sociales, ecológicos y jurídicos para incrementar la participación de estas tecnologías en el país.

A su vez, la Alianza Mexicana contra el Fracking, entregó a diputados y especialistas un documento donde resalta que ante los retos que supone el agotamiento de los hidrocarburos, los problemas asociados a la explotación de hidrocarburos no convencionales y el cambio climático, la Reforma Energética que el país necesita no debe acotarse a aumentar la producción de petróleo y gas.

Por el contrario, afirma, la seguridad energética del país y el cumplimiento de los acuerdos internacionales y nacionales en materia de mitigación del cambio requieren de una reforma cuyo eje rector sea la transición hacia una matriz energética con mayor participación de energías limpias y renovables.

En esa transición no debe haber cabida para la explotación de hidrocarburos provenientes de fuentes no convencionales, como es el caso del gas de esquisto, también conocido como Gas Shale, pizarra o lutita.

Destaca la necesidad de que México prohíba la extracción de hidrocarburos por técnicas de fractura hidráulica; que en la planeación e implementación de la política energética, las entidades públicas aseguren el respeto y garantía de los derechos humanos, y que el Estado garantice el derecho de los ciudadanos al acceso al agua y un medio ambiente sano.

En el documento, se señala que algunos de los impactos socioambientales de la explotación del gas de esquito son: disminución de disponibilidad del agua para los seres humanos y ecosistemas; contaminación de las fuentes de agua; emisiones de gases contaminantes y contribución al calentamiento global.

Se menciona que dado que se han identificado más de 2 mil 500 productos y 759 tipos diferentes de químicos en el fluido de perforación, algunos expertos señalan que más del 25 por ciento de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones; 37 por ciento afectan el sistema endocrino; 50 por ciento dañan el sistema nervioso y 40 por ciento provoca alergias.

• Al aprobar dos dictámenes sobre atención jurídica y desarrollo de pueblos originarios

México, DF (Notilegis).- La Comisión de Asuntos Indígenas aprobó dos dictámenes en materia de atención jurídica y de desarrollo de los pueblos originarios, en los cuales se consigna que ocho mil 122 indígenas permanecen detenidos en espera de justicia.

Estos indígenas requieren defensores que conozcan su lengua y cultura, de acuerdo a los documento de la comisión que preside la diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PAN).

Uno de los dictámenes, en unión con la Comisión de Justicia, reforma las leyes Federal de Defensoría Pública, General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y Orgánica de la Procuraduría General de la República.

También modifica el Código General de Procedimientos Civiles, para crear la figura de “asesor jurídico indígena”, el cual deberá hablar la lengua materna de su representado.

Además, señala que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) será el encargado de realizar la acreditación de los defensores públicos y asesores jurídicos bilingües en lenguas indígenas.

También se determina que son causas de responsabilidad de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente, de los oficiales ministeriales y peritos, el no solicitar intérprete o traductor en lenguas indígenas, cuando proceda.

La diputada secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas, Josefina García Hernández (PRI), consideró que es importante impulsar el acceso a la justicia de esta población, pues 8 mil 122 indígenas están detenidos e involucrados en delitos del fuero común y federal.

En México, 15.5 millones de personas se reconocen indígenas, mencionó la diputada. Según datos de la encuesta realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, 82 por ciento de 586 indígenas consultados declaró no haber contado con un intérprete durante la averiguación previa al juicio en su contra.

En el padrón del INALI están inscritos 337 intérpretes, parlantes de 69 dialectos, y sólo 14 tienen certificación para participar como asesores jurídicos, una cifra insuficiente pues existen 364 variantes lingüísticas, subrayó la legisladora.

El documento señala que la defensoría pública deberá proporcionar los defensores jurídicos que necesiten los estados con población indígena, quienes tendrán que conocer la cultura del pueblo aborigen y el dominar la lengua.

Asegura que esta diferencia del idioma entre las instituciones competentes y los procesados, complica el ejercicio de la justicia y propicia la discriminación, la lengua y la cultura indígena no deben ser una limitante para el acceso a la justicia y la educación, señaló García Hernández.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (PRD) dijo que regularmente los problemas legales de los indígenas se dan por defender sus tierras, y su primera dificultad es no hablar castellano, se enfrentan así a una impartición de injusticia, puntualizó.

El otro dictamen aprobado reforma la Fracción V del Artículo tercero de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y propone que en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal se mencione también a los hombres y se incluya la palabra igualdad. RED/JGM

• Por helicóptero en el que Laura Bozzo viajó a comunidad de Guerrero afectada por lluvias

México, DF, (Notilegis).- La bancada del PRD pidió a diversas autoridades federales y estatales investigar el presunto desvío de recursos públicos del gobierno del Estado de México, por el helicóptero en que viajó la conductora Laura Bozzo a una comunidad de Guerrero afectada por lluvias, afirmó el vocero de la fracción, Carlos Reyes Gámiz.

La llamada “Laura de América simuló, disfrazada como rescatista y en un montaje para la televisión, un descenso a rapel (desde un helicóptero presuntamente del Estado de México) en una zona afectada en torno al Río Coyuca”, indicó el diputado perredista en un comunicado.

Dijo que, a nombre del grupo parlamentario del PRD, “solicitó a autoridades fiscalizadoras hacendarias, administrativas y penales, tanto federales como estatales, investigar exhaustivamente el presunto desvío de recursos públicos por parte del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila”. JGM

• Para atender a los 13 millones de mexicanos que no saben leer y escribir, asegura Chuayffet Chemor

México, DF, (Notilegis).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene previsto movilizar en el 2014 a un millón 200 mil alfabetizadores que atiendan a los 13 millones de mexicanos que no saben leer y escribir, señaló el titular de esa dependencia, Emilio Chuayffet Chemor.

En este proyecto de alfabetización se buscará integrar a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y a las escuelas de educación superior, indicó durante su comparecencia en San Lázaro por el primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

“He hablado con la Anuies y con las escuelas de educación superior, a efecto de que los pasantes de las escuelas universitarias se incorporen a este gran ejército de millón 200 mil, que sería de una gran utilidad para llevar a cabo el programa de alfabetización”, dijo.

Explicó que en México existen 13 millones de personas que no saben leer y escribir o son analfabetas funcionales y 18 millones que no concluyeron la educación básica.

Consideró que el no poder acceder a la lectura y la escritura y al uso de las matemáticas es una forma de exclusión, por lo que se pronunció a favor de “hacer las cosas bien” mediante estudios pertinentes y acciones certeras y eficaces.

Cuestionado respecto a la situación de las escuelas de tiempo completo, Chuayffet Chemor indicó que en 2014 se abrirán nueve mil planteles más, que se sumarán a los 15 mil que actualmente brindan el servicio de jornada de seis horas, o hasta ocho, cuando aportan alimentos a los alumnos.

Para ello, se está destinando un presupuesto de más de ocho mil 50 millones de pesos, con lo que se llegaría a 24 mil escuelas en el segundo año de gobierno, y el presidente ofreció 40 mil al término de su gobierno, comentó.

“La inmensa mayoría de estas escuelas están coincidiendo con la Cruzada Nacional contra el Hambre; en los municipios marginados de México es donde estamos estableciendo estas escuelas que tienen dos propósitos, elevar el rendimiento académico y lograr la equidad proporcionando alimentos a nuestros niños más necesitados”, concluyó. OAA/JGM

México, DF, (Notilegis).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, afirmó que durante este sexenio se construirán al menos 28 mil escuelas en zonas marginadas e indígenas del país.

“Existe un programa, el programa de Escuela Digna, que tiene a su cargo por lo menos la construcción de 28 mil escuelas este sexenio, que estarán en las zonas marginadas e indígenas del país”, dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del primer informe de gobierno.

Señaló que para la construcción se dará preferencia a las zonas más vulnerables, por lo que se debe comenzar con el diagnóstico de la infraestructura escolar, el cual derivará del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos, planteado en la reforma educativa, que comenzará mañana, 26 de septiembre.

Explicó que dicho censo, que realizará la SEP, junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), permitirá conocer cuántas escuelas, maestros y alumnos “existen, operan, sirven y aprenden en el país, pero también otros aspectos, como el estado físico de las escuelas mexicanas”.

Para 2014 se podrá contar con la base de datos del Sistema de Información y Gestión Educativa (Siget), a nivel de educación básica; en 2015 con los de educación media superior y en 2016 los de educación superior, agregó.

Indicó que una vez que se cuente con el diagnóstico de la infraestructura escolar se proyectarán las obras; posteriormente se llevarán a cabo y se certificará su calidad.

La certificación se otorgará “siempre y cuando (las instalaciones) tengan seguridad estructural y física, mobiliario adecuado, servicios sanitarios, espacios para usos múltiples, accesibilidad y oportunidad de conectividad”, expuso.

Manifestó que, con estas medidas, al final del sexenio todas las escuelas del país podrán contar con la posibilidad de acceso a las tecnologías de la información. OAA/JGM

• Sobre el contenido y aplicación de la reforma educativa y sus leyes reglamentarias

México, DF, (Notilegis).- Los siete grupos parlamentarios cuestionaron, en distintos tonos, al secretarío de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, sobre el contenido y la aplicación de la reforma educativa, promulgada en febrero pasado, y las leyes reglamentarias que entraron en vigor este mes.

El PRI, PAN, PVEM y NA defendieron estas reformas y se pronunciaron porque el Ejecutivo federal las ejerza, mientras el PRD, MC y PT se pronunciaron en contra y recriminaron el “trato punitivo hacia los profesores” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que las rechazan.

El diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) dijo que la reforma educativa está centrada en tres ejes fundamentales: respeto a los derechos laborales de los docentes, elimina malas prácticas de ingreso y promoción y establece la evaluación obligatoria.

Indicó que la propuesta del Ejecutivo federal no nació de “una ocurrencia”, sino de una demanda de los ciudadanos y fue apoyada por las fuerza políticas del Pacto por México (Gobierno federal, PRI, PAN y PRD).

Ochoa González subrayó que el Congreso de la Unión y el gobierno federal no han tratado con dureza las manifestaciones sociales de la disidencia magisterial, por el contrario, dijo, se les ha escuchado y se incorporaron algunas de sus propuestas.

Guadalupe Mondragón González (PAN) externó que en la discusión de la reforma educativa nunca existió la intención del Congreso de afectar los derechos adquiridos de los maestros.

“Los decretos son fiel reflejo de la voluntad de respeto, en particular la Ley del Servicio Profesional Docente”, precisó.

La legisladora panista aseguró que el espíritu de las leyes es aportarle los medios e instrumentos al gobierno para que se cristalice la educación de calidad.

Juana Bonilla Jaime (PRD) comentó que la legislación no es una reforma educativa, sino un paquete de modificaciones en materia laboral que impacta al gremio magisterial más no al sistema educativo, por lo que su aprobación no concluye el debate educativo, sino que lo inicia.

“Los diputados del PRD exigimos la construcción de mecanismos que brinden equidad a todo el magisterio, que no haya planteles de primer, segunda o tercera”, expusó.

Subrayó que evaluar alumnos y maestros no resuelve el problema de la educación, “es apenas un parcial diagnóstico de los efectos de los rezagos y carencias en México”.

Judit Guerrero López (PVEM) subrayó que la reforma educativa crea los pilares de un modelo pedagógico que garantiza una educación de calidad y propiciar que el Estado recupere la rectoría en este rubro.

Indicó que el reto está en procesar las resistencias a la legislación, donde la actuación autoritaria y represiva “no es de ninguna manera la salida”, ya que el diálogo es una premisa básica en toda sociedad democrática.

Guerrero López indicó que es falso que la reforma constitucional atente contra los derechos laborales de los docentes y se pretenda privatizar la educación pública.

Nelly del Carmen Vargas Pérez (MC) indicó la reforma educativa hace responsables a los docentes sobre el total de la problemática educativa, cuestionando su desempeño profesional.

Dijo que está centrada en el marco laboral y la evaluación de los docentes, lo que ha generado inconformidad en el magisterio y de la sociedad.

“La evaluación debe ser un instrumento, no un fin. La reforma educativa debería representar la emergencia de un proyecto que se desea al país, de tipo pedagógico, para lograrlo, no sólo aspectos administrativos y laborales”, comentó.
Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) aseguró que en la reforma avalada se priorizó la evaluación docente, dejando de lado la formación docente y un verdadero modelo pedagógico.

Señaló que esa situación ha ocasionado “una inmensa movilización magisterial sin una salida clara para que los maestros en paro regresen a sus labores y puedan iniciar su ciclo escolar”.

Aseguró que por años, se ha minado al servicio educativo público, donde se toleró y encubrió al sindicato, lo cual provocó la pérdida de la rectoría de la educación por parte del Estado.

Dora María Talamante Lemas (NA) señaló que con la publicación de las leyes reglamentarias de la reforma educativa, el Congreso cumplió con su obligación, y ahora es responsabilidad del Ejecutivo federal garantizar su ejecución.

Comentó que si bien los docentes son el eje de la reforma, es obligación del Estado, proporcionar las herramientas para el servicio profesional docente, la construcción de un mayor número de escuelas normales y la formación continua de los profesores.

Indicó que la calidad educativa es multifactorial, ya que depende desde los aspectos curriculares hasta la infraestructura escolar, por lo que la aplicación de la nueva legislación será lenta, compleja, costosa políticamente y desafiante presupuestalmente. AMR /OAA/JGM

México, DF, (Notilegis).- Las autoridades educativas estatales están obligadas a hacer cumplir, sin excepción, la reforma educativa, afirmó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor, en la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del primer informe de gobierno.

Las normas “no son negociables”, por lo que no habrá marcha atrás a la reforma educativa, indicó el funcionario federal al comparecer ante las comisiones unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Cultura y Cinematografía.

Agregó que con las reformas en materia educativa, promulgada en febrero pasado, y las leyes reglamentarias que entraron en vigor este mes, el Estado mexicano “recuperará la rectoría educativa de los poderes fácticos” para cumplir con su mandato constitucional de brindar educación a todos los mexicanos.

Explicó que la educación es una demanda social inherente a toda persona, de la cual dependen los demás derechos, “si un Estado no la garantiza, está cerrando la puerta a la posibilidad, cumplimiento y vigencia del resto de los demás derechos humanos”, indicó.

Por estas razones, desde el inicio de la actual administración federal, en diciembre pasado, se concibió una reforma educativa que promoviera la reasunción de la rectoría del Estado en la materia, manifestó.

Chuayffet Chemor expuso que en los primeros 10 meses de gestión de la administración federal actual, el sistema educativo nacional “ha comenzado su transformación” y atiende a casi 36 millones de alumnos.

Señaló que la cobertura de la educación básica es del 96 por ciento del total de población de tres a 14 años de edad; se han modificado las reglas de evaluación a los alumnos y se ha puesto en marcha el Programa Escuela Digna, “para que los planteles cuenten con agua, luz, mobiliario e instalaciones decorosas”.

Además, se han incrementado las escuelas de tiempo completo, al pasar de seis mil 700 a 15 mil 300, se han otorgado 5.2 de los ocho millones de becas que proporciona el gobierno federal y están por entregar 240 mil computadoras a alumnos de Sonora, Colima y Tabasco.

El funcionario indicó que en el ciclo escolar 2012-2013, se atendió a 1.2 millones de estudiantes indígenas en los niveles de preescolar y primaria, a los cuales se les entregaron más de 5.6 millones de libros de texto gratuitos.

Además, destacó la puesta en marcha del programa piloto mexicano de formación dual, el cual busca vincular la producción con el sistema productivo.

Comentó que la educación superior representa el 9.4 por ciento de la matrícula del sistema educativo nacional, con 3.3 millones de alumnos, lo que significa una cobertura del 28.6 por ciento del grupo de edad de 18 a 22 años.

Asimismo, se pronunció a favor de impulsar el desarrollo cultural mediante el apoyo a actividades de esta índole y a artistas, investigadores y promotores.

Agregó que mañana jueves comienza el censo planteado en la reforma, que servirá de base para el servicio de información y gestión educativa; y se ha preparado un programa de apoyo a las entidades de mayor atraso educativo en el país, para que en el país exista una normalidad escolar mínima.

“La reforma educativa apenas comienza; hay mandatos de ley para revisar el modelo educativo, los planes y programas de estudio y el fortalecimiento de nuestras normales, los vamos a cumplir en un debate nacional que incluya a todos los agentes de la educación, para llegar a buenos resultados”, subrayó. OAA/JGM

• Para actualizarla y mejorar las medidas preventivas y la atención a quienes padecen VIH/Sida

México, DF. (Notilegis).- El coordinador del PRD, Silvano Aureoles Conejo, urgió la necesidad de reformar la Ley General de Salud para actualizarla y mejorar las medidas preventivas y la atención a quienes padecen el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que provoca el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

Las políticas públicas para prevenir, controlar y brindar el tratamiento médico del VIH han sido rebasadas, ya que en 2012 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó 35 millones de personas contagiadas a nivel mundial, indicó al participar en el Foro Legislativo sobre el Sida.

Precisó que en México, la Ley General de Salud considera, en materia de salubridad general, el Programa de Protección, Atención y Control del Sida, pero –agregó- “dicha ley está rebasada ante estos efectos o resultados devastadores” del VIH.

Consideró un reto para los legisladores impulsar “las iniciativas que en corto plazo sirvan para fortalecer la políticas públicas en materia de salud, sobre todo en la prevención y, en su oportunidad, de la erradicación de esta pandemia que ha causado serios estragos en la vida social”.

El evento fue organizado por el diputado Antonio Sansores Sastré (PRD), en coordinación con la organización Amigos contra el Sida, y contará con la participación de Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) y expertos en la materia. ASC/JGM

• Y hacer más progresivo el sistema tributario: subsecretario de Ingresos de la SHCP

México, DF, (Notilegis).- El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel Messmacher Linartas, afirmó que el sistema tributario es poco progresivo y no ha mejorado la distribución del ingreso en el país, lo que se busca solventar con la reforma hacendaria.

La capacidad del Estado para otorgar seguridad social está, actualmente, limitada por la baja recaudación de impuestos, aseguró el funcionario al reunirse en San Lázaro con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

“En México hay una ligera mejoría en la desigualdad del ingreso asociado a nuestro sistema fiscal, pero es la más baja de todos los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”, dijo.

Explicó que el sistema tributario es, en la práctica, muy poco progresivo, debido a los tratamientos especiales y exenciones.

No ha llevado de manera efectiva a mejorar la distribución del ingreso en el país, ni cumple a cabalidad con el mandato constitucional de que los impuestos sean progresivos, es decir, paguen más los que más ganan, agregó.

Messmacher Linartas señaló que la economía mexicana está pasando por una etapa de crecimiento relativamente débil, reflejo de la desaceleración económica que se vive en la mayor parte del mundo.

Para superar esta situación, es necesario incrementar la capacidad del Estado mediante mayor recaudación de impuestos, resaltó.

Expuso que la reforma hacendaria busca cubrir los “boquetes” presupuestarios como la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por parte de personas físicas, ya que este rubro, en México, se recauda una tercera parte de lo que se recauda en otros países pertenecientes a la OCDE.

Asimismo, expresó que la reforma hacendaria proporcionará los recursos para cubrir el incremento en la demanda de seguridad social derivado del envejecimiento de la población.

Indicó que, aunque en los próximos años habrá una mayor demanda de seguridad social, sobre todo de pensiones, la capacidad del Estado mexicano para otorgarla es limitada.

Manifestó que alrededor del 48 por ciento de la población que está en edad de trabajar nunca ha cotizado en alguna instancia de seguridad social, y, actualmente, dos terceras partes de las personas mayores de 65 años no tienen acceso a las instancias formales de seguridad social.

Este problema se agudizará si no es atendido a tiempo, ya que las personas mayores de 65 años, en este momento, representan un seis por ciento de la población total del país, pero en 2030 aumentará hasta un 10 por ciento y, en 2050, hasta el 16 por ciento, aseveró.

Para poder enfrentar la problemática y alcanzar un país más justo con mayor seguridad y equidad, “necesitamos atender este problema de falta de acceso a seguridad social de manera urgente y necesitamos empezar a trabajar en estos temas el día de hoy, para que no tengamos un problema conforme se vaya incrementando la población en edad avanzada”, subrayó. OAA/JGM

• En tres niveles de gobierno y legislaturas, con participación social y privada

México, DF (Notilegis).- El PAN presentará mañana jueves ante el Pleno una iniciativa de reforma constitucional para crear un sistema nacional que evalúe a servidores públicos de elección popular en los tres niveles de gobierno y legislaturas, con participación de los sectores social y privado.

“Queremos que este sistema se convierta en un organismo encargado de mejorar el desempeño y el resultado óptimo del ejercicio de las funciones asignadas de los servidores públicos de elección popular”, indicó el coordinador de la bancada, Luis Alberto Villarreal García, en rueda de prensa junto con otros diputados del PAN.

Rechazó que se pretenda crear un nuevo “sistema ministerial” y dijo que su objetivo es evaluar a funcionarios públicos y que los ciudadanos cuenten con elementos para decidir, en una futura elección, si les vuelven o no a otorgar su voto.

Recordó que existen otras sanciones a las que están sujetos: la jurídica, a través de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, y la penal, con las normas a nivel federal y estatal, así como la que analiza el Congreso para crear la Comisión Nacional Anticorrupción”.

La diputada Rocío Reza Gallegos afirmó que el país requiere profesionalizar a su clase política, con un esquema de evaluación que se lleve a cabo a través de indicadores del desempeño.

“Si evaluamos a los maestros, a los policías, a los funcionarios públicos a través del servicio profesional de carrera, por qué no damos el ejemplo e iniciamos por evaluarnos nosotros, quienes tomamos las decisiones y somos los impulsores de las políticas públicas del país”, indicó.

La iniciativa, que entraría en vigor el 1 de septiembre de 2015, adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73, con el propósito de facultar al Congreso “para expedir la Ley relativa al Sistema Nacional de Evaluación de los Servidores Públicos de Elección Popular aplicable en los tres órdenes de gobierno, así como la participación del sector social y privado en dicha evaluación”.

También reforma el segundo párrafo del artículo 108 de la Constitución, para precisar los cargos de elección popular que “serán considerados como servidores públicos de elección popular para efectos de las responsabilidades administrativas previstas en el presente Título”.

Entre estos cargos menciona: “El Presidente de la República, los Gobernadores de las entidades federativas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Senadores de la República, los Diputados Federales, los Diputados a las Legislaturas Locales integrantes de los Ayuntamientos, y autoridades delegacionales del Distrito Federal”.

En este artículo también se precisa que “durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República, en cuanto a la materia penal, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

En el primero de tres artículos transitorios, se detalla que “el presente Decreto entrará en vigor a partir del 1º de septiembre del 2015”.

El segundo transitorio menciona que “se dotará de recursos financieros para el funcionamiento de Sistema Nacional de Servidores Públicos de elección popular en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

En el tercero transitorio se establece que, a más tardar en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto, “el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Servidores Públicos de elección popular y las reformas a los ordenamientos legales conducentes”.

Asimismo, “los Congresos locales, en su respectivo ámbito de competencia, deberán expedir las reformas a los ordenamientos legales locales conducentes, para incorporar lo dispuesto en el presente Decreto”.

La iniciativa considera a este sistema nacional de evaluación “como un organismo encargado de mejorar el desempeño y el resultado óptimo del ejercicio de las funciones asignadas de los servidores públicos de elección popular”.

Plantea que “una de sus principales atribuciones sea el diseño de todos aquellos mecanismos que permitan evaluar el resultado de la gestión de cada servidor público de elección popular, claro está, de acuerdo al cargo que se trate”.

El nuevo sistema también deberá expedir los lineamientos especializados de evaluación para cada uno de los cargos públicos referidos.

Dicho Sistema contará con la participación de los sectores privado y social, a través de representantes de la sociedad civil y de las instituciones de educación superior que formarán parte de la Junta de Gobierno que se propone para integrar el organismo. YRE/AMR/JGM

Mérida, Yucatán.-Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a Gabriela Villalobos López, Angélica Noemí Euán Palomo, Irene Soledad Galera Montero, José Fidel Dzul Guerrero, Rodolfo Joaquín Cáceres Vázquez y José Rubén Morales Várguez, debido a que fueron señalados como responsables de sustraer artículos de un casa habitación ubicada en la calle 48 por 39 y 41 de la colonia Benito Juárez Norte.

Todos ellos fueron sorprendidos cuando el propietario del predio despertó  al escuchar ruidos y  vio que tres mujeres y tres hombres abordaban  una camioneta Van GMC Savana, con matrícula ZAK-8098.

Al implementarse un operativo de búsqueda, los sospechosos fueron localizados en la calle 21 por 19 de la colonia Yucatán, lugar al que llegó el afectado para identificar sus pertenencias y a quienes  las sustrajeron.

A bordo del vehículo se encontraron dos televisores de plasma, un reproductor de DVD, un horno de microondas, una caja fuerte, un Ipod y un equipo de visión nocturna.

Para entrar a la casa habitación, las seis personas detenidas usaron una cizalla, un desarmador y un cuchillo; por este delito fueron trasladadas a la cárcel y el quejoso interpuso la denuncia número 1417 en la agencia séptima de  la Fiscalía General del Estado (FGE).

• "Ocaciona", "Gadalajara", "gobieno", "trasporte" y "alberges", solo algunos de ellos.

• Las investigaciones permitieron establecer que la menor se encontraba en el Estado de México, por lo que agentes de Investigación Ministerial del Estado de Guanajuato se trasladan a aquella entidad. 

León, Guanajuato.- La niña de 12 años originaria de León Guanajuato, que “se fugó de su casa” con un hombre de 27 años tras conocerlo en la red social Facebook, ya está en manos de las autoridades, según reportes de de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato.
Dafne Michelle Ramírez Hernández, de 12 años, se reencontrará en unas horas nuevamente con sus padres.
La Procuraduría de Guanajuato informó que la menor fue ubicada en el Estado de México el día de hoy, con el apoyo de autoridades federales de ambas entidades, aunque no dieron más detalles sobre el hallazgo de la menor.
“Tras el reporte inicial y los primeros datos recabados, se analizó la información y se consideró como un riesgo que la menor se haya ido con un joven adulto, por lo que el domingo 8 de septiembre se activó la alerta en todo el Estado y a nivel nacional, a través de la PGR, proporcionando fotografías”, informó la Procuraduría de Justicia.
Las investigaciones permitieron establecer que la menor se encontraba en el Estado de México; por lo que agentes de Investigación Ministerial del Estado de Guanajuato se trasladan a aquella entidad y en coordinación con autoridades mexiquenses pudieron localizar a la pequeña.
“La menor de edad y su familia se reencontraran en las próximas horas en el Estado de México, se les brinda desde un inicio apoyo psicológico y médico por parte de la Subprocuraduría de Atención Integral Especializada (SAIE), con el propósito de ofrecer la ayuda necesaria. Destacando que la adolescente fue encontrada en perfecto estado de salud”, informaron las autoridades de León.
Hasta el momento no se ha dado a conocer si se logró alguna detención junto con la localización de la pequeña, tampoco se han dado detalles de en qué municipio del Estado de México fue ubicada ni las condiciones en que se encuentra.

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Mérida, Yucatán.- El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, INAIP, contempla la posibilidad de ampliar el plazo de revisiones vía internet del programa de verificación y vigilancia a diversas unidades de acceso, debido a la cantidad de documentos que han sido entregados al Instituto para su validación y posterior publicación en internet, informó el Consejero Presidente del INAIP, Álvaro Traconis Flores.

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