Supervisa CODHEY cárceles municipales: grave retroceso

Mérida, Yucatán.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) realizó la supervisión a las 106 cárceles municipales, en las cuales se encontraron retrocesos respecto a los avances registrados en la pasada administración, predominando condiciones insalubres en las celdas, la falta de personal calificado para ocupar los puestos, carencia de infraestructura básica, así como de control y registro de los detenidos, informó el presidente Jorge Victoria Maldonado.
Incluso, a lo largo del periodo de supervisiones se tuvo conocimiento de cuatro municipios en donde acontecieron igual número de suicidios, Umán, Tetiz, Valladolid y Chixulub Pueblo, por lo que es importante tomar medidas para evitar que se repitan estos hechos.
El Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos de la CODHEY, en atención a las atribuciones conferidas por los artículos 6 y 15 fracción XV, de la Ley efectuó del primero de julio del año 2012 hasta el 30 de junio de 2013 un total de 106 supervisiones de cárceles públicas en igual número de municipios en el Estado, cuya finalidad es el respeto de los Derechos Humanos de aquellas personas que por algún motivo fueron arrestadas.
Durante las visitas,  se ha verificado las condiciones en que se efectúan las detenciones, las condiciones de ingreso y permanencia de las personas arrestadas en las áreas de aseguramiento, así como de su egreso.
Es importante señalar que en este período las supervisiones coincidieron con el inicio de las nuevas administraciones municipales en el Estado, por lo que casi la totalidad de las comandancias presentaron cambios en el personal que las compone, muchos de los cuales no tienen conocimientos básicos en relación con el procedimiento para los arrestos.
De las supervisiones realizadas por el personal del Centro se encontró que de las Direcciones de Policía Municipal, únicamente el 30 por ciento contaban con registro de ingreso de personas arrestadas, esto se debe principalmente al desconocimiento del propio personal encargado de las comandancias, aunado -según argumentan-, “al bajo índice de arrestos considerando innecesario realizar este procedimiento”, aludiendo a los usos y costumbres de la localidad.
Asimismo, el personal de las comandancias desestimó llevar algún registro de pertenencias por no considerarlo necesario, además de que en la gran mayoría de los casos no cuentan con un lugar adecuado para dicho resguardo, esto sumado a que la persona responsable de los objetos no está claramente designada.
Como se ha mencionado anteriormente, la gran mayoría del personal policial en las comandancias es de nuevo ingreso, por lo que existe mucho desconocimiento acerca de sus funciones, en este sentido resulta preocupante que hasta la fecha únicamente solo el 40 por ciento de las Direcciones de Policía hayan recibido capacitación al respecto.
 Cabe señalar, que algunos de los entrevistados señalaron que son los mismos ayuntamientos los que no han promovido dicha capacitación a pesar de que los oficiales lo solicitan.
Alrededor de un 72% de los lugares visitados se encontró que el personal de la comandancia desconoce la existencia de reglamentaciones, tales como los bandos de policía y buen gobierno de sus comunidades.
De la totalidad de las Direcciones inspeccionadas, solo en 14 manifestaron realizar algún tipo de revisión médica antes de ingresar a las celdas; entre los motivos expresados por el resto de las comandancias para no realizarlo se encuentra la falta de apoyo médico que realice esta labor y falta de recursos económicos.
Es importante señalar que gran parte de los entrevistados no consideran una necesidad realizar dicha certificación, dado que un 90% de los arrestos se relacionan con el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que el procedimiento es similar en esos casos, encerrar a la persona hasta que los efectos del alcohol disminuyan y posteriormente dejarlos en libertad, generalmente 12 horas después.
En cuanto a las condiciones materiales ha podido constatarse que la inmensa mayoría carece de infraestructura adecuada para la estancia de personas que cumplen sanciones por faltas administrativas, como se ha hecho mención en informes anteriores, la mayoría no cumple con requerimientos mínimos en sus instalaciones y mucho menos con las condiciones mínimas de higiene.
Se carece de un lugar de descaso para los arrestados, las dimensiones de las celdas son reducidas, no tienen iluminación natural y/o artificial suficiente,  no tienen sanitario en el interior de las celdas, entre otras.
Cabe resaltar que los entrevistados manifestaron que las nuevas administraciones municipales recibieron las celdas en malas condiciones, por lo que responsabilizan a las autoridades de las administraciones anteriores sobre el deficiente estado de los espacios.
No obstante lo anterior, pudo comprobarse que independientemente de las condiciones materiales, la higiene en casi la totalidad de los lugares visitados es por demás  deplorable, cuestión que poco tiene que ver con responsabilizar a las autoridades salientes en los ayuntamientos.

Las justificaciones para tal situación han sido variadas, desde que no hay personal de limpieza o que los policías del turno siguiente son los responsables o de  plano, no hay quien la realice y así se queda; sobra decir que los arrestados al estar en contacto con heces fecales, orines, comida en descomposición y/o fauna nociva  durante su estancia en las celdas, arriesgan de manera directa su salud.               

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