VIH y violencia de género: desarticular estigmas y vulnerabilidades

• La violencia de género es una barrera que limita el acceso a los servicios y derechos.

De la redacción
(semlaccu@enet.cu)

La Habana, diciembre (SEMlac). - Una respuesta ampliada e integral al VIH tiene que mirar, necesariamente, a cómo prevenir la violencia de género y desterrar estigmas que colocan a la población que vive con VIH en situación de vulnerabilidad y limitan el disfrute y acceso a sus derechos.

En ello coincidieron expertos y activistas el 29 de noviembre, durante el Primer Coloquio Transidentidades, Violencia de Género y Derechos Humanos, organizado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud), la Red de Personas Trans, Parejas y Familias (Transcuba) y el PNUD en la nación caribeña.

"Las desigualdades generan vulnerabilidades y estas atentan contra los espacios en los que se atienden a las personas y se brindan los servicios relacionados con el VIH", enfatizó la jurista Zulendrys Kindelán Arias.

La especialista de Prosalud destacó que este primero de diciembre, Día Mundial de lucha contra el VIH/sida, bajo el lema de "Igualdad, la mejor respuesta al VIH", se da cuenta de la necesidad de "impulsar acciones concretas que hagan de la igualdad un hecho y no un adjetivo, una palabra más".

Dijo que, en el caso de Cuba, donde la igualdad es un derecho reivindicado en la Constitución, es imprescindible un acompañamiento desde los Servicios de Orientación Jurídica para poblaciones claves en la respuesta nacional al VIH, disponibles en el país y considerados una necesidad del sistema de salud.

Identificar brechas y garantizar derechos

Kindelán Arias expuso datos y situaciones de violencia que confirman la importancia de un sistema jurídico robusto.

De acuerdo con la última Encuesta a personas con VIH/sida de 2018, difundida por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en las relaciones de pareja de la mitad de la muestra de 11.412 personas se encontraron expresiones de violencia, principalmente física, psicológica y económica. La mayor incidencia está en mujeres negras y jóvenes, dijo la jurista.

Agregó que 10 por ciento de las personas encuestadas refirió sentirse rechazada en algún momento, mientras 17,9 por ciento dijo haberse sentido así en los servicios estomatológicos. "Si bien es una cifra mínima, alerta sobre mujeres y hombres excluidos por su condición serológica", comentó la jurista.

Otro resultado de la encuesta apunta a inconformidad en la asistencia: "no somos atendidos en los consultorios por un médico en específico", "no hay en los policlínicos una atención a mis problemas de salud", "me evaden por ser seropositivo" y "solo me atienden bien, si oculto mi diagnóstico", expuso, entre otras expresiones, la especialista.

Llamó la atención acerca de determinadas brechas en el sistema de salud que pueden afectar los derechos de las personas, como cuando un paciente seropositivo asiste a niveles secundarios y terciarios de atención y quienes prestan servicios vacilan sobre cómo atenderlo. Ocurre también cuando se trata de neurocirujanos diagnosticados con esta enfermedad, que son removidos de sus espacios quirúrgicos porque "es un riesgo muy grande".

Consideró que el sistema nacional de salud necesita asesoría en temas jurídicos que acompañen las estrategias sobre la atención, prevención y rehabilitación de las personas que viven con VIH.

"El 88,4 por ciento de las personas diagnosticadas dice que acude con mayor frecuencia a los centros municipales de salud y, por tanto, es ahí donde deben estar instaurados los servicios de atención", apuntó.

Kindelán Arias sostuvo que en ocasiones quienes prestan atención médica desconocen los servicios de prevención relacionados con el VIH e insistió en que la información es clave para el acceso a la justicia. "Cuando las personas acuden a una institución sabiendo qué esperar de esta, es más eficiente el sistema y logra mejor sus intereses", dijo.

Entre otros hallazgos, las investigaciones indican que la violencia de género es una barrera que limita el acceso a los servicios y derechos. Como una deuda, se refirió a que no existen cifras para determinar cuántas de las personas diagnosticadas fueron por hechos relacionados con actos violentos.

Yoire Ferrer Savigne, coordinador nacional de la Red Cubana de Personas que viven con VIH, valoró que todavía persisten muchos prejuicios, pero hay cambios sustanciales, y recordó tiempos en que las personas apenas podían salir del sanatorio a ver a sus familiares, en contraste con la realidad actual, con acceso al trabajo, estudio y otros derechos.

"Aun cuando hay mucho por hacer, existe un sustento legal que acompaña los esfuerzos y que dice por dónde ir", refirió.

Como parte de este marco jurídico, mencionó el plan estratégico nacional de VIH, que tiene entre sus premisas abordar el acceso a la salud, minimizando los niveles de estigmas, discriminación y violaciones de los derechos, así como la existencia de los Servicios diferenciados de VIH en entornos de alta prevalencia en la República de Cuba.

Explicó que una de sus iniciativas es crear el gestor de género y derecho, una persona de la comunidad representante del grupo de atención y habilitada para impulsar acciones de capacitación en los barrios.

La comunidad es un espacio esencial para derribar mitos y estereotipos, apuntó la doctora Rosaida Ochoa Soto, especialista en epidemiología.

Para 2030 se habla de la generación libre de VIH y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, bajo el lema de no dejar a nadie atrás. Pero, para no dejar a nadie atrás, hay que tener en cuenta el origen y residencia de las personas, sus edades, género, niveles educacionales y ocupacionales, cómo viven, si sufren o no violencia, y otros elementos que funcionan como determinantes sociales de la salud y pueden influir en el acceso oportuno a una atención médica", subrayó