- El objetivo es garantizar su acceso a un esquema complementario de seguridad social, salud, pago por tiempo extraordinario que laboran y audiencia ante un arresto, entre otros
Ciudad de México.- El diputado Alfonso Robledo Leal (PAN) impulsa una iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin establecer y garantizar derechos fundamentales a policías, peritos y agentes del Ministerio Público, como acceso a un esquema complementario de seguridad social, salud, pago por tiempo extraordinario laborado y a una audiencia ante un arresto, entre otros.
El objetivo, subrayó en conferencia de prensa conjunta con la organización Ciudadanos Uniformados, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, es garantizar estos derechos a todos los policías del país, independientemente de su corporación o su ámbito, pues todos están en desamparo de sus derechos.
Robledo Leal lamentó que no exista un solo artículo en las leyes que se refiera a los derechos que tienen los policías; no son sujetos de crédito, no tienen prestaciones laborales, como las del resto de los mexicanos, pese a que se contempla una garantía en la Constitución para que esto sea una realidad.
En ese sentido, hay muchas injusticias que se comenten contra los policías sólo por trabajar en estas agrupaciones, y a partir de ello, no se genera sentido de permanencia ni de pertenencia.
“En todo México, sólo el 5% de todos los policías, que son en promedio 400 mil, cuenta con seguridad social. Pero en general no tienen servicios médicos, pensiones, derecho a una jubilación digna y es imposible que ellos estén afuera tratando de salvaguardar nuestra integridad personal y patrimonial, y no les podamos dar derechos básicos”, apuntó.
El diputado panista acusó al Estado mexicano de cometer injusticia con las personas que trabajan en un área esencial, como la seguridad pública.
“Los Estados tienen entre sus principales prioridades la vida y la salud de la población, pero el origen de un Estado tiene que ver con la seguridad y protección de los suyos, y para esas personas que son los policías, les damos malas consideraciones laborales, lo que se refleja en las malas condiciones de seguridad que tenemos”.
Iván Chávez, presidente nacional de la organización Ciudadanos Uniformados, que aglutina más de 5 mil elementos de las diferentes policías del país, aseveró que éste es un sector laboral que ha sido discriminado desde la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
“La seguridad pública es una función vital, ya que a través de ella los ciudadanos reciben la protección de sus bienes y de su persona; sin embargo, esta labor es desempeñada por policías, peritos y agentes del Ministerio Público que no cuentan con un esquema jurisdiccional y legislativo para la protección de sus derechos fundamentales”, señaló.
Actualmente, los policías, peritos y agentes del Ministerio Público no tienen una certeza debido a que su relación con el Estado es meramente administrativa y no laboral, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El activista aseveró que esta ambigüedad da pauta a que sean violentados sus derechos humanos esenciales, claro ejemplo es la exclusión para estos trabajadores en el artículo 123 constitucional, al establecer que los trabajadores de la seguridad se deben regir por sus propias leyes, pero la legislación de los policías, no les facultan ningún tipo de derecho, sólo establece obligaciones.
Lamentó que en la propuesta del PEF 2021 no se refleje un aumento considerable para el tema de seguridad pública, ni para la Guardia Nacional, ni para las policías estales y municipales.
Cuestionado sobre la muerte de elementos de seguridad pública derivado del Covid-19, Iván Chávez dijo que a partir de que comenzó la pandemia, se calcula que han fallecido dos policías diariamente a nivel nacional a causa de este virus, debido a que no se cuenta con un protocolo para este tipo de emergencias y porque no tienen garantizados sus derechos fundamentales.
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