Últimas noticias

  • Los consejeros señalan que la llegada de Piedra Ibarra pone en duda la autonomía de la institución pues ven un sometimiento ante el gobierno por los antecedentes de su nueva titular.
Ciudad de México.- En protesta por la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cinco integrantes del Consejo Consultivo de ese organismo presentaron la renuncia a su cargo honorífico, con carácter de irrevocable.

El primero en renunciar fue Alberto Manuel Athié Gallo, quien envió su dimisión a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, este miércoles.

Este jueves, en una carta dirigida también a la senadora, Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz criticaron el proceso de elección que -a su juicio- estuvo “plagado de irregularidades y falta de apego a la legalidad”.

“Es muy notoria la cuestionada elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Mtra. Rosario Ibarra De Piedra (sic), le resta legitimidad a una institución”, expusieron en el texto.

Agregaron que el nombramiento de Piedra Ibarra se llevó a cabo sin apego a los indicadores que fueron asumidos voluntariamente por las Comisiones Unidas responsables del proceso, y además fue consumado en el Pleno de manera arbitraria.

Una ombdusperson carente de legitimidad, sostuvieron, será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos, ni podrá generar confianza ni certeza jurídica necesarias para su misión.

En su opinión, el nombramiento de la titular de la CNDH, presagia el “sometimiento abierto del organismo a quienes actualmente detentan el poder político”, por lo que “en consecuencia, no será posible mantener el principio de autonomía de gestión de la institución”.

La ahora titular de la CNDH era parte de los consejeros nacionales de Morena y fue candidata del partido a una diputación. 

Fue hasta este jueves que en un comunicado Rosario Piedra informó que pidió licencia como militante de Morena para “dedicarme de tiempo completo a la gran tarea que nos aguarda, pero la mayor garantía de autonomía la acredita mi trabajo, mi trayectoria”.

  • Es una ocurrencia y una visión improvisada “que va a tronar tarde que temprano”: MC
  • Senado universalidad y gratuidad de los servicios médicos de salud en el país
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó la universalidad de los servicios de salud en el país, para lo cual se brindará el acceso gratuito a los servicios médicos, donde estén incluidas las medicinas, operaciones, hospitalización, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, además de garantizar su calidad y sin discriminación. Bajo este esquema, se crea el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y desaparece el Seguro Popular.

El dictamen fue aprobado en lo general con los artículos no reservados con 67 votos a favor, 22 votos en contra y 14 abstenciones.

La minuta de la Cámara de Diputados fue aprobada por las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los senadores de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero y Ana Lilia Rivera Rivera, con la cual reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de las leyes General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud.

Establecieron que los servicios de salud y de asistencia social deberán satisfacer eficaz y oportunamente las necesidades de la población, como será en el caso de las personas que carezcan de seguridad social, a través de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requieran, para lo cual la Secretaría de Salud se auxiliará del INSABI. Se precisó que insumos asociados se refiere también a la gratuidad de radiografías, tomografías, entre otros.

Para ser beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, se deberán reunir los requisitos siguientes: Ser personas que se encuentren en el territorio nacional; no ser derechohabientes de la seguridad social (IMSS/ISSSTE), y contar con Clave Única de Registro de Población.

Se contemplarán los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna; la cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, junto los medicamentos y demás insumos asociados.

Precisaron en el documento que todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social, también tendrán derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, sin importar su condición social.

Coincidieron con la colegisladora en que la universalidad de estos servicios será financiada de manera solidaria por la Federación y los gobiernos estatales, en términos de la presente ley y sus disposiciones reglamentarias.

Antes, se creará el Fondo de Salud para el Bienestar, un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en una institución de banca de desarrollo, donde el INSABI fungirá como fideicomitante y será el encargado de destinar los recursos que integrarán su patrimonio para atender enfermedades que provocan gastos catastróficos; un beneficiario de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

De manera específica, el INSABI tendrá el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración del sistema nacional de salud.

También se canalizarán recursos para atender las necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y complementará los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.

Asimismo, el INSABI y las entidades federativas podrán celebrar acuerdos de coordinación para la ejecución de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.

Para estos efectos, la Secretaría de Salud establecerá el modelo nacional a que se sujetarán dichos acuerdos, tomando en consideración la opinión de las entidades federativas.

Adoptar esquemas de operación que mejoren la atención, modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la certificación de su personal y promuevan la certificación y acreditación de establecimientos de atención médica.

Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley, en sus respectivos ámbitos de aplicación.

Tratándose de las instituciones de seguridad social de la Administración Pública Federal, éstas deberán, por cuanto hace a la prestación de servicios de salud, mantener una coordinación permanente con la Secretaría de Salud, a efecto de implementar de manera efectiva la política nacional a que hace referencia.

Habrá un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, elaborado por el Consejo de Salubridad General, al cual se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en el que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Participarán en su elaboración la Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.

Asimismo, serán licenciados en Enfermería, quienes podrán prescribir aquellos medicamentos del Compendio Nacional que determine la Secretaría de Salud.

De dicho Compendio Nacional, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Para sustentar la prestación gratuita de los servicios de salud y demás insumos, los gobiernos estatales aportarán recursos sobre la base de lo que se establezca en los acuerdos de coordinación con la Federación, y se deberán prever las sanciones que aplicarán en caso de incumplimiento. Esos recursos deberán incrementarse en la misma proporción en que lo hagan los gobiernos estatales.

Se indica que las personas sin seguridad social deberán recibir en igualdad y sin discriminación todos los servicios de salud y los medicamentos correspondientes, sin costo alguno. “El nivel de ingreso o la carencia de éste, no podrán ser limitantes para el acceso a la prestación de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados”, establecieron los legisladores.

Precisaron que recibirán de manera grutuita los medicamentos y demas insumos asociados que sean necesarios para el paciente en turno, por los cuales “no se cubrirá ningún tipo de cuotas de recuperación o cualquier otro costo por los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados que reciban para la atención de cualquier enfermedad”.

Ante ello, los ciudadanos en general podrán presentar quejas ante los servicios estatales de salud y, en su caso, ante el INSABI, por la falta o inadecuada en la prestación de servicios establecidos en la presente ley, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas.

En la nueva legislación también se subraya que todas las personas sin seguridad social deberán proporcionar de manera fidedigna la información necesaria para documentar su incorporación a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados.

Pero se advierte que dicho serivicio será suspendido de manera temporal a cualquier beneficiario cuando por sí mismo o indirectamente se incorpore a alguna institución de seguridad social, federal o local (IMSS e ISSSTE).

En tanto, se cancelará el acceso a los servicios gratuitos de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas que no gocen de seguridad social, cuando realicen acciones en perjuicio del acceso a los servicios gratuitos de salud; afecten los intereses de terceros, o proporcionen información falsa para determinar su condición laboral o de beneficiario de la seguridad social.

Respecto a los Institutos Nacionales de Salud, éstos podrán celebrar contratos con personas morales de carácter nacional e internacional, público o privado, con el fin de que les proporcionen los servicios médicos y otros relacionados con el objetivo que convengan, a cambio de una contraprestación que será fijada de conformidad a favor del INSABI, en términos de las bases que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Una vez transferidos por la Federación los recursos que corresponda entregar directamente a la entidad federativa de que se trate, los mismos deberán ser ministrados íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se generen a los servicios estatales de salud, dentro de los cinco días hábiles siguientes, debiendo estos últimos informar a la Secretaría de Salud dentro de los tres días hábiles siguientes, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido entregados por la tesorería de la entidad federativa.

Presentación del dictamen

El senador Miguel Ángel Navarro Quintero, de Morena y presidente de la Comisión de Salud, destacó que las reformas aprobadas por mayoría en las comisiones unidas a las leyes General de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud, garantizan la universalidad y la gratuidad de los servicios de salud.

La universalidad significa, subrayó, no encontrar límites a la atención de ningún padecimiento en una polìtica de aplicación progresiva.

Se establece un nuevo marco legal para que las personas puedan acceder a los servicios de salud sin condiciones de afiliación a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y, de esa forma, garantizar el precepto constitucional del derecho a la salud a través de un sistema progresivo de los servicios médicos y los medicamentos gratuitos para la atención integral de la población que se encuentre en el país y no cuente con seguridad social.

También se genera una coordinación efectiva con las entidades federativas y, de la misma manera, entre las instituciones del Sector Salud, con el fin de brindar los servicios sin limitantes y de alta calidad, tanto para la probición financiera de recursos como de la organización, cooperación, supervisión y evaluación de los servicios de salubridad general. 

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, también de Morena y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, indicó que la salud debe ser una de las mayores aspiraciones de la equidad y la justicia social. La aspiración sin miedo debe ser la que nos lleve a enfrentar los retos de construir verdaderamente un derecho de salud plena que garantice los derechos humanos de las y los mexicanos.

“Por encima del dinero esta la salud y nuestros derechos. El derecho a la protección de la salud es irrevocable y para toda persona”, señaló.

Hay 20 millones de mexicanos para quienes la universalidad de los servicios de salud resulta una falacia, un privilegio, un anhelo y un tremendo sufrimiento. “Para acabar con este sistema desigual es que se crea el INSABI, que brindará atención para la salud integral para la población, garantizando las prestaciones de servicios gratuitos, médicos e insumos para quienes no cuentan con seguridad social”, aseguró.

Este proyecto constituye, sin duda alguna, un cambio paradigmático sobre la manera de entender y atender los servicios de salud que contribuyen a la plena vigencia de los derechos humanos de todos los mexicanos, afirmó Rivera Rivera.

Posicionamientos de los Grupos Parlamentarios

El senador Américo Villarreal Anaya, de Morena, aseguró que con la creación del Insabi se atenderá a los más de 69 millones de mexicanos sin seguridad social, brindando una mayor cobertura de padecimientos y considerando a la salud como un derecho humano. “Debemos revertir el fracaso histórico de no garantizar el derecho a la salud”, señaló.

La senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PAN, denunció que los reclamos y las demandas de la sociedad no fueron atendidos en la elaboración del dictamen. “En salud no debe haber austeridad, es inhumano poner en riesgo la vida de miles de personas por cuestiones presupuestales”, manifestó.

La senadora Silvana Beltrones, del PRI, dijo que es preocupante la centralización de los servicios de salud que se pretende, pues solo el INSABI prestará el servicio de salud en los estados, con lo cual se viola el pacto federal, se genera incertidumbre laboral y podría empeorar el desabasto de medicinas, al aumentar las claves médicas. Además, no plantea una fuente de financiamiento y los recursos que se preven no cubren la ejecución del proyecto.

El senador Alejandro García Sepúlveda, de MC, aseveró que el INSABI es una ocurrencia y una visión improvisada “que va a tronar tarde que temprano”. No incluye impacto económico ni certeza de su operación, desaparece el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y transfiere recursos del IMSS al nuevo Instituto.

La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, aseguró que el nuevo Instituto de Salud permitirá superar la inequidad y deficiencias en la atención médica, pues está dirigido a 64 millones de personas que carecen a los servicios de salud.

El senador Juan Manuel Focíl Pérez, del PRD, consideró que los recortes presupuestales afectarán los servicios médicos, pues la supuesta reasignación de recursos de programas que desaparecerán, no será en forma automática. Advirtió que el INSABI es la antesala para centralizar la salud pública, lo cual desencadenará problemas laborales similares a los de seguridad pública federal. 

La senadora María Leonor Noyola Cervantes, del PVEM, advirtió que a casi 15 años de operación del Seguro Popular “se han vuelto tangibles las limitaciones de este modelo de financiamiento y no se ha logrado atender completamente las necesidades de las personas”.

La senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del PES, acusó que el Seguro Popular que ahora desaparece, significaba un paso intermedio hacia la privatización de los servicios de salud. Denunció que se ha pretendido utilizar a los niños con cáncer, solo para sacar raja política, bajo el argumento de supuestos fracasos en la presente administración.

  • Se les reconoce su mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil.
  • Entre los premiados se encuentra Miguel Eduardo Hernández Velázquez, quien fue uno de los pilotos que participó en la misión que trasladó a Evo Morales de Bolivia hacia México. Fue ascendido a General de Ala Piloto Aviador
Ciudad de México.- La Cámara de Senadores aprobó un dictamen que ratifica 266 ascensos a diversos grados, expedidos por titular del Ejecutivo Federal, en favor de miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos.

En el documento aprobado se señala que los ascensos de grado, los confiere el Presidente de la República, atendiendo el mérito, aptitud, competencia profesional y conducta militar y civil.

Entre los premiados se encuentra Miguel Eduardo Hernández Velázquez, quien fue uno de los pilotos que participó en la misión que trasladó a Evo Morales de Bolivia hacia México. Fue ascendido a General de Ala Piloto Aviador.

También se ascendió, a General de División, a Homero Mendoza Ruiz, actual jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Félix Salgado Macedonio destacó que esta ratificación constituye un reconocimiento a toda una vida profesional y dedicada en forma exclusiva y permanente al servicio de las armas, para la preservación de la seguridad nacional, la defensa exterior y la seguridad interior del país.

Los militares a quienes se les confiere el nombramiento, indicó, cuentan con todas las aptitudes, la capacidad técnica y profesional, así como el valor civil y militar para ser ratificados en el grado. “Reúnen los requisitos legales y cuentan con los méritos suficientes para ostentar el grado que se les ha conferido”.

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota reconoció la labor y el ascenso de los diversos grados para los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea. Representa un reconocimiento a toda una vida de esfuerzo y trabajo al servicio de las armas para la preservación de la seguridad nacional.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, indicó que hoy más que nunca es imperante reconocer el esfuerzo que hacen las fuerzas castrenses para velar por la seguridad y soberanía de México. Este dictamen es un reconocimiento a su trayectoria profesional, a su lealtad con la nación. Es valorar, dijo, sus estudios, preparación y aptitudes físicas para proteger a la patria.

Posteriormente, el Pleno del Senado de la República respaldó 114 nombramientos de personal naval propuesto para ascender al grado de Capitán de Navío, Contralmirante, Vicealmirante y Almirante.

Los cuatro dictámenes avalados por 109 votos a favor y una abstención, ratifican a tres almirantes, ocho vicealmirantes, 35 contralmirantes y 68 capitanes de navío.

Al respecto, el senador Arturo Bours Griffith, de Morena, expresó que se trata de integrantes de la Marina Armada de México que se han distinguido en el ejercicio del mando naval. Ocuparon diversos cargos en la institución con eficiencia y alto grado de responsabilidad.

El proceso de ascenso, precisó, es conferido atendiendo el mérito, la aptitud, competencia profesional, conducta militar y civil, y antigüedad de grado. Por lo que existen elementos suficientes para afirmar que el personal cuenta con capacidad técnica y la experiencia profesional necesaria para ocupar el grado propuesto, señaló.

Previamente la Comisión de Marina, que preside el senador Eruviel Ávila Villegas, avaló por unanimidad dicha ratificación.

  • Fijan posturas Grupos Parlamentarios por el asilo a Evo Morales
  • Condena Morena la amenaza militar que obligó Evo Morales a renunciar; respalda otorgamiento de asilo político.
  • Propone PAN consulta popular para saber si se acepta dar asilo a “un dictador”.
Ciudad de México.- En un debate realizado en la sesión de este jueves, los Grupos Parlamentarios manifestaron sus posturas respecto de los acontecimientos ocurridos recientemente en el Estado Plurinacional de Bolivia y al asilo concedido Juan Evo Morales Ayma.

Previo al inicio del debate, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, indicó que se recibió un oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el que informa que se concedió asilo político a Juan Evo Morales Ayma, de conformidad con la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, la Convención sobre Asilo de 1928 y el artículo 68 y demás aplicables de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Héctor Vasconcelos, condenó la amenaza militar que obligó al presidente de Bolivia, Evo Morales, a renunciar a su cargo. Hacemos votos para que, a través del diálogo y de manera pacífica se produzca la pronta restauración del orden constitucional y la democracia en ese país suramericano, expresó.

Manifestó el firme respaldo de su bancada a la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político al presidente Morales. Tal decisión, subrayó, honra la tradición de México de brindar refugio en su territorio a quienes por motivos políticos ven amenazadas, en su país de origen, su vida e integridad personal.

Por Acción Nacional, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, recordó que de acuerdo a la Constitución, el Senado puede autorizar la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país.

No obstante, dijo que no se preguntó al Pleno de la Cámara de Senadores sobre la salida de militares a Bolivia, con el objetivo de trasladar a Evo Morales hacia México. Propuso realizar una consulta popular para preguntar “al pueblo bueno” si acepta dar asilo político a “un dictador”.

La senadora Vanessa Rubio Márquez, del PRI, señaló que el debate no debe basarse en la simpatía de proyectos o ideologías políticas, sino en preservar el derecho internacional. Quienes tengan la condición de asilo deben conducirse conforme Tratados Internacionales y abstenerse de opinar de asuntos políticos nacionales, precisó.

 De MC, la senadora Verónica Delgadillo, dijo que al expresidente se le puede criticar por “violar las leyes, desestimar un referéndum y la Constitución de Bolivia para perpetuarse en el poder, pero de ninguna manera es meritorio para desconocer” su derecho humano de asilo político. Darle asilo a Evo es honrar la tradición diplomática y continuar con la tradición de puertas abiertas, agregó.

Para la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del PT, México debe coadyuvar para construir la paz en América Latina. Sin embargo, “reclamamos el pronunciamiento de organismos internacionales” para la afrenta del “Golpe de Estado” no quede impune.

Por el PVEM, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán asentó la importancia de mantener la tradición diplomática para contribuir, desde una postura neutral, a la solución pacífica de las controversias y el respeto a la libre autodeterminación y la soberanía del pueblo boliviano.

 La senadora Eunice Renata Romo Molina, de Encuentro Social, llamó al Estado mexicano a que exija a los organismos internacionales que trabajen en favor de la democracia. Dio la bienvenida a Evo Morales y reconoció su altura moral y política por haber evitado una guerra civil.

Del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera manifestó su respaldo a la decisión tomada por el gobierno mexicano de dar asilo a Evo Morales, con apego al orden legal nacional e internacional. Recordó que México firmó cuatro acuerdos internacionales en la materia y no debe fallar en esos compromisos.

En su turno, el senador Emilio Álvarez Icaza reprobó el golpe de Estado en Bolivia y saludó el asilo al presidente Morales. Pidió al gobierno federal que responda también a los 40 mil centroamericanos que solicitaron asilo y refugio en México.

  • El objetivo es que amplíe datos sobre política exterior, económica, social e interior
Ciudad de México.- El Pleno aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política respecto al número de preguntas parlamentarias que la Cámara de Senadores formulará al Presidente de la República, a efecto de que amplíe la información relativa al Primer Informe de Gobierno.

En total, las preguntas serán 62 y se distribuirán entre los grupos parlamentarios en la siguiente proporción: Morena, 29; Acción Nacional, 11; Partido Revolucionario Institucional, siete; Movimiento Ciudadano, cinco; Partido Verde Ecologista de México, tres; Partido del Trabajo, tres; Encuentro Social, dos; Partido de la Revolución Democrática, una, y sin grupo parlamentario, una.

Los cuestionamientos correspondientes deberán considerar los cuatro temas en los que se dividió el análisis del informe presentado por el titular del Ejecutivo Federal: política exterior, económica, social e interior.

  • Llama a utilizar la política para dirimir diferencias y construir acuerdos a favor de México
  • Reconoció derecho a manifestarse libremente, pero rechazó cualquier forma de violencia.
Ciudad de México.- La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, reconoció el derecho que tienen las senadoras y senadores a manifestarse libremente, pero rechazó cualquier forma de violencia que se exprese al tenor del debate de las ideas. 

La senadora dio lectura a un pronunciamiento relativo a los hechos acontecidos en la sesión ordinaria del pasado 12 de noviembre, durante la toma de protesta de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Fernández Balboa manifestó que se reconoce plenamente el derecho que tienen las senadoras y senadores de la LXIV Legislatura a manifestarse libremente, con apego a las normas legales y reglamentarias que regulan la actividad parlamentaria.

La Presidencia de la Mesa Directiva, destacó, seguirá garantizando la inviolabilidad de los derechos de las y los senadores. Sin embargo, reiteró, “rechazo enérgicamente cualquier forma de violencia que se exprese al tenor del debate de ideas por parte de las y los legisladores”.

Además, ratificó el llamado a los diversos Grupos Parlamentarios a conducirse en orden y con respeto verbal y físico en todo momento y circunstancia.

“Como mujer, presidenta de la Mesa Directiva de la primera Legislatura con paridad de género y a nombre de millones de mexicanas rechazo categóricamente las expresiones de agresión de violencia en contra de cualquier mujer, en cualquier circunstancia. Exhortamos a que no se repitan estos eventos”, expresó.

La legisladora asentó que resguardar la seguridad de las y los senadores, así como la del recinto legislativo es y seguirá siendo responsabilidad de la Mesa Directiva. Pero, acotó, mantener el orden y el respeto es corresponsabilidad de todos.

“Hago un llamado firme a las senadoras y a los senadores a utilizar la política como el medio idóneo para dirimir las diferencias y favorecer el diálogo, el intercambio positivo de ideas, el entendimiento y la construcción de acuerdos en beneficio de México”, expresó.

Dijo que en todo momento se hará valer la legalidad de los actos que realiza el Senado de la República, esta Presidencia y cada unos de sus integrantes.

Mónica Fernández Balboa agregó que la Mesa Directiva continuará conduciendo el debate con estricto apego al derecho, con imparcialidad, con base en los más altos valores y principios democráticos, así como con tolerancia hacia todas y todos, como se ordena en la Ley y en el Reglamento.

“Reitero nuestra disposición y ofrecemos nuestros buenos oficios para que en el Senado de la República se mantenga un clima de civilidad política, de unidad, de respeto a la expresión de las convicciones personales, a la pluralidad y a la diversidad que conforman las LXIV Legislatura, siempre privilegiando el interés superior de la nación”, asentó.

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