Últimas noticias

  • Es la segunda huelga en más de 51 años de historia
  • Hay indicios de que Notimex  viola capítulo laboral del T-MEC
  • Sanjuana Martínez ha despedido a 241 empleados de Notimex, y por ello la empresa enfrenta 85 juicios laborales.
Ciudad de México.- Los y las trabajadoras de Notimex, Agencia de Noticias del estado Mexicano estallaron la huelga en este medio de comunicación en el primer minuto del viernes 21 de febrero, ante la negativa de la directora general, Sanjuana Martínez Montemayor, para dialogar y alcanzar un acuerdo sobre el Contrato Colectivo de Trabajo.

Entre consignas de “fuera Sanjuana, fuera Sanjuana, fuera Sanjuana”, “SUTNOTIMEX, SUTNOTIMEX, SUTNOTIMEX”, “Sanjuana SUTNOTIMEX esta en la lucha”, el contingente de trabajadores arribó hasta las puertas del edifico donde se encuentra la agencia y de manera pacífica instalaron las banderas de huelga.

Ante representantes de Derechos Humanos, de organismos internacionales, medios de comunicación y defensores de derechos humanos, fueron instaladas las banderas rojinegras en las puertas de entrada de Notimex.Esta es la primera huelga de un organismo dependiente del gobierno federal en por lo menos 20 años, yes el segundo estallamiento en la historia de Notimex.

En un comunicado los trabajadores afiliados al Sindicato único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) indicaron que recurrieron a este derecho Constitucional, debido a la falta de acuerdos con ña Dirección sobre la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) v vigente y por violaciones al contrato colectivo de trabajo y luego de haber prorrogado en dos ocasiones como una muestra de buena voluntad paran la conciliación.

En el SutNotimex mantuvimos en todo momento la ape4rtura al diálogo y la negociación, e incluso como parte de su disposición para alcanzar un acuerdo y gracias a la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aceptamos un ofrecimiento público de in cremento salarial de 3.4 por ciento y de 1.8 por ciento a prestaciones, el cual nunca se formalizo por parte de la Agencia. Además, pusimos sobre la mesa la negociación diversas cláusulas para posibilitar un acuerdo.

En los 51 años de existencia de Notimex, esta es la segunda vez que se cuelgan las banderas rojinegras. La primera  fue en 1993 y tuvo una duración simbólica de dos horas.

Esta segunda huelga ocurre en un ambiente de hostigamiento y acoso laboral emprendidos por Martínez Montemayor, en el cual los trabajadores hemos sufrido maltrato, violencia de género y repercusiones económicas, así como despidos injustificados y difamación.

La vida sindical fue un tema que causó malestar a los directivos, desde que llegaron al cargo, en marzo pasado. Golpetearon al SutNotimex y quedamos al borde de la extinción. Pero logramos reorganizarnos: elegimos a Adriana Urrea como nuestra nueva líde3re Sindical, un nuevo Comité Ejecutivo que logró la toma de nota y la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

Pero luego de ello, lor instrucciones de Sanjuana Martínez, vino una ola de despidos injustificados contra los integrantes de SutNotimex, crearon un sindicato patronal y amedrentaron a los trabajadores con que si no firmaban su adhesión al mismo serían despedidos.

Hoy estamos a 11 meses de estas arbitrariedades de Sanjuana Martínez y su grupo de colaboradores, quienes han despedido a 241 empleados de Notimex, y por ello la empresa enfrenta 85 juicios laborales.

  • La niña, de 13 años, y su primo Carlos, de 17 años, “se fueron por voluntad propia”, reportó la policía.
  • Tras una intensa búsqueda y amplio despliegue ciudadano en. redes sociales y la activación de una Alerta Ámber
Mérida, Yucatán.- Tras una intensa búsqueda y amplio despliegue ciudadanos en. redes sociales, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informaron esta noche que localizaron en el estado de Campeche a Mía Victoria, de de 13 años de edad y su primo de 17 años, que sus familiares reportaron como extraviados.

La dependencia informó en su cuenta que los agentes investigadores de Yucatán en colaboración con sus homólogos de Campeche, dieron con el paradero de Mía Victoria C. G. y Carlos G. M. quienes por su propia voluntad se alejaron de sus respectivos domicilios de la comisaría de Dzununcán, Mérida.


Sus familiares los reportaron como desaparecidos, lo cual generó una Alerta Ámber.

Ambos jóvenes se encuentran bien y serán turnados a las autoridades competentes para las diligencias de ley.

  • Contiene propuestas legislativas, para mejorar la gestión administrativa y financiera de los entes fiscalizados 
Ciudad de Mérida.- El titular de la Auditoría Superior del Estado, Mario Can Marín, entregó a la LXII Legislatura el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal 2018, así como los Informes Individuales, correspondientes a la tercera entrega, que contienen 88 entes públicos.

El documento fue recibido por el presidente de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, Alejandro Cuevas Mena (PRD), con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva de la actual Legislatura, Janice Escobedo Salazar (PRI); el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández (PRI); así como la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama.

El auditor estatal detalló que el documento contiene un resumen de las actividades que ha realizado el órgano fiscalizador, que incluyen propuestas legislativas, para mejorar la gestión administrativa y financiera de los entes fiscalizados.

Además, Can Marín, añadió que el Informe cuenta con un análisis de la deuda pública y un estudio macroeconómico, que busca mejorar la inversión de los municipios; al igual que comentó que, los tiempos de fiscalización son más rápidos, al actualizar la ley, y por ello se han presentado denuncias, observaciones y áreas de oportunidad.

“Trabajamos con una planeación estratégica a través de la fundamentación de las observaciones y el trabajo generalizado”, reiteró.

En su turno, el diputado Cuevas Mena adelantó que se estudiarán las propuestas de reformas a las leyes en la materia, por parte de la ASEY, porque “quien hace la labor de fiscalizar tiene de primera mano la información y las necesidades, así como los hallazgos que permitan hacer mejor el trabajo”.

Regidores

La comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad el número de regidores de mayoría relativa y representación proporcional de los Ayuntamientos, para el próximo proceso electoral que iniciará en 2021, la cual no tuvo cambios con respecto a los comicios anteriores.

La presidenta de la comisión Karla Franco Blanco (PRI), aclaró que la Ley de Gobierno de los Municipios, establece que el Congreso estatal deberá establecer el número de ediles el año previo a que inicie el proceso electoral.

De la misma manera, continuó el análisis de la Iniciativa para adicionar el artículo 7 al Código de la Administración Pública de Yucatán, suscrita por Alejandro Cuevas, que busca establecer como obligación que el Gobierno estatal y los municipales, cuenten con una persona mayahablante en áreas de primer contacto para brindar asesoría a la comunidad indígena.

Para ello, se distribuyó entre los integrantes de la Comisión, la información solicitada por la diputada Díaz Lizama al Instituto de Investigaciones Legislativas; para lo cual, Miguel Candila Noh (Morena) calificó los datos como incompletos porque no se sustentó de manera oficial por parte de los Ayuntamientos, por lo que pidió que los alcaldes sustenten lo requerido mediante oficio.

En este sentido, Franco Blanco aclaró que se entregó esta información para que fuera analizada en los siguientes días, al igual que se consideró un convenio de colaboración con el Indemaya para capacitar al personal que se tenga en cada dependencia y municipio, con el fin de no erogar recursos.

Así mismo, Díaz Lizama señaló que se debe revisar el marco legal de la iniciativa para ver si es viable, porque ya lo contempla, de manera general, la Constitución Política del Estado y una Ley secundaria, aunque también se puede complementar, porque en la propuesta, específica que haya personal en el área de Atención Ciudadana.

Aunado a esto, Silvia López Escoffié (MC) indicó que el objetivo de la iniciativa es relevante para que en los centros de contacto directo haya orientación a los mayahablantes, porque Yucatán es el estado con más personas que hablan lengua indígena.

Por último, el diputado Felipe Cervera, sugirió que también se le pida a las dependencias estatales y Ayuntamientos contesten mediante los correos electrónicos oficiales, al igual que en la propuesta que le hicieron al Instituto de Investigaciones se incluyan los 106 municipios, porque antes no fue requerido.

Por otro lado, también se entregó a los legisladores el oficio de respuesta de los datos solicitados al Instituto de Investigaciones con respecto a la iniciativa para expedir la Ley de Imagen Institucional del Estado, signada por Luis Borjas Romero (PRI).

Para terminar, siguió el análisis de las reformas a la Constitución Política de Yucatán y la Ley para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, presentada por Movimiento Ciudadano, para propiciar mayor calidad de vida a este grupo vulnerable.

López Escoffié, propuso que se estudie primero las modificaciones a la Carta Magna yucateca y después atender la Ley secundaria, para realizar por medio del parlamento abierto con especialistas en el tema.

Difusión de cadáveres

En la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad dos proyectos de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado, el primero sobre la difusión de imágenes de cadáveres en medios de comunicación, y el segundo, para agravar sanciones en materia de abuso sexual.

En el orden mencionado, sobre la reforma a las fracciones cuarta, quinta y la adición de la sexta del artículo 231 de la norma referida, la cual establece que de forma maliciosa, revela, exhiba, publique, comparta o difunda en redes sociales, página de internet, medios impresos, electrónicos o cualquier otro, fotografías o videos que revelen el cuerpo de los cadáveres o restos humanos.

Además, a propuesta de la diputada Silvia López, se cambió que cuando esta conducta lo haga un servidor público, la sanción será de una mitad más a la determinada; al igual que, a propuesta del legislador Felipe Cervera, se modificó que no se considerará malicioso cuando este acto sirva, con previa autorización, para investigaciones científicas, académicas, parciales y judiciales.

La proponente de las dos iniciativas, Kathia Bolio Pinelo (PAN), explicó que la propuesta anterior tiene el fin de que la persona fallecida y sus familiares se les respeten sus derechos a la intimidad y a la no divulgación de su cuerpo, porque en el país la tendencia es a la alza.

“Porque se revictimiza a las familias, en un momento doloroso, por eso el espíritu de esta reforma es evitar el morbo y que se lucre ante una desgracia y que la última imagen de un ser querido no sea divulgada de manera maliciosa”, recalcó.

En relación al abuso sexual, Bolio Pinelo comentó que busca tipificar, reglamentar y estipular como delito grave el abuso sexual, en particular el infantil.

Por otro lado, a petición de López Escoffié, el presidente de la Comisión, Luis Borjas, indicó que en este cuerpo colegiado se tiene un registro de 24 asuntos, 14 distribuidos a sus integrantes, de los cuales 12 ya fueron atendidos y 12 se les dará trámite en este periodo.

  • Convocan a autoridades sanitarias, expertos, investigadores y consumidores de tabaco a un debate abierto para definir si se debe prohibir o regular el uso de estos aparatos
Ciudad de México.- Los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) y José Ricardo Delsol Estrada (Morena) advirtieron que el decreto presidencial que prohíbe la importación de dispositivos de “vapeo” o cigarros electrónicos, podría detonar el mercado negro.

En conferencia de prensa, convocaron a las autoridades sanitarias, expertos, investigadores y consumidores de tabaco a un debate abierto en la Cámara de Diputados para definir si en el país se debe prohibir o regular el uso de estos aparatos.

Ramírez Barba sostuvo que el tabaquismo continúa siendo un grave problema de salud pública en México, ya que deja más de 43 mil muertes al año y representa altos costos para el sector salud, los pacientes, sus familias y la sociedad en general.

Señaló que el ingreso calculado del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos del tabaco para este año, excede los 43 mil 600 millones de pesos; sin embargo, el cáncer y las enfermedades derivadas del hábito de fumar marcan con claridad que México debería tender a ser un país libre de humo.

Apuntó que, según cifras oficiales, en México existen más de cinco millones de usuarios de cigarros electrónicos y de acuerdo con especialistas, son menos dañinos que los cigarros convencionales, por lo que invitó a todos los sectores a dirimir, estudiar, analizar y determinar lo mejor para México a través de las leyes.

El diputado panista refirió que diversas empresas han interpuesto amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la comercialización de dispositivos de “vapeo” o cigarros electrónicos.

Delsol Estrada apuntó que la acción de prohibir el uso de cigarros electrónicos, que causan 95 por ciento menos daño, podría detonar un mercado negro, por lo que exhortó a las autoridades sanitarias a privilegiar el diálogo y la concordia, y no atentar contra los derechos fundamentales como la la libre determinación.

“Debemos generar debates y espacios para las personas que tienen esas necesidades y una propuesta muy sólida. Creemos que hay mucha desinformación que ha derivado en un decreto muy corto y falto de información”, asentó.

Dijo que este debate no se trata de partidos políticos, ni colores, sino de una discusión en donde asista la razón y el bienestar de los mexicanos.

“Reiteramos nuestra disposición al diálogo, estamos para eso los legisladores y en esta Cámara buscaremos los acercamientos para llegar a un sano acuerdo, sin antes tomar una decisión tan descabellada como es la prohibición al vapeo”, concluyó.

Ciudad de México.-  El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) pidió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, por el presunto desvío de fondos por 50.8 millones de pesos que detectó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Le pido al Presidente de la República la renuncia de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional del Deporte”, sostuvo en rueda de prensa el también secretario de la Comisión de Deporte.

Ayer miércoles, la titular de la SFP informó que desde abril de 2019 abrió cuatro expedientes de investigación a la Conade, de los cuales se desprendieron distintas observaciones como el incumplimiento de perfiles en funcionarios y entrenadores, uso indebido del beneficio de la alimentación y hospedaje exclusivo para deportistas de alto rendimiento, así como irregularidades en apoyos diversos entregados a beneficiarios del Fodepar.

El diputado panista dijo que “está demostrado no es una politiquería, no es una persecución de la oposición, es una investigación bien hecha y que la misma Función Pública ha determinado como tal”.

Riggs Baeza recordó que, durante la comparecencia de Guevara Espinoza, el pasado 8 de julio, ante la comisión legislativa, la cuestionó por casos de corrupción detectados y las empresas involucradas, así como algunos personajes que se señalan como cercanos a la titular, a lo que la funcionaría evadió el tema.

El legislador panista exhibió “una medalla por su gran corruptela” para la funcionaria; dijo que, así como terminó su tiempo de atleta, “también ha terminado su vida en la administración pública, está demostrado y yo quiero pedir la renuncia de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara”.

Consideró que su actuación al frente de la institución lastimó la vida deportiva de México, “no puede ampararse en el hecho de que esto se viene arrastrando del pasado, estas son irregularidades, desvíos, de esta administración nada tiene que ver con el pasado y si así fuera, que también las medallas que obtuvo en los Juegos Panamericanos también se las adjudique a la administración pasada, o le aplicamos todo o nada”.

  • Presentan iniciativa para reformar la Ley General de Salud y la Ley Federal para el Control de Precursores y Productos Químicos
Ciudad de México.- Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del PVEM y Morena presentaron una iniciativa para que la Secretaría de Salud federal controle y regule las sustancias químicas que se han utilizado en ataques contra mujeres.

La propuesta plantea reformas a la ley General de Salud y a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y o Comprimidos.

El proyecto de dictamen fue presentado en tribuna por la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM), quien dijo que diversos químicos de uso industrial son utilizados para cometer delitos relacionados con el narcotráfico, pero también para causar lesiones dolosas.

“Una sola persona atacada con ácido es demasiado, por lo que resulta necesario reforzar los medios legales para erradicar desde la raíz este tipo de delitos a través de la regulación efectiva de los agentes que son utilizados como armas”.

Comentó que la finalidad de la iniciativa es fortalecer las medidas que deben de llevarse a cabo en la venta de dichas sustancias químicas, tomando en cuenta los usos y hechos ilícitos con los que se encuentren relacionados.

 “También se propone que la información recabada por las autoridades competentes en el control y manejo de las sustancias químicas pueda servir para fortalecer las investigaciones en donde se hayan producido lesiones dolosas, esto con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas”, agregó.

Refirió que, de acuerdo con la asociación Acid Survivors, cada año se registran unos mil 500 ataques con ácido en el mundo, sin embargo, en México no existen cifras oficiales de cuántos casos se han presentado. 

 “Se tiene conocimiento de que este tipo de delitos han ocurrido en estados de la República como Oaxaca, Aguascalientes, Puebla y la Ciudad de México”, abundó.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud para dictamen.

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