- Se ha generado una cobertura mediática para impulsar intereses contrarios a la población, señala
México, DF
(Notilegis).- El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, criticó las acciones de
la administración federal y señaló que se ha generado una cobertura mediática
para impulsar los intereses que van en contra de las condiciones de vida de la
población.
“Se ha
instaurado el sistema autoritario de derecha que pervierte a las instituciones
de la República, un gobierno espectáculo con apariciones cotidianas que
presenta proyectos y formas sin contenidos”, señaló al fijar la posición de su
fracción parlamentaria tras recibir el Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo
federal.
Bartlett
Díaz dijo que la reforma educativa es sólo “un injerto” en el artículo tercero
Constitucional, ya que busca integrar a una nación fracturada, mediante una
iniciativa que no indica en sus objetivos la supuesta “calidad educativa que
tanto se ha señalado”.
El
legislador criticó las iniciativas, programas y proyectos del gobierno federal
al considerar que responden a los lineamientos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “aparato trasnacional de la
demolición social”.
“Un
gobierno que opera con un Pacto de viejas y nuevas alianzas, que se cubren
ahora con una vestimenta de consenso, en un programa cuyos compromisos determinantes
no son ciertamente progresistas. Su Consejo Rector ha suplantado al Congreso de
la Unión”, dijo.
El senador
del PT afirmó que la reforma laboral de la OCDE “amputa” derechos de los
trabajadores, asegura una competitividad que no existe más que para favorecer
la concentración del ingreso.
“No se
gobierna a una República imponiendo una y otra políticas en contra de intereses
sociales legítimos y de sentimientos auténticos de la Nación. El Pueblo
Soberano reclamará, sin duda, sus derechos superiores. Su mayoría hechiza,
formal, no es mayoría en la Nación, es minoría”, dijo.
También
dijo que la iniciativa energética del Ejecutivo federal “miente” en todas sus
afirmaciones, presenta una “escuálida exposición de motivos” que todo deja a
las leyes secundarias.
Advirtió
que de consumarse esa reforma, el Estado no mantendría la propiedad del
petróleo, ni ejercería la rectoría de la política petrolera y eléctrica.
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