Refuerzan preparación de servidores públicos en derechos humanos

Mérida, Yucatán.- Un total de 40 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) participó en el curso “Debido proceso y derechos humanos”, enfocado a incrementar la preparación del personal en esta materia, que conlleve a garantizar servicios totalmente apegados al respeto de las garantías individuales de los ciudadanos.

 En representación de la fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, el Vicefiscal de Investigación y Procesos, Javier León Escalante, exhortó al personal del Ministerio Público, fiscales, peritos y comandantes de la Policía Ministerial Investigadora a aprovechar esa capacitación, la cual estuvo a cargo del secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY), José Christian Pérez Flores.

 Durante la instrucción, el especialista abordó el impacto que la reforma de junio del 2011 en materia de derechos humanos, ha tenido no sólo en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, sino en todos los ámbitos jurídicos, especialmente en el sistema penal tradicional.

 Pérez Flores señaló la importancia de que los servidores públicos conozcan las implicaciones que tiene dicha reforma, así como los criterios innovadores o relevantes que ha emitido el Poder Judicial de la Federación al respecto, ya que de no seguirse el debido proceso puede haber consecuencias como la nulidad de las pruebas e incluso determinar que un caso no puede continuarse por violaciones a los derechos humanos.

 En este sentido resaltó que es necesario retomar estos conceptos, ampliarlos y entenderlos no sólo desde el punto de vista doctrinal, sino abordarlos de manera práctica para que, a manera de ejercicio, los participantes puedan establecer una solución para los casos en los cuales se ha decretado alguna nulidad.

 En el transcurso de esta jornada de capacitación el instructor se enfocó en temas como la reforma constitucional (sus cambios conceptuales y sus consecuencias), el debido proceso, las garantías individuales y las resoluciones del Poder Judicial de la Federación.

 “La coordinación entre las diferentes instancias que operan en materia penal es de suma importancia, porque de esta forma se van a poder actualizar todos estos criterios y conceptos que van a ayudar a que el Sistema opere de una manera efectiva”, finalizó.