Mérida, Yucatán.-El Consejo General del Instituto Estatal de
Acceso a la Información Pública, INAIP, aprobó el anteproyecto del presupuesto
de egresos para el ejercicio 2016, que asciende a la cantidad de $
36’785,784.00, así como sus programas operativos, que permitirán cumplir con
las nuevas obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En el análisis del pleno, el Consejero Presidente, Víctor
May Vera, destacó que este presupuesto representa un incremento del 45% con
respecto al ejercicio 2015, el cual permitirá cumplir con las nuevas
atribuciones de la Ley General, en materia de promoción, vigilancia y
capacitación de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función
pública.
Al respecto, la Consejera María Eugenia Sansores Ruz,
enfatizó que dicho presupuesto cumple con los principios de eficiencia,
eficacia, transparencia y rendición de cuentas, así como de la importancia del
recurso humano que tiene que estar preparado para responder las nuevas
obligaciones de la ley general.
Por su parte, la Consejera Susana Aguilar Covarrubias,
apunto que la armonización de la ley local, representa un gran reto
institucional, por la implementación de nuevas políticas en materia de
transparencia encaminadas a garantizar a los ciudadanos su derecho de acceso a
la información pública.
Durante la presentación y en cumplimiento con el reglamento
interior, Leticia Tejero Cámara, Secretaria Ejecutiva, fue la encargada de
presentar el presupuesto, quien subrayó que se tomó en cuenta que se
incorporarán nuevos sujetos obligados, tales como las personas físicas, morales
o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, así como entidades y
órganos del Poder Ejecutivo, por lo que se estima que de 120 sujetos obligados
crecerán a 200.
La Secretaria Ejecutiva, destacó que dicho presupuesto
permitirá fortalecer la infraestructura de este órgano garante y dotarlo de los
recursos necesarios para ampliar la difusión del derecho de acceso a la
información, fomentar una cultura de transparencia, así como los principios de
gobierno abierto, rendición de cuentas, accesibilidad y de participación
ciudadana que contempla la Ley.
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