Inhabilitan 10 años y multan por más de 57 millones de pesos a exdelegado de Agricultura en Chiapas

• Buscaba ser candidato a la gubernatura de Campeche en Fuerza por México
• El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la sanción impuesta por el Órgano Interno de Control en Sader, antes Sagarpa
• “La resolución es una evidencia más del sólido trabajo para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos”, subraya Sandoval Ballesteros sobre la investigación iniciada en 2017

Ciudad de México.- La Función Pública, encabezada por la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, consiguió confirmar la sanción que impuso al ex delegado federal en Chiapas de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Dr. Cruz Alberto Uc Hernández, por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016. Las investigaciones iniciaron en 2017.

Uc Hernández fue delegado de la Sagarpa en Campeche, Sinaloa y Chiapas y es miembro del CEN de la Asociación Nacional de Egresados de Chapingo ANECh A.C. Hace unos días anunció su intención de buscar la postulación del partido Fuerza por México a la gubernatura del estado de Campeche.

La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que “la Función Pública tiene la firme convicción de defender la legalidad de sus resoluciones en todas las instancias correspondientes. He instruido a las áreas sancionatorias y legales aplicar el máximo esfuerzo en hacer valer las sanciones determinadas”.

--“La resolución que estamos informando es una evidencia más del sólido trabajo que estamos realizando para no permitir la impunidad en los malos manejos de los recursos públicos, sobre todo en un área tan afectada por el régimen neoliberal como el campo. De esta manera contribuimos a su rescate”, enfatizó.

Las irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tras la correspondiente investigación determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa.

Las irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, toda vez que no se cumple con el servicio que le fue encomendado a los servidores públicos.

Por tal razón, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de diez años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.

En 2020 la persona sancionada inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva.

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública ha impulsado una fiscalización efectiva, que sanciona cualquier irregularidad y recupera los recursos públicos en beneficio del pueblo.

Uc Hernández que no existe desvío

En 2017, luego que la Secretaría de la Función Pública de la Federación inició una investigación por el presunto fraude dentro de la delegación en Chiapas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Cruz Alberto Uc Hernández, delegado de la dependencia en Chiapas, aseguró que todo se encuentra en orden.

La denuncia señala que este fraude corresponde a la presunta desviación de 485 millones 155 mil pesos, destinados para el Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2016, pero que al parecer fueron a parar en las cuentas bancarias de políticos, funcionarios del campo y proveedores estatales.

En varias entrevistas en esa época Uc Hernández, afirmó que dichos recursos no fueron desviados, porque es prácticamente imposible desviar recursos que van dirigidos a los productores, de igual manera, aseguró que las auditorías a la dependencia son procesos que se llevan a cabo regularmente y de manera obligatoria.

--“Yo creo que no hay tal, los temas de auditoría son temas de auditoría, no le corresponde a los delegados de Sagarpa juzgar los ejercicios, pero como debe ser, debe haber transparencia y rendición de cuentas y las auditorías son comunes”.

--“Actualmente tenemos en la delegación 12 auditorías que se están llevando a cabo como parte del trabajo normal de darle transparencia y certeza de que los programas están llegando a los productores”, afirmó.

Pese a las manifestaciones que en múltiples ocasiones se han realizado fuera de la dependencia, reiteró que no existen demandas por parte de ningún productor que haya referido que los apoyos no les fueron otorgados.

--“No tenemos -les puedo asegurar- demandas de ningún productor que haya referido públicamente, ni mucho menos a través de las instancias correctas, que haya habido alguna desviación en el sentido de que no le haya llegado su apoyo”, expuso