Publicación de todas las sentencias judiciales, logro de la sociedad civil: Del Río Venegas

Publicación de todas las sentencias judiciales, logro de la sociedad civil: Del Río Venegas

  • Uno de los retos es lograr que todos los Poderes Judiciales, a nivel federal y estatal, realicen las versiones públicas de todas las sentencias que emiten: Norma Julieta del Río Venegas
  • La Comisionada del INAI participó en el foro Transparencia Judicial y Publicidad de las Sentencias Judiciales

 Ciudad de México.. La reforma a la Ley General de Transparencia que propició la publicación de las versiones públicas de todas las sentencias emitidas por los Poderes Judiciales, a nivel federal y estatal, es un logro de la sociedad civil, aseguró la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Norma Julieta del Río Venegas.

“El tema de la transparencia y el acceso de la información en México es relativamente nuevo, tiene sus antecedentes remotos en 1977 cuando en el artículo sexto de la Constitución se incluyó la frase: el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado; sin embargo, tuvieron que pasar alrededor de 25 años para que ese derecho humano iniciara su aplicación, concretamente en el año 2002”, expuso la Comisionada.

Durante su participación en el panel “La transparencia y las sentencias”, del Foro Transparencia Judicial y Publicidad de las Sentencias Judiciales, de la Región Centro-Occidente del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), la Comisionada Del Río Venegas afirmó que fue a partir de la publicación de la Ley General de Transparencia en 2015, fue cuando dicha situación se homologó al establecerse la obligación de cumplir con las disposiciones de la normatividad en materia de acceso a la información pública entre las que se encuentra el publicar la información denominada obligaciones de transparencia, tanto genéricas como las específicas.

La Comisionada señaló que “en ese momento, la publicación de las sentencias que emitían los Poderes Judiciales tenían como característica que debían ser de interés público, lo cual, derivado de los retrocesos que dicha disposición legal propició, a través de la reforma publicada el 13 de agosto del 2020, se modificó”, apuntó, al destacar que gracias al empuje de la sociedad civil se llevó la obligatoriedad, hacia un grupo de sujeto obligados, de publicar en versión pública todas las sentencias emitidas.

Del Río Venegas refirió que la asociación Equis Justicia para Mujeres realizó un estudio en el que señala que en 2015, a pesar de que normativamente estaban obligados a realizarlo, ninguno de los 32 Poderes Judiciales del país cumplía con la obligación de publicar sus sentencias, de conformidad con los principios de máxima publicidad, accesibilidad y oportunidad, manifestando además que la inclusión del texto “interés público”, había propiciado ambigüedad e incluso había provocado retrocesos legislativos en algunos estados.

La Comisionada añadió que, desde la perspectiva de Equis Justicia para Mujeres, todas las sentencias debían ser consideradas de interés público, pues a través de ellas es posible tener acceso y conocimiento de cómo se resuelven los casos en las diversas instancias del Poder Judicial, además de que cuando los procesos judiciales se hacen públicos a través de la publicidad de las sentencias, es decir, del acceso a la población en general como ejercicio de transparencia, puede volverse más eficiente el sujeto obligado.

Lo anterior, toda vez que quien emite y firma las sentencias tendrá que ser objeto del escrutinio público en el resultado esencial del trabajo, sostuvo.

Por otro lado, la Comisionada del Río refirió que el documento Justicia Abierta. Ranking de opacidad judicial en México, realizado a partir de solicitudes de información sobre la publicidad de las sentencias, hechas a los 32 Poderes Judiciales de los estados, se constató que la falta de acceso a las sentencias es la primera gran barrera a la que se enfrenta la sociedad civil, toda vez que se emiten sentencias que nunca se publican y, por lo tanto, no pueden ser monitoreadas fuera del propio Poder Judicial.

Con la promulgación de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia en relación a la publicidad en versión pública de las sentencias dictadas por los Poderes Judiciales, tanto de la federación como de las entidades federativas, la Comisionada del INAI señaló dos retos a corto y mediano plazo: lograr que las legislaturas locales de todas las entidades federativas del país reflejen esta reforma en sus leyes en la materia; y que cada uno de los Poderes Judiciales realice las versiones públicas de todas sus sentencias.

Sergio Arturo Valls Esponda, Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, comentó que detrás de cada decisión del INAI existen ciudadanos; la naturaleza misma del INAI surge de la ciudadanía, es su naturaleza ser un organismo ciudadano. “Como nunca antes, a raíz de la reforma en materia de sentencias de órganos material o formalmente jurisdiccionales, se aprecia la doble vertiente del acceso a la información: como derecho en sí mismo y como instrumento para el ejercicio de otros derechos, como puede ser el derecho de acceso a la justicia”, asentó.

María del Carmen Nava Polina, Comisionada del INFO CDMX y Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT, afirmó que las personas tienen derecho a entender cómo se toman las decisiones en los procesos judiciales. “El lenguaje sencillo es uno de los elementos de la apertura institucional, que, por supuesto, se vincula con la transparencia y la rendición de cuentas”, resaltó.

Camilo Saavedra, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presentó los resultados del Observatorio Justicia Abierta 2019 -realizado antes de la pandemia- con resultados que ofrecen una visión panorámica sobre la temática del foro. Señaló que “la idea de justicia abierta no se circunscribe a la transparencia de las sentencias, va mucho más allá y tiene que ver con mejorar el lenguaje con que se confeccionan las sentencias hasta construir sistemas de información que nos permitan hacer búsquedas y localizar información de manera más eficiente”, reiteró.

Gerardo Arroyo Figueroa, Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, apuntó que como organismos jurisdiccionales necesitan de un modelo de justicia abierta que permita contar con legitimidad, combatir la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho, el derecho a la información, el acceso a la justicia, la mejora de la gestión pública y de la justicia. En su opinión, “la justicia abierta no se colma con la publicidad de las sentencias; no solamente es subir la sentencia en versión ciudadana, sino una serie de premisas como una rendición de cuentas”, señaló al compartir que el Tribunal de Guanajuato desde 2016 publicita el 100 por ciento de las sentencias.

Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada del órgano garante de Michoacán, participó como moderadora del panel.

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