Se sancionan con firmeza abusos a derechos fundamentales: Sandoval

se sancionan con firmeza abusos a derechos fundamentales

se sancionan con firmeza abusos a derechos fundamentales

  • “Combatimos la corrupción estructural que descansa en el abuso del poder, y que fue el vehículo para que ocurrieran tragedias como la de la Guardería ABC, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa y abusos de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración”, asevera.
  • Protección de los alertadores de la corrupción, establecimiento de una nueva ética pública y evaluación del resultado de las políticas públicas, claves para el respeto de los Derechos Humanos.
  • La titular de la Función Pública participa en la Mesa de Diálogo “Reflexiones a 10 años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos”, de la Cámara de Diputados.

Ciudad de México.- La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros aseveró que en esta administración, desde la Función Pública se sanciona con firmeza todos los abusos a los Derechos Humanos, “ahora se exige que las y los servidores públicos observen un comportamiento digno, se abstengan de realizar conductas que impliquen cualquier forma de violencia a los derechos fundamentales, y privilegien el respeto a las personas”.

Al participar en la Mesa de Diálogo “Reflexiones a 10 años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos”, organizado por la Cámara de Diputados, afirmó que “combatimos la corrupción estructural que descansa directamente en el abuso del poder en contra del interés público y el pisoteo de los derechos individuales”.

“La corrupción fue el vehículo que durante años permitió el abuso sistemático de los Derechos Humanos, fue caldo de cultivo para que ocurrieran tragedias de nuestra historia contemporánea, como la de la guardería ABC, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa".

En el caso Ayotzinapa, “denunciamos penalmente a los responsables de estas ominosas pérdidas e hicimos una investigación administrativa que terminó con separación del cargo e inhabilitaciones con responsabilidades administrativas a los responsables directos e indirectos. Hemos tenido actuaciones y una investigación más profunda del actuar de los servidores públicos, establecimos sanciones como respuesta a las recomendaciones que tuvimos por parte de Derechos Humanos y también en otros ámbitos del sector educativo. Y en un hecho inédito, emprendimos acciones en contra de algunos miembros de las Fuerzas Armadas por su participación en el caso”.

Asimismo, señaló que como parte del combate a la impunidad, "reaccionamos de manera inmediata con sanciones y una propuesta de mejora ante el lamentable fallecimiento de una niña guatemalteca, así como la muerte de una persona en un incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración".

Estamos construyendo mejores medidas de control desde el gobierno federal y desde la Función Pública que prevengan el ejercicio abusivo del servicio público. Incorporamos la obligación de prevenir conductas que vulneren la dignidad humana; para ello, hemos trabajado en todos los comités de ética en toda la Administración Pública Federal (APF), y fortalecimos protocolos que garanticen la igualdad de género, que ha sido uno de los derechos fundamentales para la nueva ética pública”, manifestó.

La secretaria Sandoval Ballesteros añadió que en un espíritu decididamente garantista se creó el primer programa en la historia del país de protección a los derechos fundamentales de los alertadores de la corrupción, los whistleblowers mexicanos, con lo que el país da cumplimiento a compromisos internacionales pendientes por más de dos décadas y establece este nuevo frente de combate a la corrupción, en el que se suma a la ciudadanía, a las empresas y a los servidores públicos para que denuncien actos de corrupción, con la confianza de que hemos recibido más de 5 mil alertas, que se encuentran en valoración.

Afirmó que “desde la Función Pública vamos a seguir impulsando una nueva ética pública que aterrice el espíritu de las reformas de 2011 y las transforme en respeto y protección de los Derechos Humanos. Estamos construyendo un gobierno compuesto por servidores públicos capaces de realizar juicios éticos para prevenir cualquier conducta que vulnere la la dignidad humana, los derechos o las libertades”.

La secretaria Sandoval Ballesteros señaló que “la construcción de un Estado donde se respeten a plenitud los Derechos Humanos exige que evaluemos permanentemente el resultado de nuestras políticas públicas y el alcance de nuestra orientación jurídica”.

Expuso que hace 10 años vivimos la aprobación histórica de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos y amparo, que no fue un logro partidista, sino la coronación de un esfuerzo y la recuperación de propuestas para beneficio de todos, en su mayoría provenientes de la sociedad civil y de la academia.

Refirió que, así como a principios del siglo XX se consolidaron efectivamente los derechos sociales fundamentales, con la reforma de 2011 alcanzamos en el siglo XXI el reconocimiento de los Derechos Humanos desde una visión universal de la dignidad humana, como la base de armonía mínima para construir una vida en comunidad.

Detalló que la Función Pública ha construido puentes entre la teoría y la práctica en torno a los Derechos Humanos y en el combate a la corrupción. Y para ello, se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para intercambiar información y, sobre todo, para capacitar y sensibilizar de los servidores públicos de la APF.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que desde la Función Pública “se impulsa el Derecho Humano a la Buena Administración Pública, como está reconocido en la Carta de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública”.

En el evento participaron los diputados Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, y Raúl Plascencia Villanueva, ex presidente de la CNDH.

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