El pendiente de la Legislatura con la prensa yucateca

• El 7 de junio del 2023 las agrupaciones de periodistas presentaron una propuesta para la creación de una Ley de Protección a Periodistas 
• Hago voto para que la nueva mayoría que llegará pronto al Congreso del Estado revise los pendientes de la Oficialía de Partes y turne a la Comisión que corresponda analizar, dictaminar y aprobar, en su caso, esta propuesta. O desecharla. También es una respuesta.

Hoy es el Día de la Libertad de Expresión. Llamó poderosamente mi atención la efeméride que publicó en sus redes sociales el Congreso del Estado de Yucatán: Una mujer gritona con un megáfono y el puño de la mano derecha en alto. Así ven los diputados a los periodistas, como activistas.

Si bien la libertad de expresión es un derecho esencial de cualquier régimen democrático, vale la pena recordar a los diputados locales que la fecha, 7 de junio, fue instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el presidente Miguel Alemán Valdés para destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente.

Toca a los gobiernos democráticos, entre ellos los diputados, generar las condiciones adecuadas para que periodistas y medios de comunicación puedan desarrollar la actividad de manera plena y libre en condiciones de seguridad. Punto en el que los integrantes de la LXIII Legislatura fallaron al gremio y a las familias.

Es entendible que publicar una fotografía de una “Activista gritando en un megáfono — Fotografía de stock del banco de imágenes libres de derechos” bajados del internet es mucho más fácil que analizar y legislar sobre la propuesta de iniciativa de ley en beneficio de un sector de sus representados.

El 7 de junio del 2023 las agrupaciones de periodistas presentaron una propuesta para la creación de una Ley de Protección a Periodistas, misma que durante más de un año se estuvo confeccionando con foros y consultas.

Durante un año la petición de los reporteros fue ignorada olímpicamente. Eso sí, cuando al gobernador interesa aprueban fast track, sin análisis y con los errores, propuestas que muchas veces van en contra de miles de yucatecos. La historia evidencia y juzga, y el castigo es de los electores.

Los trabajadores de los medios propusieron la creación de un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que proteja, reconozca, garantice y procure el ejercicio de la libre expresión de las personas que se dedican al periodismo, junto con una Comisión de Mediación y Arbitraje de la Libertad de Expresión entre periodistas, gobierno y/o particulares.

También crear un Consejo Consultivo Ciudadano que atienda las problemáticas que sobre la libertad de expresión se puedan suscitar en el Estado, además de que se instaure el reconocimiento y acreditación de las personas que se dedican a esta actividad profesional en el estado de Yucatán, como una manera de combatir las fake news o noticias falsas que abundan en las redes sociales y que la mayoría de las ocasiones difunden falsos periodistas.

Igualmente crear una Fiscalía Especializada que investigue y persiga los delitos cometidos en contra de periodistas y su familia con motivo del ejercicio libre del periodismo; crear un Fideicomiso o Fondo Asistencial para Periodistas en el Estado de Yucatán, de manera tripartita, con aportaciones de los propios periodistas, de la sociedad civil que así lo considere y del gobierno en sus tres niveles, entre otros temas, tomando en consideración que muchos trabajadores carecen de seguridad social.

Hay que recordar que en el 2021 las entonces diputadas Silvia América López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea presentaron a la Secretaría General del Congreso del Estado de Yucatán una iniciativa con el objetivo de crear la Ley para la Protección del Periodista y Medios de Comunicación. Tampoco prosperó.

Ya sabemos las condiciones en las que laboran los periodistas en México y Yucatán. Ya sabemos cuántos han asesinado durante este sexenio y los pasados. Ya sabemos las condiciones en las que viven muchos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación. Ya sabemos el trato que dispensan los gobiernos en sus tres niveles.

También ya sabemos lo que recibimos de una legislatura agonizante que ignoró una legítima demanda; una propuesta elaborada de acuerdo con las necesidades y urgencias.

Hago votos para que la nueva mayoría que llegará pronto al Congreso del Estado revise los pendientes de la Oficialía de Partes y turne a la Comisión que corresponda analizar, dictaminar y aprobar, en su caso, esta propuesta. O desecharla. También es una respuesta.

Lo extraordinario sería que el próximo gobernador, quien durante una época fue reportero y conoce las necesidades del gremio, impulse esta propuesta. 

Junio de 2024