Lucía: un desafío para la justicia

• La mujer lleva interpuesta múltiples denuncias por violencia de género contra su expareja y afirma que es ella la titular de la guarda y custodia de la menor. Su exmarido dice que él tiene la custodia.
• Ella no está desaparecida y nunca lo ha estado, responde el padre.
• Ericka acusa que Mauricio Efraín fabricó una denuncia de tocamiento sexual por parte de una supuesta tercera persona
• Mauricio critica la intervención de la titular de SEMUJERES del Gobierno Federal, Citlali Hernández, a favor de su exmujer y ha presentado amparo contra la Ley Vicaria

Mérida, Yucatán.- El 8 de agosto de 2024 la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber para la búsqueda y localización de la niña Lucía Estrada Contreras, de cinco años, quien fue vista por última vez en compañía de su padre Mauricio Efraín Estrada Pérez, en el fraccionamiento Gran Santa Fe Caucel.

El caso tomó relevancia porque el protagonista fue designado por el Congreso del Estado en julio de 2018, por un periodo de tres años, como Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Los problemas entre papá y mamá datan de años atrás. Lucía tenía 15 días de nacida y lloraba una noche, mientras su madre intentaba tranquilizarla: “no me la des; no quiero tocarla porque sólo pienso en tirarla de la cuna”, dijo Estrada Pérez a su entonces esposa Éricka Contreras Pérez, de acuerdo con una entrevista que concedió a la periodista Sanjuana Martínez.

En la plática Ericka narró escenas horribles en los primeros 15 días de posparto. “Cuando la niña salió del hospital no me dejaba cargarla, no me dejaba darle pecho. Un día en la madrugada, mientras le estaba dando formula, se despertó y me dijo: ‘me voy a salir del cuarto porque si me quedo sólo pienso en ahorcarte’.

Dijo que fue cuando decidió salir de la casa conyugal: “él ya estaba desquiciado. Era una violencia extrema la que vivíamos. Me decía: te voy a judicializar, te voy a inventar delitos de prisión preventiva oficiosa; tienes que estar pendiente de que los ministeriales no te detengan porque tú no vuelves a ver a Lucía”.

Éricka lleva interpuesta múltiples denuncias por violencia de género B1/CJM/B1/00163/2019 y es ella la titular de la guarda y custodia de la menor.

El 8 de agosto simplemente no la regresó. “Ya no me la regresó. Al pasar las semanas coincidió con el periodo vacacional que estaba en el convenio. Las autoridades me dijeron que me esperara al primero de agosto, pero él no me entrega a mi hija, y el día 8 yo acudí a su domicilio a buscarla. Toco la puerta pidiéndole, rogándole que me deje ver a mi hija. Él me contestaba amenazando con llamar a la policía. Yo escuchaba a mi hija hablarme y llorar.

Cuando llegó la policía, él abrió la puerta y yo entré corriendo. Subo las escaleras y el me alcanza y me tira. El mide 1.90 y yo 1.50; la agresión terminó con 14 lesiones en mi cuerpo. En ese momento, la policía entró en el domicilio. Con toda esa jerga legal que tiene, dijo a los agentes que tenían que retirarme del domicilio, que él podía quedarse con la menor, que yo debía llegar con orden del juzgado familiar, pero los policías hicieron la mediación y me permitieron verla. Lucía me vio llorando y lastimada físicamente. Ese fue el último día que la vi”.

Luego que ella interpuso la denuncia por la sustracción de su hija la Fiscalía General del Estado envió tres citatorios a Mauricio Efraín para presentarla, pero no lo hizo: “a mí me dieron la restitución de mi hija oficialmente el 27 de agosto, es el día que voy con la fuerza pública a buscarla; abrimos cerrojos, entramos a su casa y la encontramos vacía. Entré en desesperación al ver que la fiscalía no la buscaba”.

Ese mismo día recibió un aviso de un amparo federal que le otorgaron a su agresor para el resguardo provisional de la niña: el juez federal primero de distrito en el estado de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, decide darle a la niña mientras investigan una denuncia sexual que él interpuso: “una denuncia falsa que no es contra mí, sino contra una persona de la que solo dio el nombre, no dio apellidos ni datos de ubicación”.

El exconsejero, denunciado por violencia vicaria

El 29 de febrero del año pasado, Éricka interpuso la denuncia por violencia vicaria número UNAD-469/2024; el 9 de agosto la amplió después de la sustracción de la menor y al día siguiente presentó otra en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos contra Niños y Adolescentes, la FGE/NNA/UNADT-984/2024, por sustracción de menores en la modalidad de retención.

Ante esto Mauricio Efraín tramitó cuatro amparos: “cuando solicita el amparo contra la restitución del menor, él dice que estaba en los juzgados casualmente haciendo una diligencia cuando escuchó los apellidos de nuestra hija y supo que se iba a dar la orden de restitución y por eso metió el amparo. Obviamente ese hecho no ocurrió así, es imposible, porque las notificaciones se dan de manera privada. Lo que pasó es que le dieron el pitazo por corrupción o influyentismo; alguien filtró la información, lo cual es muy grave legalmente. Qué lamentable que jueguen con la vida de una niña de (entonces) cinco años”.

Acusó que Mauricio Efraín fabricó una denuncia de tocamiento sexual por parte de una supuesta tercera persona: “ni siquiera me acusa a mí, sino a un tercero. Si eso hubiera ocurrido, aunque nunca ocurrió, porque yo también me he dado a la tarea de investigarlo y mi hija no tiene ningún abuso”.

---“Él se siente celoso de esa persona a la que rentábamos; también de mi jefe. Siempre ha acusado a los hombres cercanos a mí, ninguno son mi pareja. Es un tema de control y celos de su parte”.

Relación deteriorada por celos patológicos

Éricka recuerda que conoció a su expareja en 2006, cuando tenían 18 años y estudiaban la preparatoria en Mérida. Ella eligió una licenciatura que se llama Ciencias de la Familia y él estudio Derecho. La relación se fue deteriorando poco a poco por sus celos patológicos.

A raíz de su embarazo, la situación cambió: “es justo cuando me voy a vivir con él y empiezan las agresiones físicas. La primera ocurrió en el elevador del hospital, en la penúltima consulta antes de que Lucía naciera. Él se enojó porque el ginecólogo sólo se dirigía a mí durante la consulta para darme todos los documentos del seguro médico”.

Llegando al elevador, le quitó la carpeta y empezó a golpearla: “me dijo que él no estaba pintado, que por qué el doctor sólo me hablaba a mí, qué yo tenía que respetarlo”.

Cuando nació, la niña se quedó en los cuneros: “el primer día que llegué a la casa fue mi jefe a buscar mis herramientas de trabajo y le comentó ‘vi una foto de la bebé; qué preciosa está’. Él subió al cuarto y empezó a lanzarme objetos gritándome: ‘¡eres una puta!, le mandaste una foto a tu jefe, seguro él es el papá de la niña. Te voy a pedir una prueba de ADN’. Yo me puse a llorar muy asustada, porque luego me dijo que iba ir a buscar a la niña para tirarla”.

Amparo contra la Ley Vicaria

Con las pruebas que fue acumulando, finalmente el agresor fue vinculado a proceso, pero se amparó contra la Ley Vicaria 1522/2024-III-B con el juez segundo de distrito en el estado de Yucatán, Rogelio Eduardo Leal Mota. También se amparó contra el Congreso, contra el gobernador de Yucatán y contra el Diario Oficial por publicarla.

La secretaria de las Mujeres del Gobierno de la República, Citlali Hernández Mota, celebró la decisión del juez federal que “allana el camino para que Lucía pueda estar nuevamente con su mamá a pesar de los artilugios y recursos que movilizó el agresor vicario”.

---“En esta ocasión prevalecerá la justicia con perspectiva de género y ponderación del interés superior de las niñas y los niños”.

Afirmó que desde la SEMUJERES “seguiremos acompañando el caso” y pendientes de que la jueza Ana Elena Alpizar Achurra, Juez Noveno Familiar actúe conforme a derecho y con perspectiva de género.

“Falta que ella se pronuncie para que Lucía vea restituidos sus derechos y vuelva con su madre Ericka Conteras”.

Recordó que el 13 de junio pasado “acudí con fuerza pública a una diligencia judicial que ordenaba la restitución inmediata de mi hija Lucía. La orden incluía el uso de la fuerza para ingresar al domicilio paterno y garantizar la entrega.

Sin embargo, el padre de la menor fue alertado con anticipación —presuntamente por un servidor público— y abandonó el domicilio con la niña, impidiendo el cumplimiento de la resolución judicial.

Este acto constituye un desacato deliberado, una nueva sustracción y una violación grave a los derechos de mi hija y al Estado de Derecho”.

Ante esta situación exige a las autoridades la Localización y restitución urgente de Lucía, Ejecución forzosa de la sentencia sin más tolerancia al incumplimiento, Investigación inmediata por filtración de información y Sanción a quienes hayan obstruido la diligencia judicial.

Manifestación pacífica en el Poder Judicial

Por esta razón realizó una manifestación pacífica, permaneciendo en la Sala 5 del Centro de Justicia Oral de Mérida, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, sin afectar instalaciones, procesos ajenos ni el funcionamiento institucional.

---“Mi manifestación tiene un solo propósito: exigir justicia y acción inmediata del Estado mexicano ante la desaparición de mi hija menor, Lucía Estrada Contreras, quien cuenta con una Alerta Amber vigente y cuyo paradero es desconocido desde el incumplimiento de una orden judicial de restitución”.

La versión del padre

Mauricio Efraín dice que su hija tuvo el valor de hablar: “Y lo hizo en múltiples espacios oficiales: Ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, en presencia de dos fiscales investigadoras, psicólogas especializadas y personal jurídico y psicológico de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Señaló que le practicaron cinco valoraciones médicas en el Centro de Justicia para las Mujeres; “hay prueba psicológica que respalda plenamente los hechos que relató”.

Ante los Juzgados Familiares, fue escuchada en audiencia privada por Juez Familiar que conoce de su asunto, Psicología del Poder Judicial, Representantes de la Fiscalía y Personal de la Procuraduría de la Defensa de Niñas y Niños

---“Después de esto dieron una orden de protección a favor de mi hija en contra de su madre. Y también fue evaluada en las instalaciones de la Procuraduría, donde expresó en una prueba psicológica más y con claridad que su lugar seguro es con su papá, quien la cuida y la protege”.

“Aun así, quienes fueron señalados y las autoridades que los encubren siguen intentando negar todo con mentiras, tergiversaciones y discursos manipulados para proteger a los adultos. No a la niña.

Todo esto por intereses políticos y pactos de poder. Tengo pruebas de todo lo dicho: Copias certificadas, documentos oficiales, grabaciones de diligencias. Nada de lo que afirmo es especulación. Yo elijo estar del lado de la verdad. Aunque duela. Aunque incomode. Aunque se defienda sola, entre gritos de impunidad. Porque proteger a una niña no debería ser un acto heroico. Debería ser lo normal”.

--“Mi hija, una niña de solo 6 años, ha sido víctima de violencia en el lugar donde vivía antes. Ha tenido que contar su historia ante dos Fiscales Investigadoras de la Fiscalía General del Estado, en presencia de psicólogos y representantes de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes. Y sin serles suficiente.

Lucía, sometida a diversos estudios

Ha sido sometida a 2 evaluaciones psicológicas, 5 pruebas físicas por el Centro de Justicia para Mujeres y Una audiencia ante la Jueza Familiar junto con personal de psicología del Poder Judicial, quien otorgó una orden de protección a su favor.

Critica intervención de Citlali: “Mientras la niña sigue expresando con claridad quién la cuida y quién la lastimó, la Secretaría de las Mujeres decidió intervenir a favor de los agresores, quienes han sido señalados directamente por ella en múltiples ocasiones y ante diversas autoridades.

Lo hizo mediante un escrito plagado de mentiras, sin sustento ni pruebas, influyendo en un juicio federal que busca proteger los derechos de una menor. Eso, además de irresponsable, constituye tráfico de influencias”, acusó.

El 29 de agosto, el exconsejero de la CODHEY publicó un comunicado:

---“Ella se encuentra bajo mi cuidado legalmente porque así lo consideró apropiado en su resolución un Juez Federal. Ella no está desaparecida y nunca lo ha estado.

No quiero entrar en detalles por lo delicado del asunto además de no ser este el medio apropiado para ello, sin embargo las autoridades correspondientes saben dónde y con quién se encuentra. Tanto así que tengo trabajado en audio y video las diligencias que se llevaron a cabo, como también los documentos necesarios”.

Quiero dejar en claro que me encuentro cuidando y protegiendo a mi hija para que no vuelva a ser víctima de ningún delito y mucho menor esté cerca y a expensas de su agresor y copartícipes”, señaló.

El 8 de junio de 2025 la FGE emitió una nueva Alerta Amber por la desaparición de la menor. El acusado es el padre, quien tras convivir con ella no la devolvió a su madre.