Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es investigado por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustible y por el delito de delincuencia organizada.
La captura se realizó este jueves en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la FGR y ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
----“Como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un ex gobernador de Baja California, la #FGR solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto “N”, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la @SSPCMexico”, informo la PGR.
Ruffo Apple es accionista de Ingemar, empresa señalada de estar involucrada en el "huachicol" fiscal tras el aseguramiento de 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila.
En julio del 2025, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que la empresa Ingemar, cuyo principal accionista es el exgobernador, estaba bajo investigación
El 19 de noviembre del 2025, Ruffo Apple, compareció en calidad de testigo ante la FGR para aclarar que el problema de tráfico de combustible ilegal es de las aduanas.
A pesar de que el propio Ruffo Appel había declarado que fue aclarado el tema ante las autoridades federales, este jueves 16 de julio informó a medios locales que se encontraba retenido por las autoridades federales desde las 13:26 horas sin que le explicaran el motivo.
Esta detención se da en el contexto de los audios en el que se revela las presuntas negociaciones de la gobernadora, Marina del Pilar Ávila, con agencias de Estados Unidos para no ser detenida por vínculos con la delincuencia organizada y tratar de recuperar su visa.
De acuerdo con la Fiscalía, la orden de aprehensión fue obtenida como resultado de una investigación de alta complejidad sobre una presunta red de contrabando de combustible.
La dependencia federal imputó al exgobernador los delitos de delincuencia organizada y contrabando, al considerar que habría participado en operaciones vinculadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., siendo el socio mayoritario, Ruffo Appel., quien tras su detención, el exmandatario quedó a disposición de la autoridad judicial federal, que determinará su situación jurídica.
Según la carpeta de investigación, las presuntas operaciones irregulares estarían relacionadas con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., fundada por Ernesto Ruffo Appel.
No obstante, el exgobernador había manifestado anteriormente que ya no mantenía relación con dicha compañía y se había deslindado de cualquier actividad atribuida a la empresa.
Antes de que se concretara su captura, Ernesto Ruffo Appel aseguró públicamente que no había sido notificado por ninguna autoridad y negó que existiera una orden de aprehensión en su contra.
En declaraciones a medios, sostuvo que únicamente tenía conocimiento de una investigación en la que figuraban alrededor de 200 personas y consideró que su nombre había sido difundido por tratarse del personaje más conocido del grupo.
Asimismo, afirmó que la empresa relacionada con el caso únicamente enfrentaba procedimientos administrativos derivados de pedimentos aduanales, los cuales, aseguró, habían sido aclarados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El exgobernador también rechazó cualquier participación en un esquema de contrabando de hidrocarburos y responsabilizó a la corrupción en las aduanas por el ingreso ilegal de combustible al país.
Según Ruffo, las autoridades encargadas del control aduanero son las responsables de impedir este tipo de operaciones, por lo que consideró que las acusaciones en su contra buscaban desviar la atención del problema de fondo.
Previo a la detención, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, aclaró que la dependencia estatal no mantenía una investigación propia contra Ruffo Appel.
Sin embargo, señaló que, de recibir una solicitud formal de la FGR, la Fiscalía estatal colaboraría en el cumplimiento de cualquier orden de aprehensión emitida por la autoridad federal.

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