Propone Comisión unificar propuestas municipales en el PEF

Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), reconoció la molestia de los presidentes municipales y les pidió unificar propuestas para plasmarlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sobre todo el programa de inversiones en materia de saneamiento financiero e inversión productiva en infraestructura.

Durante una reunión de parlamento abierto sobre el Gasto federalizado, apuntó que “sí hay un malestar, pero los alcaldes y gobernadores están pasmados y no logramos articular una propuesta más allá de la restitución del Ramo 23, todo gira a repetir ese esquema, porque nadie quiere pagar los costos políticos para mejorar la recaudación”.

Refirió que “estamos en una especie de cobardía tributaria que nos tienen atados de manos, si no la rompemos, las soluciones estructurales tardarán mucho tiempo”.

Ramírez Cuéllar sostuvo: “estamos entrampados, porque era un ejercicio presupuestal que no llevaba, en lo absoluto, mayores beneficios, prosperidad y bienestar a las poblaciones, al parecer nos encontramos en un callejón sin salida, porque la única bandera con la que discutimos e inconformamos es con el Ramo 23, entonces, es una lucha perdida”.

Estados, municipios y legisladores no hemos alcanzado a elaborar una propuesta federalista. Aseguró que prevalece una preocupación central vinculada a estos órdenes de gobierno. Planteó que el próximo año se defina un programa integral, que les ayude a mejorar la distribución y desarrollo.

Que en el primer trimestre se definan las reglas de operación de las fuentes de recursos que puedan incorporarse, como proyectos presupuestales o extrapresupuestales, reintegros y fondos de estabilidad. Se aclare si hay o no convenios entre la Federación, estados y municipios.

“No queremos que el municipio sea el paria de la Federación, sino que se convierta en la célula de gobierno con poder, fuerza y capacidad de inversión, y se consolide ante los desafíos que se tienen”.

Indicó que se institucionalizará un convenio para aliviar la carga de las deudas municipales con la Comisión Federal de Electricidad y el IMSS.

Este debate debe continuar para tener un panorama más claro el próximo año sobre las nuevas fuentes de inversión en infraestructura estatal y municipal, y las propuestas se plasmen en leyes y recursos presupuestales.

El diputado Irineo Molina Espinoza (Morena), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destacó la importancia de mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto público y clarificar las facultades y vocación de los presidentes municipales, porque los recursos se usan para apoyar a los enfermos y las fiestas patronales y particulares. Por eso deben establecerse sus funciones.

Propuso conjuntar esfuerzos entre todos los sectores para definir objetivos específicos, para que las aportaciones y participaciones a municipios y entidades del gobierno de la República, sirvan para resolver los problemas.

Aseguró: “queremos ayudarlos y entendemos la responsabilidad que tienen, no cuestionamos su labor, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada”.

El presidente municipal de Tultepec, estado de México, Armando Portuguez Fuentes, demandó que se respete el presupuesto que se ha entregado a los municipios, y se reconsidere el reparto de dinero porque se está incurriendo en prácticas clientelares y programas discrecionales. Sostuvo que la propuesta de gasto centraliza el manejo de los recursos. Preguntó ¿regalar dinero ayuda más a solucionar la pobreza, o invertir en infraestructura?

Juan Pedro Cruz Frías, alcalde de Tlahuelilpan, Hidalgo, pidió a los diputados apoyar la vocación productiva o turística de cada región para cumplir el compromiso de otorgar los servicios básicos a la ciudadanía. “La preocupación que tengo, con la recaudación de tres millones al año, entre predial, agua potable y otros servicios, es cómo aprovechar las capacidades y comercio, el cual saca el 80 por ciento de la derrama económica. Levanto la voz por la gente productiva, donde está la riqueza del país”.

El alcalde de Cocotitlán, estado de México, Tomás Suárez demandó sensibilidad de los legisladores y del Ejecutivo federal para designar recursos, porque los municipios no sólo enfrentan problemas de inseguridad, sino de alumbrado público, desabasto de agua, recolección de basura, laudos laborares y heredaron obras que se tienen que pagar, lo cual “no significa deficiencia”. Pidió la creación del fondo de infraestructura municipal para atender las demandas.

Martín Mora Aguirre, presidente municipal de Tlalchapa, Guerrero, afirmó que ante los recortes de fondos “no tienen manera de cobrar impuestos porque los habitantes son pobres y los municipios pequeños; cómo no alebrestarse por esta situación”. Afirmó que de las arcas municipales se pagan enfermeros, médicos y profesores, cuando la responsabilidad es de las secretarías federales del ramo. Demandó a los diputados usar criterios objetivos que favorezcan a las alcaldías pequeñas, con menos de 25 mil habitantes para definir el presupuesto y “no nos dejen morir solos”.

Manuel Guadarrama Herrera, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, presentó cinco propuestas para alentar finanzas públicas sustentables para estados y municipios. Destacó incluir en el PEF que los programas de subsidios y transferencias a la población se sujeten a reglas de operación, para que se ejerzan de forma transparente y planeen los alcaldes. La subestimación de ingresos y gasto se repite en todas las entidades.

Asimismo, restringir y regular desde el presupuesto la apertura de fondos; no eliminar el Ramo 23, devolverle el objetivo inicial y convertirlo en un instrumento de fondos de contingencia; publicar de forma obligatoria los convenios subnacionales con la Federación y fijar las prioridades de gasto de acuerdo con las necesidades de la población.

En el parlamento abierto también participaron representantes de la Auditoría Superior de la Federación, del Coneval y de las asociaciones civiles: Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Mesa Metrópoli Monterrey y México Evalúa.