• Proponen declarar el 16 de abril de cada año como “Día Estatal de la Gastronomía Yucateca, Patrimonio Cultural Intangible del Estado”

Mérida, Yucatán.- Con el voto unánime de las y los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso Estatal hoy fue aprobada la nueva Ley de la Ganadería para Yucatán, con la cual se pone fin a un rezago de más de cinco décadas para el sector agropecuario de la entidad.


La propuesta, impulsada por el diputado de morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, ganadero Wilmer Monforte Marfil, contó con el aval de todas las bancadas del Legislativo, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer desde la norma este sector productivo del estado.


Durante su intervención, el legislador Monforte Marfil, coordinador de la bancada morenista, destacó que la nueva Ley ganadera es resultado de un proceso legislativo abierto, participativo y con sentido social, construido junto a los productores yucatecos a través de foros realizados en Tekax, Mérida y Tizimín.


---“Hoy no estamos reformando una ley vieja, estamos construyendo una nueva, moderna y justa, que nace de la voz de quienes trabajan la tierra, cuidan el hato y sostienen la economía rural de Yucatán. Esta ley no la hicimos desde un escritorio, la construimos juntos desde el territorio, con la gente del campo”, expresó.


Entre los principales avances que busca la nueva norma, resaltó un presupuesto progresivo e irreductible; la creación de la Unidad de Vigilancia Ganadera, con facultades legales para proteger el patrimonio de los productores y combatir el abigeato; un sistema robusto de sanidad y trazabilidad, que garantice el control, la vacunación y la identificación segura de cada animal; el impulso a sistemas silvopastoriles y agroforestales para promover una ganadería sustentable, compatible con la conservación de suelos y agua; aunado al reconocimiento de los pequeños productores como sujetos prioritarios en las políticas públicas del sector.


Su esencia es la justicia social, acotó, y su objetivo es claro: que la ganadería sea motor de desarrollo, que el valor agregado se quede en el campo, y que las familias productoras vivan con dignidad y bienestar.


Al respecto, la diputada sin partido y expriista, Rosana Couoh Chan destacó durante su intervención en lengua maya, la participación activa del sector productivo en el proceso del dictamen.

La diputada Ana Cristina Polanco Bautista, del Partido Acción Nacional, comunicó su voto a favor, destacando el trabajo de diálogo y consenso que permitió construir una ley de beneficio para el campo yucateco.


Durante la sesión, el Pleno aprobó por unanimidad la expedición de la convocatoria para la Medalla “Héctor Victoria Aguilar” del H. Congreso del Estado de Yucatán, correspondiente al año 2026. Esta distinción se otorga a personas que se hayan destacado por su aportación al derecho, la ciencia, el arte, la cultura, la defensa de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente o cualquier otra actividad humanista en beneficio del Estado y la nación.


También, se aprobó por unanimidad la convocatoria para el Reconocimiento “Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín”, que honra a quienes han realizado aportaciones relevantes a favor del pueblo maya, especialmente en la educación, la promoción cultural y la defensa de sus derechos.


Las candidaturas para ambas distinciones podrán presentarse hasta el 30 de noviembre de 2025, en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. 


Como parte del orden del día, se turnaron a diversas comisiones las iniciativas presentadas previamente ante el pleno por diputados y diputadas de las diferentes bancadas y, en el apartado de asuntos generales, se presentaron diversas iniciativas de ley.


La diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez (morena), propuso declarar el 16 de abril de cada año como “Día Estatal de la Gastronomía Yucateca, Patrimonio Cultural Intangible del Estado”, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y reconocer el legado culinario del pueblo yucateco.


Por su parte, la diputada Clara Paola Rosales Montiel (morena), presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Fiscalía General del Estado, a fin de reducir de 90 a 60 días el plazo para considerar a una persona como deudor alimentario moroso, garantizando así el derecho a la alimentación y protegiendo a niñas, niños y mujeres frente a la violencia económica.


La diputada María Teresa Boehm Calero (PAN) presentó una iniciativa para incorporar un nuevo capítulo a la Ley de Protección de la Familia de Yucatán.


La diputada Manuela de Jesús Cocom Bolio (PAN) propuso un acuerdo para el cuidado de las abejas nativas del estado, la cual fue turnada a la secretaría de la mesa directiva para segunda lectura. El diputado Marco Antonio Pasos Tec (PAN) presentó una propuesta de acuerdo vinculada al sector agropecuario, misma que posterior a su discusión fue rechazada por mayoría de votos.


En asuntos generales, hicieron uso de la palabra: los diputados Javier Osante Solís (Movimiento Ciudadano), Eric Edgardo Quijano González (morena), Claudia Estefanía Baeza Martínez (morena) y Germán Quintal Medina (morena), así como los diputados Ángel David Valdez Jiménez (PAN) y Bayardo Ojeda Marrufo (morena), quienes abordaron diversos temas relacionados con la vida pública del Estado.

---“Mi mamá nunca demandó a mi padre por pensión alimenticia. Porque antes de emprender esta demanda ya las esperanzas estaban agotadas. Primero, porque en ese entonces el marco normativo no era suficientemente accesible ni adaptado a las mujeres. Pero siempre crecí viendo a mi mamá esforzándose mucho, viviendo estresada de cómo íbamos a regresar a clases y casi no teníamos tiempo para compartir juntas porque estaba trabajando y no es lo que yo quiero para las niñas, niños y adolescentes de Yucatán. 

Creo que, si en algo me ayudó esa formación, porque hizo de mí una mujer fuerte y valiente, creo que nuestro deber es saldar esas deudas y hacer que nuestro marco normativo sea más garante y, sobre todo, funcione adecuadamente en la inmediatez que las familias necesitan, añadió.

Desde nuestra bancada, morena, vamos a hacer todos estos esfuerzos necesarios para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Por ello, esta iniciativa propone reducir de 90 a 60 días el plazo para que una persona sea considerada deudora alimentaria morosa,

Consideró que esta modificación no constituye para nada una sanción desproporcionada y señaló que al menos otras seis entidades del país consideran un plazo de 60 o hasta 30 días para publicar a una persona morosa.

--“Garantizar el derecho a los alimentos no es un favor, es un deber constitucional y ético. Hablar de justicia social implica hablar de equidad de género, de protección a la niñez y de poner en el centro la vida digna de las personas más vulnerables. Porque una sociedad justa no puede permitir que el abandono económico se normalice”, aseveró.

Explicó que actualmente, la Ley de la Fiscalía del Estado  considera moroso al deudor alimentario después de 90 días naturales de incumplimiento; sin embargo, este plazo prolongado genera afectaciones graves para las familias, tanto económicas como emocionales. 

---“90 días pueden significar que un niño deje de ir a la escuela, que una madre no pueda pagar la renta o que falte comida en la mesa. O peor aún, que la madre tenga que pedir préstamos para solventar medicamentos o útiles escolares que requieran sus hijos o hijas”, precisó.

Rosales propuso reducir ese plazo a 60 días, para agilizar la restitución de los derechos alimentarios y evitar las afectaciones económicas y emocionales que enfrentan las familias.

Durante la Asamblea Regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, realizado en Zapopan, Jalisco, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano e Inclusión de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Congreso del Estado sostuvo que las decisiones de las legislaturas y los ayuntamientos deben reflejar su responsabilidad legal en el cuidado de la niñez.

---“Cuidar a la niñez no es solo una obligación moral, es una responsabilidad legal que debe reflejarse en decisiones legislativas”, indicó.

Destacó que el Grupo Parlamentario del PAN en Yucatán impulsa reformas enfocadas en el bienestar infantil, derechos humanos, tamizaje y participación infantil, como el programa "Diputada niña por un día", además de una serie de propuestas presentadas para fortalecer la protección de los derechos de los niños, la seguridad y la participación de las infancias, en sintonía con los compromisos de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

---“Las políticas públicas deben tener rostro humano y escuchar a quienes representan el presente y el futuro. Esta es la causa fundamental que seguiremos impulsando desde el Congreso”, aseveró.

La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez convoca cada año a autoridades, legisladores y especialistas de 180 municipios de todo el país para elaborar y evaluar su agenda a favor de la niñez. Este año se coincidió en la necesidad de fortalecer la colaboración entre niveles de gobierno para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

En el encuentro, la ex secretaria de Desarrollo Social y ex secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota impartió la ponencia “Más allá de la pantalla” sobre el impacto de las redes sociales en los niños y adolescentes.

En su charla, la ponente pidió a los gobiernos colocar la voz de la infancia en el centro de las políticas públicas. “La voz de las niñas y los niños no puede esperar”, enfatizó.

• Campañas permanentes de esterilización e identificación animal y la creación de Consejos Consultivos y Centros Municipales de Atención Animal
• Primer paso para una  nueva Ley de Biodiversidad para el Estado de Yucatán, para legislar sobre fauna silvestre, de animales domésticos y en el entorno urbano y de animales con objetivo productivo.

Mérida, Yucatán.- La diputada Sayda Rodríguez Gómez (PAN) propuso una nueva Ley para el Bienestar y Protección Animal del Estado de Yucatán, que abroga la actual Ley de Protección a la Fauna, con un marco jurídico moderno, integral y con visión de largo plazo para garantizar un trato digno hacia los animales.

Esta nueva Ley propone, en caso de su aprobación, la creación de la Unidad Estatal de Bienestar y Protección Animal, un órgano técnico que deberá coordinar políticas, programas y campañas en todo el Estado junto con los municipios. 

Un Sistema de Información de Infractores en materia de protección animal, que es algo que las asociaciones han pedido insistentemente, lo cual permitiría identificar y sancionar con firmeza a las personas maltratadoras y sobre todo su reincidencia.

Campañas permanentes de esterilización e identificación animal, porque la salud pública también depende de la salud de los animales y la creación de Consejos Consultivos y Centros Municipales de Atención Animal que permitirán la participación ciudadana, la vigilancia y la educación cívica como pilar esencial.

Expuso que tras la aprobación, en su caso, de esta propuesta comenzaría un proceso con visión estratégica para formar una nueva Ley de Biodiversidad para el Estado de Yucatán, para legislar sobre fauna silvestre, de animales domésticos y en el entorno urbano y de animales con objetivo productivo.

---“El bienestar animal no es una moda ni un tema secundario. Es una expresión ética que debe demostrar nuestra responsabilidad como sociedad. Y hoy tenemos un gran ejemplo en el Ayuntamiento de Mérida que reafirma sus principios humanistas y compromiso en el bienestar animal”, expuso.

Manifestó que en los últimos meses, Yucatán ha sido escenario, desafortunadamente, de casos de maltrato animal de nueva cuenta que nos han estremecido. Y nos han estremecido como sociedad porque son historias que duelen. Historias que indignan y que nos recuerdan, sí, una verdad incómoda.

 ---“Durante años este tema solo ha cobrado fuerza cuando un hecho doloroso se vuelve noticia. Y no podemos seguir legislando desde esta indignación momentánea. No basta con lamentarnos, tenemos que actuar y de una forma efectiva.

Aseveró que detrás de cada caso de abandono, de maltrato o de crueldad, hay algo mucho más profundo. 

---“Hay un vacío institucional, hay falta de educación y sobre todo hay carencia de leyes que realmente protejan a los animales. Pero sobre todo que promuevan de forma efectiva una convivencia entendida como una tenencia responsable.

Y desde Acción Nacional creemos firmemente que el respeto a la vida es un punto de partida de toda sociedad justa y verdaderamente humana. Y ese respeto no termina en las personas, se extiende hacia los seres con los que compartimos día a día nuestro entorno. Y por eso hoy presento ante ustedes la propuesta para algo que consideramos muy importante”.

 Manifestó que es momento de construir políticas públicas permanentes, instituciones sólidas “que nos permitan de forma continua una educación ciudadana que realmente nos lleva a cambiar de raíz la forma en la que nos relacionamos con los animales. Con esta ley buscamos prevenir el abandono, el maltrato y la crueldad. Pero también fortalecer la salud pública y generar una cultura de respeto y empatía”.

 ---“Y sobre todo buscamos que Yucatán sea referente nacional en bienestar animal con visión técnica y de corazón. También reconocemos a los animales como seres sintientes, capaces de sentir miedo, dolor o alegría y que reconocerlo implica una responsabilidad ética y jurídica. Porque prevenir el sufrimiento, garantizar su bienestar y fomentar una convivencia responsable entre personas y animales sí debe ser una prioridad para nosotros”, aseveró.

Esta propuesta fue impulsada desde el Organismo Nacional de Mujeres Priístas Yucatán (ONMPRI) en materia de derechos laborales y salud menstrual, para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán.

El dirigente priísta subrayó que hay que reconocer de manera plena las distintas realidades que aquejan a las mujeres y personas menstruantes, desde molestias leves, hasta dolores severos que interfieren en la vida cotidiana, sangrado anormal o infertilidad, ansiedad, fatiga y una disminución considerable en la calidad de vida. 

Sostuvo que el impacto trasciende lo individual, afectando la productividad, permanencia laboral e igualdad de oportunidades.

Abundó que en países como Taiwán, Japón, Corea del Sur, Colombia y Uruguay, así como en 10 estados nivel nacional, ya se reconoce la endometriosis como una enfermedad crónica, por lo que garantizan la flexibilidad laboral para las personas que la padecen.

“En el PRI estamos convencidos que construir justicia social implica construir entornos laborales más humanos, que reconozcan las realidades biológicas y sociales que viven las mujeres y personas menstruantes”, sostuvo Gaspar Quintal. 

El legislador agregó que la falta de investigación y de políticas públicas en materia de endometriosis ha llevado a miles de mujeres a vivir en silencio, en dolor y en condiciones de desigualdad. De hecho, muchas juventudes desconocen esta enfermedad y cuando finalmente obtienen un diagnóstico, han transcurrido años de sufrimiento e incomprensión institucional.

Por tal razón, añadió, el Congreso del Estado tiene la oportunidad de legislar en la materia con sensibilidad y con visión de futuro, para que Yucatán sea ejemplo de respeto a la salud, al trabajo digno y a la igualdad sustantiva.

 Por cierto, durante su intervención en Tribuna, el diputado reconoció que esta iniciativa surgió del trabajo y el rigor académico de jóvenes estudiantes como Lisa Llanes y Fabián Jiménez de la Universidad Anáhuac Mayab, así como de Lia Albrecht, de la Universidad de Magdeburg de Alemania.

• No es posible seguir invisibilizando, ocultando y negando la existencia de las personas trans y de la violencia de que son objeto: Cob Cortés, morena.

Mérida, Yucatán.- La diputada Alba Cob Cortés (morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar el delito de transhomicidio con el objetivo de reconocer, sancionar y prevenir la violencia extrema contra personas transgénero en la entidad.

La iniciativa, construida junto con colectivos, organizaciones civiles e instituciones estatales propone establecer penas de 40 hasta 80 años de prisión y visibilizar un fenómeno que, al no estar reconocido legalmente, ha permanecido en la impunidad y la invisibilidad institucional.

En México, el castigo por transfeminicidio varía, pero la Ciudad de México ya lo tipificó en su Código Penal con la "Ley Paola Buenrostro", imponiendo penas de 35 a 70 años de prisión. Aunque el transfeminicidio no es un delito federal, algunas legislaciones estatales y propuestas buscan homologarlo con penas similares, considerando la violencia de género como un elemento clave. 

Hay propuestas en Congresos locales, como en el Estado de México y Guerrero, para tipificar este delito y aplicar penas que pueden ir de 40 a 60 años de prisión. 

La diputada Cob Cortés dijo que desde que el pueblo retomo el poder de la vida pública e instauro a la Cuarta Transformación en los diferentes niveles de gobierno del país, “quienes formamos parte de este movimiento asumimos el compromiso de conducirnos por valores más elevados que nuestros propios intereses”.

No hay nada más importante en nuestro movimiento que el bienestar colectivo y sobre todo, el bienestar de aquellos sectores que han sido históricamente empobrecidos, silenciados, invisibilizados y violentados, dijo.

Estoy convencida, de que pensar en un futuro, en el que cada hogar esté libre de racismo, clasismo, machismo, transfobia y todos aquellos males detestables que se han insertado en nuestra sociedad, no es una utopía sino un proyecto que hemos de construir de la mano del pueblo, añadió.

---La violencia interseccional que atraviesa la vida de las personas transgénero en nuestro estado, cuyo espectro abarca desde la identidad y expresión de género hasta el componente étnico-racial maya de la sociedad yucateca, sitúa a las personas LGBTI+ en situaciones de violencia que ponen en riesgo su integridad en el desempeño de cualquier trabajo, en cualquier entorno y en todos los estratos sociales, manifestó.

Indicó que de la mano de la sociedad civil, colectivos, organizaciones e instituciones de gobierno estatales, “tengo la oportunidad de presentar esta iniciativa que tiene por objetivo tipificar el delito de transhomicidio en el Código Penal del Estado de Yucatán; que sea considerado un delito grave y además, que se imponga una pena de entre 40 años hasta 80 años de prisión a los agresores”.

---El hecho de que hasta hoy no se encuentre tipificado el delito, implica que no haya estadísticas oficiales acerca del número de transhomicidios en nuestro Estado, lo cual, no supone en absoluto que estos no sucedan.

De igual forma, que no se encuentre el delito de transhomicidio dentro del Código Penal genera tensión entre la sociedad que señala un hecho que existe y que el Estado e instituciones que de él derivan, no reconoce, lo que lleva a organizaciones y colectivos civiles a establecer sus propios conteos para hacer frente a un ámbito en el que el Estado no ha podido o no ha querido interceder.

No es posible seguir invisibilizando, ocultando y negando la existencia de las personas trans y de la violencia de que son objeto.

Con esta tipificación, incluimos y reconocemos la identidad de mujeres transgénero y masculinidades trans, además de que hacemos un llamado a poner particular atención a las infancias trans, sí, con en el afán de sancionar el delito conforme a su gravedad, pero sobre todo el de prevenirlo.

También damos un paso adelante, de muchos que faltan, por respetar y reconocer la identidad de las víctimas; identificar conductas nocivas para nuestra sociedad y generar los mecanismos apropiados para combatirlas y erradicar definitivamente la violencia transfóbica, finalizó.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el legislador solicitó modificar el orden del día, luego de que su propuesta presentada semanas atrás— no aparecía enlistada para ser turnada a comisiones. “No podemos seguir postergando un tema que afecta directamente la economía de las familias yucatecas”, señaló desde su curul.

Tras la intervención de Cetina Puerto, los legisladores aprobaron por unanimidad modificar el orden del día, y la iniciativa fue finalmente turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, donde comenzará su análisis.

De acuerdo con el documento presentado, la propuesta plantea que el Congreso de Yucatán someta a consideración del Congreso de la Unión una reforma a la Ley del Sector Eléctrico y a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de ajustar las tarifas domésticas de energía a las condiciones climáticas reales de cada región. En particular, propone que, además de la temperatura, se considere la sensación térmica y variables como humedad, radiación solar, viento y temperatura efectiva al fijar las tarifas, con revisiones cada dos años.

El diputado panista destacó que este avance representa “un paso importante para que la voz de los yucatecos sea escuchada” y subrayó que insistirá hasta que el tema se discuta y dictamine.

---“Los apagones, las altas tarifas y los recibos impagables no son un tema partidista, son una realidad que todos vivimos. Por eso, seguiré empujando esta iniciativa hasta que se haga justicia energética para Yucatán”, afirmó.

Con esta acción, Álvaro Cetina reafirma su compromiso de mantener en la agenda pública uno de los temas más sensibles para las familias yucatecas: el alto costo de la electricidad. “Porque en Yucatán la luz no se va, a veces viene, y cuando viene, viene cara. Llegará el momento de decidir —advirtió— y pronto veremos quién está con Yucatán y quién no.”

• El ordenamiento beneficia a las mujeres que, tras sufrir violencia, ocasionan la muerte del agresor considerando la acción en legítima defensa propia y no en razón de parentesco, como ocurre actualmente.
• Casos como los de Itzel, en Valladolid, o Zelina, en Sotuta, que enfrentaron años de maltrato, que pidieron ayuda una y otra vez, y que cuando finalmente se defendieron, fueron tratadas como culpables y condenadas a risión.

Mérida, Yucatán.- La doctora en Derechos Humanos, Neyda Pat Dzul (morena) propuso reformar el Código Penal del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar la "Ley Alina" para las mujeres expuestas a violencia física, sexual o feminicida y, cuando la repelen, ocasionan la muerte del agresor considerando la acción en legítima defensa propia.

Esta iniciativa deriva del caso de Alina Narciso Tehuaxtle, una policía municipal de Tijuana, Baja California, que fue víctima de violencia por parte de Luis Rodrigo Juárez Arellanes, también policía y su entonces pareja. El 12 de diciembre de 2019, en un intento de defenderse de una agresión letal, Alina utilizó el arma de cargo de Rodrigo y le disparó, provocando su muerte.

Inicialmente, Alina fue sentenciada a 45 años de prisión por homicidio. Sin embargo, tras pasar tres años en reclusión, en mayo de 2023 fue absuelta y puesta en libertad después de que se reconociera que actuó en legítima defensa frente a una situación de violencia.

---“Casos como los de Itzel, en Valladolid, o Zelina, en Sotuta, ambas en el año 2021, nos lo recuerdan: mujeres que enfrentaron años de maltrato, que pidieron ayuda una y otra vez, y que cuando finalmente se defendieron, fueron tratadas como culpables. Lo que faltó no fue justicia, sino un sistema que entendiera su contexto.

(Itzel es una mujer maya originaria de Valladolid, Yucatán. La madrugada del 5 de marzo de 2021 se defendió con un cuchillo de los golpes de su pareja sentimental Gerardo. En septiembre de 2023 la sentenciaron a 30 años de cárcel y dos meses por el delito de homicidio en razón de parentesco.

La imputada también deberá pagar una indemnización por más de un millón 797 mil pesos, a recibir amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos. Además de prohibirle acercarse a la denunciante, la familia de la víctima y sus domicilios de forma definitiva, cuando la acusada salga en libertad.

Zelina o Celina S.E.E., es una mujer maya del municipio de Sotuta, Yucatán, que permaneció privada de su libertad desde el 5 de agosto de 2021. La acusaron de asesinar a su esposo Rodrigo O. Ch. K., cuando en realidad se defendió para no ser víctima de feminicidio y la encarcelaron. Cometió legítima defensa y obtuvo su libertad el 21 de septiembre de 2024).

---“Hoy subo a esta tribuna con profunda convicción y compromiso. Lo hago por todas las mujeres que alguna vez tuvieron miedo, que fueron violentadas, que buscaron justicia y no la encontraron. Lo hago también por aquellas que, en medio del dolor, decidieron defender su vida y la de sus hijas, y que fueron tratadas como culpables en lugar de ser protegidas, dijo la activista.

Desde Yucatán, desde el sur que resiste y que lucha, venimos a hablar de justicia con perspectiva de género. Venimos a decir que cuando una mujer se defiende, no está quebrantando la ley: está reclamando su derecho a vivir, añadió.

---La Ley Alina no es una moda ni una consigna; representa una de las causas más justas y humanas que este Congreso puede abanderar. No se trata solo de cambiar un texto legal, sino de transformar la manera en que el Estado actúa cuando una mujer se defiende de la violencia.

Manifestó que la iniciativa no busca impunidad, sino justicia con contexto y con verdad.

Mencionó que la propuesta reforma el Código Penal del Estado de Yucatán y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las instituciones actúen con empatía, con debida diligencia y con perspectiva de género.

En el Código Penal, fortalecemos los artículos 21 y 22, para establecer que cuando una mujer repele una agresión de tipo físico, sexual o feminicida, o cuando una tercera persona actúe para auxiliarla, se deberá presumir la legítima defensa y actuar en todo momento con perspectiva de género.

Y lo más importante: que no se considerará exceso cuando la mujer haya actuado bajo miedo, terror o desigualdad física, porque así son las agresiones: desiguales, asimétricas y cargadas de poder.

Buscamos eliminar trabas históricas que revictimizaban, como exigir denuncias previas o antecedentes documentales, y ordenamos que Ministerio Público y Personas Juzgadoras valoren el contexto, el miedo, el pánico o la desigualdad física al momento del hecho. Porque la justicia no puede seguir midiendo con los mismos criterios una pelea entre iguales y un acto desesperado por sobrevivir.

---“Y porque la defensa de la vida no se limita a lo penal, reformamos también la Ley de Acceso, ampliamos las órdenes de protección, incorporando nuevas medidas: atención médica inmediata, anticoncepción de emergencia, profilaxis post exposición al VIH, acompañamiento psicológico y jurídico, reserva de identidad, uso de herramientas tecnológicas de auxilio y protección especial cuando el agresor sea servidor público. 

Explicó que las órdenes podrán dictarse sin necesidad de denuncia previa, bastando con indicios, testimonios o contexto de riesgo, y deberán aplicarse bajo el principio de protección más amplia.

Con esto, Yucatán avanza hacia un modelo de justicia que ve, que escucha y que actúa. Porque la justicia no debe exigir que una mujer esté muerta para que le crean.

Esta iniciativa no divide, reconcilia al Estado con las mujeres. No enfrenta a hombres y mujeres, sino que enfrenta a la impunidad y a la indiferencia.

Aseveró que “con la Ley Alina de Yucatán se pasa de la simple enunciación de derechos a su garantía efectiva. Porque esta ley no se limita a decir “creemos en las mujeres”, sino que establece cómo y con qué obligaciones debe actuar el Estado para protegerlas”.

----Yucatán no condenará a una mujer por haber sobrevivido. Yucatán legisla para que defender la vida nunca vuelva a ser un crimen”, aseveró.

• Destacan la importancia del programa de la SEDER, en todos los municipios, de un nuevo registro de fierros.
• Elevarán facultades del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán en la vigilancia de la movilización de ganado

Mérida, Yucatán.- El desarrollo del campo no es un lujo, es una necesidad para el bienestar de miles de familias rurales, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Wilmer Monforte Marfil durante el Encuentro con productores ganaderos “Hacia una nueva Ley de Ganadería en Yucatán”.

Durante el primero de tres eventos, impulsados por la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario del Congreso del Estado, el coordinador de la bancada de morena dijo que sw endurecerán las sanciones contra los ladrones de ganado, conocidos como abigeos.

--“También tenemos noticias de que por parte del Gobierno del Estado nos va a llegar una nueva (iniciativa de) ley que refuerce el combate al abigeato desde el plano legal, desde el plano penal, que se aumenten las penas para las personas, a los abigeos que nos quitan o intentan quitarnos lo que con tanto esfuerzo logramos”, aseveró ante los productores sureños.

 Al abordar el proyecto de nueva Ley Ganadera dijo que ek nuevo ordenamiento beneficia a todos los productores en actividades económicas muy importantes para el estado de Yucatán. 

--“Tiene más de 20 años que se reformó la ley ganadera y se han estado poniendo parchecitos, por así decirlo, pero los tiempos van cambiando y las necesidades también. Es muy necesario que podamos elaborar un marco jurídico que le dé ventajas a todos los que se dedican a la ganadería”, dijo. 

También dijo que se elevarán las facultades del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán, que actualmente vigila la movilización del ganado por medio de las “volantas”; el objetivo es convertirlas en un cuerpo de vigilancia con autoridad y vigile permisos y propiedades.

Indicó que se fortalecerá a las asociaciones ganaderas. 

---“Sabemos que las asociaciones ganaderas son el corazón de la organización del campo. La ley les da más fuerza, transparencia y autonomía para representar a sus socios, rendir cuentas y gestionar apoyos. Queremos asociaciones más democráticas, con mayor participación de sus miembros y con capacidad técnica para defender los intereses del sector. Además, se reconoce su papel como aliados del Estado en campañas sanitarias, capacitación y programas de fomento productivo”, aseveró

Las propuestas de la nueva ley gan adera

Monforte explicó que la iniciativa propone fortalecer el registro de identificación del ganado y con ello combatir el abigeato para proteger el patrimonio del productor; que los presupuestos para la ganadería en todas sus ramas sean progresivos y que el gobierno destine recursos cada vez mayores a esta actividad. 

Además, dijo, incluye medidas de vacunación, control epidemiológicos, sacrificio humanitario y manejo adecuado de desechos biológicos; fortalecer las asociaciones ganaderas dándoles más transparencia y autonomía para representar a sus socios, rendir cuentas y gestionar apoyos; incorporar principios de sustentabilidad y bienestar animal para que la actividad crezca sin destruir el entorno con respecto al agua, al suelo y a los ecosistemas, con acciones como establecer que al menos el 20 por ciento de la superficie que se dedique a la ganadería sea de carácter forestal.

Al hablar a nombre de productores de la región, Arturo Bobadilla Cabañas, secretario de la ganadera local de Tekax, celebró que la nueva ley ganadera refuerza las acciones en las políticas públicas actuales para este sector, ya que la norma que aún rige la actividad data de 1972 y queda obsoleta ante nuevas circunstancias que enfrenta la ganadería en la entidad en temas como la trazabilidad, sanidad y competitividad, para ser reconocida a nivel nacional e internacional.

Reconoció el interés de la actual Legislatura y del Gobierno del Estado por fortalecer al sector y solicitó velar por el cuidado e integridad de las cabezas de ganado, para que los animales queden en resguardo de una autoridad investigadora que les dé seguimiento cuando sean recuperados y resguardados en espacios destinados para su correcto cuidado durante alguna investigación.

Ante la presencia de las diputadas de morena María Esther Magadán Alonzo y Aydé Verónica Interián Argüello; la diputada sin partido Rosana de Jesús Couoh Chan, presidenta de la Comisión; el diputado de Movimiento Ciudadano, Javier Osante Solís; y el alcalde de Tekax, Hervé Manuel Vallejos Sansores; los productores señalaron la importancia de la labor de las autoridades para que cuando se hagan detenciones y se recupere ganado por parte de las fuerzas estatales, éste quede bajo resguardo del Ministerio Público del municipio donde se haya verificado la detención y que se refuerce la participación de las autoridades en la prevención y atención de delitos en el ámbito ganadero.

Con coincidencias en la importancia de impulsar la nueva normatividad intervinieron también Neysi Dzul Gil, productora ganadera y de meliponas de la comisaría de Ticum; Elver Catzín Cen también de Ticum; César Buenfil, ganadero de la comisaría de Becanchén; David Méndez Muñoz, productor de Tzucacab; además de Carlos Palma Osorio, estudiante del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán. 

Éste es el primero de tres encuentros que se llevarán a cabo con productores del estado. Los siguientes serán el jueves 6 de noviembre en la Sala de Usos Múltiples “Maestra Consuelo Zavala Castillo” del recinto legislativo, y el viernes 7 de noviembre en el Instituto Tecnológico Agropecuario No. 19 de Tizimín, donde posteriormente se llevará a cabo una sesión itinerante de la comisión para continuar con el análisis y, en su caso, discutir y votar el dictamen.

• Con este convenio se ofrecerá productos de primera necesidad, como pollo (pechuga, pierna y muslo) y cerdo (milanesa, trozo), con descuentos significativos frente a los precios regulares del mercado.

Kanasín, Yucatán.- Para fortalecer la economía familiar y permitir el acceso a productos cárnicos esenciales a costos reducidos, la diputada local del Distrito XI, Alba Cristina Cob Cortés, concretó un convenio de colaboración con la empresaria Georgina Fernández Nolasco, directora de la iniciativa “Cruzada por la Alimentación”.

El acuerdo firmado, en la Casa Legislativa de la diputada en Kanasín, busca sumar esfuerzos entre el sector público y el privado para robustecer el bienestar de las comunidades.

La diputada detalló que, a través de esta alianza, la iniciativa “Cruzada por la Alimentación”, operada por Carnicerías GF, ofrecerá productos de primera necesidad, como pollo (pechuga, pierna y muslo) y cerdo (milanesa, trozo), con descuentos significativos frente a los precios regulares del mercado.

El programa, explicó, está enfocado en beneficiar prioritariamente a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo adultos mayores, madres solteras, personas con discapacidad y familias en condición de pobreza.

---“Aunque el impacto inicial se centrará en las familias de Kanasín, la “Cruzada por la Alimentación” también extenderá sus beneficios a los municipios que integran el Distrito XI: Homún, Acanceh, Cuzamá, Sanahcat, Tecoh y Timucuy”, subrayó.

Durante la firma, Cob Cortés resaltó que estas alianzas son un reflejo de su compromiso social y la cercanía con las familias de su distrito.

---“Con acciones concretas y solidarias, seguimos construyendo cercanía que transforma la vida de las familias con mejores niveles de bienestar y con alimentos de primera calidad, necesarios para una buena salud”, acentuó. 

Reconoció la labor de Georgina Fernández y su compromiso social, por sumarse a esta causa en favor de Kanasín y municipios vecinos.

Por su parte, la directora Fernández Nolasco puntualizó sobre la oportunidad que le brindaron de trabajar de la mano con la diputada y reafirmó el compromiso de la iniciativa de contribuir al bienestar de la población mediante acciones responsables y sostenibles.

---“Se espera que en los próximos días se den a conocer las fechas oficiales para la afiliación al programa y la posterior distribución de los productos entre las familias beneficiarias”, anotó.

• Este acontecimiento es muy significativo para el estado de Yucatán, particularmente para  Ticul, donde generaciones de artesanos forman al arte de la alfarería.

Ciudad de México.- Para reconocer y como parte de la promoción para preservar esta tradición cultural, histórica, económica y artística, que son parte esencial del patrimonio mexicano, el Senado de la República aprobó declarar el 1 de diciembre de cada año como el Día Nacional de las y los Alfareros.

La Senadora por Yucatán del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verónica Camino Farjat, destacó que este acontecimiento es especialmente significativo para Yucatán, en particular para el municipio de Ticul, donde generaciones de artesanos han dado forma al arte de la alfarería con talento y dedicación.

“Este día es un homenaje a quienes, con sus manos, moldean la historia y la identidad de las comunidades en México”, expresó.

Camino Farjat indicó que, en sesión de Pleno, también se aprobaron reformas fiscales y culturales, como las realizadas al Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), buscando consolidar un marco fiscal y cultural más fuerte para el país.

En el ámbito cultural, se actualizaron los derechos de acceso a museos, zonas y sitios arqueológicos administrados por el INAH y el INBAL, con el propósito de fortalecer la conservación y difusión del patrimonio nacional, sin afectar el acceso de visitantes nacionales.

En materia de salud pública, la legisladora señaló que, en coordinación con el sector salud, se incorporaron medidas para desincentivar el consumo de productos nocivos, basadas en evidencia científica y en apego al principio constitucional de protección a la salud.

Verónica Camino subrayó que una de las medidas más destacadas fue la reducción de la cuota propuesta para bebidas con edulcorantes a 1.5 pesos por litro, con el objetivo de incentivar a las empresas a reformular sus productos y reducir al menos en 30 por ciento del contenido de azúcar en sus presentaciones más populares para el año 2026.

Respecto al impuesto a los videojuegos con contenido violento, la legisladora yucateca precisó que la propuesta del 8 por ciento del IEPS no aplica a todos los videojuegos, sino únicamente a aquellos con contenido violento extremo y clasificación para adultos, en un esfuerzo por fomentar un entorno digital más seguro para niñas, niños y adolescentes.

• Familiares del Rudy Humberto Coronado Bastarrachea reciben el reconocimiento entregado de manera póstuma el destacado profesional médico

Mérida, Yucatán.- Las y los diputados de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado entregaron el Reconocimiento “Médico del Año del Estado de Yucatán”, de manera póstuma, al doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea, por su destacada trayectoria, su vocación de servicio y su profundo compromiso con la salud pública y el bienestar de las y los yucatecos.

El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Cuevas Mena, entregó el galardón a la viuda del homenajeado, Ana Desideria Góngora Puga y a su hijo Rudy Omar Coronado Góngora, acompañado del representante del Poder Ejecutivo y Secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés; del representante del Poder Judicial, magistrado Hernán Vega Burgos; y Wilmer Manuel Monforte Marfil, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. 

Daniel Quintal González (morena), presidente de la Comisión de Postulación del reconocimiento, leyó la semblanza del homenajeado, destacando que el galeno dedicó más de cuatro décadas a servir, enseñar y dirigir instituciones del sistema estatal de salud en el oriente del estado, distinguiéndose por su entrega, ética y compromiso con la justicia social.

---“El doctor Coronado entendía que la salud no se mide en cifras, sino en bienestar, en vidas salvadas y en comunidades atendidas. El reconocimiento honra a un médico cuya entrega fue mucho más que una profesión, fue un compromiso con la vida, la comunidad y la dignidad de cada persona”, expresó.

Al recibir el reconocimiento a nombre de su familia, Rudy Omar Coronado Góngora, expresó gratitud y orgullo por el legado de su padre, recordándolo como un hombre de fe, humildad y compromiso social.

--- “Mi padre llevó siempre el mensaje de que la salud es un derecho, no un privilegio, y que el deber de quien la promueve es hacerlo con respeto, empatía y amor por la gente”, afirmó.

Expresó que el trabajo del doctor Coronado Bastarrachea dejó huella en comunidades rurales, hospitales, universidades y programas de salud pública, donde siempre promovió la prevención, la educación y el acceso equitativo a la atención médica.

Prevenir debe ser una prioridad, sostuvo la legisladora “Fortalecer el acceso universal a las vacunas significa proteger la vida, la salud y el bienestar de las familias yucatecas”.

La iniciativa de la diputada de la bancada panista fue propuesta hace dos semanas, el 8 de octubre, en el pleno del Congreso y busca incorporar estrategias de inteligencia digital que permitan mejorar la cobertura total de vacunación, fortalecer el presupuesto de los programas de inmunización, desarrollar enfoques de comunicación innovadores y estratégicos que rompan las barreras del lenguaje y aumenten la confianza en las vacunas, además de priorizar la contratación de personal mayahablante y fortalecer los recursos humanos con herramientas y capacitación.

Zhazil Méndez subrayó que la Ley de Salud del Estado presenta vacíos que generan, entre otras cosas, que importantes sectores de la población queden excluidos de la aplicación de vacunas, pues sólo se prioriza la vacunación en el ámbito materno infantil, de modo que personas mayahablantes, con discapacidad o adultos mayores, quedan al margen del sistema de inmunización, ya sea por falta de personal debidamente capacitado, que hable maya o por presupuesto insuficiente para llegar a todos los rincones del Estado.

Hizo hincapié en que el Colegio de Pediatría del Estado de Yucatán realizó un llamado público sobre la importancia de la vacunación contra enfermedades invernales para evitarle riesgos a personas mayores y personas con enfermedades crónicas, además de la población infantil.

La diputada subrayó que precisamente esos pronunciamientos médicos confirman la urgencia de adoptar un enfoque preventivo en materia de salud.

Explicó que estos planteamientos respaldan el espíritu de la reforma a la Ley de Salud del Estado, que busca reconocer la vacunación universal como un derecho humano y una política pública permanente, armonizando la legislación local con la Ley General de Salud. Hay que fortalecer la legislación estatal para garantizar el acceso universal a las vacunas, reiteró.

Recordó que la iniciativa prevé fortalecer los esquemas de vacunación en los 106 municipios, promover la coordinación interinstitucional y asegurar campañas informativas que refuercen la confianza en las vacunas.

“Cuando la salud se cuida de manera preventiva, se reducen riesgos, costos y sufrimiento. Nuestro deber es traducir ese principio en una ley que sirva a todas y todos”, concluyó.

• No es populismo, es estar del lado de la gente, afirmó el coordinador de los morenistas, Wilmer Monforte Marfil

Mérida, Yucatán.- Con el voto en contra de los12 diputados del PAN, las bancadas de morena, Movimiento Ciudadano y los partidos Verde Ecologista, del Trabajo, Revolucionario Institucional y una diputada sin partido, este viernes se aprobó por mayoría la reforma a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) del 2022.

Entre los cambios más relevantes de la reforma se encuentran la reducción de la edad de jubilación de 65 a 55 años; establecimiento de 30 años de cotización para hombres y 28 para mujeres; la eliminación del salario regulador, calculando ahora las pensiones con base en el promedio de los dos últimos años de sueldo; el congelamiento de las aportaciones de los trabajadores en 11 por ciento hasta 2030; la prohibición de inversiones de riesgo y blindaje de las reservas del Instituto, asegurando su sostenibilidad, entre otros.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Wilmer Monforte Marfil, destacó el papel de los trabajadores como fortaleza del Estado y la necesidad de actuar con justicia social.

---“No es populismo, es estar del lado de la gente”, afirmó el legislador, tras acusar que gobiernos anteriores “usaron los recursos del ISSTEY para otras cosas que no iban en beneficio” de casi 42 mil trabajadores del Estado.

“Hoy es un día trascendental para Yucatán, esta iniciativa devuelve sus derechos y vamos a seguir trabajando para que tengan mejores condiciones salariales y cuando ya hayan cumplido su ciclo laboral, se vayan a su casa a vivir con dignidad por el esfuerzo del trabajo que le han entregado al estado”, expresó.

La diputada Maribel Chuc Ayala (morena) aseguró que “esta reforma no nace del capricho ni de la improvisación, surge de la escucha, del diálogo y del compromiso con quienes durante años han sostenido la educación, la salud y los servicios del Estado”, por lo que es la “corrección de una injusticia histórica” al devolver derechos a las y los trabajadores del Estado.

El diputado Julián Bustillos Medina (morena) destacó que el nuevo marco legal representa un acto de reparación y justicia, tras los efectos negativos de la reforma anterior. “Hoy damos un paso firme hacia la reparación de los agravios y la construcción de un marco normativo más justo y sostenible”, expresó.

Gaspar Quintal Parra (PRI) reconoció las coincidencias alcanzadas a través del diálogo; mientras que la diputada Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, se manifestó a favor del dictamen, resaltando la lucha constante de los trabajadores del estado en defensa de sus derechos laborales.

El diputado del Partido Acción Nacional, Roger Torres Peniche manifestó que la postura de su bancada sería en contra de la reforma.

La sesión contó con la presencia de líderes sindicales, trabajadoras y trabajadores del estado, así como la asistencia de los diputados federales de morena, Óscar Brito Zapata y Linette Fernández Sarabia,

Durante la sesión, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Postulación del Reconocimiento del “Médico del Año del Estado de Yucatán”, que este año será otorgado en Sesión Solemne, de manera póstuma, al doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea, por su destacada trayectoria en la salud pública y su compromiso con el bienestar de la población yucateca. 

El diputado Daniel González Quintal, presidente de la citada Comisión, expresó que este reconocimiento “honra la vocación de servicio y el legado de un médico que dedicó su vida a cuidar, enseñar y acompañar a su pueblo”.

Por unanimidad de votos, el Pleno aprobó el acuerdo por el que se expide la convocatoria del Reconocimiento “Efraín Calderón Lara”, correspondiente al año 2025, con el objetivo de reconocer a jóvenes yucatecos destacados en los ámbitos académico, deportivo, cultural, social, de innovación y emprendimiento.

Además, se hizo de conocimiento del oficio del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual se informó la instalación del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura, comprendido del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026 y, en Asuntos Generales, el diputado de MC, Javier Osante Solís, hizo uso de la tribuna.

Finalmente se convocó para la siguiente sesión que será solemne para la entrega del reconocimiento del “Médico del Año”, el jueves 30 de octubre a las doce horas.

• Denunció que el dictamen no regresa al 8 por ciento las aportaciones de los trabajadores, no tipifica como delito el robo de cuotas

Mérida, Yucatán.- El presidente del PRI Yucatán, Gaspar Quintal Parra, fijó su posicionamiento respecto al dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), calificándolo como insuficiente para garantizar la justicia social y restituir de manera integral los derechos de los servidores públicos.

El diputado priista señaló que el dictamen se queda corto, ya que no logra el objetivo esencial de asegurar en forma amplia el respeto y la protección de los derechos laborales, ni garantiza la viabilidad financiera del Instituto.

Enfatizó que la propuesta del PRI, presentada meses antes que la del Ejecutivo, buscaba ir más allá del simple cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se centraba en asegurar la protección integral del patrimonio de los trabajadores:

- Omisión Penal y Riesgo: El dictamen fue omiso al no incluir la propuesta del PRI para tipificar como delito la omisión y retención indebida de cuotas de seguridad social dentro del Código Penal, una medida indispensable para blindar las pensiones contra futuros desfalcos.

- No Regresa la Cesantía: Se excluyó el reconocimiento del derecho de cesantía en edad avanzada y la posibilidad de optar por el seguro de cesantía, propuestas clave de diversos sindicatos y del PRI.

- Cuotas Elevadas y Sin Devolución: El dictamen no acepta la propuesta del PRI de reducir la cuota de aportación al 8% con devolución retroactiva de los cobros anteriores. En su lugar, se opta por un congelamiento temporal del 11% que volverá a incrementarse en 2030, manteniendo una carga excesiva sobre el salario.

- Pensión Reducida: Se omitió la inclusión de los vales de despensa en el cálculo de la pensión, lo cual, a pesar de la eliminación del salario regulador, implica que los trabajadores recibirán un monto de jubilación inferior al que les corresponde.

Reconoció que el dictamen recoge elementos coincidentes con la iniciativa del PRI y los criterios de la SCJN, como:

- La eliminación del salario regulador, basando el cálculo de pensiones en el 100% del promedio de los dos últimos años de cotización.

- El reconocimiento de la jubilación voluntaria a los 28 años de servicio para mujeres y 30 para hombres.

- La inclusión, a propuesta del PRI, de la obligación del director del ISSTEY de someter a aprobación del Consejo Directivo las inversiones con las reservas del Instituto.

Quintal Parra lamentó que el Congreso sea omiso en incluir las propuestas cruciales de diversos sindicatos que participaron en el Parlamento Abierto, como la homologación en el incremento anual de las pensiones y el reconocimiento de antigüedad para personal de Bachilleres.

---“El Parlamento Abierto debe ser un espacio donde se fortalezca la justicia social, no un escenario para la simulación. El dictamen perpetúa inequidades y contribuye a la desconfianza hacia las instituciones de seguridad social.”

El PRI votó a favor del dictamen, pues representa un avance mínimo para la restitución de derechos pero lamenta que morena decidió que entraría en vigor hasta enero de 2026. 

Sin embargo, el partido reitera su compromiso de continuar impulsando las propuestas de justicia social, seguridad laboral y dignidad humana hasta lograr la restitución total de los derechos de los servidores públicos con responsabilidad financiera.

Al participar en el Primer Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria, la vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República destacó que esté evento es un acto que reafirma el compromiso de México con el derecho humano a la alimentación.

La seguridad alimentaria, puntualizó, es una prioridad en la agenda nacional, que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con elementos clave para garantizar que ninguna persona en el territorio mexicano carezca de acceso a una dieta suficiente y nutritiva, marcando con ello el compromiso de su administración en este tema fundamental.

Ante representantes de diversos países, que intercambiaron experiencias y buenas prácticas en materia de políticas públicas alimentarias en sus respectivas naciones, Camino Farjat resaltó los avances logrados en los últimos años, con las acciones que promueve la primera presidenta de México, quien ha colocado la seguridad alimentaria como una prioridad en la agenda nacional.

---“Seguiremos trabajando desde cada uno de nuestros espacios para garantizar que en México sea una realidad la Seguridad Alimentaria”, subrayó.

La senadora Verónica Camino reafirmó el compromiso del país con el derecho fundamental de su población de acceder a alimentos sanos y nutritivos, por ser una prioridad para garantizar la salud de los ciudadanos y el desarrollo adecuado de las infancias.

El foro se consolidó como un espacio de diálogo y cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer estrategias que garanticen la colaboración entre naciones para avanzar en la erradicación del hambre, uno de los retos más urgentes en la región.

Este evento concluyó con el llamado a construir una agenda común entre los países iberoamericanos y caribeños, que permita enfrentar los desafíos alimentarios con soluciones sostenibles, inclusivas y centradas en el bienestar de las personas.

• La Universidad Anáhuac Mayab le entregó este año el Premio “Santo Tomás de Aquino” 2025:  De la División de Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina.

Mérida, Yucatán.- La Comisión de Postulación del Reconocimiento al “Médico del Año del Estado de Yucatán” 2025 aprobó por mayoría otorgar de manera póstuma el galardón al Maestro en Salud Pública y Epidemiólogo Rudy Humberto Coronado Bastarrachea.

Fue propuesto por la Fundación “María Godoy de López A.C.”; el Pbro. Lucio Isidro  Cetina Góngora, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro-Itzimná; MC. José Gabriel Paredes Buenfil, Jefe de la Unidad de Posgrado en Investigación de la Universidad Autónoma De Yucatán; Dr. Manuel Jesús  Herrera Cetina, director del Centro Educativo República de México; Dr.  Miguel Betancourt Cravioto, subdirector de la Anáhuac Mayab; Dr. David  Cauich Góngora, director del Plantel del Centro Universitario de Valladolid, M en C. Carlos Alberto Estrado Pinto, Rector de la Universidad  Autónoma de Yucatán. 

Durante la sesión, esta tarde, fueron presentadas las listas de 4 candidatas y candidatos propuestos como recipiendarios, acompañadas de sus respectivas síntesis curriculares, mismas que fueron previamente revisadas y analizadas por las y los integrantes de la Comisión antes de proceder a la deliberación.

El presidente de la Comisión, Daniel Enrique González Quintal (morena), propuso entregar el reconocimiento de manera póstuma a quien fue postulado para el mismo reconocimiento en 2024 y ahora figuraba en la lista de personas propuestas por diversas agrupaciones y la rectoría de la Universidad Autónoma de Yucatán, destacando su “trayectoria ejemplar, su servicio desinteresado y su legado como médico comprometido con la sociedad yucateca”.

En el mismo sentido, la diputada Rosana de Jesús Couoh Chan manifestó su respaldo a la propuesta, reconociendo el trabajo del galardonado y la huella que dejó en el ámbito de la salud.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante expresó su apoyo a la elección del galeno, resaltando “sus múltiples aportaciones y su compromiso social con las comunidades más necesitadas de Yucatán”.

La propuesta aprobada será turnada para ser incluida en la próxima Sesión del Pleno y, en caso de ser aprobada, se notificará a la familia del doctor fallecido el pasado mes de agosto, para que puedan recibir en Sesión Solemne el reconocimiento póstumo en su honor.

¿Quién fue el Dr. Coronado?

El Dr. Rudy Humberto Coronado Bastarrachea (26 de septiembre de 1956 -30 de agosto de 2025), fue Subdirector de Calidad y Educación en Salud de la SSY. Era subinvestigador del dengue en Yucatán y asesor académico en diferentes planteles de nivel superior.

La Universidad Anáhuac Mayab le entregó este año el Premio “Santo Tomás de Aquino” 2025:  De la División de Ciencias de la Salud de la Escuela de Medicina.

Médico Cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán. 

Maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. 

Fue Director de los Centros de Salud Urbanos de Tekax y Ticul durante tres años y  un año respectivamente, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, Valladolid, Yucatán  durante doce años, Coordinador Estatal de Sistemas Locales de Salud durante un  año, Director de Planeación de la Secretaría de Salud en el Estado de Yucatán por  dos años. 

 Trabajó como Médico de Urgencias, Epidemiólogo, Coordinador de Consulta Externa  y Director del el Hospital General de Valladolid.  

Se desempeñó como docente en diferentes Universidades como el Centro  Universitario de Valladolid, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto de  Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, la Universidad José Martí de Yucatán,  el Centro Educativo Rodríguez Tamayo y actualmente en la Universidad Anáhuac Mayab. 

Cursó una amplia variedad de diplomados de capacitación y actualización. 

Recibió múltiples reconocimientos de Instituciones Educativas y Municipales  derivadas de aportaciones en el área de la Salud. 

Fue socio fundador de la Sociedad Yucateca de Medicina General, fundador del  albergue para niños con desnutrición “Mi casa bonita”, fundador del albergue para  mujeres embarazadas “Casa ame”, fundador del albergue para familiares de pacientes hospitalizados. 

Fue Primer Secretario Técnico del Organismo Público Descentralizado, Servicios de  Salud de Yucatán, Organismo encargado de la descentralización de la Secretaría de  Salud del Estado de Yucatán. 

Fue Subinvestigador en Proyecto de vacuna Tetravalente contra el dengue, SANOFI PASTEUR. 

Fue Vicepresidente del Colegio de Salud Pública del Estado de Yucatán 

Fue Presidente del Colegio de Salud Pública del Estado de Yucatán.  

Formó parte de diversas sociedades académicas como el Colegio Mexicano de  Médicos Generales y Familiares, la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y  Médicos Generales A.C., Asociación General de Médicos con Ejercicio Privado, el  Colegio Nacional de Médicos Generales y Familiares A.C., la Academia Nacional de  Medicina General y Familiar, el Colegio de Salud Pública de Yucatán y la Sociedad  Mexicana de Salud Pública.

• Más de 120 motociclistas han perdido la vida en lo que va del año en Yucatán, más del 50 % de las víctimas mortales por siniestros viales

Mérida, Yucatán.– Con la convicción de que proteger la vida debe ser el eje de toda política pública, la diputada Manuela Cocom Bolio (PAN), presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa que busca armonizar la legislación estatal con la norma federal NOM-206-SCFI/SSA2-2018, para hacer obligatorio el uso de cascos certificados entre las y los motociclistas de Yucatán.

Durante su intervención, la legisladora señaló que cada día cientos de yucatecos utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo y medio de sustento familiar, y que en muchos hogares representa la única forma de transporte accesible. “La motocicleta no es un lujo, es el vehículo con el que miles de familias salen adelante; por eso debemos cuidarlas y protegerlas”, expresó.

Cocom Bolio subrayó que, de acuerdo con datos oficiales, más de 120 motociclistas han perdido la vida en lo que va del año en Yucatán, lo que representa más del 50 % de las víctimas mortales por siniestros viales en el estado.

---“La evidencia científica es clara: el uso de un casco certificado reduce en más de un 40 % el riesgo de muerte y en un 70 % el riesgo de lesiones graves. Si una medida como esta logra salvar una sola vida, habrá valido la pena”, enfatizó.

La iniciativa propone:

• Establecer en la ley estatal la obligatoriedad del uso de cascos certificados.
• Aplicar sanciones claras para quienes incumplan la medida.
• Otorgar un plazo de 90 días naturales para que conductores y comercios puedan adaptarse de forma gradual.
• Facultar a las autoridades estatales y municipales para verificar y supervisar el cumplimiento.
• Implementar campañas de concientización y educación vial coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública y los ayuntamientos.

La diputada panista destacó que esta propuesta no busca castigar, sino prevenir y generar conciencia sobre la importancia de la seguridad vial. “Proteger la vida nunca debe ser opcional; debe ser un compromiso compartido entre ciudadanía y autoridades”, afirmó.

Cocom Bolio hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores para respaldar esta medida, que calificó como una acción de justicia social y responsabilidad pública. “Queremos que Yucatán sea ejemplo nacional de conciencia y respeto a la vida. Que cada motociclista regrese sano y salvo a su hogar”, concluyó.

• Las diputadas y diputados morenistas reafirman su compromiso con la justicia social, la dignidad laboral y la defensa de los derechos de más de 42 mil trabajadoras y trabajadores del servicio público estatal.

Mérida, Yucatán.- Con el voto en contra del PAN, diputados de morena, PRI y MC aprobaron durante la sesión de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado la propuesta de reformas a la Ley del ISSTEY enviada por el gobernador Huacho Díaz Mena.

El objetivo es garantizar pensiones dignas y proteger el patrimonio de más de 42 mil trabajadoras y trabajadores del Estado que laboran todos los días al servicio de la ciudadanía desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

---“Hoy defendemos una reforma que corrige una injusticia histórica, una reforma que pone fin a los errores del 2022 cuando se impuso un modelo que redujo derechos, recortó pensiones y castigó el esfuerzo de toda una vida de trabajo. Aquella reforma introdujo el llamado salario regulador, esa figura fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque violaba el principio de progresividad de los derechos laborales y hoy con visión política esta Legislatura debe derogar ese error”, expresó el coordinador de la bancada morenista Wilmer Manuel Monforte Marfil.

La diputada Naomi Raquel Peniche López (morena) destacó que ser congruentes con las y los trabajadores del Estado es votar a favor de esta iniciativa; mientras que el diputado José Julián Bustillos Medina (morena) destacó que con la cotización de los últimos dos años de servicio los trabajadores ahora podrán pensionarse de manera más digna; y su compañero de bancada, el diputado Germán Quintal Medina expresó su voto a favor, destacando que es una reforma de justicia social que traerá bienestar a muchas familias del Estado.

La diputada de morena, Claudia Estefanía Baeza Martínez agregó que con la aprobación de esta iniciativa se establecen candados para evitar la libre disposición del recurso de los trabajadores al prohibir las inversiones de riesgo.

El diputado Gaspar Armando Quintal Parra (PRI), solicitó añadir una modificación al artículo 49 en su fracción III, misma que fue respaldada por mayoría dentro de la aprobación del dictamen.

El diputado de MC, Javier Osante Solís manifestó la importancia del impacto social de esta iniciativa y anunció el voto a favor.

El legislador del PAN, Roger Torres Peniche manifestó que votaría en contra del dictamen que será puesto a consideración del Pleno para su análisis, y aprobación en su caso, en sesión posterior.

• En 2009 la Secretaría de Salud impulsó la creación de las Unidades de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama, 16 años después Yucatán carece de ese espacio 

Mérida, Yucatán.- Al enfatizar que Yucatán requiere infraestructura médica especializada en el diagnóstico temprano y atención integral de una enfermedad que cobra la vida de miles de mujeres, el diputado y presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, presentó una iniciativa para crear el Centro de Detección y Atención del Cáncer de Mama del Estado.

Recordó que este padecimiento constituye una de las principales causas de mortalidad entre las mujeres, no solo en México, sino en Yucatán, debido a un diagnóstico tardío o por la falta de acceso oportuno a servicios especializados de detección y tratamiento.

---“Esta realidad no solo representa un problema de salud, sino también una deuda del Estado con el derecho humano a la salud y con la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, precisó.

Reconoció que desde el año 2009, la Secretaría de Salud impulsó la creación de las Unidades de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama, con el propósito de identificar este padecimiento en etapas tempranas. 

Sin embargo, hasta la fecha, casi 16 años después, Yucatán no cuenta con una unidad de este tipo, a pesar de que no existe impedimento alguno para que, dentro del ámbito de competencia estatal, se impulsen políticas y acciones encaminadas a atender de manera integral la salud de las yucatecas.

Abundó que la propuesta del PRI es crear el Centro de Detección y Atención del Cáncer de Mama en la Ley de Salud del Estado, para que sea un espacio de vanguardia en la atención oncológica, con personal capacitado, tecnología moderna y un enfoque humano que garantice acompañamiento psicológico y social a las pacientes y sus familias.

---“Es urgente invertir en la prevención y atención del cáncer de mama, no mirarla como un gasto sino como una acción de justicia y de vida. Es apostar por el bienestar de las mujeres, por sus familias y por el desarrollo de nuestra sociedad”, recalcó.

Sostuvo que esta iniciativa busca proteger el derecho a la salud, reducir la mortalidad y asegurar que ninguna mujer en Yucatán pierda la vida por falta de detección o atención oportuna.

---“Detrás de cada diagnóstico hay una mujer, una madre, una hija, una hermana que merece vivir, que merece tener una oportunidad más, que merece un Estado presente. 

"Que esta iniciativa sea un paso firme hacia un Yucatán donde la salud de las mujeres no dependa del lugar donde viven, ni de los recursos que tienen, sino del compromiso que tenemos como sociedad con la vida, la dignidad y la igualdad”, finalizó.