Con los cambios a la ley de instituciones de crédito se podrán congelar cuentas bancarias sin una orden judicial y sin el debido proceso: GPPRI

Así resumieron diputados priistas, la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, misma que votaron en contra, por considerar que viola principios constitucionales, ya que un congelamiento de cuentas bancarias ordenado desde la Secretaría de Hacienda es inconstitucional, vulnera el principio de seguridad jurídica, presunción de inocencia, imparcialidad y el debido proceso.

Al fijar el posicionamiento de la mayoría de la bancada priista, la diputada Erika Sánchez Martínez dijo: entendemos que para enfrentar la capacidad financiera y operativa de la delincuencia organizada, hay que socavar sus recursos económicos, también que México debe asumir su compromiso como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional, y debe operar con los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Pero, para el cumplimiento de ese objetivo es fundamental garantizar el respeto a los derechos de propiedad y al debido proceso; “hay que ponderar los derechos de los usuarios del sistema bancario y preservar la garantía de audiencia como un derecho que asiste a cualquier persona que se pudiera ver afectada por las determinaciones de la autoridad”, insistió.

La diputada Dulce María Sauri Riancho ejemplificó en tribuna como, fácilmente, una persona puede ver congeladas sus cuentas bancarias sin previo aviso y se refirió en concreto al caso del cantante Enrique Guzmán quien, a través de un twitter, manifestó: “Presidente López Obrador, porqué el SAT decide, sin ninguna justificación, despojarme de mi patrimonio a mis 76 años de edad, sin explicación; ahorros de toda mi vida”.

Por ello, Sauri Riancho pidió revisar la redacción de la ley que se pretende aprobar, porque a todos nos puede pasar en cualquier momento, somos sujetos políticamente expuestos y un día que vayamos al cajero automático puede rebotar la tarjeta, porque nos congelaron la cuenta.

La legisladora expuso, en nombre del Grupo parlamentario del PRI, razones por las que no era viable votar a favor, entre las que destacan, el ignorar resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no convalidó facultades a Hacienda para congelar cuentas bancarias sin el debido procedimiento jurídico y pretender dar atribuciones a la Secretaría y a la Unidad de Inteligencia Financiera para actuar como ministerios públicos, contradiciendo el artículo 21 constitucional.

“Aprobar el dictamen implica fomentar la violación de derechos humanos; aumentar la discrecionalidad de las autoridades, la Unidad de Inteligencia Financiera de ser una institución creada para recibir, analizar y diseminar reportes de inteligencia para la prevención de delitos, la estamos convirtiendo en una fiscalía con atribuciones de investigación, persecución de delitos para señalar, sin que existan juicios o sentencias, quién es culpable”, dijo.

La Ley de Instituciones de Crédito establece que las instituciones bancarias realicen las notificaciones, cuando debe corresponder a la autoridad competente, asimismo la Unidad de Inteligencia Financiera podrá actuar como juez y parte, sería la responsable de promover acciones de extinción de dominio de las cuentas bloqueadas.

La diputada Soraya Pérez Munguía, lamentó que el discurso oficial sostenga que al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie, pero acto seguido, el gobierno y su partido propone reformas inconstitucionales.

“Si no generamos consensos, si no escuchamos, la intención que busca el grupo mayoritario no va a alcanzar el objetivo que esperan, y más bien lo único que van a hacer es dotar de facultades extremas y desproporcionadas a la Unidad de Inteligencia Financiera, en sustitución de las autoridades judiciales de nuestro país”, expuso la legisladora por el estado de Tabasco.

Agregó: la Constitución no autoriza a niguna autoridad administrativa, llámese la Secretaría de Hacienda o la Unidad de Inteligencia, a tener funciones que son exclsuivas del Ministerio Público.

Para presentar reservas y corregir la redacción, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán dijo “ya basta de simular, de dar vuelta a la Carta Magna porque no nos garantiza el Estado de Derecho, al contrario, lo debilita y perdemos todos”

Pidió salvar el principio de presunción de inocencia y “al menos aceptar que la persona será introducida en la lista para congelar cuentas bancarias de manera precautoria y ser notificada inmediatamente”.

Respecto a la figura de extinción de dominio también solicitó se aplique dentro del marco jurídico vigente y de nuestras instituciones.

Por su parte, el diputado Enrique Ochoa Reza, fue incisivo en fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera para que haga mejor su trabajo, pero sin violentar lo que marca la Constitución, el artículo 16 debe establecer que la autoridad competente sea la que funde y motive la actuación que afecta el patrimonio de una persona.

“Sin base constitucional, la Unidad de Inteligencia Financiera va a perder los casos en los tribunales, los posibles delincuentes van a poder acudir a un tribunal federal y decir que los diputados y los senadores se equivocaron en la ley, y la hicieron inconstitucional”, sentenció.