Delitos Informáticos, nueva figura penal en Yucatán

Se decretó como ley la iniciativa presentada por el diputado Luis Enrique Borjas Romero, que reforma al Código Penal del Estado, para castigar a quienes cometan conductas criminales por medio del uso de la tecnología electrónica .
  • Se regulará la propiedad, uso y abusos que se cometan a través de los equipos de cómputo y de los datos que se transmiten en forma electromagnética
Mérida Yucatán (Foto Antonio Sánchez).- Se decretó como ley  la iniciativa  presentada por el diputado Luis Enrique Borjas Romero, que  reforma al Código Penal del  Estado, para castigar a quienes cometan conductas criminales  por medio del uso de la tecnología electrónica .

El legislador hizo uso de la tribuna para  para hablar a favor del dictamen y el trabajo de los diputados integrantes de  la Comisión de Justicia, que el mismo preside,  además de afirmar que mediante la nueva figura penal conocida como “delitos informáticos” se regulará la propiedad, uso y abusos que se cometan a través de los equipos de cómputo y de los datos que se transmiten en forma electromagnética.

“Hemos alcanzado una herramienta jurídica innovadora y vanguardista para proteger el patrimonio de los yucatecos. Como legisladores nos corresponde impulsar y promover una nueva cultura de la “legalidad e informática jurídica” finalizó.

El decreto fue aprobado de forma unánime por los 25 integrantes de la LXII legislatura. 

Durante la sesión del Pleno, Borjas Romero también presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal para que en el actuar de la vida cotidiana de los ejidos y en sus asuntos, se respete la autonomía de los Ejidos y  se dote de certeza jurídica a los actos emanados de sus autoridades.

Este punto de acuerdo surge a raíz de los problemas que viven los ejidatarios del estado, entre los que destacan los de Chocholá, Ixil, Tecoh, Izamal, Tetiz, Cheuman, Sitpach, Cholul y Seyé entre otros, quienes manifestaron ante el Congreso su inconformidad y preocupación, pues afirman existen actos ilegales, así como exigencias de renuncias de comisarios ejidales, confabulación en la venta de tierras, agitación de disidencias, poco o nulo conocimiento del sistema ejidal, de parte de personas que  ocupan puestos estratégicos en la Procuraduría Agraria y otras dependencias federales.

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