Mérida, Yucatán. En cumplimiento del acuerdo C.G.016/2013
del Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación
Ciudadana emitido el pasado 11 de junio, la Junta General Ejecutiva procedió
hoy a la destrucción del material utilizado y no utilizado en la jornada
electoral del 1 de julio de 2012, incluidos más de 4 millones 200 mil boletas.
En presencia de la licenciada en derecho, Teresita Escalante
Galaz, Notario Público número 37, del Contralor General del Instituto, Wilbert
Arturo Salazar Durán; de la consejera presidenta, Maria Elena Achach Asaf, del
consejero electoral, José Antonio Martínez Magaña, del secretario ejecutivo,
César Alejandro Góngora Méndez y del Director de Procedimientos Electorales,
Manuel Carrillo Toraño, se abrió la bodega del Instituto e inmediatamente las
primeras 243 bolsas contenedoras de boletas, actas electorales y sobres, fueron
cargadas a siete camionetas.
El convoy salió de las bodegas del Instituto al Oriente de
la ciudad y se dirigió sobre el periférico a las instalaciones de la empresa
“”Recuperadora de Cartón del Sureste S.A. de C.V.” ubicada en el predio 690 de
la calle 65 B entre 90 y 92 de la colonia Francisco I. Madero, donde también en
presencia del Notario Público se descargó y fue depositado en la trituradora
para iniciar el proceso de destrucción.
En entrevista que ofreció a los distintos medios de
comunicación, el consejero electoral, José Antonio Martínez Magaña destacó que
con la destrucción del material se da cumplimiento al acuerdo del Consejo
General y de la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Yucatán.
Precisó que serán más de 4 millones 200 mil boletas que
serán destruidas del proceso electoral ordinario de julio del 2012, así como
las del proceso extraordinario celebrado en el municipio de Mama y las cédulas
de opinión de los plebiscitos de Acanceh y San Felipe.
Anticipó que una vez concluido el proceso de destrucción del
material, en los próximos meses, el Instituto reforzará su campaña de difusión
de la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, el Referéndum y
la Iniciativa Popular, particularmente entre las autoridades obligadas a fin de
que conozcan los plazos y pormenores para darle cumplimiento a la misma Ley.
Recordó que el año pasado, más de la mitad de los
Ayuntamientos del Estado cumplieron con entregar su catálogo de políticas
públicas y actos trascendentales, por lo que estimó que con un mayor
conocimiento de la Ley, podrá cumplir una cantidad superior.
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