El legislador señaló que se dio un paso importante en
materia de atención a los grupos vulnerables al crearse esas dos figuras que
forman parte del sistema de seguridad social universal propuesto por el
presidente Enrique Peña Nieto.
Durante un encuentro con vecinos de la colonia Rosario de
Chuburná, el coordinador de los diputados federales del PRI por Yucatán dijo
que con la pensión universal el gobierno federal garantizará los derechos de
los adultos mayores, velará porque reciban servicios de salud y promoverá su
participación en las actividades económicas.
“Los adultos mayores tendrán el derecho a recibir una
pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez”
explicó.
Al abundar, expuso que el Congreso de la Unión preverá en el
presupuesto que los adultos mayores que cumplan 65 años a partir del 2014, que
requieran apoyo para sufragar sus gastos básicos de manutención durante su
vejez, reciban una pensión a partir del
próximo año.
Precisó que los programas, apoyos y pensiones alimentarias
establecidos por los estados y el Distrito Federal, que prevean la
transferencia directa de recursos públicos a los adultos mayores para su
manutención, podrán continuar en los términos y condiciones que se otorgan
conforme a las leyes y demás disposiciones emitidas con anterioridad.
Con respecto al seguro de desempleo, Sahuí Rivero reiteró
que garantizará a los trabajadores del sector formal, que hayan perdido su
trabajo, contar con un mecanismo que les permita cubrir sus necesidades
económicas en tanto se reincorporan al mercado laboral.
“El seguro será
administrado y ejecutado por el IMSS” apuntó.
Sahuí Rivero destacó
que la iniciativa de Peña Nieto para crear la pensión universal para adultos
mayores y el seguro de desempleo fue enriquecida con propuestas del PRI, el PRD
y el Congreso de Puebla.
“Los diputados
realizaron cambios al documento del Ejecutivo que ahora está en manos del
Senado para su discusión y eventual ratificación. Posteriormente será turnado a
los 31 congresos estatales”
Por tratarse de una
reforma constitucional se requiere el voto aprobatorio de al menos la mitad más
una de las legislaturas locales para que entre en vigor.
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