México, DF.- Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó y
envió al Ejecutivo Federal el dictamen por el que reforma diversas
disposiciones de la Ley General para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
cuyo propósito es extender los instrumentos de prevención y erradicación de
todas las formas de discriminación.alt
La reforma también promueve la igualdad de oportunidades y
de trato, a partir del fortalecimiento de la organización, operación y
funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),
como organismo responsable de articular los esfuerzos nacionales de lucha
contra la discriminación.
En el texto del dictamen, los legisladores señalaron que a
pesar de los avances legislativos y las acciones para apuntalar las políticas
públicas de combate a la discriminación, “esta reprobable práctica aún se
encuentra arraigada en la sociedad mexicana”.
Así lo expone también el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial, de las Naciones Unidas, en marzo de 2012, al expresar su
preocupación ante el hecho de que a pesar de que México tiene una
institucionalidad muy desarrollada para combatir la discriminación racial, ésta
sigue siendo una realidad estructural.
Asimismo, se refleja en las Encuestas Nacionales sobre
Discriminación en México (ENADIS), realizadas en 2005 y 2010, en las que se
indica que todavía hay quienes consideran que las mujeres y algunos grupos
sociales sólo tienen los derechos que creemos deben tener y no los que, por su
dignidad humana, son inherentes a ellos; o bien, que la mitad de la población
considera que no se justifica dar trabajo a una persona con discapacidad física,
entre otros.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica
de la Peña Gómez catalogó el dictamen como una de las acciones legislativas más
importantes en materia de lucha contra la discriminación en el país.
La legisladora perredista subrayó que con las reformas
aprobadas se amplía la definición de discriminación con la finalidad de regular
tipos de discriminación, directa, indirecta, formal y sustantiva y se
especifican las condiciones que motivan la discriminación, a fin de que la
legislación responda a la realidad de México y prevea la esencia protectora
contenida en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
De la misma forma, dijo, se amplía el ámbito protector de la
Ley y de acción de Conapred, al mismo tiempo que se incorporan nuevas
definiciones como la de igualdad de oportunidades, ajustes razonables y diseño
universal.
También se da mayor certeza a los trabajos de interpretación
de la ley y se incluyen disposiciones para impactar de manera determinante en
las políticas públicas y se garantiza el respeto de derecho a la igualdad.
Además, se consolida la prohibición a discriminar, se
fortalece el Sistema Nacional de Combate y Prevención de la Discriminación y se
precisan los supuestos de trato diferenciado que no se consideraban antes
discriminatorios.
Es importante también mencionar que se fortalece la
actuación del Conapred, así como las
responsabilidades de la administración pública federal en la materia.
Con ello, explicó, el organismo operará con mayor eficiencia
y eficacia en el seguimiento de políticas públicas y reformas legislativas que
garanticen la igualdad y para la no discriminación.
También, se incorporan medidas de nivelación concernientes a
ajustes razonables en materia de accesibilidad de información y comunicaciones
a fin de ampliar las medidas a favor de los grupos en situación de
vulnerabilidad; así como la derogación o abrogación de las disposiciones
normativas que impongan requisitos discriminatorios de permanencia a escuelas y
trabajos.
Se precisa que el rango de aplicación de la ley es para los
poderes públicos federales y se reforma el nombre del Programa Nacional para
Prevenir y Eliminar la Discriminación por el de -Programa Nacional para la
Igualdad y no Discriminación.
Asimismo, se hacen ajustes al número de integrantes de la
Junta de Gobierno de la Conapred y se redefine perfil de titular de la Conapred
y su estadía en el cargo para ser de cuatro años y no de tres.
Finalmente, se reforma el Capítulo V de la Ley a fin de
unificar el procedimiento de queja y reclamación en uno solo y se establece un
capítulo de medidas de reparación, adicionales a las medidas administrativas,
ya contempladas en la ley vigente con el objeto de inhibir conductas o
prácticas discriminatorias a fin de disminuir daños causados por dichas
conductas.
Por su parte, la senadora priista, Lucero Saldaña Pérez
indicó que las reformas están a favor de la construcción de la inclusión, el
respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos, así como a la igualdad
de oportunidades y la deconstrucción discriminaciones e injusticias.
Con este dictamen, dijo, se continúa avanzando en un marco
legal que dé instrumentos a quienes juzgan y a las víctimas y recalcó la
necesidad de formar una cultura de respeto a la diferencia en pensamiento y de
las preferencias. “México abolió la esclavitud, sin embargo necesitamos
reconocer que está impregnado una serie de prejuicios y estereotipos”.
Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, advirtió
que con la aprobación de estas reformas el Senado hace patente su
responsabilidad histórica de erradicar la xenofobia y actos de discriminación
que a pesar de los esfuerzos institucionales persisten en el país.
A través de estas prácticas, anunció el legislador
perredista, el Senado se actualiza con respecto a las manifestaciones y
mandatos de la ONU en la materia. “Debemos ser celosos vigilantes de la
aplicación estricta de la ley para que el pueblo alcance la felicidad que se
merece”.
Finalmente, el senador David Monreal Ávila, la
discriminación en México es una práctica diaria a través del trato peyorativo a
las personas o grupos, a la que calificó como “situación vergonzosa que en
pleno siglo XXI”
Destacó que el dictamen atiende la patología de la
discriminación en el país y se modifica el procedimiento de quejas para personas consideradas como discriminadas.
Reconoció que el gran aporte de la reforma es que son sujetos a estos
procedimientos los particulares y las autoridades.
“No basta con fomentar leyes que prohíban la discriminación
sino que debe existir una cultura de inclusión y respeto a los derechos humanos
pues si no el dictamen no será suficiente”.
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