Mérida, Yucatán.- Con 267 medidas de protección emitidas en
los últimos ocho meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha garantizado la
seguridad de víctimas que acuden en busca de procuración justicia, en casos que
principalmente corresponden a situaciones de violencia.
Tan sólo en el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) se han
otorgado un total de 88 órdenes en un lapso de tres meses desde su puesta en
marcha en el mes de marzo, con lo que se busca proteger a las víctimas que
sufran algún riesgo de ver vulnerado su estado físico o su vida.
Las medidas de protección también son emitidas a través de
las Fiscalías Investigadoras (anteriormente agencias del Ministerio Público)
tanto al interior del estado como en las unidades periféricas, para lo cual
debe existir una denuncia de por medio.
La directora del CJM, Lucelly Góngora Cervera, explicó que
en este sentido se le brinda protección a la víctima hasta por un lapso de 72
horas que, de acuerdo al caso, se determina como emergente o preventiva.
Indicó que la primera está dirigida a desalojar al presunto
agresor o en su caso a la víctima del domicilio que comparten, a fin de
disminuir los peligros que la situación representa, por lo que también se
asigna la vigilancia de un agente ministerial que permanece cerca de la afectada
el tiempo que dura esta medida.
En el caso de la medida preventiva está orientada a realizar
un tipo de acompañamiento para que la denunciante pueda efectuar alguna
diligencia en la que pudiera correr riesgo, como por ejemplo el sacar sus
pertenencias de su domicilio o la realización de un trámite que implique
encontrarse con su presunto agresor.
En ambos casos la persona en contra de quien se aplica la
medida de protección debe ser notificada de la misma, al tiempo que se le
exhorta a mantenerse alejado de la querellante.
Con ello se busca salvaguardar la seguridad de quienes
acuden en busca de ayuda, en casos que por lo general corresponden a
situaciones de violencia familiar. Estas medidas se extienden a la protección
no sólo de la persona denunciante, sino a los hijos.
Dichas estrategias de protección emergente fueron impulsadas
por la fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez, como parte de
las garantías que la FGE impulsa en apoyo a quienes sufren de violencia
familiar.
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