- Se ordena a Sagarpa realizar consulta pública entre las comunidades indígenas previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial
México, DF.- El Juez Primero de Distrito en el Estado de
Yucatán anuló un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que
permitía la siembra comercial de soya transgénica en esta entidad, informó la
representante legal de Greenpace México, María Colín Olmos.
En conferencia de prensa dijo que argumentando que el
permiso ponía en riesgo la producción de miel mexicana en estados como
Campeche, Quintana Roo y Yucatán, apicultores mayas yucatecos se ampararon ante
la resolución de la Sagarpa, que en 2012 autorizó –con el aval de Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la siembra de 253,500 hectáreas
de soya transgénica en siete estados de la República, entre ellos Yucatán.
-- “Con esta decisión del juez queda prohibida por ahora la
siembra de soya transgénica en escala comercial en el estado de Yucatán. Esta
sentencia se suma a las que en marzo y abril del presente año emitió el Juzgado
Segundo de Distrito de Campeche, quien al resolver dos juicios de amparos
presentados por apicultores mayas radicados en Campeche en contra del mismo
permiso, también determinó la violación al derecho a la consulta de las
comunidades mayas, así como la violación al procedimiento establecido en la
propia Ley de Bioseguridad, señaló Jorge Fernández del Colectivo MA OGM.
"Estamos ante un hecho muy relevante por tres razones:
la primera porque hace valer el principio de multiculturalidad contenido en la
Constitución, así como los derechos humanos que implica derecho a la consulta
previa del pueblo maya; la segunda porque determina que la consulta previa
procede para los casos de posible afectación, esto es, que no se requiere que
el daño esté probado; y en tercer lugar, porque reconoce el principio 10 de la
Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones
ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el
acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso
a la justicia. Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades
responsables a no recurrir la sentencia y cumplir cabalmente por lo ordenado
por el juez, puesto que ello supondría un avance en la construcción de la
democracia sustancial en el país", afirmó Ximena Ramos, asesora de Litiga
OLE.
“Para los apicultores de Yucatán, muchos de nosotros indígenas mayas, esto es un gran logro porque
se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y
nuestro sustento porque la apicultura es la principal actividad económica
tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con
transgénicos ni con los productos tóxicos como agroquímicos que matan a
nuestras abejas”, señaló Lorenzo Itzá Ek, apicultor maya.
El 27 de febrero de 2012, las organizaciones Unión Nacional
de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Miel Integradora
S.A. de C.V. , la Sociedad de Solidaridad Social “Apícola Maya de Yucatán”,
Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE) y
Greenpeace demandaron a los titulares de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat) por la inconstitucionalidad que representaba el
otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya GM.
El Juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores
mayas reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos
(económicos, laborales o ambientales) por las consecuencias que pudieran
generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya GM y aceptó
como válido el interés legítimo de los indígenas mayas cuya principal actividad
económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una
protección especial, por su especial condición de vulnerabilidad, debiéndose
garantizar su acceso a la justicia efectiva.
También desechó los argumentos de las autoridades demandadas
quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los
permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel.
El Juez también declaró nulo el dictamen de Semarnat que
avala el permiso otorgado por Sagarpa para siembra de soya transgénica, toda
vez que no se tomó en cuenta las opiniones técnicas de la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Instituto Nacional
de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
que señalaron "no ser viable la siembra de soya transgénica"; la
autoridad judicial ordena a la Sagarpa que lleve a cabo, de manera adecuada, la
consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab,
Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimin, ubicadas en el estado de Yucatán, previo a
poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial,
misma que deberá realizarse por los medios idóneos que estén al alcance de
dichas comunidades indígenas, dentro de los seis meses contados a partir de que
se notifique a las autoridades responsables esta sentencia, una vez que sea
definitiva.
“Aprobar cultivos transgénicos en la península de Yucatán es
un acto arbitrario que nos afecta a los pueblos indígenas al anteponer los
intereses de las corporaciones sobre los pueblos y comunidades mayas que por
años hemos vivido de la apicultura. Si las autoridades mexicanas siguen
permitiendo la liberación de transgénicos al medio ambiente arruinarán por
completo al sector apícola, fundamental para la agricultura y los
ecosistemas. Este caso nuevamente
demuestra que una agricultura campesina sustentable es incompatible con el
modelo de los cultivos transgénicos”, Lorenzo Itzá Ek.
“El flujo del polen transgénico representa un estigma en la
calidad de la miel mexicana poniendo en riesgo una de las pocas ventajas
comparativas con las que cuenta nuestro país dentro del mercado global. México
es el tercer exportador de miel a nivel mundial, 40% de la miel nacional se
obtiene de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, el 98% de la miel de la Península
se exporta a la Unión Europea, y alrededor de 20 mil apicultores de origen
indígena viven de esta actividad y el actual gobierno de Enrique Peña Nieto
pretende borrar el contenido indígena del campo mexicano, por eso es importante
una prohibicion total a la liberacion de transgenicos en la Peninsula”,
expresó Pablo Duarte, coordinador de la
Unorca-Yucatán.
En ese sentido el gobierno federal debe garantizar zonas libres de transgénicos, petición a la
que se ha negado la SAGARPA y lo cual representaría una medida definitiva para
proteger el campo mexicano, a las comunidades, a los productores y a los
consumidores de la imposición de soya, maíz o cualquier otro cultivo
transgénico, en nuestro campo, en nuestra mesa, en nuestra dieta, y en nuestra
salud, concluyó María colín, representante legal de Greenpeace México.
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