- Enfocado a los recursos genéticos, participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización
- Su implementación generará en México grandes beneficios bajo un marco de certeza jurídica y evitará la biopiratería
México, DF:- Tras siete años de negociaciones en las que México
fue uno de los principales actores, este 12 de octubre entró en vigor el
Protocolo de Nagoya, al haber sido ratificado por 53 países, entre ellos
México.
El Protocolo de Nagoya busca regular e implementar el tercer
objetivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica y, reconociendo la
soberanía de los países sobre sus recursos genéticos, establece la obligación
de que el acceso a los recursos genéticos sea de acuerdo con el consentimiento
fundamentado previo.
Mandata que las comunidades indígenas y locales, poseedoras
del conocimiento tradicional asociado a los recursos genéticos, participen de
los beneficios de su aprovechamiento; permitirá asegurar que el acceso a los
recursos genéticos se efectúe de manera equitativa, mediante un consentimiento previo
e informado; también ofrece un enfoque innovador para la conservación y la
protección de los recursos vivos del mundo; y evitará la apropiación o uso
ilegal de recursos genéticos.
El Protocolo establece que los países que forman parte del
Convenio sobre la Diversidad Biológica desarrollen e implementen un marco
regulatorio sobre:
· Las medidas
de cumplimiento para asegurar que cuando se utilicen los recursos genéticos y
el conocimiento tradicional asociado a los mismos, se haya cumplido con el
consentimiento fundamentado previo y se hayan establecido términos mutuamente
acordados para el reparto justo y equitativo de los beneficios de su
utilización. Esto contribuirá a evitar la biopiratería.
· El monitoreo para la utilización de
los recursos genéticos en todos los pasos de la investigación, desarrollo,
innovación, pre-comercialización y comercialización de los recursos genéticos.
· La definición e implementación de un
“certificado de cumplimiento internacionalmente reconocido” que evidencie que
el acceso a los recursos genéticos se realizó de acuerdo con la legislación
nacional. La información contenida en dicho certificado será parte de la
información para monitorear la utilización de los recursos genéticos.
· El acceso a los conocimientos
tradicionales asociados a los recursos genéticos deberá de ser con el
involucramiento y consentimiento o aprobación de las comunidades indígenas y
locales; el uso de los mismos se deberá
llevar a cabo conforme a los términos que se acuerden mutuamente entre el
usuario y las comunidades a fin de asegurar la distribución de beneficios.
Además de estas medidas regulatorias, la implementación de
dicho instrumento internacional obliga a los países a tomar medidas de política
pública, administrativas, presupuestales y de coordinación entre los órdenes de
gobierno y los propietarios de predios.
Para México estos mandatos podrían implicar la elaboración
de una nueva Ley específica en la materia y/o la modificación de la legislación
existente, no sólo en materia ambiental sino la aplicable a todos aquellos
sectores relacionados.
Así, la implementación del Protocolo de Nagoya creará una
mayor seguridad jurídica y transparencia para los proveedores y usuarios de
recursos genéticos al promover el establecimiento de condiciones predecibles
para el acceso a los recursos genéticos. Esto ayudando a asegurar la
participación en los beneficios cuando los recursos genéticos salen de la Parte
contratante que proporciona dichos recursos.
Al garantizarse la participación en los beneficios, se crean
incentivos para la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos, y
por lo tanto aumenta la contribución de la diversidad biológica con el
desarrollo y el bienestar humano.
La implementación del Protocolo de Nagoya generará en México
grandes y muy diversos beneficios bajo un marco de certeza jurídica para todos
los actores involucrados, evitando la biopiratería.
Estos beneficios incluyen la conservación y protección de
ecosistemas vivos y fuertes; el fomento a la investigación y generación de
conocimiento sobre nuestro patrimonio natural y sobre los valores asociados y
usos diferentes que podamos dar a nuestra biodiversidad; el incremento en las
inversiones dirigidas al aprovechamiento sustentable de nuestro patrimonio
natural; la creación de más empleos; y más y mejores oportunidades para la
población y el desarrollo comunitario.
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