- Refrenda compromiso del PJF de emitir sentencias de solidez irrefutable que garanticen la amplia protección de los DDHH en el proceso penal
- El nuevo sistema procesal penal constituye una oportunidad de servir a la sociedad, al dotar de mayor legitimidad al sistema jurídico, reconoce la consejera Rosa Elena González Tirado
- La formación y capacitación de los operadores del nuevo sistema constituye una cruzada de largo alcance para el CJF
"Tengan la seguridad de que el Consejo de la Judicatura
Federal está preparado y cumplirá en tiempo y forma su deber. México lo
requiere. México lo merece", puntualizó.
Subrayó el compromiso indeclinable de la judicatura federal
con la emisión de sentencias de solidez irrefutable que materialicen los
derechos humanos de las partes en el proceso penal, reivindicando
particularmente a la víctima al ser reconocida como parte en el procedimiento.
Solo así, añadió la magistrada González Tirado, se
garantizará el éxito del nuevo modelo procesal penal y se logrará, a partir de
hechos tangibles, generar un cambio social basado en el conocimiento,
credibilidad y confianza en el actuar de
los órganos del Estado mexicano que fungen como operadores del sistema.
Dijo lo anterior, durante la presentación de los avances en
la implementación del nuevo sistema de justicia penal que registra el Poder
Judicial de la Federación (PJF) en Yucatán, a unos días de que inicie
actividades el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) de la entidad.
Ante jueces y magistrados federales, autoridades del ámbito
estatal y federal responsables de la implementación que se dieron cita en la
Sala de Juicio Oral del CJPF, informó que desde las cero horas del próximo
lunes 16 de marzo, todos los casos que se presenten se desahogarán mediante el
nuevo sistema oral penal.
La puesta de marcha de este Centro se enmarca en el Plan
Maestro de Implementación de la Reforma Penal aprobado por el Pleno de este
órgano colegiado y tiene proyectado construir 44 centros en todo el país.
Explicó que en el caso de la Federación, la adopción del
sistema penal acusatorio se realiza por etapas y de manera regional. La primera
inició el 24 de noviembre de 2014, en los estados de Durango y Puebla, y con la
presentación de Yucatán y Zacatecas, se materializa la segunda etapa.
La consejera González Tirado informó que a la fecha el CJF
trabaja en la tercera etapa, misma que se tiene prevista inicie agosto de este
año en siete entidades más, que por decisión del Pleno tendrán como sede las
ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz; Guanajuato, Guanajuato; La Paz, Baja
California Sur; Mexicali, Baja California; Netzahualcóyotl, Estado de México,
Querétaro, Querétaro y San Luis Potosí, San Luis Potosí.
Con ello, el Consejo de la Judicatura Federal asume con
absoluta seriedad y responsabilidad el enorme reto que implica instaurar este
nuevo sistema procesal, el más relevante
-sin duda- en la justicia penal desde la independencia de México, puntualizó.
La capacitación y formación de servidores públicos
especializados en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio constituye una
cruzada de amplio alcance en el CJF, pues no se circunscribe a sus integrantes
sino que abarca a todos los operadores del sistema.
Subrayó que el éxito de la reforma no depende solo de
aspectos materiales o de la transparencia con que se conduzcan las diferentes
etapas procesales de cara al público
asistente, sino de un profundo cambio cultural en la sociedad.
Nuevas reglas procesales
La consejera destacó que para lograr este cambio de sistema
es necesario atender diversos aspectos: nuevas reglas procesales, que incluyen
un código procesal único, ya en vigor; nuevas Salas de Audiencia diseñadas para
recibir a la sociedad interesada, y nuevos juzgadores altamente capacitados.
En cuanto a las nuevas reglas, explicó que subsiste el
juicio como columna vertebral, pero se incorporan otras vías de solución como
por ejemplo la mediación y la conciliación, en los que se privilegia la
presunción de inocencia e igualdad entre imputado y víctima, dando prioridad a
la reparación del daño.
En este sentido, sostuvo que si bien la Federación y los
estados tienen sus propios juzgadores, por primera vez en la historia se rigen
por un solo procedimiento establecido en el Código Nacional de Procedimientos
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.
Instalaciones y jueces nuevos
Por lo que toca a las instalaciones, los Centros de Justicia
Penal Federales materializan los nuevos principios de la justicia penal, cuyo
corazón es la Sala de Audiencias: el juez y todos los operadores, imputado y
víctima confluyen aquí para resolver el conflicto.
La publicidad es una de las características del nuevo
sistema de justicia penal, por lo que las Salas de Audiencias están diseñadas
para recibir a la sociedad interesada.
Actualmente, para iniciar en condiciones óptimas, una Sala
es suficiente, pues de acuerdo con la experiencia obtenida de la Primera Etapa
de implementación en los Centros de Justicia Penal Federales de Durango y
Puebla, que cuentan con una sola Sala de Audiencias, a más de 100 días de su
inicio de funciones, se utilizan en promedio alrededor de 2 horas por día.
Por otro lado, es importante señalar que para implementar
este sistema en todo el país, se requiere de poco más de 205 juzgadores,
incluidos aquellos que tendrán la responsabilidad de administrar cada Centro de
Justicia Penal Federal. El Centro de Yucatán inicia funciones con dos
juzgadores: una jueza y un juez, además de un administrador.
Hasta el día de hoy han egresado 30 jueces de dos Concursos de
Oposición Especializados, que se integran a los Centros por etapas públicas
sujetas al escrutinio de la sociedad.
El primer Concurso arrojó cinco vencedores, quienes son los
titulares en los Centros de Justicia de Durango y Puebla, tres adscritos al primero
y dos al segundo.
Para continuar con el proceso de selección, el pasado 6 de
marzo se emitió la convocatoria para realizar 6 concursos en distintas sedes de
todo el país, que serán especializados, independientes y simultáneos. Cada uno
de ellos implicará someter a concurso 25 plazas, con lo que se obtendrán 150
juzgadores más.
Asimismo, será posible readscribir a jueces de Distrito que
se ocupan del sistema tradicional de justicia penal, pues cuentan con las
aptitudes necesarias para desempeñar tal encargo. Muchos de ellos han recibido
amplia capacitación, por lo que se acudirá a ellos cuando sea necesario.
Paralelamente, el CJF lleva a cabo una cruzada de
capacitación que incluye a todos los operadores del sistema: desde los
juzgadores de amparo que por esa vía participan de la construcción y definición
del nuevo sistema de justicia penal, hasta las personas encargadas del
mantenimiento de los nuevos Centros de Justicia Penal.
Por cuanto hace a los Magistrados de Apelación el CJF
determinó que sean los magistrados de los tribunales unitarios que conocen del
sistema penal tradicional, quienes se ocupen de conocer de las apelaciones que
resulten del nuevo sistema.
Esta medida fue considerada la más idónea, conforme a los
recursos materiales y humanos existentes y, por supuesto, considerando que con
ello no se transgrede ningún principio del nuevo sistema, ni se contraría
ninguna disposición.
Para que tal función de alzada se desempeñe con la
excelencia necesaria, se ha previsto que cuenten oportunamente con la
capacitación necesaria en el nuevo sistema de justicia penal. La creación de
Tribunales de Alzada Especializados se hará en la medida que las cargas de
trabajo lo exijan.
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