Mérida, Yucatán.- Por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, este día fueron imputados Marcial C. P., Jorge C. P., Joselito C. P., Juan Carlos C. P., Marcelino H. C., Mario Alberto T. A., Mariana Yaquelin K. U., Miguel Ángel C. P., Mariana Mirna C. P. y Paulina Rosario H. C., en una audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Umán.

Las diez personas detenidas fueron presentadas ante el Juez, luego de su detención en un cateo realizado en un predio de la localidad de San Rafael, comisaría de Maxcanú.

Bajo la causa penal 136/2026, los fiscales de litigación formularon el cargo en su variante de posesión con fines de comercio de los narcóticos denominados cannabis y metanfetaminas, sustancias que fueron decomisadas durante el cateo.

En el desarrollo de la audiencia se solicitó la vinculación a proceso de los ahora imputados, pero se apegaron al plazo de 144 horas que otorga la ley, por lo que la diligencia se efectuará el próximo 20 de noviembre.

Como parte de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, el Juez de Control concedió la prisión preventiva para nueve de los imputados, a excepción de Mario Alberto T. A. quien deberá acudir a firmar ante la fiscalía investigadora con sede en Maxcanú dentro de los primeros cinco días de cada mes, no podrá salir del Estado, deberá someterse a vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y no podrá acercarse a las personas que declararon como testigos.

• El ahora occiso había iniciado un juicio ordinario civil contenidos en el expediente 525/2026. auto de fecha 19 de agosto del año 2026.
• El Gabacho, vinculado con la Familia Michoacana en Guerrero, habría ordenado la ejecución

Mérida, Yucatán.- William Ávila Ureña, originario de Guerrero, fue ejecutado en Dzityá por el sicario Víctor González Sánchez, de Oaxaca, (la policía difundió primero las iniciales E. I. H. C.) presuntamente por orden de Israel o Ismael Viveros García alias El Gabacho, vinculado con la Familia Michoacana, por una deuda de 15 millones de pesos, de acuerdo con la causa penal 668/2026.

Según la demanda interpuesta por el delito de homicidio calificado por la esposa de Ávila Ureña, Ilse M. J. Z, su marido recibió siete impactos de bala calibre 9mm, clasificado como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

(Israel Viveros García (alias "El Gabacho") ha sido mencionado en reportes policiacos y publicaciones en redes sociales relacionados con actividades de cobro de cuotas y extorsiones en la región de la Costa Grande de Guerrero (en particular en zonas como Petatlán), operando bajo el mando de grupos o figuras locales como Aliver Coria Sánchez (alias "El Ruso").

Asimismo, en el contexto de la delincuencia en la zona limítrofe de Guerrero y Jalisco, las autoridades federales han investigado y detenido en el pasado a integrantes con apellidos Viveros García vinculados a células del crimen organizado y acusados de diversos delitos en la región).

Cabe recordar que el automóvil que usó el sicario de Guerrero en Mérida es un Chevy con placas yucatecas modelo 2001, color gris plata, mientras el fallecido manejaba una Chevrolet Trax lt color dorado con placas de Morelos)..

De acuerdo con archivos del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el ahora occiso había iniciado un juicio ordinario civil contenidos en el expediente 525/2026. auto de fecha 19 de agosto del año 2026.

Recuerda que el imputado fue detenido luego de un operativo coordinado entre elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que dio paso a la integración de la carpeta de investigación y a su puesta a disposición de la autoridad judicial.

En la audiencia inicial ante el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación presentaron los datos de prueba incluidos peritajes, entrevistas y análisis de evidencias, en donde se detalló que los hechos derivaron de un conflicto entre particulares.

Las diligencias contenidas bajo la causa penal 668/2026 señalan que el agresor, imputado como presunto atacante, activó un arma de fuego en contra de la víctima, a quien privó de la vida a causa de traumatismo craneofacial abierto secundario a herida por proyectil disparado por arma de fuego, de acuerdo con la causa emitida por especialistas del Servicio Médico Forense (Semefo).

Tras la imputación, los fiscales de la Unidad de Homicidios de la FGE solicitaron que se resolviera la situación jurídica del presunto implicado y fuera vinculado a proceso; no obstante, la defensa se apegó al derecho constitucional que otorga la ley, por lo que la continuación de la audiencia se programó para el día 19 de noviembre del año en curso.

Al término de la sesión, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue otorgada, por lo que el encausado permanecerá privado de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso.

• La procesada deberá presentarse a firmar de manera periódica y estará bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Mérida, Yucatán.- Acusada de realizar una operación de compraventa ilícita, Liany Nery A.P. fue vinculada a proceso por el delito de fraude, tras ser valorados los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al reanudarse la audiencia ante la Juez del Primer Distrito, con sede en Mérida, la autoridad judicial consideró probatorios los datos aportados por los fiscales de litigación y dictó el auto de vinculación a proceso en los términos imputados por la FGE.

En audiencia previa, se estableció que los hechos ocurrieron cuando la encausada presuntamente ejecutó una operación de compraventa ilícita en agravio de la denunciante, utilizando para este fin una factura falsa y con lo que causó un perjuicio patrimonial.

Antes de concluir la audiencia, la Juez Primero de Control otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria e informó que las medidas cautelares impuestas en la audiencia inicial persistirían por todo el proceso, por lo que la procesada deberá presentarse a firmar de manera periódica y estará bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

• Ninguna dependencia, ningún modelo, ni autoridad puede enfrentar por sí sola todos los desafíos que representa la gestión integral de riesgos:

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) firmaron un convenio de colaboración para implementar acciones conjuntas que permitan fortalecer las medidas preventivas y los protocolos de actuación ante emergencias en las instalaciones judiciales.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López y el coordinador de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, firmaron el documento que contempla como principal objetivo garantizar la seguridad del personal jurisdiccional y administrativo, así como de usuarios y visitantes en los edificios de la institución.

Durante el evento, realizado en la sede del Tribunal, se informó que entre las acciones conjuntas que el acuerdo considera se encuentran programas de capacitación, formación práctica y educación continua para el personal judicial, así como mecanismos de coordinación que permitan aprovechar los recursos humanos y materiales de ambas instituciones ante situaciones de emergencia o desastre.

Al dirigir un mensaje, Torres López señaló que este acuerdo representa un paso importante para consolidar una cultura de prevención y cuidado de la vida, más allá de la preparación que cada año exige la temporada de huracanes en Yucatán.

En presencia de las magistradas Mariana García Brito, Sofía Cámara Gamboa, Carolina Muñoz Gasca, Claudia Crisol Antonio Mayor y Sofía Cámara Gamboa, así como los magistrados Roberto Carrillo Granados y Alan Hernández Conde del TSJE, la magistrada presidenta señaló que también deben considerarse otros riesgos, como incendios, fallas en las instalaciones y movimientos sísmicos, por lo que resulta indispensable contar con personal capacitado y protocolos que permitan actuar de manera oportuna.

---“El Poder Judicial del Estado debe garantizar la seguridad tanto de quienes trabajan en sus edificios como de las personas que acuden diariamente en busca de atención y acceso a la justicia. Estar preparados no significa esperar a que ocurra una emergencia; sino actuar desde ahora para reducir riesgos, evitar daños y proteger vidas”, expresó.

Torres López reconoció la disposición de Procivy para establecer esta alianza y afirmó que la colaboración permitirá avanzar hacia espacios judiciales más seguros, con mejores condiciones para proteger la integridad de trabajadores y visitantes.

En su turno, Hernández Rodríguez indicó que la prevención debe estar presente en cada institución, en cada centro de trabajo y en cada espacio público, porque una emergencia no distingue entre instituciones, responsabilidades o cargos y, por eso, debe ser una responsabilidad compartida, por lo que desde el Gobierno del Estado hemos asumido el compromiso de fortalecer una cultura de prevención que llegue a todos los sectores de nuestra sociedad.

---“Una cultura en la que no esperemos a que suceda una emergencia para actuar, sino que trabajemos todos los días para reducir los riesgos y, para lograrlo, la coordinación institucional es indispensable. Ninguna dependencia, ningún modelo, ni autoridad puede enfrentar por sí sola todos los desafíos que representa la gestión integral de riesgos. Necesitamos sumar esfuerzos, compartir conocimientos y fortalecer nuestras capacidades”, finalizó.

 Debido a los elementos de prueba investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE), la autoridad judicial emitió el fallo condenatorio y estableció las sanciones correspondientes.

Dichas pruebas reunidas en la causa penal 98/2025, establecen que los hechos ocurrieron la tarde del 21 de octubre del 2025, cuando el sentenciado aprovechándose de la confianza depositada en su persona trasladó a la víctima menor de edad a una playa ubicada en localidad de Chicxulub Puerto, donde bajo amenazas le realizó tocamientos lascivos, por lo que una vez que la regresó a su casa se lo contó a su madre y se interpuso la formal denuncia.

Además de la pena en prisión, Ricardo Edilberto P.L. también deberá cubrir 1000 días de multa, lo cual equivale a un monto de 113 mil 140 pesos.

Antes de concluir la diligencia, las partes estuvieron de acuerdo en dispensar la audiencia de lectura y explicación de la sentencia, por lo que las penas impuestas quedan en firme.

La modificación deriva del análisis de un caso en el que una persona solicitó que se reconociera que había cumplido con las cargas procesales que le correspondían para desahogar una prueba, la cual no pudo realizarse en la fecha inicialmente establecida por causas que no dependían de las partes.

La modificación del criterio fue aprobada por unanimidad por las y los integrantes de esta Sala Colegiada, a propuesta del magistrado Alan Hernández Conde, quien fungió como ponente, y publicada este viernes en el Diario Oficial del Estado.

En el caso analizado, al concluir el periodo ordinario de pruebas, el juzgado solicitó a la persona interesada que pidiera un plazo adicional para poder desahogar la prueba. La solicitud se presentó oportunamente y se concedió la prórroga.

Dentro de ese nuevo plazo, la persona solicitó fecha para el desahogo de la prueba; sin embargo, nuevamente se le pidió que solicitara otro plazo, debido a que el anterior había concluido cuando el juzgado atendió su petición. Esta situación se repitió en varias ocasiones, hasta que finalmente se declaró precluido su derecho para desahogar la prueba, al considerar que no había atendido una de las prevenciones realizadas por el juzgado.

Al analizar el caso, las y los magistrados reflexionaron sobre las cargas procesales que corresponden a las partes para impulsar sus pruebas y, al mismo tiempo, sobre los deberes de las personas juzgadoras como responsables de conducir los procesos y garantizar el acceso efectivo a la justicia.

En este sentido, la Sala consideró que las personas juzgadoras deben evitar que sus propias decisiones, retrasos o circunstancias relacionadas con la organización y carga de trabajo de los juzgados se conviertan en obstáculos para el ejercicio de los derechos de las partes.

Por ello, se determinó modificar el precedente PO.SC.2a.18.012.Familiar, denominado “Término de prueba, la autoridad judicial debe dejar a salvo el derecho del oferente para que solicite su prórroga, cuando la falta de perfeccionamiento sea imputable al juzgador”, al considerar que dicho criterio podía generar cargas adicionales para las partes y afectar su derecho a una tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17 de la Constitución.

-----“Con el nuevo criterio, cuando una parte haya cumplido con las cargas procesales que la ley establece para el desahogo de una prueba y esta no pueda realizarse por causas ajenas a ella, la persona juzgadora deberá otorgar, de oficio, el tiempo adicional necesario para que pueda desahogarse”, explicó el magistrado Hernández Conde.

Además, deberá señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba, tomando en cuenta la agenda, disponibilidad y carga de trabajo del juzgado.

De esta manera, el nuevo criterio busca que una parte que haya cumplido con las cargas procesales a su cargo no pierda la oportunidad de desahogar una prueba por circunstancias que no le son imputables, fortaleciendo con ello el derecho a una tutela judicial efectiva.

• El sujeto presuntamente golpeó a la víctima en la cabeza y posteriormente le roció gasolina para prenderle fuego

Mérida, Yucatán.- Acusado de la muerte de Gerardo Arturo Euan Chan (Jerry) a quien prendió fuego en un predio de la comisaría de Chelem, Progreso, el pasado fin de semana, Jesús Antonio T.G. alias "Chuche" fue imputado y vinculado en la misma audiencia por el delito de homicidio calificado, tras los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa y justificada.

---“Muchas gracias a todos y en verdad les pido con el corazón en la mano, no hagan caso de publicaciones amarillistas ,hay muchas fuentes de información, que están dando mala información, eviten hacer un circo de esta situación en realidad es muy triste y horrible lo que pasó mi hermano pero haremos justicia, las diligencias yo las estoy haciendo acompañada de hermanito Jermin, les agradezco mucho, publicó su hermana Zelmy Mariel, tras ek fallecimiento.

A Jerry lo sepultaron en el cementerio de Xoclán el pasado 26 de octubre a las 10 de la mañana.

Luego de su detención en labor coordinada entre elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), se realizó la audiencia celebrada en el Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial, donde luego de decretarse la legalidad de la detención, los fiscales de litigación formularon la imputación y solicitaron resolver la situación jurídica del acusado.

Al renunciar la defensa al plazo constitucional, la Juez de Control dictó en la misma sesión el auto de vinculación a proceso por el delito imputado y concedió tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aprovechando la situación, el sujeto presuntamente lo golpeó en la cabeza y posteriormente le roció gasolina para prenderle fuego, provocándole quemaduras de gravedad que horas después derivaron en su fallecimiento, según se determinó en la necropsia.

Por último, a solicitud de la representación social, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, por lo que el encausado permanecerá privado de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso.

Mérida, Yucatán.-  El Poder Judicial del Estado de Yucatán informa que, con relación a posibles hechos que la ley señala como delito de abuso sexual equiparado, ocurridos, presuntamente, en la comunidad de Pocoboch, perteneciente al municipio de Calotmul, se llevó a cabo la audiencia inicial correspondiente ante la autoridad judicial.

El imputado es Adolfo Ángel Ch. C. ("Pancho") quien fue denunciado por abusar sexualmente de una joven. El caso generó indignación y una protesta por parte de los habitantes de Pocoboch el pasado 20 de octubre de 2026, quienes bloquearon temporalmente la carretera federal Tizimín–Valladolid para exigir justicia y la intervención de las autoridades ante el temor de que el presunto responsable quedara en libertad.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para que se resuelva la situación jurídica de la persona imputada. En consecuencia, la continuación de la audiencia para resolver sobre la posible vinculación a proceso fue programada para el próximo 28 de octubre de 2026.

Asimismo, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en los términos determinados por la autoridad judicial, con el propósito procesal que establece la ley. 

El Poder Judicial precisa que el procedimiento continúa en trámite y que será la autoridad jurisdiccional competente la que determine lo conducente, con base en los datos y argumentos que presenten las partes en la audiencia, respetando las garantías del debido proceso y presunción de inocencia.

Se reitera el compromiso con una impartición de justicia imparcial, apegada a la legalidad y respetuosa de los derechos humanos.

De acuerdo con la información que consta en la causa penal 20/2026, el implicado sostuvo una relación con la madre del menor, quienes finalmente se separaron, por lo que ante el divorcio, en septiembre del 2014 se impuso la manutención de $950 pesos mensuales.

Sin embargo, la autoridad judicial modificó la cantidad a pagar para el mes de diciembre del mismo año, fijando la contribución del padre en 3 mil pesos mensuales, misma que presuntamente incumplió, lo que derivó en la correspondiente denuncia.

En la audiencia los especialistas de la FGE argumentaron la vinculación a proceso, pero esta será resuelta en una siguiente audiencia a realizarse el día 26 de octubre, luego de que el imputado solicitó la duplicidad del tiempo para dicha determinación.

Finalmente, como medidas cautelares, el imputado quedará bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares, se le prohíbe salir del Estado, se le impone una garantía económica de 10 mil pesos y una restricción de convivencia y acercamiento con el menor.

• La tortura se prolongó causándole lesiones en la cabeza y provocando que perdiera la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico 

Mérida, Yucatán.-  Luego de que elementos de la Policía Estatal de Investigación de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaran una orden de aprehensión en su contra, Martín Abraham M.M. alias “El Zorrito” y Juan Pablo E.R. alias “El Huevo” fueron puestos a disposición judicial, donde se les imputó y vinculó a proceso en la misma audiencia por el delito de homicidio calificado cometido contra José Rolando C.Ch. alias “Troll”.

Asimismo, se concedió la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, misma que estará vigente por todo el tiempo que dure el proceso.

De acuerdo con la investigación judicializada, se establece que los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre al interior de un predio de la colonia Nueva Mayapán, donde presuntamente tras ponerse de acuerdo, los acusados amarraron a la víctima a una silla y comenzaron a golpearlo en diversas partes del cuerpo.

Dicha situación se repitió causándole lesiones en la cabeza y provocando que perdiera la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico, tal y como lo determinó un perito médico adscrito al Servicio Médico Forense.

Es por ello que finalmente, la Juez resolvió la situación legal de los involucrados, fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

• Cooperación institucional para desarrollar conjuntamente actividades de capacitación, profesionalización e intercambio de buenas prácticas

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) estrechan la cooperación institucional para desarrollar conjuntamente actividades de capacitación, profesionalización e intercambio de buenas prácticas en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, y el presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, firmaron una carta de intención que establece las bases para colaborar en esta materia e impulsar acciones de asistencia técnica y actualización.

En presencia del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, Rafael Rodríguez Méndez, quien fungió como testigo de honor de la firma, y del magistrado de ese órgano jurisdiccional, Moisés Rodríguez Briceño, Torres López señaló que este acto representa un avance importante en la construcción de puentes institucionales al servicio de las personas y de la justicia.

----“La firma de esta carta expresa una voluntad compartida: trabajar de manera coordinada, con pleno respeto a las competencias y atribuciones de cada institución, para ofrecer a la ciudadanía vías ágiles, accesibles, imparciales y, sobre todo, eficientes para la resolución de sus conflictos”, expresó.

Acompañada del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Hernán Vega Burgos, y de la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Amelia Zetina Pinelo, la magistrada presidenta sostuvo que estos mecanismos no sustituyen la función jurisdiccional ni disminuyen la importancia del acceso de la ciudadanía a los tribunales, sino por el contrario, amplían las opciones disponibles y ofrecen alternativas oportunas, de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

----“En Yucatán, el Poder Judicial mantiene un firme compromiso con la cultura de la paz y con el acceso efectivo a la justicia. Los mecanismos alternativos de solución de controversias son una expresión concreta de ese compromiso, porque acercan la justicia a las personas y les permiten encontrar soluciones que respondan a sus intereses, con el debido respeto a los derechos humanos”, puntualizó.

En ese marco, Torres López destacó la disposición y visión del TFJA, encabezado por el doctor José Ramón Amieva Gálvez, para sumar esfuerzos y señaló que esta colaboración representa una expresión de cooperación institucional responsable y confirma que la justicia no se construye de manera aislada, sino mediante el diálogo, la coordinación y el trabajo conjunto entre quienes comparten la misma finalidad: servir a la sociedad con legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos.

“Hoy ponemos nuestra mejor disposición para continuar avanzando en esta ruta. Reafirmamos nuestro compromiso para que esta intención se traduzca, en el futuro próximo, en un convenio sólido y en acciones concretas que fortalezcan los mecanismos alternativos de solución de controversias, promuevan la cultura de la paz y amplíen el acceso de las y los yucatecos a una justicia pronta, completa, imparcial y, sobre todo, accesible”, finalizó.

Por su parte, Amieva Gálvez indicó que la justicia se encuentra en un proceso de transformación a nivel mundial y que, en materia administrativa, la incorporación de los mecanismos alternativos de solución de controversias es relativamente reciente, aunque su desarrollo ha sido rápido, tanto en infraestructura como en capacitación y formación de las personas facilitadoras que intervienen en estos procesos.

De manera particular, el magistrado presidente del TFJA destacó la voluntad del Poder Judicial de Yucatán para colaborar en esta materia. Señaló que todas las instituciones forman parte de una comunidad juzgadora y que el respaldo mutuo demuestra, en primer lugar, que la justicia tiene un solo sentido.

“Porque las personas, cuando acuden a los tribunales a solicitar justicia, no distinguen entre competencias, materias o jurisdicciones ni consideran situaciones específicas; lo único que esperan es justicia, como la que estamos construyendo”, concluyó.

Durante el evento, Torres López también atestiguó la firma de un convenio de colaboración entre el TFJA y el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, cuyo propósito es promover el intercambio de experiencias y el desarrollo de actividades académicas y de capacitación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Asimismo, se develó una placa conmemorativa por los 90 años del TFJA, institución que, a lo largo de su historia, se ha dedicado a la impartición de justicia fiscal y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Por parte del TFJA, también estuvieron presentes el magistrado de la Junta de Gobierno y Administración, Carlos Humberto Rosas Franco; la magistrada visitadora de la Sala Regional Yucatán, Ludmila Albarrán Acuña; el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Roa Jacobo, y la directora de Delegaciones Administrativas, Rosa Edith de la Peña Adame.

De los hechos integrados en la causa penal 92/2024 del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, se desprende que las agresiones ocurrieron entre el 31 de julio y el 13 de octubre de 2024 en el interior de un predio ubicado en la colonia Santa Cruz.

Durante ese periodo, aprovechando el parentesco y que tenía a los infantes bajo su cuidado, realizó tocamientos lascivos en diversas ocasiones contra ambos menores y, en el fin de semana del 11 al 13 de octubre del mismo año, agredió sexualmente a su hija.

El expediente señala que Jorge Daniel agredió sexualmente a sus hijos: una menor de 6 años y ejecutó tocamientos lascivos en contra de otra víctima de 4 años, en un predio ubicado en la colonia Santa Cruz, en la citada localidad, por lo que se presentó la formal denuncia, misma que derivó en la causa penal 92/2024.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la madre, que está separada de Jorge Daniel desde hace tres años (en 2024), este abusaba de sus hijos cuando pasaba a buscarlos para llevarlos a su domicilio, en la ciudad de Tizimín.

La denunciante se enteró de los hechos cuando los menores le contaron lo que ocurría cada vez que iban a casa de su padre.

Durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada ante el Tribunal Colegiado Segundo de Juicio Oral, bajo la carpeta 48/2025, la autoridad judicial desglosó la condena en 17 años y seis meses de prisión por el delito de violación equiparada, sumados a 16 años y cuatro meses por cada uno de los cargos de abuso sexual, además del pago total de 5 mil 483 Unidades de Medida y Actualización.

Asimismo, se condenó al sentenciado al pago de la reparación del daño de manera integral y a gestionar el tratamiento psicológico para las víctimas, además de recibir una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos, la prohibición definitiva de acercarse a los afectados y la negativa de cualquier beneficio de sustitución de sanciones.

En representación del Poder Judicial del Estado, el magistrado Gerardo Chacón Tuyub encabezó el encuentro, acompañado de las consejeras de la Judicatura Alejandra Chávez Montes y Viridiana Acevedo Ceballos, realizado en el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia.

Durante la apertura, Chacón Tuyub destacó que estos espacios permiten mantener un diálogo permanente con quienes participan en la aplicación de los mecanismos alternativos, escuchar sus planteamientos e identificar áreas de oportunidad para que los procedimientos cumplan con el objetivo de garantizar justicia. 

El también presidente de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral reiteró la disposición del Poder Judicial para sumar esfuerzos, en estricto apego a la "Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias", y atender los retos que se presenten durante la ejecución de los procedimientos. 

Recordó que desde marzo pasado se habilitó el registro de convenios mediante el Sistema Estatal de Facilitadores y Convenios (SEFAC), plataforma destinada a revisar y validar los acuerdos alcanzados entre las partes en conflicto y remitidos por personas facilitadoras privadas. Su implementación coloca a Yucatán entre las primeras entidades del país en incorporar una herramienta tecnológica de este tipo.

----“En el Poder Judicial estamos seguros de que, al igual que ustedes, facilitadoras y facilitadores, tenemos un mismo objetivo: que la ciudadanía cuente con una herramienta legal rápida, accesible y segura. Para lograrlo, necesitamos estar coordinados y en sintonía”, expresó.

Por su parte, la titular del Centro Estatal de Solución de Controversias, Amelia Zetina Pinelo, informó que, a siete meses de la puesta en marcha del SEFAC, se habían registrado 2 mil 952 convenios, de los cuales 1 mil 46 habían sido aprobados.

Durante la reunión, las personas facilitadoras privadas compartieron diversas propuestas para abonar a la mejora continua, además de reconocer la importancia de mantener espacios de diálogo y escucha con las autoridades judiciales, así como continuar fortaleciendo las herramientas tecnológicas que garanticen la atención a la ciudadanía.

La consejera Alejandra Chávez Montes destacó que las personas facilitadoras privadas suelen ser de las primeras en tener contacto con quienes buscan resolver sus diferencias mediante acuerdos pacíficos, por lo que también representan el rostro humano de la justicia. 

En ese sentido, las exhortó a desempeñar su labor con responsabilidad y en estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

• Es hermano de la diputada federal del PAN, Abril Ferreyro Rosado, e impuesto en el cargo por Mauricio Vila

Mérida, Yucatán.- El magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, César Enrique Ferreyro Rosado, hermano de la diputada federal del PAN, Abril Ferreyro Rosado, fue multado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, Licenciado Julio Guillermo Artiachi Vázquez, por incumplir con una ejecutoria de amparo.

La multa asciende a $26,981.30 (Veintiséis Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 30/100 Moneda Nacional), que equivale a doscientos treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo.

El acuerdo, de 13 de octubre de 2026, fue publicado el día de hoy miércoles, dentro del juicio de amparo 648/2025-VI. promovido por las profesoras Hilda del Carmen Martínez Sierra y Loida Eunice Cocom Tun.

El Resolutor Federal advierte que el Magistrado no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ni al requerimiento realizado mediante acuerdo de 11 de septiembre de 2026; que le fue notificado desde el 17 de septiembre del actual. En virtud de lo anterior, ante la conducta omisiva de la autoridad de referencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de septiembre de dos mil veintiséis, y se le impone la multa.

Asimismo, el Juez de Distrito en Yucatán, determinó que, con independencia de lo anterior, los autos se remitirán al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia, que podrían concluir en su destitución por desacato a una resolución federal.

El juez ordenó que previo a girar el oficio al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sede en esta ciudad, para el cobro de la multa de referencia, se requiera al Director de Recursos Humanos del referido Tribunal, para que en  tres días hábiles informe a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, el Registro Federal de Contribuyentes "R.F.C"., así como el día, mes y año de su nacimiento del sancionado César Enrique Ferreyro Rosado, Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. 

Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de notificado este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, en los términos concedidos en la sentencia de amparo; debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes que acrediten su dicho. 

Apercibida que de no cumplir con lo anterior, o no proporcionar la información solicitada, en el lapso señalado, se les impondrá una multa por la cantidad de $26,981.30 (veintiséis mil novecientos ochenta y un pesos 30/100 moneda nacional), que equivale a doscientos treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia.

Cabe recordar que Ferreyro Rosado fue designado por el Congreso del Estado a propuesta del gobernador Mauricio Vila Dosal, sin cumplir con el perfil, la experiencia y la trayectoria que se requería para ese importante puesto.

No obstante, en julio de 2022, el Congreso del Estado de Yucatán lo designó como Magistrado de dicho tribunal laboral por un periodo de 15 años y poco después de su incorporación, el 5 de septiembre de 2022, asumió de manera formal las funciones de Magistrado Presidente del Tribunal por un periodo específico de 4 años.

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo un fallo condenatorio en contra de Jorge Daniel Vitorín T., de 27 años, tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado (2) y violación equiparada agravada, cometidos en agravio de sus dos hijos menores, cuando tenían de 4 y 6 años.

Los Jueces integrantes del Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento del Poder Judicial, por unanimidad de votos, declararon penalmente responsable al ac usado.

De acuerdo con la causa penal 92/2024, los hechos se registraron entre los meses de julio y octubre de 2024 en el interior de un predio de la colonia Santa Cruz en Tizimín, donde el encausado aprovechó la convivencia y la relación de parentesco para realizar actos lascivos en agravio de los menores.

El acusado acudía al domicilio de su expareja sentimental por sus hijos para llevarlos a su casa, donde de acuerdo con la indagatoria, aprovechaba para cometer los abusos.

Durante la audiencia de debate celebrada ante el Tribunal Colegiado Segundo de Juicio Oral, derivado de la carpeta 48/2025, los fiscales de litigación expusieron los datos probatorios necesarios para demostrar la culpabilidad del acusado en los términos sostenidos por esta representación social.

Por último, el Tribunal de Enjuiciamiento citó a las partes procesales para el próximo 15 de octubre de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia para conocer la sentencia correspondiente.

• La obtención de un nombramiento definitivo confirma el valor de su trabajo, la contribución de su dedicación al fortalecimiento y desarrollo del sistema de justicia, 

Mérida, Yucatán.- En reconocimiento a su esfuerzo constante, disciplina y compromiso con sus funciones, más de 90 trabajadores de las áreas jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial del Estado recibieron sus nombramientos definitivos, con lo que obtienen certeza y estabilidad laboral, en beneficio de ellos y sus familias.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, encabezó la ceremonia de entrega de estos documentos a servidores públicos judiciales que diariamente atienden al público en las diversas sedes judiciales, tanto en Mérida como en los municipios.

Ante los trabajadores y sus familias, así como dirigentes sindicales, reunidos en el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Torres López señaló que la obtención de un nombramiento definitivo confirma el valor de su trabajo, la contribución de su dedicación al fortalecimiento y desarrollo del sistema de justicia, así como la confianza de la institución para que continúen sirviendo a la sociedad yucateca con ética, responsabilidad y una permanente vocación de servicio.

-----“Sabemos que detrás de cada logro hay horas de trabajo, retos superados y, sobre todo, el compromiso de servir a la sociedad yucateca. Ustedes representan el rostro humano de la justicia, porque son quienes atienden, orientan y resuelven. El Poder Judicial no se construye únicamente a través de resoluciones; también se fortalece mediante el trabajo cotidiano de cada área, oficina y persona que formamos parte de esta institución”, aseveró.

-----“Seguiremos impulsando acciones que garanticen el respeto a los derechos laborales, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional dentro de la institución. Estamos convencidos de que un Poder Judicial sólido se construye con servidores y servidoras públicas que cuentan con certeza laboral, motivación y un entorno digno para desempeñar sus funciones”, puntualizó.

En su mensaje, la magistrada presidenta exhortó también a las y los trabajadores a renovar juntos el compromiso de desempeñar sus labores con integridad, profesionalismo y un profundo sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Asimismo, los invitó a asumir este nombramiento como un incentivo para continuar creciendo, capacitarse y mantener en alto los valores que rigen su labor, a fin de seguir construyendo una justicia más cercana a la gente, más sólida y, sobre todo, más humana.

Los trabajadores que recibieron sus nombramientos definitivos se desempeñan como asistentes, asistentes legales, ayudantes de archivo, técnicos judiciales, auxiliares administrativos, asistentes administrativos, actuarios, secretarios de acuerdos y secretarios de estudio y cuenta, entre otros puestos, en las sedes judiciales de Mérida y del interior del estado.

Por su parte, el consejero presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Álvaro Juanes Laviada, señaló que este reconocimiento busca recordar a los servidores públicos judiciales el profundo valor humano de su labor, así como que cada esfuerzo cuenta, cada responsabilidad asumida es apreciada y cada integrante de la institución es visto y valorado.

----“Queremos que se sientan parte esencial del Poder Judicial, porque lo son. Que este paso sea un aliento para seguir adelante, con la certeza de que juntos construimos un Poder Judicial más sólido, cercano a la sociedad y más justo para todos”, expresó.

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario ejecutivo, Mario Marrufo Pinzón; el director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, Pedro Patrón Durán; y los secretarios generales de los sindicatos Progresista de los Trabajadores, Luisa Martín Puc, y Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado, Renán Marcelino Puc Chi.

En la audiencia realizada en el Juzgado de Primer Distrito, con sede en Mérida, los fiscales de litigación aportaron los datos reunidos en la causa penal 588/2026 y el Juez de Control decretó el auto de vinculación a proceso por el delito imputado y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron entre mayo y julio de este año, cuando el encausado presuntamente acudió en repetidas ocasiones al puesto ambulante propiedad de la denunciante, a quien exigió cobros de dinero semanal a fin de brindarle protección ante posibles desalojos.

Al término de la audiencia, el Juez de Control decretó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la audiencia inicial, persistiría por todo el tiempo que dure el proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los elementos reunidos durante la indagatoria, mismos que confirmaron la responsabilidad del acusado en los hechos que obran en la causa penal 10/202 y por los cuales fue sentenciado a la citada sanción privativa de la libertad.

Los hechos juzgados ocurrieron el pasado 24 de enero de 2026 cuando el citado Lucio se encontraba en el interior de un predio ubicado en el fraccionamiento Jardines de San Francisco de Valladolid, donde jaloneó a la menor de seis años, realizando tocamientos lascivos, lo que derivó en la denuncia correspondiente.

Además de la pena de prisión, el imputado deberá pagar una multa de 400 UMAS, la reparación del daño, recibió una amonestación pública, la suspensión de derechos políticos y la prohibición de acercarse a la víctima.

Mérida, Yucatán,.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso contra Martín Ch. C., quien deberá permanecer en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Alameda, en Kanasín.

De acuerdo con la indagatoria, la tarde del pasado 26 de septiembre, el hombre presuntamente agredió sexualmente a un menor de siete años, hijo de su pareja sentimental, al cual tenía acceso y cercanía debido a dicha relación.

Por lo anterior, esta representación social argumentó la vinculación a proceso y la Juez Primero de Control del Segundo Distrito accedió, resolviendo así la condición legal del acusado y fijando un plazo de tres meses para que las partes continúen con la indagatoria.

Finalmente, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual estará vigente por todo el tiempo que dure el presente proceso penal.

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de los presuntos sicarios Rubén Ernesto T.M., Rubén Ernesto C.C., Rubí de los Ángeles M.E. y Claudia Cristina C.M., tras ser imputados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla, tras los hechos registrados en Montes de Amé.

Los individuos son acusados de intentar ejecutar al presunto líder criminal José Marcelino ‘Marce’ Chan Tun, objetivo prioritario del Atlas Delictivo del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la causa penal 607/2026, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre en calles de la citada colonia, donde una persona resultó lesionada por proyectil de arma de fuego cometido por una pareja que  circulaba a bordo de una motocicleya, lo que derivó en un operativo coordinado de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), que culminó con la captura de los probables involucrados y el aseguramiento de un vehículo y una motocicleta.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación aportaron los datos de prueba necesarios, logrando que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso en los términos solicitados y estableciera un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta previamente en la audiencia de imputación, permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso legal.