Los hechos, que ocurrieron el pasado nueve de agosto por la noche, se reportaron en un principio como un posible fallecimiento por "muerte de cuna". Karina Guadalupe C.D declaró inicialmente que se encontraba durmiendo con su bebé en un predio de la calle 8, cuando, al despertar, notó que el menor no reaccionaba y solicitó de inmediato ayuda al número de emergencias 911.

A la vivienda llegaron la mañana el lunes 10 paramédicos y agentes de seguridad, quienes intentaron brindarle los primeros auxilios al pequeño; sin embargo, únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales. 

Ante esta situación se indicó de manera preliminar que el bebé habría muerto por el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante o “muerte de cuna”.

Posteriormente, llegó personal del Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con el expediente de la causa penal 54/2026, los hechos se registraron el pasado 10 de agosto en una vivienda de Chicxulub Puerto, comisaría de Progreso, en donde presuntamente la encausada agredió a golpes al menor provocándole lesiones internas y un traumatismo craneoencefálico que derivó en su fallecimiento

Antes de finalizar la audiencia inicial, la FGE solicitó la imposición de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, la cual fue concedida por la Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.

En el desarrollo de la audiencia, la Juez Tercera de Control del Primer Distrito decretó el auto de vinculación a proceso en los términos solicitados por la representación social y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la encausada en la audiencia de imputación, continuará vigente por todo el tiempo que se extienda el proceso penal.

En su visita a los Juzgados de Control, Tribunales Unitarios y Colegiados de Enjuiciamiento, así como de Juicio Oral, la magistrada Mariana García Brito y el magistrado Hernán Vega Burgos, ambos del TSJE, y las consejeras de la Judicatura, Alejandra Chávez Montes y Viridiana Acevedo Ceballos, se reunieron con personas juzgadoras y personal de estas áreas, que se encuentran en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM).

Como parte de esta jornada, las autoridades judiciales también recorrieron los Tribunales Laborales del Estado, donde constataron las condiciones de la infraestructura, el equipamiento y los espacios, al tiempo que dialogaron con las y los trabajadores, así como con las personas juzgadoras que atienden esta materia en la entidad.

Durante su encuentro con el personal judicial, el magistrado Vega Burgos resaltó el esfuerzo y la dedicación que cada una de las personas colaboradoras pone a diario para sacar adelante el trabajo y atender a la ciudadanía en una de sus más sentidas necesidades: la impartición de justicia.

A su vez, las consejeras Chávez Montes y Acevedo Ceballos, quienes recientemente se incorporaron como integrantes del Consejo de la Judicatura, destacaron la labor que realizan las y los servidores públicos judiciales para contribuir al fortalecimiento de la institución y coincidieron en señalar que las puertas, tanto del Consejo como del Tribunal, están abiertas para atender y escuchar al personal.

En ese marco, convocaron a las y los trabajadores a continuar trabajando para contribuir, desde la institución, a ofrecer una justicia más cercana y humana, que privilegie siempre poner a las personas en el centro de la actividad judicial.

Previamente, ambas consejeras realizaron un recorrido por el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil, así como por el Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales , ambos con sede en el municipio de Kanasín, donde sostuvieron un encuentro con las personas juzgadoras y el personal que brinda sus servicios en esos tribunales.

De igual manera, Acevedo Ceballos acudió a los Juzgados de Control, Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales, así como al Segundo Mixto Civil y Mercantil con sede en Umán, en donde se reunió con trabajadores.

Y continuando con este ejercicio de escuchar y atender al personal del Poder Judicial, la consejera de la Judicatura también visitó los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, ubicados en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama) en Mérida y el Juzgado de Control y Primero Mixto de lo Civil y Familiar en Progreso.

Los hechos que permitieron llegar a esta resolución, fueron investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la causa penal 156/2024, en los cuales se establece que la agresión ocurrió en un predio del fraccionamiento Las Palmas de San Pedro, en Kanasín.

De acuerdo con la narrativa, el hombre era padrastro de la menor al momento de los hechos, es por ello por lo que en febrero del 2023 se encontraban en el mismo domicilio, donde éste aprovechó la confianza depositada en él, para acercarse a la víctima mientras lavaba y besarla por la fuerza para finalmente imponerle la cópula.

Lo anterior fue presentado ante la autoridad judicial y permitió que el agresor reciba la citada condena ante las partes involucradas, las cuales estuvieron de acuerdo en llevar a cabo este juicio y prescindir de la audiencia de lectura y explicación de sentencia.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado de Yucatán designó a la licenciada Alma Pérez Peña como jueza de Primera Instancia en las materias Civil, Mercantil y Familiar, con sede en Valladolid.

Ante la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Erika Torres López, la nueva juzgadora rindió el compromiso constitucional correspondiente.

De acuerdo con la designación aprobada por el Consejo de la Judicatura, el nombramiento comprende del 16 de agosto de 2026 al 30 de junio de 2027.

Durante la ceremonia, la jueza refrendó su compromiso de ejercer la función jurisdiccional con responsabilidad, imparcialidad y apego a la ley, privilegiando una justicia pronta, eficiente y cercana a la ciudadanía.

En el acto estuvieron presentes las magistradas del Tribunal Superior Mariana García Brito, Sofía Elena Cámara Gamboa, Carolina Muñoz Gasca y Claudia Crisol Antonio Monte Mayor; los magistrados Roberto Alfonso Carrillo Granados, Hernán Vega Burgos y Alan Hernández Conde; la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina, Sara Leonor Estrella León, así como los magistrados Mauricio Canto Dajer y Rómulo Bonilla Castañeda. 

Con esta designación se fortalece el compromiso de fortalecer la función jurisdiccional y garantizar que el derecho sea el parámetro que oriente la impartición de justicia en beneficio de todas y todos los yucatecos. 

• Irvin Pisté Canul, del PVEM (aliado de la 4T) fue detenido en el Palacio Municipal para cumplir una orden de presentación.

Kinchil, Yucatán.- El alcalde Irvin de la Cruz Pisté Canul (PVEM) fue detenido este lunes en el Palacio Municipal de Kinchil por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, confirmó el Registro Nacional de Detenciones. Más tarde el aliado de la 4T fue liberado.

No hay información oficial sobre el motivo de la detención en operativo desplegado a las 12:45 horas y, tras su liberación, el munícipe comunicó que “este asunto seguirá su curso por las vías legales correspondientes”. 

En redes trascendió que Pisté Canul enfrenta una denuncia por presunto desvío de recursos públicos federales, tráfico de influencias, irregularidades en la posesión de tierras y terrenos familiares y hasta falta de manutención.

Pisté Canul fue presentado ante un juez para que rinda su declaración al parecer por asuntos relacionados con el ejercicio de recursos federales durante su administración. Esta es la segunda ocasión que gobierna el municipio. En el  trienio 2015-2018 fue bajo las siglas del PRI y la actual de 2024-2027 con el cobijo del Verde Ecologista, aliado del Partido Morena, que en Yucatán encabeza el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. 

El Registro Nacional de Detenciones precisa que el alcalde fue detenido a las 12:45, en un punto que corresponde al Palacio Municipal de Kinchil y señala que la detención fue realizada por elementos de la SSPC y que el edil fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal, en Mérida.

Según la ficha de detención, al momento de su aprehensión Irvin de la Cruz “N” vestía camisa tipo polo negra, pantalón de mezclilla y sandalias cafés.

----“A todas y todos los habitantes de nuestro municipio:

Quiero dirigirme a ustedes para aclarar personalmente la situación ocurrida durante el día de hoy y, principalmente, llevar tranquilidad a quienes estuvieron pendientes y manifestaron su preocupación.

El día de hoy tuve conocimiento, prácticamente de último momento, de que debía comparecer ante una autoridad con motivo de un procedimiento legal que se encuentra en trámite.

Como siempre lo he hecho, atendí el requerimiento de la autoridad y acudí a la comparecencia correspondiente, en la cual pude ejercer plenamente mis derechos y realizar las manifestaciones que jurídicamente corresponden.

Todo transcurrió de manera favorable y, una vez concluida dicha comparecencia, me encuentro nuevamente en el Palacio Municipal, desempeñando con absoluta normalidad mis funciones como Presidente Municipal y atendiendo las responsabilidades que la ciudadanía me ha confiado.

Quiero ser muy claro: siempre he sido y seguiré siendo respetuoso de las instituciones y de los procedimientos establecidos por la ley. Las veces que sea citado a comparecer ante cualquier autoridad o exista algún requerimiento que deba atender, me presentaré y daré la cara, porque no tengo nada que esconder.

Tengo plena confianza en que jurídicamente me asiste la razón y será precisamente ante las instituciones y mediante los cauces legales correspondientes donde habremos de demostrarlo.

Desde mi administración anterior y durante la presente administración hemos conducido nuestro trabajo con responsabilidad y transparencia, procurando siempre que nuestras decisiones estén encaminadas al bienestar de nuestro municipio. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo.

Agradezco sinceramente a todas las personas que durante el día de hoy estuvieron pendientes de mí, que se preocuparon y que hicieron llegar sus mensajes y muestras de apoyo.

Hoy estoy nuevamente aquí, en el Palacio Municipal, trabajando y cumpliendo con la responsabilidad que ustedes me encomendaron.

Este asunto seguirá su curso por las vías legales correspondientes y nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca: trabajar todos los días por el bienestar, el desarrollo y el futuro de nuestro municipio.

Muchas gracias por su confianza”, concluyó.

Al ofrecer un balance con motivo del Día Estatal de la Mediación, que se conmemoró el pasado 24 de julio, la directora del Centro, Amalia Zetina Pinelo, destacó que estos resultados reflejan que cada vez más personas involucradas en un conflicto optan por resolver sus diferencias mediante procedimientos no jurisdiccionales, privilegiando espacios de escucha, diálogo constructivo y entendimiento mutuo.

---"A la par de la atención directa de controversias, el Centro desarrolla labores sustantivas en materia de regulación, certificación y difusión de la cultura de paz, promoviendo la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) y garantizando a la ciudadanía el acceso a una justicia pronta, gratuita, pacífica y accesible", señaló.

Recordó que, desde marzo pasado y en cumplimiento de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado, se habilitó el registro de convenios a través del Sistema Estatal de Facilitadores y Convenios (Sefac), plataforma mediante la cual el Centro revisa y valida los acuerdos remitidos por personas facilitadoras privadas. A la fecha, se han validado y registrado 393 convenios.

Asimismo, explicó que el Centro coordina y supervisa las prácticas de quienes aspiran a obtener la certificación como personas facilitadoras privadas, además de fungir como órgano evaluador para la aplicación de las evaluaciones teóricas y prácticas requeridas para la certificación y el refrendo correspondientes.

Zetina Pinelo agregó que el Centro también impulsa la promoción de la cultura de paz mediante la capacitación continua en Mecanismos Alterntivos de Solución de Controversias, impartida a solicitud de autoridades, instituciones educativas y organismos del sector público.

---"Con esta labor formativa buscamos dotar tanto a la sociedad como a las y los servidores públicos de herramientas prácticas para la gestión pacífica de los conflictos", expresó.

El Centro Estatal de Solución de Controversias, que este año cumplió 16 años de funcionamiento, cuenta con personal facilitador que brinda atención presencial en 13 oficinas distribuidas en el estado, cinco de ellas ubicadas en Mérida. Las restantes se encuentran en los municipios de Kanasín, Umán, Progreso, Ticul, Izamal, Tekax, Valladolid y Tizimín.

En presencia de la consejera Claudia Pedrera Irabién y el consejero Álvaro Juanes Laviada, se llevó a cabo la instalación de las nuevas integrantes de este órgano y se acordó designar a Chávez Montes como consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional y a Acevedo Ceballos como consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano.

• Cabe señalar que la persona señalada como presunto agresor ha sido judicializado en dos ocasiones, a través de dos carpetas diferentes investigadas por la FGE

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), avanzan en las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia registrados la noche del domingo pasado, en contra de una mujer en el municipio de Kanasín, caso en torno al cual se abrió una carpeta de oficio al conocerse lo sucedido.

(La noche del domingo pasado, Yanet Guadalupe A.M., de 39 años, fue atacada en su vivienda en el fraccionamiento CROC con un arma blanca por su expareja Miguel ‘N’ dentro de su domicilio en el fraccionamiento La CROC, en Kanasín. 

Las autoridades activaron el protocolo de investigación por tentativa de feminicidio, mientras la víctima permanece hospitalizada en estado delicado.

Una de las hijas de la víctima solicitó auxilio a los servicios de emergencia. Paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a la mujer al Hospital Agustín O’Horán, donde permanece bajo atención médica especializada).

Desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de lo ocurrido, se activó el Protocolo de Investigación de Feminicidio, conforme a lo establecido en la ley y se iniciaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Como parte de las acciones realizadas, se inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente y que incluye las indagatorias necesarias para determinar las circunstancias de lo ocurrido y el seguimiento puntual del estado de salud de la víctima, a fin de establecer las responsabilidades que correspondan.

Cabe señalar que la persona señalada como presunto agresor ha sido judicializado en dos ocasiones, a través de dos carpetas diferentes investigadas por la FGE, por las que ha sido enviado ante los Jueces de Control, conforme a los procedimientos legales aplicables.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de actuar con perspectiva de género, aplicar los protocolos establecidos y garantizar una investigación exhaustiva, diligente y con estricto apego a la ley, en completa coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, encabezó la sesión extraordinaria con carácter de solemne de este cuerpo colegiado, en la que Chávez Montes y Acevedo Ceballos rindieron el compromiso constitucional para el periodo comprendido de agosto de 2026 a agosto de 2027.

Durante la ceremonia, realizada en la sede del Poder Judicial del Estado, Torres López exhortó a las nuevas consejeras a aprovechar la experiencia de más de 15 años que ambas han adquirido en la institución y a desempeñarse con dedicación, esfuerzo e institucionalidad. Asimismo, les reiteró que cuentan con el respaldo del Tribunal.

Cabe recordar que, Alejandra Chávez Montes es maestra en Derecho e ingresó al Poder Judicial del Estado en 2010, donde ha desempeñado diversos cargos hasta fungir como jueza interina del Juzgado Primero Familiar Tradicional. Por su parte, Viridiana Acevedo Ceballos es doctora en Derecho Penal e inició su carrera en el Poder Judicial del Estado en 2006. Desde entonces ha ocupado diversos cargos y, recientemente, se desempeñaba como secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El magistrado Hernán Vega Burgos resaltó que la designación de las dos nuevas consejeras de la Judicatura se da en un momento importante, tras la entrada en vigor de la reforma judicial, ya que tiene como antesala la implementación del Órgano de Administración Judicial, el cual deberá iniciar funciones en septiembre de 2027.

----"Estamos conscientes de que este año para el cual han sido designadas es de preparación para dar forma al mencionado órgano y sabemos que lo harán con mucha dedicación y esfuerzo. Les expresamos nuestros mejores deseos y les refrendamos nuestra disposición de colaborar con ustedes", manifestó.

En ese marco, también se reconoció la labor realizada por los consejeros María Ely Farfán Flores y Níger Pool Cab, quienes concluyeron su periodo en el cargo el pasado 31 de julio.

• La mujer trató de acuchillar a los agentes que trataron de entrevistarla en la calle 10-A entre 129-A y 129-B de la colonia San Pablo Oriente, de Mérida, un día después del crimen.

Mérida, Yucatán.- La exintegrante de la Guardia Nacional (GN), Leslie Yajaira Pech May fue condenada a 30 años de prisión al ser hallada responsable del crimen de su madre de 54 años en el año 2024, en una casa de la colonia “Nance”, de Acanceh.

Los hechos ocurrieron entre el 14 y 15 de diciembre, cuando la mujer llegó a su domicilio presuntamente en estado de ebriedad y al ser reconvenida por su progenitora, Guadalupe M. Ch., la atacó físicamente golpeándola en la cabeza primero con un envase de cerveza y posteriormente con una piedra de gran tamaño. Esto le provocó un traumatismo craneoencefálico que le quitó la vida.

El Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento la condenó por el delito de homicidio en razón de parentesco y también a pagar dos millones 171 mil 400 pesos, más 6,514.20 pesos de gastos funerarios y que en la etapa de ejecución de sentencia, la reparación integral y material del daño.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado (FGE), la hoy sentenciada golpeó a la víctima en la cabeza con una lata de Cervera y posteriormente con un objeto contundente (piedra), provocándole un traumatismo craneoencefálico que le causó la muerte.

Durante la audiencia de individualización de penas de la causa penal 180/2024, los integrantes del Tribunal Colegiado Segundo fijaron además un pago superior a los 2.1 millones de pesos como reparación del daño y más de seis mil pesos para cubrir gastos funerarios.

De igual forma, el órgano jurisdiccional determinó la reparación integral y material en la etapa de ejecución de sentencia, garantizando la salvaguarda de los derechos de los familiares afectados.

Luego del crimen, primero la detuvieron el 15 de diciembre del 2024, a las 17:15 horas, acusada de tratar de acuchillar a los agentes que trataron de entrevistarla en la calle 10-A entre 129-A y 129-B de la colonia San Pablo Oriente, de Mérida.

Ya en el Penal Femenil, la Fiscalía obtuvo la orden de aprehensión contra ella por el delito de homicidio en razón de parentesco.

• El sujeto cometió los actos ilícitos entre junio del 2022 y 25 de julio de 2023

Mérida, Yucatán.- Al concluir el juicio oral en su contra y tras la aportación de las pruebas periciales, testimoniales y documentales presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), José Rafael G.Z. fue encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada comedita en contra de una menor.

Por estos hechos que se registraron al interior de un domicilio en la colonia Chuburná de Hidalgo, en Mérida, el implicado fue condenado a la pena de 16 años, 10 meses y 15 días de prisión.

De acuerdo con la información que consta en la causa penal 276/2023 el ahora culpable era la pareja sentimental de la madre de la víctima, por lo que tenía acceso a esta última, contra quien cometió los actos ilícitos entre junio del 2022 y 25 de julio de 2023.

Además de la pena privativa de libertad que fue impuesta por la autoridad judicial, se estipuló que el detenido deberá pagar una multa superior a los 378 mil pesos mexicanos.

• Chávez Montes es maestra en Derecho e ingresó en 2010 al Poder Judicial del Estado
• Acevedo Ceballos es doctora en Derecho Penal e inició su carrera en el Poder Judicial del Estado en 2006

Mérida, Yucatán.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) aprobó por unanimidad la designación de la maestra en Derecho Alejandra Chávez Montes y de la doctora en Derecho Viridiana Acevedo Ceballos como nuevas integrantes del Consejo de la Judicatura, para el periodo comprendido del 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2027.

En sesión extraordinaria de este cuerpo colegiado, encabezada por su presidenta, Erika Torres López, las magistradas y los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional determinaron otorgar su respaldo a ambas servidoras públicas judiciales, al considerar que cumplen con todos los requisitos legales, cuentan con experiencia y han desarrollado una sólida carrera judicial dentro de la institución.

En ese marco, se destacó que Chávez Montes es maestra en Derecho e ingresó en 2010 al Poder Judicial del Estado, donde ha desempeñado diversos cargos hasta fungir como jueza interina del Juzgado Primero Familiar Tradicional. Recientemente, fue incluida en la lista definitiva para ocupar el cargo de jueza de Primera Instancia en las materias Civil, Mercantil y Familiar, tras participar en un concurso de oposición.

Durante la sesión, la magistrada Carolina Muñoz Gasca y el magistrado Hernán Vega Burgos coincidieron en que, ante el momento de transición que atraviesa el Poder Judicial del Estado, es necesario contar con perfiles como los de estas dos servidoras públicas, cuya experiencia, conocimiento institucional y sólida carrera judicial contribuirán al fortalecimiento de este proceso.

Tras la designación, se convocó a sesión extraordinaria con carácter de solemne de este cuerpo colegiado para el próximo 3 de agosto a las 9:00 horas en la sede del TSJE para que las nuevas consejeras de la Judicatura rindan compromiso constitucional.

En representación del Poder Judicial del Estado, Hernández Conde sostuvo que la impartición de justicia no se limita a la resolución de controversias mediante una sentencia. También implica generar condiciones para que las personas encuentren soluciones que atiendan las causas de los conflictos y favorezcan la reconstrucción de sus relaciones. Por ello, subrayó que los mecanismos alternativos de solución de controversias constituyen herramientas idóneas para ese propósito.

----"En el Poder Judicial del Estado estamos convencidos de que una justicia cercana, participativa y restaurativa fortalece el Estado de Derecho y amplía el acceso efectivo a la justicia. Resolver un conflicto mediante el diálogo no significa renunciar a la justicia, sino encontrar caminos que favorezcan la reparación, la convivencia y la paz", manifestó durante la ceremonia realizada en el auditorio "Manuel Cepeda Peraza" del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Acompañado por la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Amelia Zetina Pinelo, el magistrado destacó que promover una cultura de paz implica fomentar la capacidad de resolver las diferencias sin violencia, privilegiando el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida. Añadió que esta tarea trasciende a los tribunales e involucra a las instituciones educativas, dependencias públicas, organizaciones sociales, el sector privado y, por supuesto, a cada integrante de la comunidad.

----"En Yucatán tenemos razones para sentirnos orgullosos de ser una de las entidades más seguras del país. Sin embargo, sabemos que la paz no es una condición permanente ni un logro que pueda darse por sentado. Se construye todos los días desde las familias, las escuelas, las comunidades, las instituciones y cada espacio donde las personas deciden escucharse, respetarse y buscar soluciones comunes", expresó.

----"Sigamos construyendo puentes de entendimiento en beneficio de nuestra sociedad, con la convicción de que el diálogo siempre será el mejor camino para construir comunidades más fuertes y un mejor futuro para nuestro estado", concluyó.

Las jornadas, que iniciaron ayer miércoles, son organizadas por el Instituto de Mecanismos Alternos A.C., el Instituto de Mediación de México A.C. y el Colegio Internacional de Especialistas en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Reúnen a mediadores, conciliadores, facilitadores, investigadores y estudiantes. El encuentro, que concluye este viernes, incluye conferencias magistrales, mesas panel, talleres, foros y ponencias.

La representante del Comité Organizador, Verónica Moyano Acuña, detalló que esta reunión, más que un encuentro académico, representa un compromiso colectivo con una forma distinta de entender la justicia: "una justicia que escucha, dialoga, repara y coloca a la persona en el centro de toda intervención".

----"La visión es muy clara: los conflictos no son únicamente problemas que deben resolverse, sino oportunidades para reconstruir relaciones, fortalecer comunidades y consolidar una sociedad más pacífica. Tenemos una importante responsabilidad en la tarea de contribuir a la pacificación del país", aseveró.

Indicó que los mecanismos alternativos de solución de controversias han dejado de ser una alternativa para convertirse en un componente esencial del sistema de justicia moderno, pues existe la convicción de que el diálogo sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar la realidad.

• La justicia restaurativa familiar promueve que las partes reconozcan el conflicto, asuman su corresponsabilidad y participen activamente en la reparación del daño

Mérida, Yucatán.- Operadores jurídicos refuerzan sus conocimientos y se preparan para la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) y para garantizar la adecuada aplicación del Protocolo de Actuación sobre Justicia Restaurativa Familiar de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial del Estado.

Para ello, participan en la Capacitación Especializante de Justicia Restaurativa en Materia Familiar, cuya fase virtual se llevó a cabo en dieciséis sesiones durante los meses de junio y julio, y durante  el fin de semana pasado se desarrolló la fase presencial dividida en dos sesiones.

La capacitación, se realiza en colaboración con la maestra Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama y el equipo de Vínculo Restaurativo S.C., cuenta con el respaldo académico de la Escuela Judicial y está integrada por un programa de un total de 60 horas de formación, que se distribuyen en 48 horas virtuales y 12 presenciales.

En la jornada presencial, la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que esta tercera edición representa un precedente al reunir al mayor número de participantes desde su creación e incorporar, por primera vez, a operadores externos que intervienen directamente en los procesos judiciales.

Subrayó que la justicia restaurativa familiar promueve que las partes reconozcan el conflicto, asuman su corresponsabilidad y participen activamente en la reparación del daño y en la reconstrucción de las relaciones familiares, privilegiando en todo momento el bienestar y la seguridad de quienes las integran.

También participan  servidoras y servidores públicos del Centro Estatal de Solución de Controversias, de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social, juezas y jueces mixtos de reciente nombramiento, así como juzgadores de las materias civil, mercantil y familiar. Asimismo, asisten aspirantes a la categoría de juez de primera instancia.

La capacitación también reúne a facilitadores privados y personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de la Defensa Pública del Estado, para conformar un grupo de 177 participantes que fortalecen sus conocimientos y habilidades en materia de justicia restaurativa familiar.

En su intervención al cierre del taller, la maestra Claudia Villavicencia Guadarrama señaló: " Nos enorgullece colaborar, por tercera ocasión, con el Poder Judicial del Estado de Yucatán en la formación especializada en Justicia Restaurativa Familiar, rumbo a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, gracias por la confianza en el equipo de Vínculo Restaurativo S.C.  Concluimos un fin de semana intenso junto a 144 personas comprometidas con una justicia más humana, más que aprender herramientas, compartimos la experiencia de acompañar a otras personas con escucha, dignidad y responsabilidad. Porque restaurar no es solo resolver conflictos; es aprender el fino arte de acompañar a otro sin romperlo... y sin romperse en el intento. Seguimos trabajando para fortalecer una justicia más humana, especializada y restaurativa."

En ese marco, integrantes del equipo de Vínculo Restaurativo S.C. recibieron reconocimientos otorgados por el Poder Judicial del Estado. De esta manera, el Poder Judicial del Estado continúa impulsando la profesionalización permanente de quienes participan en la impartición de justicia.

En el marco de la primera sesión ordinaria 2026 del Sipinnay, encabezada por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, la directora de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables del Consejo de la Judicatura, Nicte-Há Chacón Romero, indicó que, como parte de esta agenda, también se promoverán mecanismos que garanticen el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar y ser escuchados en aquellos asuntos que los involucren.

---"Uno de ellos es el programa ‘Justicia Amigable para Niñas, Niños y Adolescentes’, iniciativa que construiremos de manera conjunta con el Sipinnay para acercar la justicia a la niñez mediante materiales accesibles, difusión de derechos, jornadas de sensibilización y mecanismos que garanticen una participación efectiva, acorde con su edad y nivel de desarrollo", expuso en presencia de Yaretzi May Cobá, Martín Lizárraga Cardeña y Keymi Osorio Uk, presidenta y secretarios, respectivamente, del Consejo Consultivo de dicho Sistema.

Chacón Romero recordó que el Poder Judicial no solo tiene la responsabilidad de resolver los asuntos que llegan a los tribunales, sino también el deber de aportar su experiencia para fortalecer las políticas públicas que garanticen un acceso efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

----"La protección integral de la niñez no es responsabilidad de una sola institución; es una tarea compartida que exige coordinación, compromiso y una visión común. El Poder Judicial del Estado reitera su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con este Sistema, convencido de que solo a través de la corresponsabilidad institucional podremos construir una justicia cada vez más humana, más accesible y verdaderamente amigable para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad", aseveró.

Ante la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Shirley Castillo Sánchez; la titular del Sipinnay, Shalimar Pedrera Cabrera; el fiscal General del Estado, Juan Manuel León; así como representantes de diversas dependencias del Gobierno del Estado, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, Chacón Romero destacó las diversas acciones que el Poder Judicial ha impulsado para que niñas, niños y adolescentes encuentren una justicia especializada, cercana y respetuosa de sus derechos.

"Hemos fortalecido los modelos de justicia adaptada mediante las Salas Especializadas para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA) y la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV), generando espacios seguros y metodologías especializadas que favorecen su participación y previenen la revictimización", puntualizó.

También hemos apostado por la profesionalización del sistema de justicia mediante procesos permanentes de capacitación y un diplomado especializado que fortalece las competencias de quienes intervienen en asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes. Asimismo, trabajamos en el fortalecimiento de los mecanismos de protección, actualizando los protocolos para la emisión de órdenes de protección y coordinando esfuerzos con otras instituciones para brindar respuestas oportunas y efectivas a quienes se encuentran en situación de riesgo, externó.

Finalmente, añadió que se ha consolidado la implementación del Registro Nacional y Estatal de Obligaciones Alimentarias, contribuyendo a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos mediante procedimientos más ágiles y coordinados.

Durante la sesión se abordaron las principales acciones que se han desarrollado en favor de la niñez y la adolescencia en el estado, además de presentar los planes de trabajo que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de Kendra S.M. por el delito de extorsión agravada por presuntamente exigir dinero al afectado a cambio de no publicar una serie de fotos íntimas. 

Por estos hechos la acusada permanecerá privada de su libertad, luego de que los especialistas de la FGE solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue autorizada por el Juez.

De acuerdo con la indagatoria, la detenida presuntamente exigió dinero a la víctima a quien le dijo que de no depositarle haría publica una serie de fotos íntimas, por lo que este le transfirió la cantidad de $1,500; sin embargo, a pesar de haber recibido el dinero, continuó solicitando más efectivo, razón por la que finalmente interpuso la denuncia que consta en la causa penal 190/2026.

En la audiencia los fiscales de litigación argumentaron la vinculación a proceso, pero este trámite se programó para el día 20 del presente año, luego de que la imputada solicitó la duplicidad del tiempo constitucional para tal efecto

• Cecilia Roldán, madre de Montserrat, dijo que la sentencia no revive a la joven víctima

Veracruz, México.- Marlon Botas Fuentes, detenido en junio de 2022 tras un cateo en casa de su abuela en Mérida, Yucatán, fue sentenciado con la pena máxima de 70 años de prisión por el feminicidio de¿ quien fuera su novia Monserrat Bendimes Roldán, cometido el 17 de abril de 2021 en Casas Tamsa, en Boca del Río, Veracruz.

La sentencia fue dictada este jueves 16 durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, luego de que el acusado fuera declarado culpable del feminicidio.

La pena máxima de 70 años había sido exigida por colectivos feministas desde el pasado 9 de julio, cuando el acusado fue declarado culpable.

Marlon Botas fue detenido en junio de 2022, por lo que el cómputo de la condena de 70 años de prisión inicia desde esa fecha. En caso de cumplir la totalidad de la sentencia, concluiría el 9 de julio de 2092

Monserrat tenía 20 años cuando fue víctima de una brutal golpiza en su casa, por lo que fue hospitalizada y entró en coma cerebral. El 23 de abril de 2021, seis días después de la agresión la joven murió a consecuencia de las graves heridas. 

Después del ataque, Botas Fuentes huyó de Veracruz y permaneció prófugo durante más de un año. Pero luego de una serie de investigaciones, en junio de 2022 se entregó en Yucatán.

Luego de un proceso de casi 5 años, los padres de la joven asesinada a golpes por su entonces pareja, obtuvieron justicia y agradecieron a quienes los acompañaron a lo largo de este doloroso tiempo.

----“Se hizo justicia para mi hija y se demostró el grado de culpabilidad de que fue su pareja, (…) lo único que que nos interesa es que se mantenga y se sostenga la sentencia”, comentó en entrevista luego de la audiencia donde se dictó sentencia.

Por su parte, el abogado, Francisco León Chaga, señaló que aún faltan algunas audiencias en el proceso judicial, sin embargo se dijo confiado de que la sentencia se sostenga y no se logre reducir por parte de la defensa de Marlon.

La Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensa Pública del Estado de Yucatán (Indepey), abrió este espacio para fortalecer el acceso a la justicia y brindar atención oportuna a personas que requieren orientación legal, asesoría especializada o acompañamiento jurídico. 

Las personas que acudan a esta sede podrán recibir servicios gratuitos en materias familiar, civil y mercantil, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, atención digna y búsqueda de soluciones que contribuyan a brindar certeza jurídica a las familias yucatecas. 

Durante el acto inaugural, el consejero jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz, destacó que, desde el inicio de la administración que encabeza Huacho Díaz Mena, uno de los principales retos ha sido generar espacios dignos, accesibles y adecuados para atender a la ciudadanía. 

----“Queremos que las personas no solamente reciban asesoría o defensa jurídica, sino que cuenten con espacios dignos, donde puedan sentirse en confianza y percibir que existe una nueva forma de atender y servir a la ciudadanía”, señaló. 

Alemañy Ortiz resaltó la coordinación con el Poder Judicial del Estado, que ha permitido habilitar nuevos espacios en beneficio de las personas usuarias y de las y los servidores públicos del Indepey, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para desempeñar sus funciones. 

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, magistrada Erika Torres López, manifestó que la creación de estos espacios representa un beneficio directo para la atención ciudadana. 

Indicó que se continuará fortaleciendo la coordinación y la construcción de vínculos institucionales para acercar la justicia a las y los yucatecos, así como avanzar hacia una atención más pronta, expedita y de calidad. 

El director del Indepey, Christian Rolando Hurtado Can, celebró la apertura de la nueva área, al señalar que permitirá ofrecer una atención más personalizada y profesional a las personas usuarias, quienes podrán acceder de manera gratuita a asesoría jurídica en materias familiar, civil y mercantil. 

Durante el evento, se destacó que el acceso a la justicia no debe depender del lugar donde vive una persona, sino estar al alcance de todas y todos. En este sentido, la apertura de la nueva sede representa un paso importante para consolidar un modelo de atención más cercano, accesible y eficiente, con la ciudadanía como centro de las políticas públicas del Gobierno del Renacimiento Maya. 

Como parte de las acciones para fortalecer la atención integral, también se acompañó a la directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), Celia María Octubre Maldonado Llanes, en la inauguración de un módulo de atención especializada. 

Este espacio brindará asistencia social, atención psicológica y acompañamiento especializado a niñas, niños y adolescentes durante sus declaraciones ante el Ministerio Público, a fin de garantizar una atención sensible, digna y con pleno respeto a sus derechos. 

Al evento asistieron también el magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, así como las juezas Ileana Álvarez de la Cruz y Gisela Dorinda Dzul Cámara.

Este nuevo espacio permitirá a la ciudadanía acceder a procedimientos alternativos de solución de conflictos, mediante el diálogo, la orientación profesional y acuerdos construidos de forma voluntaria, con pleno respeto a los derechos de las partes involucradas.

El director del Indepey, Christian Rolando Hurtado Can, en representación del consejero jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz, señaló que la apertura de esta área fortalece el sistema alternativo de solución de controversias y amplía las herramientas de la defensoría pública.

Explicó que el objetivo es evitar que los conflictos lleguen a juicio, cuando pueden resolverse mediante mediación, a través de un procedimiento que favorece el diálogo y permite alcanzar soluciones de manera más pronta.

Hurtado Can detalló que el personal que brindará este servicio cuenta con certificación, preparación y capacitación para conducir procedimientos de mediación bajo los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, confidencialidad, voluntariedad y buena fe.

La mediación ayuda a prevenir que los conflictos escalen, reduce tiempos y costos asociados a los procesos judiciales, y contribuye a que los órganos de impartición de justicia concentren su atención en los asuntos que requieren resolución jurisdiccional.

Además, este modelo promueve una cultura de paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y la corresponsabilidad, al incentivar que las personas participen activamente en la construcción de acuerdos. La sala de mediación se encuentra dentro de los juzgados mercantiles y familiares del Poder Judicial del Estado, ubicados en la calle 35, entre 62 y 62-A, del Centro de Mérida.

Al corte de listón inaugural asistieron el magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, así como los jefes de departamento de la Defensoría Pública, Edgar Ismael Aké Ojeda y José Luis Tamay Petul.

Como parte de los primeros avances de esta nueva fase, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, realizó, mediante una reunión virtual, la declaratoria de nueva integración del Comité Local para el Seguimiento de la Implementación de este ordenamiento jurídico, cuya rectoría estará, a partir de hoy, a cargo del magistrado del TSJ, Alan Hernández Conde.

El Comité está integrado por magistradas y magistrados del Tribunal, consejeras y consejeros de la Judicatura, personas juzgadoras de las materias Civil y Familiar, así como titulares de las diversas áreas administrativas y operativas del Poder Judicial del Estado.

Hay que recordar que, el mencionado Código Nacional representa un hito en la evolución del derecho procesal mexicano, ya que por primera vez establece un marco normativo de alcance nacional al sustituir a los 32 códigos procesales locales. Este ordenamiento introduce un modelo procesal oral y promueve el uso de herramientas digitales y tecnológicas como ejes del sistema, además de poner especial énfasis en la capacitación institucional. 

Al dirigir un mensaje, Hernández Conde destacó la importancia y trascendencia de una correcta implementación del Código Nacional en Yucatán, ya que representa un reto institucional que exige coordinación, diálogo, planeación y el esfuerzo conjunto de todas las áreas involucradas.

---"Nos encontramos en una etapa decisiva; restan menos de nueve meses para consolidar los trabajos necesarios. Estoy convencido de que, con el compromiso de quienes integran este Comité y de todas las personas que han participado en este esfuerzo, podremos cumplir este importante objetivo", expresó.

De manera particular, el magistrado agradeció la dedicación y el profesionalismo de todas las personas involucradas, especialmente de la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, y de la magistrada María Carolina Canto Valdés, pues el trabajo realizado hasta ahora constituye una base sólida sobre la cual se continuará construyendo.

Durante la reunión virtual, el director de la Unidad de Planeación del Consejo de la Judicatura, Héctor López Martínez, realizó un recuento del trabajo realizado por este órgano técnico desde abril de 2024 y de las acciones desarrolladas a partir de septiembre de 2025 para optimizar tiempos, agilizar procesos y asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma, de los compromisos.

En ese marco, Farfán Flores afirmó que, desde un principio, el trabajo de este órgano técnico ha estado orientado al cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional, tomando en consideración las bases de operación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM).

Añadió que dichas bases establecen cinco ejes temáticos: sistema de gestión; capacitación y certificación de operadores; infraestructura física y tecnológica; criterios de asignación de recursos para la implementación, y normatividad y adecuación legislativa, adaptados al Poder Judicial del Estado, así como los estándares aprobados por la CONATRIB.