Mérida, Yucatán.– Jueces y personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado actualizaron sus conocimientos en materia de juicio de amparo, derivado de la reciente reforma constitucional a la Ley en la materia, la cual es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna.

El director de la Escuela Judicial de la institución, magistrado en retiro Jorge Enrique Edén Wynter García, impartió el curso “Actualización en materia de amparo”, en el que participaron 100 personas, entre juzgadores y servidores públicos judiciales. Con esta actividad se dio inicio al programa anual de capacitación continua dirigido al personal del Poder Judicial.

Ante el consejero presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, Níger Pool Cab, el ponente recordó que el juicio de amparo constituye un medio de defensa fundamental de los gobernados frente a actos de autoridad, ya sea de un policía o de cualquiera de los tres Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno

Edén Wynter García explicó que la reforma constitucional impactó directamente en la Ley de Amparo, introduciendo nuevos procedimientos, por lo que resulta indispensable que los funcionarios del Poder Judicial del Estado conozcan la forma en que deben enfrentar este tipo de juicios, aun cuando se trate de una figura de carácter federal.

---“El juicio de amparo evalúa la actividad de las autoridades responsables. En el caso del Poder Judicial, los jueces son autoridades demandadas, por lo que es importante saber cómo enfrentar estos juicios y cómo defender sus actos de autoridad, es decir, sus resoluciones”, señaló.

El magistrado en retiro indicó que esta capacitación marca el inicio de las actividades de la Escuela Judicial durante el presente año y que, en los próximos meses, se impartirán diversos cursos y talleres, principalmente relacionados con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación está prevista para abril de 2027.

Señaló que se trata de una reforma de gran alcance, por lo que resulta necesario fortalecer la capacitación del personal para enfrentar los cambios que conlleva. Agregó que la Escuela Judicial trabaja de manera permanente en la actualización y regularización de sus procesos de enseñanza, enfocados principalmente en los funcionarios jurisdiccionales, como parte de su labor de formación judicial.

Finalmente, Edén Wynter García afirmó que la ciudadanía puede tener confianza en el Poder Judicial del Estado, ya que su personal se capacita de forma constante para emitir resoluciones cada vez más transparentes y apegadas a Derecho.

• Detectan irregularidades en millonario contrato con empresa de tecnología en Poder Judicial yucateco; fue contratada por adjudicación directa en diciembre de 2023
• Es la misma empresa, también por adjudicación directa, que presentó presuntas irregularidades en la FGE.

Mérida, Yucatán.- Una investigación interna arrojó presuntas irregularidades e incumplimiento de la implementación de un sistema de justicia digital en el Poder Judicial del Estado denominado “Sistema de Apoyo a Procesos de Justicia (SAPROJ) Poder Judicial” entregado mediante adjudicación directa por unos 30 millones de pesos a la empresa regiomontana Total Systems SA de C V., en el gobierno de Mauricio Vila Dosal.

La adjudicación directa, a la empresa representada por Juan Pablo Lavín Moreno y su CEO Víctor Iván Contreras Lozano, se realizó en diciembre del 2023 bajo el contrato DAF-46/2023 AD. A la fecha solo se tendría acreditado un avance aproximado del 5 por ciento del proyecto, aunque se habría pagado en tu totalidad.

Solicitamos la versión oficial, sin embargo esta no ha llegado. El SAPROJ Poder Judicial prometía, según el documento, implementar un sistema de justicia digital integral con tecnologías de la información y comunicación para optimizar los procesos judiciales, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a la justicia.

Con ello habría automatización de procesos, integración de datos, firma electrónica, videoconferencias, portal ciudadano, módulos especializados: desde la recepción de denuncias hasta la ejecución de sentencias.

Con ello se buscaba mayor eficiencia al reducirse los tiempos de procesamiento de casos y optimiza el uso de recursos.Mejor acceso a la justicia, pues facilitaría el acceso a la información y a los servicios judiciales para los ciudadanos.Mayor transparencia, reducción de costos, adaptabilidad a nuevas tecnologías, lo cual permitiría una actualización constante del sistema para aprovechar las nuevas herramientas y tendencias.

Sin embargo, trascendió que a la fecha no se han entregado la documentación técnica, informes de implementación, sistemas operativos ni productos finales que justifiquen el uso de los recursos públicos.

La preocupación de los auditores es que las garantías contractuales únicamente ampararían alrededor de 18 millones de pesos, una cifra significativamente menor al monto total contratado.

No es el primer caso con esta empresa

Este no es el primer caso contra la regiomontana Total Systems. Anteriormente el gobierno de Vila Dosal entregó por adjudicación directa, según contrato número C/JUR/023-2022, para la “Adquisición del ‘Sistema de Apoyo a los Procesos de Procuración de Justicia (SAPROJ) Fiscalía General”, por un monto de 22 millones 428 mil 971 pesos.

De manera extraña el método de pago fue pactado más allá de lo que comúnmente se realiza, pues se le otorgó al proveedor 

un anticipo del 50 %, es decir 11 millones 214 mil 485.51 pesos; y el otro 50% como pago final al término del plazo de ejecución establecido del 12 de mayo hasta el 12 de noviembre del 2022.

La empresa prometió, al igual que en el Poder Judicial, la automatización de procesos e Inteligencia artificial para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones más informadas.

También se menciona por otra parte, irregularidades cometidas por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura (CJ) del Poder Judicial del Estado (PJE), pues en agosto de 2022 duplicaron licitaciones para la adquisición de equipo de tecnologías de la información.

La empresa ganadora en ambos fallos fue Warriors Group Services and Technologies, una iniciativa privada constituida en San Luis Potosí; en un lapso de cinco días autorizó una doble adquisición de equipo de tecnología por 3.3 millones de pesos

El sujeto es acusado del delito de abuso sexual agravado, presuntamente cometido el pasado 24 de este mes en una vivienda del municipio de Kanasín.

La víctima es su sobrina, una adolescente de 15 años. De acuerdo con la denuncia y los datos de prueba recabados por los investigadores, el detenido habría ejercido violencia física y moral.

Luis Guadalupe “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que libró la orden de aprehensión.

Nota: Si eres víctima o conoces a alguien que pueda estar en riesgo, denuncia de inmediato al 9-1-1. También puedes reportar de manera anónima al 089.

En el marco de la conmemoración del 16 aniversario del CESC, el magistrado Alan Hernández Conde, en representación del Poder Judicial del Estado, entregó las constancias a las y los facilitadores Institucionales, quienes cumplieron con 60 horas de capacitación especializada para obtener dicha certificación.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que con la certificación de las y los 23 facilitadores se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de los lineamientos de capacitación para la formación, actualización y especialización de personas facilitadoras, así como al artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado.

Señaló que se atiende lo dispuesto en los artículos 584, 585 y 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el artículo 21 de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias.

Farfán Flores reconoció su liderazgo, dedicación, compromiso y vocación de servicio de la directora del CESC, Elma Gabriela Ávila Miranda, subrayando que, junto con su equipo de trabajo, ha contribuido de manera significativa a la promoción de la solución pacífica de conflictos en la entidad.

Como parte de las actividades conmemorativas del 16 aniversario del CESC, el doctor Bernardo Rivadeneyra Pérez, mediador y facilitador privado con amplia experiencia, impartió la conferencia magistral “Presente y Futuro de los MASC en Yucatán. Una mirada holística”, dirigida a facilitadores institucionales y privados.

Al evento asistieron también el abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Carlos Herrera Lizcano, así como Jorge Carlos Toledo Sauri, presidente del Comité de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Sureste de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés).

Mérida, Yucatán.– El Poder Judicial de Yucatán cuenta ya con sus primeros Mediadores Especializados en Justicia Restaurativa certificados, luego de que 23 facilitadores del Centro Estatal de Solución de Controversias (CESC) concluyeran satisfactoriamente su proceso de acreditación.

En el marco de la conmemoración del 16 aniversario del CESC, el magistrado Alan Hernández Conde, en representación del Poder Judicial del Estado, entregó las constancias a las y los facilitadores Institucionales, quienes cumplieron con 60 horas de capacitación especializada para obtener dicha certificación.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que con la certificación de las y los 23 facilitadores se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de los lineamientos de capacitación para la formación, actualización y especialización de personas facilitadoras, así como al artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado.

Señaló que se atiende lo dispuesto en los artículos 584, 585 y 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el artículo 21 de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias.

Farfán Flores reconoció su liderazgo, dedicación, compromiso y vocación de servicio de la directora del CESC, Elma Gabriela Ávila Miranda, subrayando que, junto con su equipo de trabajo, ha contribuido de manera significativa a la promoción de la solución pacífica de conflictos en la entidad.

Como parte de las actividades conmemorativas del 16 aniversario del CESC, el doctor Bernardo Rivadeneyra Pérez, mediador y facilitador privado con amplia experiencia, impartió la conferencia magistral “Presente y Futuro de los MASC en Yucatán. Una mirada holística”, dirigida a facilitadores institucionales y privados.

Al evento asistieron también el abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Carlos Herrera Lizcano, así como Jorge Carlos Toledo Sauri, presidente del Comité de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Sureste de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés).

• La SCJN dijo que otra opción es que, bajo un análisis de riesgo, los vehículos puedan reasignarse a jueces y magistrados que enfrentan amenazas

Ciudad de México.- Tras la polémica y las severas críticas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron este domingo 25 de enero su decisión unánime de no utilizar los vehículos oficiales recientemente adquiridos, entre los que se encontraban nueve camionetas blindadas cuyo costo individual supera el millón de pesos.

---“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.

Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. 

Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”, señalaron en breve comunicado.

La controversia comenzó la semana pasada, cuando se difundieron imágenes de las nuevas camionetas asignadas a los nueve ministros. Ante la polémica, la Corte justificó la compra y afirmó que el propósito era garantizar la seguridad y la protección de los juzgadores.

Además, el Poder Judicial reveló que no solo se adquirieron las nueve camionetas, sino un total de 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos. Este gasto fue destinado a cubrir las necesidades de movilidad tanto de la Corte como del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Poder Judicial explicó que la compra de vehículos se debía a que anteriormente arrendaban 445 autos, lo que generaba un costo anual operativo de 366.2 millones de pesos, cifra que se consideró insostenible a largo plazo.

En agosto pasado, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reafirmó su compromiso con la austeridad, asegurando que el presupuesto de la Corte para 2026 sería más ajustado. “Vamos a poder hacer mucho con poco. Ese será el principio fundamental que guiará nuestra gestión”, destacó en su momento.

El counicado:

• Para prevenir posibles gastos excesivos, la Corte detalló que la compra de estas unidades se dio  mediante la venta de un parque vehicular de mayor precio

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que realizó la adquisición de una nueva flotilla de camionetas blindadas para las y los nueve ministros que integran el Pleno del Alto Tribunal.

En total son nueve camionetas blindadas Gran Cherokee último modelo marca Jeep cuyo precio va de 1 millón 69 mil pesos a los 1.7 millones. Cada uno eligió el color entre gris y blanco.

La administración de la SCJN detalló que la compra se basa en normativa interna vigente, pues se establece que la duración de dichos vehículos debe cambiarse cada cuatro años (o antes, en caso de desgaste o necesidad).

Además, señalaron que dicho cambio se debió a una cuestión de seguridad y prevención, y aseguraron que se decidió conforme a opiniones técnicas de autoridades federales.

---“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades.

Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.

Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.

Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, indica el documento.

Con base en los datos de prueba recabados por agentes y fiscales investigadores, el detenido, de 20 años, originario de Chetumal, Quintana Roo, de oficio barbero, es señalado como probable partícipe en los hechos ocurridos el 5 de enero de 2026, en una caballeriza del municipio de Dzilam González, Yucatán.

Como se recordará, en el lugar fallecieron Juan Carlos Valdéz González (a) Nato, y Ariel Andrés Rodríguez Kuk (a) Polli. Posteriormente perdió la vida Luis Francisco Kukuk Torres (a) Gary, a consecuencia de las lesiones. En el mismo suceso, un menor de edad resultó lesionado.

Derivado del trabajo de investigación y de la coordinación entre autoridades de Yucatán y Quintana Roo, así como del apoyo de fuerzas federales, el sujeto fue localizado, aprehendido y puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere.

Otros detenidos

El pasado19 de enero, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, Julio César Torres Gómez, informó la detención el 15 de enero, en el poblado de Huay Pix, municipio de Othon P. Blanco de Dalia “N” y Dora Criselda “N”, integrantes del Cártel de Caborca, así como el aseguramiento de la camioneta vinculada a los hechos violentos en Dzilam González, Yucatán

Al momento de la detención las mujeres tenían en su posesión 122 dosis de narcóticos.

Mencionó que el 13 de enero, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, se logró la captura en Cancún, Benito Juárez, de Martina “N”, una mujer de talla baja. La detenida contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, derivado de la triple ejecución ocurrida en Dzilam González, Yucatán. Esta mujer fue presentada oportunamente por la policía yucateca.

Estos arrestos se suman a las cinco personas detenidas y presentadas previamente por la SSP de Yucatán, entre las que resalta el nombre de Keny Elías “N”. Este joven es familiar directo de los hermanos Interian, líderes del Cártel de Caborca en la zona sur de Quintana Roo. 

Con base en los datos de prueba recabados por agentes y fiscales investigadores, los hechos habrían ocurrido el pasado 16 de enero de 2026, en un predio ubicado en la colonia Amalia Solórzano II, del municipio de Kanasín, Yucatán.

De acuerdo con la denuncia, el imputado se encontraba al interior del domicilio en compañía de una menor de 11 años, quien dormía, cuando presuntamente realizó actos con la intención de cometer una agresión sexual. 

La conducta fue interrumpida por la llegada de otra menor, quien alertó de inmediato a un familiar adulto, lo que permitió que los hechos fueran denunciados ante la autoridad.

Derivado de la investigación, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente. El sujeto fue localizado, detenido y puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado reiteran su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier delito que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la indagatoria, el menor padecía de un mal congénito que lo mantenía desde hace varios meses con una cánula para poder alimentarlo; no obstante, su situación médica se complicó en las últimas horas.

--“La Fiscalía General del Estado lamenta los hechos y se une a la pena que embarga a sus familiares, al tiempo de dar celeridad a los trámites de Ley, a fin de garantizar una atención pronta y expedita”, señala en comunicado.

Ante lo sucedido y luego de la apertura de la carpeta de investigación para descartar la posible comisión de algún delito, la FGE continuará con las diligencias conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Tadeo recibió atención médica: gobierno

Por otra parte, en un comunicado, el Gobierno del Estado informa que el menor Tadeo falleció la mañana de hoy en un predio de la colonia Francisco I. Madero, derivado de complicaciones graves de salud de origen patológico.

El menor recibió atención médica especializada desde el 27 de octubre de 2025, debido a un padecimiento congénito que requería cuidados médicos continuos y el uso de una cánula para su alimentación.

Durante su atención hospitalaria fue valorado de manera integral, recibió tratamiento conforme a su condición clínica y permaneció bajo supervisión médica especializada. El 10 de noviembre, el menor contaba con egreso hospitalario vigente, con indicaciones médicas específicas para su cuidado y seguimiento.

Tras su fallecimiento, la Fiscalía General del Estado realizó la necropsia de ley correspondiente, con el fin de descartar la comisión de algún delito. El estudio determinó que la causa del deceso fue sepsis generalizada de origen patológico, sin indicios de violencia.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán activó de manera inmediata los protocolos institucionales de protección, dando seguimiento al caso y manteniendo coordinación con las instancias correspondientes para salvaguardar el interés superior del menor.

El Gobierno del Estado lamenta profundamente este fallecimiento y expresa su solidaridad con la familia. Asimismo, reitera su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de atención y protección para niñas, niños y adolescentes en Yucatán.

• La juez lo condenó al pago de 2500 días de multa, lo equivalente a la cantidad de 259 mil 350

Mérida, Yucatán.- Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada, el vaquero Marcial C.P. fue sentenciado, en un procedimiento de juicio oral, a 15 años de prisión, por los hechos ocurridos en rancho de Tekal de Venegas en agravio de un menor de cinco años.

Después de valorar las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento otorgó el fallo condenatorio y el pago de 2500 días de multa, lo equivalente a la cantidad de 259 mil 350

Cabe recordar que los peritos de la FGE iniciaron la investigación que derivó en la causa penal 168/2023, misma que se desahogó en su etapa inicial en el Juzgado del Segundo Distrito, con sede en Kanasín, donde se estableció que los hechos ocurrieron el 20 de marzo del año 2023, en horas de la mañana, en un rancho ubicado en la citada localidad, donde el sentenciado agredió sexualmente a la víctima de identidad reservada.

• Equipo multidisciplinario en la Mesa de Trabajo para la Construcción del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa Familiar para el Poder Judicial del Estado.

Mérida, Yucatán. – Juzgadores y personal jurisdiccional en materia familiar del Poder Judicial del Estado continúan fortaleciendo su especialización en justicia restaurativa, con el objetivo de robustecer sus conocimientos y capacidades para brindar una atención más humana, integral y acorde con el nuevo paradigma normativo que rige estos procedimientos en el país.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, puso en marcha el Taller Intensivo Práctico para la Implementación de Procesos Restaurativos, en el que participan 60 servidores públicos judiciales, con lo que se da por concluida la segunda fase del curso de Justicia Restaurativa, iniciado a finales de octubre del año pasado en su modalidad virtual.

El taller contó nuevamente con la participación de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, precursora en México y Latinoamérica en Procesos de Justicia Restaurativa Familiar, reconocida por su amplia trayectoria profesional en la materia. Entre los participantes se encuentran jueces de Oralidad Familiar, jueces mixtos, secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta de primera y segunda instancia, así como personal especializado en trabajo social y de la Unidad de Psicología del Consejo de la Judicatura.

Ante magistradas y magistrados del TSJ y del Tribunal de Disciplina, así como consejeras y consejeros de la Judicatura, la magistrada presidenta destacó la disposición de juzgadores y personal jurisdiccional para participar en esta capacitación, lo cual refleja el compromiso institucional de fortalecer la impartición de justicia en beneficio de las personas usuarias del sistema judicial.

Asimismo, señaló que con este tipo de acciones se reafirma la convicción institucional de que la capacitación continua es un eje fundamental para consolidar una justicia más cercana, empática y efectiva.

---“Desde el Poder Judicial del Estado refrendamos nuestro compromiso de fortalecer modelos de justicia que privilegien el diálogo, la corresponsabilidad y la reparación del daño, sin menoscabo de la legalidad, la imparcialidad y la protección de los derechos humanos”, expresó.

Por su parte, la consejera María Ely Farfán Flores informó que un equipo multidisciplinario conformado por un magistrado, autoridades judiciales, jueces en materia familiar, la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, mediadores institucionales, la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Consejo de la Judicatura, así como psicólogas y trabajadoras sociales, participa en la Mesa de Trabajo para la Construcción del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa Familiar para el Poder Judicial del Estado.

Precisó que dicho protocolo abarcará tanto la primera como la segunda instancia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Al evento asistieron las magistradas Mariana García Brito, Sofía Elena Cámara Gamboa y Claudia Crisol Antonio Mayor; el magistrado Alan Jesús Hernández Conde; del Tribunal de Disciplina, el magistrado Mauricio Cantón Dager; el consejero de la Judicatura Níger Pool Cab; así como el magistrado en retiro Jorge Enrique Edén Wynter García, director de la Escuela Judicial.

Mérida, Yucatán.— El Poder Judicial del Estado designó a las y los licenciados en Derecho Gabriela Matamala García, Beatriz del Carmen Lavadores Suaste y Daniel Alejandro Durán Pérez como jueces en materias Civil, Familiar y Mercantil, quienes rindieron protesta al cargo en ceremonias encabezadas por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López.

De conformidad con los nombramientos aprobados por el Consejo de la Judicatura, en la primera ceremonia, realizada el 12 de diciembre de 2025, Gabriela Matamala García fue designada titular del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Izamal, iniciando funciones el 16 de diciembre de 2025.

Posteriormente, en una segunda ceremonia efectuada el 14 de enero de 2026, Daniel Alejandro Durán Pérez fue designado titular del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, mientras que Beatriz del Carmen Lavadores Suaste asumirá la titularidad del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado, con sede en Tekax. Ambos juzgadores iniciarán funciones el 1 de febrero de 2026.

A las ceremonias asistieron las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia Hernán Vega Burgos, Alan Hernández Conde, Mariana García Brito, María Carolina Canto Valdés, Patricia Gamboa Wong y Mauricio Tappan. Asimismo, estuvieron presentes las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial Sara Estrella León, Mirka Sahuí Rivero, Landy Aimée Pino Barrera y Mauricio Cantón Dager.

De igual manera, acudieron las y los consejeros de la Judicatura María Ely Farfán Flores, Níger Pool Cab, Claudia Pedrera Irabién y Álvaro Juanes Laviada.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito, con sede en Mérida, los fiscales de litigación aportaron los datos de prueba que permitieron obtener el fallo condenatorio por parte de la autoridad judicial, quien además impuso al acusado el pago de 750 días de multa.

De acuerdo con la indagatoria reunida en la causa penal 315/2023, los hechos ocurrieron el 12 de septiembre de 2023, en el interior de un predio ubicado en la localidad de Dzilam González.

Se estableció que el sentenciado aprovechó la confianza depositada en él para el cuidado de dos menores, mientras la madre acudía a un evento de entrega de útiles escolares, para llevar a la víctima, de cinco años, a una habitación donde ejecutó actos lascivos en su agravio.

Según consta en la carpeta de investigación, el agresor fue sorprendido instantes después por la progenitora de la víctima, quien al regresar al domicilio observó al sujeto ajustándose la ropa, lo que derivó en el llamado de auxilio y su posterior detención a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Finalmente, además de la pena privativa de la libertad, la Juez de Control sentenció la prohibición de acercarse a la víctima una vez compurgada la prisión, la suspensión de sus derechos políticos, la negativa de beneficios sustitutivos de pena y se dispensó la lectura y explicación de la sentencia.

• Torres López instruyó que los casos y expedientes radicados en los juzgados del Poder Judicial del Estado sean revisados a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes

Mérida, Yucatán.- Mujeres integrantes de la colectiva Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán se reunieron con representantes del Poder Judicial para revisar los casos en materia familiar relacionados con el pago de pensión alimenticia que ya se encuentran judicializados, a fin de contribuir a su resolución, privilegiando la protección de los derechos de las infancias.

Las colectivas Maelvy Adriana Tun Góngora, Pamela Alejandra Magaña Castro, Nahaibi Mayté Cetina Magaña, Karla Andrea Vázquez Vega, Yajaira Agustina Cardona Te, Evelyn Salomé Vázquez Caamal y Rocío Siloé Fuentes Cardeña, fueron recibidas por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López.

La magistrada presidenta estuvo acompañada del magistrado Hernán Vega Burgos y del director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Alamilla Mena. 

Torres López señaló que, como madre trabajadora, conoce la carga que enfrentan las mujeres, especialmente cuando no cuentan con el apoyo de quien tiene la obligación legal de proporcionar alimentos, por lo que reiteró el compromiso del Poder Judicial del Estado de coadyuvar, dentro de sus facultades y con pleno respeto a la ley, a la atención y resolución de este tipo de problemáticas familiares en las que se ven involucrados niñas, niños y mujeres.

La reunión, realizada en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), tuvo una duración aproximada de dos horas, durante las cuales la magistrada presidenta escuchó las inquietudes y dificultades que enfrentan las mujeres integrantes de esta organización civil en sus procesos legales, así como las experiencias de violencia vicaria, física, psicológica, económica e institucional de las que han sido víctimas junto con sus hijas e hijos.

Torres López instruyó que los casos y expedientes radicados en los juzgados del Poder Judicial del Estado sean revisados a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, designando al titular de dicha área como enlace institucional con la colectiva.

Finalmente, informó que se dará continuidad a estas reuniones de trabajo y que, de manera paralela, se fortalecerá la comunicación y colaboración con las distintas instancias vinculadas con la procuración e impartición de justicia, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos de las infancias.

• Los pagos que superen los 10 mil pesos mensuales dejarán de entregarse en efectivo y se realizarán exclusivamente mediante transferencia bancaria.

Mérida, Yucatán.– El Poder Judicial de Yucatán infirmó que en marzo entrará en vigor un nuevo esquema para el pago de pensiones alimenticias que superen los 10 mil pesos mensuales. A partir de esta medida, dichos pagos dejarán de entregarse en efectivo a los beneficiarios y se realizarán exclusivamente mediante transferencia bancaria.

Esta disposición contribuirá a garantizar un acceso más seguro, directo y eficiente de los recursos, además de reducir los tiempos de espera y los gastos de traslado de los beneficiarios, principalmente de quienes viven en el interior del estado.

La institución informó que este nuevo esquema entrará en vigor a partir del 16 de marzo próximo y forma parte de las innovaciones impulsadas por la administración que encabeza la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, con el objetivo de mejorar y agilizar la atención a los usuarios.

Luis Parra Lorenzo, jefe del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Poder Judicial del Estado —órgano responsable de administrar los recursos de terceros derivados de una orden jurisdiccional—, informó que las instituciones bancarias autorizadas para llevar a cabo este trámite son BBVA, Santander, HSBC y Banco Azteca. Por ello, los beneficiarios que aún no cuenten con una tarjeta bancaria deberán abrir una cuenta en alguna de estas instituciones o acercarse a dicho organismo para recibir orientación y apoyo.

Parra Lorenzo explicó que el pago de pensiones alimenticias mediante tarjeta bancaria es una práctica implementada desde años anteriores. Esta modalidad ha estado disponible de manera opcional como alternativa al cobro en efectivo; sin embargo, precisó que ahora los beneficiarios cuyos montos rebasen la cantidad establecida deberán adoptar este esquema.

---“Además, el uso de cuentas bancarias permite a los usuarios acceder a diversos beneficios financieros, como mayor seguridad en el resguardo de su dinero, disponibilidad inmediata de los recursos, posibilidad de realizar pagos electrónicos y, dependiendo de la institución bancaria, acceso a servicios adicionales”, comentó el funcionario judicial.

Asimismo, informó que, al cierre de 2025, en los juzgados de los municipios, 1,220 usuarios ya reciben su pensión alimenticia mediante tarjeta bancaria, lo que ha representado un ahorro significativo en tiempo y traslados, además de una mejora notable en la experiencia de cobro.

Añadió que, en los juzgados ubicados en la ciudad de Mérida, el número de personas que cobran su pensión alimenticia por este medio asciende a 3,597 usuarios, lo que refleja la aceptación de una modalidad que prioriza la comodidad y la seguridad de los beneficiarios.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Yucatán refrenda su compromiso de innovar y avanzar hacia procesos más eficientes, seguros y accesibles, al tiempo que impulsa la inclusión financiera, lo que se traduce en una mejora en los servicios y en la atención a la ciudadanía.

• “Sí, soy Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, responde
• Tanto Maduro como su esposa dijeron que no han leído la acusación completa 

Por María Santana y Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Calmado pero desafiante, el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se definió como un “prisionero de guerra” en su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos, dos días después de su captura en Caracas y traslado a Nueva York.

El líder chavista entró a la audiencia en Manhattan junto a su esposa, Cilia Flores, ambos esposados con las manos en la espalda, con uniforme azul marino y caqui. Maduro, a paso tranquilo, entró y saludó a su abogado, el experimentado Barry Pollack, quien también representa a Julian Assange. Luego pasó gran parte de la audiencia tomando notas, escuchando la traducción mientras el juez Alvin K. Hellerstein explicaba el proceso, y pidió poder conservar esos apuntes.

Cuando el magistrado le dio la palabra para que confirme su identidad, respondió: “Sí, soy Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. Y continuó: “Fui secuestrado el 3 de enero por una intervención militar estadounidense. Me considero prisionero de guerra, me acojo a los Convenios de Ginebra y de Viena. Fui capturado en mi hogar en Venezuela”.

En ese momento, el juez lo interrumpió y le afirmó que habrá tiempo y lugar para plantear sus argumentos, pero que en esta instancia solo quería que confirme que se trata de él. El acusado respondió: “Soy Nicolás Maduro, soy inocente, no soy culpable. Soy un hombre decente y el presidente constitucional de mi país”.

El depuesto mandatario enfrenta cuatro cargos federales, uno de ellos por narcoterrorismo, mientras que Flores enfrenta tres acusaciones. El juez explicó que la Fiscalía los señala de formar parte de una conspiración para importar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Tanto Maduro como su esposa dijeron que no han leído la acusación completa, pero que no optarían por una lectura completa en la audiencia, sino que lo harían en privado.

En el turno de Flores, también se ratificó en el cargo: “Sí, soy Cilia Flores, la primera dama de Venezuela. Soy inocente, no soy culpable de estos cargos”.

La defensa confirmó que por el momento no solicitan una libertad bajo fianza. En cambio, sí pidieron visitas consulares, ya que como ciudadanos extranjeros tienen el derecho de recibir a un representante consular.

El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Hasta entonces, la fiscalía presentará pruebas del caso a la defensa, aunque posiblemente muchas sean clasificadas y permanezcan en secreto.

Periodistas y otras personas, algunos de ellos venezolanos, hicieron fila por horas afuera del juzgado para conseguir un lugar y ver en persona el inicio del proceso contra Maduro, quien gobernó el país sudamericano por casi 13 años. Al salir de la sala, un manifestante gritó: “Maduro, vas a pagar por lo que has hecho”. Él lo miró y, sin perder la compostura, levantó el dedo hacia el cielo y respondió: “Yo soy un hombre de Dios”.

Con información de Nic F. Anderson, de CNN

• También se apoderó de seis mil quinientos dólares americanos, así como diversos artículos de valor

Mérida, Yucatán.- La policía detuvo a un lavacoches como presuntio responsable del hurto de alhajas, relojes, así como un millón 180 mil pesos y seis mil quinientos dólares americanos en una residencia en la comisaría de Chichí Suárez, al noreste de Mérida.

Mario Rodrigo “N”, de 28 años, originario de esta ciudad, de oficio lavador de coches, fue localizado y capturado por agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) en cumplimiento de una orden de aprehensión.

Con base en la denuncia de los afectados y las evidencias obtenidas por los investigadores, el hurto se cometió el pasado 8 de diciembre.

El sujeto se introdujo a la vivienda, revisó las distintas habitaciones y sustrajo diversos artículos de valor, entre ellos alhajas y relojes de diversas marcas y modelos, así como un millón 180 mil pesos y seis mil quinientos dólares americanos.

Mario Rodrigo “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que sigue la causa penal por el delito de robo calificado.

• El venezolano está imputado por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos
• ---“Exigimos al Gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama”, exigió la vicepresidenta venezolana.
• Gobierno venezolano denuncia una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Nueva York.- El presidente estadounidense, Donald Trump, informó en la red Truth Social la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques a gran escala de soldados norteamericanos en Caracas y otros estados.

---“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país.

Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE.UU. Detalles a continuación. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m. (hora de Miami) en Mar-a-Lago”, escribió.

A su vez el gobierno venezolano denunció en un comunicado una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. En ese marco, ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación" ante la escalada del conflicto.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó en X que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

En una entrevista para The New York Times, Trump calificó la detención de Maduro como una “operación brillante”.

---“Mucha buena planeación y muchas grandes, grandes tropas y grandes personas”, dijo Trump al Times.

Trump se negó a responder preguntas sobre si había solicitado autorización del Congreso para el ataque, diciendo que lo abordaría en su próxima conferencia de prensa en Mar-a-Lago, la cual está programada para las 11 a.m., hora de Miami.

En Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que se desconoce el paradero de Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

Las declaraciones de Rodríguez se dan poco después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la captura del presidente de Venezuela, tras un ataque nocturno al país sudamericano.

---“Exigimos al Gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama”, dijo Rodríguez en VTV.

México condena intervención militar en Venezuela

Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó y rechazó “enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

---“Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.  

México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.

Insta también a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria. Se recomienda a tales personas permanecer atentas a la información que se genere en las próximas horas, así como comunicarse a los teléfonos y canales de emergencia:

Embajada de México en Venezuela

Avenida Río de Janeiro, cruce con calle Trinidad.

Edificio Centro Río de Janeiro, Nivel P.H.,

Urbanización Las Mercedes, Caracas, Venezuela

Teléfono de emergencia: +58 412-2524675

Marcación local:  0412-252-4675

Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx

Facebook: Embajada de México en Venezuela

X: @EmbamexVen

En su cuenta en X, Sheinbaum condenó la intervención militar registrada este sábado 3 de enero de 2026 en Venezuela.

Reiteró la postura del gobierno mexicano, fijado por la SRE, y recordó lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas. “El Artículo 2, párrafo 4, señala textualmente: Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, escribió.

Sheinbaum subrayó que la posición de México es clara y firme: el país condena cualquier intervención militar en Venezuela y reitera su compromiso con el respeto a la soberanía de los Estados, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos.

• La carpeta de investigación señala que los abusos sexuales ocurrieron desde noviembre de 2015, en noviembre de 2017, en octubre de 2019, en octubre de 2021 y en marzo de 2023.
• Todo ese tiempo el agresor ejerció violencia física y moral amenazado al niño diciéndole que si contaba lo ocurrido le haría daño a él y a su mamá.

Mérida, Yucatán..- Con el apoyo de fuerzas federales, agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron hoy viernes al depredador sexual José Manuel “N”, de 49 años, originario de Mérida, Yucatán, de oficio mecánico.

Este individuo está acusado de los delitos de violación equiparada agravada y violación en grado de tentativa, en contra de un menor de edad.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre del niño, y de los datos de prueba recabados por agentes y fiscales investigadores, el sujeto es probable responsable de los delitos que se le imputan.

Los abusos sexuales ocurrieron desde noviembre de 2015 cuando la víctima tenía cuatro años, en noviembre de 2017, en octubre de 2019, en octubre de 2021 y en marzo de 2023.

Todo ese tiempo el agresor ejerció violencia física y moral amenazado al niño diciéndole que si contaba lo ocurrido le haría daño a él y a su mamá.

El sujeto estaba evadido de la justicia, pero fue localizado y aprehendido por las autoridades estatales y federales y puesto a disposición del Juez de Control que ordenó su captura.