Mérida, Yucatán.- Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violación, Ángel Román A. R. fue sentenciado a 10 años, un mes y 15 días de prisión por los hechos ocurridos en un predio de la colonia Yucatán en esta ciudad de Mérida, en agravio de su pareja sentimental.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales suficientes para que el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento dictara el fallo condenatorio y sentenciara al acusado a la pena privativa de la libertad en un juicio oral.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, se amonestó públicamente al encausado, se le sentenció al pago de 250 días multa, a reparar el daño moral, la suspensión de sus derechos políticos y se le prohíbe por tiempo indefinido acercarse a la víctima.

El proceso, durante su etapa inicial fue desahogado ante el Juzgado Segundo de Control bajo la causa penal 346/2023, donde se logró establecer que los hechos ocurrieron el seis de octubre del 2023, cuando haciendo uso de la violencia física y moral y aprovechando la confianza en él depositada por ser novio de la víctima, la agredió sexualmente en el interior de un predio en la citada colonia.

El alcohólico y drogadicto sujeto fue detenido el 26 de septiembre de 2023 luego que violó las órdenes de protección que tenía su exmujer: fue a reclamarle que lo hubiera denunciado por la agresión sexual contra el menor; la insultó, la abofeteó, la jaloneó y amenazó con hacerle daño a ella y a sus otros hijos.

Por la violenta agresión a su exesposa, la juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez lo imputó por el delito de violencia familiar y violación a las órdenes y medidas de protección, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Sobre la agresión sexual al menor, de acuerdo con datos reunidos en la causa penal 333/2023 que se desahogó durante su etapa inicial ante el Juez Segundo de Control del Primer Distrito, ocurrieron el 26 de agosto del 2023, en el interior de un predio de la localidad de Temax.

Ese día, haciendo uso de la violencia moral, agredió sexualmente al menor, aprovechó la confianza en él depositada por ser el padre. Para cometer la agresión cerró puertas y ventanas, amenazando al menor con hacerle daño a la madre y sus hermanitos si lo delataba.

Luego que la madre denunció el hecho, se inició la investigación y se emitió la orden de aprehensión.

Agresión contra la madre

El miércoles 20 de septiembre de 2023, a las 11 horas, cuando la señora C.G.D.C. caminaba sobre la calle 36 entre 37 y 39, a la altura del parque “Santísima Trinidad”, de Temax, se le acercó Mario Apolonio, reclamó que ya sabía que lo había denunciado y enseguida la agredió física y verbalmente.

Poco le importó las órdenes de restricción: la insultó, le dio varias bofetadas, la jaloneó del cabello y la amenazó con hacerle daño a ella y a sus hijos.

En presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López y personal jurisdiccional, el funcionario federal expuso que el 62 por ciento de las personas que identificaron o tuvieron contacto con el Poder Judicial en Yucatán valoran positivamente su desempeño, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Durante su exposición, Franco Barrios subrayó que cada interacción entre servidores públicos y ciudadanos influye en la percepción institucional, por lo que llamó a reforzar la atención y el compromiso cotidiano para consolidar la confianza de la sociedad en la impartición de justicia.

• Siete organizaciones —JUMAC, APASDEM, Brighter Green, Todos Somos Animales, Naturaleza Animal, Greenpeace y Generación Vegana— se unieron para entregar una carta de exigencia y el pronunciamiento del propio Wilberth ante la Representación del Gobierno de Yucatán en la CDMX
• Respaldo de la ONU en la defensa del territorio y clausura total y definitiva, así como reubicación, de la granja por la PROFEPA

Mérida, Yucatán.- Después de más de tres años de criminalización y luego de una audiencia de más de seis horas, el Juzgado Segundo de Control de Mérida resolvió a favor del comisario maya Wilberth Nahuat   Puc, de Santa María Chi, el no ejercicio de la acción penal por represalias por denunciar la contaminación de una megagranja de cerdos en su comunidad, misma que fue clausurada definitivamente por a PROFEPA.

Wilberth enfrentaba persecución judicial por denunciar la contaminación de una megagranja de cerdos en su comunidad, toda vez que representantes de la granja porcícola San Genaro -socio comercial de Kekén- lo denunció por despojo de propiedad y privación de la libertad por bloqueo y manifestaciones, de mayo de 2023. 

---“Hoy es un día de celebración para Santa María Chí y para todo el pueblo maya de Yucatán. Después de más de tres años de criminalización, la audiencia del 17 de junio resolvió a favor de Wilberth: el proceso penal en su contra ha terminado y nuestro comisario está libre.

Esto no fue un favor, fue justicia. Y fue posible gracias a ustedes.

Más de 1,600 personas firmaron esta petición en menos de 48 horas. Siete organizaciones —JUMAC, APASDEM, Brighter Green, Todos Somos Animales, Naturaleza Animal, Greenpeace y Generación Vegana— se unieron para entregar una carta de exigencia y el pronunciamiento del propio Wilberth ante la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México. Esa presión, sumada a la resistencia de tres años de la comunidad y al respaldo de la ONU, hizo la diferencia.

¡Muchas gracias a todas las personas que apoyaron a Wilberth!

Esta victoria pertenece a Santa María Chí, pero también a cada persona que firmó, compartió o alzó la voz. Recordemos sus propias palabras: defender el agua, el aire, la tierra y la salud de nuestros hijos nunca debió ser un delito — y hoy, finalmente, así se reconoció.

La lucha de los pueblos mayas por su territorio continúa, pero hoy toca celebrar. Gracias por estar presentes”, comunicó Santa Marí Chi.

De esta manera llega a su fin el proceso legal derivado de las protestas comunitarias contra la granja señalada por contaminar el manto acuífero.

----“Lo único que buscamos es estar tranquilos en nuestra comunidad, ya los cerdos ya se retiraron, lo que estábamos buscando era justicia penal, es lo que estábamos buscando con la comunidad, ya lo logramos”, declaró Wilberth al obtener su libertad. 

Wilberth Nahuat Puc es un defensor del agua, el aire limpio, la salud y la vida de Santa María Chí, de la cual e comisario.

Ha dedicado años de su vida a la defensa de los derechos de su comunidad. Su compromiso nace de una convicción sencilla pero profunda: proteger el agua, el aire limpio, la salud y la vida de las familias que habitan su pueblo.

Ante las preocupaciones expresadas por habitantes de la comunidad sobre posibles afectaciones ambientales y riesgos para la salud, Wilberth decidió acompañar la voz de su pueblo, impulsando acciones comunitarias para exigir el respeto a un medio ambiente sano y a los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Su lucha ha estado guiada por la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el derecho de niñas, niños, mujeres, hombres y personas adultas mayores a vivir en un entorno saludable.

Sin embargo, defender a una comunidad no ha sido un camino sencillo. Como ocurre con muchas personas defensoras del territorio y del medio ambiente, ha enfrentado señalamientos, procesos legales y diversos intentos de desacreditar su labor, derivados del conflicto existente entre los intereses empresariales y las demandas de protección ambiental impulsadas por la comunidad.

A pesar de ello, Wilberth ha permanecido firme, convencido de que la defensa del agua, del aire limpio y de la salud colectiva es una causa legítima que trasciende intereses particulares.

Su historia representa la fuerza de un pueblo que decidió organizarse para proteger lo más valioso que posee: la vida, la salud de sus familias y el futuro de sus hijas e hijos.

“Defender el agua es defender la vida. Defender el aire limpio es proteger la salud de toda una comunidad”: Consejos Mayas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López y el director de esa casa de estudios, José de Jesús Palafox Quintero, firmaron el convenio de colaboración que también permitirá ofrecer oportunidades educativas para el personal del Poder Judicial y espacios de formación práctica para estudiantes universitarios.

Durante el evento, se resaltó que este acuerdo representa nuevas oportunidades para ambas instituciones y, con ello, se reafirma el compromiso con la capacitación permanente, la excelencia en el servicio público y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento institucional.

Mérida, Yucatán.- Al comprobarse su plena responsabilidad en diversas agresiones cometidas en agravio de una niña, el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento dictó sentencias de 14 y 20 años de prisión para Nahomi Jasiel S.R. (20 años) y Bryan Imanol C.S., (23 años) respectivamente, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) acreditara su culpabilidad durante un juicio oral por los delitos de abuso sexual y violación, ambos en su tipo equiparado.

El expediente de la causa penal 81/2024 detalla que los delitos ocurrieron entre los meses de mayo y julio del año 2023 en el interior de un predio ubicado en el fraccionamiento Bella Vista de Mulchechén, perteneciente a Kanasín.

Los cargos contra el sujeto son presunto abuso sexual equiparado y violación equiparada, y para la mujer presunto abuso sexual equiparado.

Las agresiones a la menor ocurrieron en repetidas ocasiones en un predio del fraccionamiento Bellavista, de Mulchechén, Kanasín, durante el año 2023.

En dicho lugar, los encausados aprovecharon su cercanía vecinal para ejecutar actos lascivos y agresiones sexuales en contra de una menor de 11 años, empleando para ello la violencia física y moral.

Tras el fallo condenatorio obtenido en diligencias previas, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que se determinó que el sujeto compurgará 20 años de cárcel y el pago de tres mil 700 días de multa por violación y abuso sexual, mientras que a la mujer se le impuso una pena de 14 años de privación de la libertad y mil 200 días de multa por el delito de abuso sexual.

 Adicionalmente, se les condenó al pago de la reparación del daño material y a cubrir la cantidad de 50 mil pesos cada uno por concepto de reparación del daño moral.

Para finalizar, la autoridad judicial convocó a las partes involucradas para el próximo 19 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de lectura y explicación de la sentencia.

• Violentó física, psicológica y sexualmente desde el mes de casados. Fue detenido en agosto de 2023

Mérida, Yucatán.- Después de ser declarado penalmente responsable del delito de violencia familiar el rejoneador potosino Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, de 60 años, fue sentenciado a cinco años de prisión y al pago de la reparación del daño, en la audiencia de individualización de sanciones celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales suficientes para confirmar la responsabilidad penal del Centauro Potosino, quien además de la pena privativa de la libertad fue sentenciado a la reparación del daño moral y material, además de pagar una indemnización en favor de la víctima, su exesposa María Inés Rivera Castro.

De los hechos, desahogados durante su etapa inicial ante la Juez Primera de Control bajo la causa penal 114/2022, ocurrieron en un predio de la colonia Maya en esta ciudad de Mérida, donde en diversas ocasiones del 2018 ejerció actos abusivos en agravio de su entonces esposa, a quien violentó física, psicológica y sexualmente desde el mes de casados.

Por último, antes de concluir la diligencia, se citó a las partes para el próximo 16 de junio celebrar la audiencia de lectura y explicación de sentencia.

• También funcionará como Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV).
• Crece infraestructura del Poder Judicial del Estado para atender niñas, niños y adolescentes

Tekax, Yucatán.– A fin de fortalecer el acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos, el Poder Judicial del Estado puso en funcionamiento en la sede judicial de Tekax un nuevo espacio que opera como Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA) y como Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV).

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, realizó el corte del listón inaugural de esta nueva instalación, que permitirá garantizar procesos de escucha adecuados y apegados a los protocolos especializados para niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, salvaguardando en todo momento su seguridad, integridad emocional y el respeto a sus derechos.

La sala, que ya se encuentra en operaciones, cuenta con un sistema de registro audiovisual que contribuirá a evitar la revictimización de las personas usuarias mediante la repetición innecesaria de entrevistas o audiencias. 

Asimismo, esta herramienta tecnológica permitirá que las declaraciones y audiencias queden disponibles para las y los operadores jurídicos que intervengan durante los procesos judiciales.

La titular de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables, Nicte-Há Chacón Romero, destacó que la apertura de esta sala representa un paso significativo en la protección de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad.

Señaló que el esfuerzo realizado en el Poder Judicial para habilitar este espacio es de gran relevancia, ya que permitirá brindar una atención especializada, digna y acorde con los protocolos vigentes. Además, indicó que la puesta en funcionamiento de la sala estará acompañada de capacitación y acompañamiento permanente para el personal judicial encargado de su operación.

Como parte de su visita, Torres López continuó con el impulso del esquema de participación ciudadana “Puertas Abiertas, Justicia Cercana”, acercando los servicios judiciales a las comunidades del interior del estado. En ese marco, se anunció que las próximas jornadas de este ejercicio se llevarán a cabo el próximo 8 de junio en la sede de los Juzgados Familiares en la calle 35 con 62 de Mérida y el 18 de junio venidero en la sede judicial de Izamal.

En esta cuarta edición, realizada en la Casa de la Justicia de Tekax, hombres y mujeres del sur de la entidad sostuvieron un diálogo directo con la magistrada presidenta, a quien expusieron planteamientos relacionados con casos específicos, mismos que recibieron orientación y canalización personalizada por parte del equipo institucional.

Los participantes también compartieron propuestas y sugerencias para fortalecer la labor del Poder Judicial, en un ejercicio que promueve la participación social y la construcción de una justicia más cercana a la ciudadanía.

La jornada contó con la participación de personal especializado en áreas jurídicas, atención a grupos vulnerables, violencia de género, orientación psicológica y del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se sumaron la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto de Defensa Pública del Estado.

Al evento asistieron por el Tribunal Superior de Justicia, las magistradas Sofía Cámara Gamboa, presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar, y Carolina Muñoz Gasca; así como el magistrado Alan Jesús Hernández Conde; y la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Estrella León. 

También estuvieron presentes la jueza Beatriz Lavadores Suaste; la directora del DIF Municipal de Tekax, Yareli Vázquez Andrade; la titular del Centro Estatal de Evaluación y Atención a Víctimas (CEEAV), Celia Maldonado Llanes; y el titular del Instituto de Defensa Pública, Christian Rolando Hurtado Can.

• El día de la agresión, el 28 de mayo, tenían audiencia (una más) en el Juzgado Décimotercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado
• Annalie Marino sigue hospitalizada y su esposo, el jordano Ibrahim Ahmad, también está en el hospital por lesiones que ocurrieron al momento de su detención, el mismo día de los hechos

Mérida, Yucatán.- Un litigio judicial por divorcio y guarda y custodia de los hijos estaría tras el móvil de los tiros contra la cubana Annalie Marino por el jordano Ibrahim Ahmad en el fraccionamiento Las Américas. El día de los hechos, el 28 de mayo, estaba programada una audiencia más del pleito judicial en el Juzgado Décimotercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado al que nunca llegaron por el violento hecho.

Tras la separación el año pasado, el jordano Ibrahim Ahmad Hussein Hamdan, quien fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Estatal (PEI) el mismo día que hirió de gravedad a su esposa, interpuso una demanda de juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia contra Annalie Marino, según consta en el expediente 315/2025.

De acuerdo con los documentos judiciales, la cubana Annalie Marino Canelles Rodríguez reaccionó solicitando a su vez un procedimiento especial de divorcio sin causales, según el expediente 00284/2025 en el cual obra acumulado el expediente 315/2025 del índice del Juzgado Decimoprimero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado.

Precisamente el día de la audiencia, entre las 7 y las 8 de la mañana, el jordano Ibrahim Ahmad –montado en su motocicleta—espero (cerca de la casa familiar ubicada sobre la calle 45D con 124, en la cuarta etapa del fraccionamiento Las Américas), que su esposa regresara de dejar a los niños de la escuela y le disparó dos veces. Una bala impactó cerca de la cabeza. La mujer está hospitalizada.

Las autoridades lograron ubicar al presunto responsable en un predio del mismo fraccionamiento y según las versiones periodísticas cuando los agentes intentaban entrevistarlo, el hombre trató de evadir la intervención policial y sufrió una caída que le provocó lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital.

Actualmente permanece bajo custodia policial y a disposición de un Juzgado de Control.

Al momento, el caso se investiga bajo el protocolo relacionado con el delito de tentativa de feminicidio, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos.

• El convenio permitirá unificar criterios, compartir recursos y colaborar en la formación de capital humano para fortalecer el tejido familiar en la entidad.
• La profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos se traduce en instituciones más eficientes, confiables y cercanas a las necesidades de la ciudadanía: León.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial de Yucatán y la Fiscalía General del Estado (FGE) firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases de coordinación institucional para la aplicación efectiva del Protocolo de Justicia Restaurativa Familiar  de primera y segunda instancia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, lo cual contribuirá a fomentar la paz, la reconciliación y el bienestar de las familias.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, y el titular de la FGE, Juan Manuel León, signaron dicho acuerdo, que permitirá unificar criterios, compartir recursos y colaborar en la formación de capital humano para fortalecer el tejido familiar en la entidad.

El convenio contempla acciones como la capacitación y especialización del personal, la creación de mecanismos de coordinación que permitan una atención más ágil y oportuna, así como la participación de equipos multidisciplinarios que aporten una visión integral en beneficio de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Durante el acto, Torres López señaló que este convenio representa la voluntad de ambas instituciones de trabajar de manera coordinada y colaborativa para ofrecer mejores respuestas a las familias que enfrentan situaciones complejas, con un propósito claro: colocar a las personas en el centro de la actuación institucional, privilegiando el diálogo, la escucha y la construcción de soluciones duraderas.

----“La justicia se fortalece cuando las instituciones unen capacidades, experiencias y esfuerzos en favor de la sociedad. Esto marca el inicio de una nueva etapa de colaboración institucional al servicio de las y los yucatecos. La justicia restaurativa es una apuesta por la paz, la reconciliación y el bienestar de las familias”, aseveró.

En su turno, el fiscal General del Estado, Juan Manuel León León subrayó que la Justicia Restaurativa constituye una herramienta clave para construir un sistema de justicia más humano, accesible y cercano a la sociedad, al privilegiar la reconstrucción del tejido social, la cultura de paz y la solución efectiva de controversias.

Asimismo, señaló que la reciente entrada en vigor de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representan un reto institucional que exige fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y operativas de quienes participan en la procuración e impartición de justicia.

León León reconoció la iniciativa del Poder Judicial y resaltó la importancia de incluir en este proyecto de capacitación a los operadores del sistema de justicia familiar, al considerar que la profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos se traduce en instituciones más eficientes, confiables y cercanas a las necesidades de la ciudadanía.

Al evento, realizado en el Salón de Plenos del Consejo de la Judicatura, asistieron el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alan Hernández Conde; las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Estrella León, Landy Aimée Pino Barrera y Mirka Sahuí Rivero; así como el magistrado Mauricio Cantón Dager.

De igual forma, estuvieron presentes los consejeros de la Judicatura, María Ely Farfán Flores y Níger Desiderio Pool Cab, así como el director de Asuntos Jurídicos y de Sistematización de Precedentes del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Carlos Alamilla Mena.

Mérida, Yucatán.- Acusado de causar la muerte de una mujer en la colonia San José Tecoh, Juan Carlos H.G., (a) El Tabasqueño, de 24 años, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado, tras ser valorados los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

En audiencia, la Juez Segunda de Control consideró suficientemente probatorios los datos presentados por los fiscales de litigación, dictando el citado auto de vinculación a proceso en los términos imputados por la representación social.

Durante la sesión, la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron el pasado 27 de mayo, cuando se recibió un aviso telefónico que reportaba la presencia de una mujer malherida en la calle 157 con 62 y 64 de la citada colonia, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos se trasladaron al lugar.

La mujer fue atacada en el cuello con un arma blanca presuntamente durante una discusión de pareja. Tras el ataque, el individuo intentó escapar brincando techos de viviendas cercanas; sin embargo, durante la huida sufrió una caída, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos para brindarle atención médica.

En la carpeta de investigación de la causa penal 322/2026, los especialistas de la Fiscalía establecieron que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos a consecuencia de traumatismo torácico abierto secundario a heridas por instrumento punzante, por lo que se organizó un operativo de búsqueda y localización del presunto responsable, logrando su detención a unas cuadras del lugar.

Finalmente, se informó a las partes sobre la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso y se dispondrá de un periodo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

• Hoy, como ayer, el ahora magistrado -entonces delegado del INM- rechazó estar involucrado en la protección de una banda de tratantes de blancas y de lenocinio
• Acusó entonces que una “mente perversa” en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretendió perjudicarlo aprovechando los tiempos electorales del 2009.
• El entonces subprocurador de Justicia de Yucatán, Rafael Acosta Solís, confirmó en su momento los señalamientos y acusó como cómplices de Vega Burgos a su chofer Juan Vicente Huaracha y al subdelegado de Migración, Alejandro Barrera.

Mérida,Yucatán ---“Mi visa de turista venció desde el año 2018. Por motivos estrictamente de tiempo y agenda personal, no he realizado el trámite legal correspondiente de renovación. El no tener una visa vigente hoy día no corresponde a una sanción a mi persona”, afirmó el magistrado Hernán Vega Burgos al responder al periódico español El País que difundió una lista de políticos mexicanos con visa cancelada por Estados Unidos.

En una carta que publicó en su perfil de Facebook bajo el título “Falso que me hayan cancelado la visa; rechazo rotundamente las calumnias en mi contra”, el abogado Vega señala, con relación a la nota publicada por el diario español El País y difundida recientemente en redes sociales, “me veo en la necesidad de aclarar de manera firme y directa las falsas imputaciones que dañan mi honor y la investidura que representa la confianza que me dieron las y los yucatecos para servirles en el Tribunal Superior Justicia del Estado de Yucatán”.

Enumera tres razones:

1.- Es falso que me hayan cancelado la visa: El Gobierno de los Estados Unidos no me ha revocado, cancelado ni suspendido ningún visado en febrero pasado ni en ninguna otra fecha. La publicación no cita una sola fuente oficial porque dicha información simplemente carece de sustento alguno.

2.- Decisión meramente personal: Mi visa de turista venció desde el año 2018. Por motivos estrictamente de tiempo y agenda personal, no he realizado el trámite legal correspondiente de renovación. El no tener una visa vigente hoy día no corresponde a una sanción a mi persona.

3.- Rechazo rotundamente los apodos y nexos falsos: Desconozco categóricamente el sobrenombre que se me atribuye en dicha nota. Es totalmente falso que un servidor cuente con los nexos ilícitos que de manera irresponsable se mencionan. Nunca he estado detenido, presentado ni sancionado por ninguna autoridad, ni siquiera por una falta administrativa. Cuento con sentencias firmes y ejecutoriadas, de naturaleza pública, que lo acreditan.

Lamento que algunas personas difundan y repliquen publicaciones mal intencionadas en redes sociales, que difaman sin sustento ni verificación de los hechos. Agradezco la confianza de la ciudadanía de Yucatán y reitero mi compromiso diario con la verdad y la justicia en nuestro estado”.

El 12 de junio de 2009 el entonces delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Yucatán, Hernán Vega Burgos, se separó de su cargo para facilitar las investigaciones judiciales que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto encubrimiento de una red de prostitución internacional que opera en la entidad.

En una carta enviada a los medios de comunicación, Vega Burgos rechazó estar involucrado en la protección de una banda de tratantes de blancas y de lenocinio, y negó conocer a las dos costarricenses que lo acusan de obligarlas a tener relaciones sexuales con él, bajo la amenaza de violación tumultuaria o deportación.

Señaló que una “mente perversa” en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pretende perjudicarlo aprovechando los tiempos electorales.

Segob confirmó la renuncia de Vega como delegado del INM

La Secretaría de Gobernación confirmó en un comunicado de prensa la renuncia del funcionario y precisó que esta determinación es de carácter personal y tiene el propósito de agilizar la investigación iniciada en la instancia estatal, tras las denuncias presentadas por las dos extranjeras.

Vega Burgos afirmó en su carta ser víctima de una “trampa” para dañar su labor como funcionario público. Sin embargo, declinó identificar a la persona que en la procuraduría estatal pretende involucrarlo en las operaciones de una red de prostitución.

El acusado pasó de testigo a indiciado, en tanto la PGJE remitió el caso a la PGR, porque se denuncian presuntos nexos con una banda de traficantes de mujeres.

Gobernación señaló por su parte que el INM actuará con estricto apego a derecho y otorgará todas las facilidades a las autoridades competentes para que puedan esclarecer los hechos a la brevedad posible.

De igual manera, ratificó su compromiso de combatir la corrupción dentro del instituto “cuando se demuestre que hay casos indebidos”.

Las mujeres costarricenses

Días ante, Raquel Ivannia Canales Acevedo y Yoheny Chávez Fonseca fueron liberadas por agentes de la Policía Judicial de Yucatán de una casa de seguridad en la colonia México Norte donde presuntamente eran obligadas a prostituirse con “gente de clase social elevada”. Habrían llegado a Mérida con la promesa de ser modelos.

Una mujer, Rosa María Casanova May, apodada La Mamut, impidió la entrada de los judiciales.

Las mujeres sostuvieron un careo con Vega Burgos en la agencia 19 del Ministerio Público del fuero común, donde señalaron que fueron contactadas por una red de prostitución para trabajar en Yucatán, aunque no imaginaron que las mantendrían encerradas “como esclavas”, a cambio de un sueldo miserable.

Las costarricenses acusaron que Vega Burgos de recibir favores sexuales y 15 mil pesos mensuales como parte del trato para proteger a la poderosa banda internacional de traficantes de blancas y de prostitución, además de que las obligaba a sostener relaciones sexuales con él. “Si nos negábamos, Hernán nos amenazaba con violarnos y deportarnos”, alegaron.

La protección presuntamente incluía permitir el ingreso de mujeres centroamericanas a México sin que quedara registro oficial para entorpecer cualquier investigación por su desaparición.

Este hecho derivó en la averiguación previa 583/19ª/09.

Rafael Acosta acusó a cómplices de Vega Burgos

El entonces subprocurador de Justicia de Yucatán, Rafael Acosta Solís, confirmó en su momento los señalamientos y acusó como cómplices de Vega Burgos a su chofer Juan Vicente Huaracha y al subdelegado de Migración, Alejandro Barrera.

A su vez, Keysi González, tras su detención, declaró que las imputaciones en su contra son falsas; también negó conocer a Vega Burgos e incluso aseguró que la yucateca Gloria Carrera Domínguez es quien vínculos con el INM y controla la prostitución en Mérida.

Vega Burgos absuelto de todo

Debido a esas acusaciones, el abogado yucateco renunció a su puesto y fue detenido por la Procuraduría de Justicia de Yucatán por los cargos de trata de personas. 

Vega burgos fue investigado por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y por la Policía Judicial de Costa Rica y la subprocuraduría de Justicia del Estado.

Finalmente, a pesar de los señalamientos directos de las víctimas, Vega Burgos fue absuelto de los delitos y, por lo tanto, no cuenta con antecedentes penales.

Keysi González, absuelta de todo

En una carta enviada en febrero de 2019 a los medios de comunicación el abogado José Antonio Peniche Sansores, defensor de Keysi Johana González Corrales, solicitó precisar que su cliente fue absuelta por la justicia federal de los delitos que le atribuyeron las autoridades ministeriales.

También sostuvo que el problema que llevó a la señora González a prisión tuvo su origen en un pleito entre el exsubprocurador Rafael Acosta Solís y el entonces delegado de Migración, Vega Burgos.

• Enjuiciado por los delitos de abuso sexual agravado, violación equiparada agravada y corrupción de menores e incapaces

Mérida, Yucatán.- Tras comprobarse su responsabilidad en diversas agresiones cometidas en agravio de una menor de edad en el municipio de Maní, Juan Carlos P.B. fue sentenciado a 39 años de cárcel, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) aportara las pruebas necesarias para obtener el fallo condenatorio mediante un procedimiento de juicio abreviado por los delitos de abuso sexual agravado, violación equiparada agravada y corrupción de menores e incapaces.

El expediente de la causa penal 32/2024 detalla que los delitos iniciaron a principios de diciembre de 2017, cuando el encausado aprovechó la confianza que se le tenía al ser la pareja sentimental de la madre de la víctima para realizar tocamientos en contra de la niña, de entonces nueve años, agresiones que repitió durante varios años hasta culminar con un último ataque en junio de 2023 haciendo uso de la violencia física y moral.

Al ser la víctima una menor, fue su madre quien presentó la denuncia.

Una vez ejecutada la orden de aprehensión, el acusado fue puesto a disposición del juez en el Centro de Reinserción Social de Tekax.

Al desarrollarse la diligencia ante la Juez Primero de Control del Tercer Distrito, con sede en Tekax, la autoridad judicial valoró los datos de la investigación presentada por los fiscales de litigación y, al contar con la anuencia de todas las partes involucradas para llevar a cabo el procedimiento abreviado, determinó dictar la sentencia privativa de la libertad.

Además del tiempo en prisión, se impuso el pago de tres mil 800 días de multa y la respectiva reparación del daño, a lo que se suma una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos, la negativa de los beneficios de sustitución de penas y la prohibición estricta de acercarse a la víctima por un periodo de tres años adicionales tras compurgar su condena, a solicitud de las partes, se dispensó la lectura y explicación de la sentencia.

Mérida, Yucatán.- Al concluir el juicio abreviado en su contra, Manuel M.V. (Macuch), Alberto K.C. y Jorge Humbereto K.V. fueron encontrados penalmente responsables del delito de homicidio cometido en pandilla, luego de causar la muerte de José Clemente C.M., de 22 años, en calles de la localidad de Tahdziú, por lo que fueron condenados a 10 años, dos meses y 29 días de prisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos de prueba que permitieron acreditar la comisión del delito y tras la anuencia de las partes la autoridad judicial determinó la culpabilidad de los tres implicados, quienes arrojaron unas piedras en contra de dos personas que viajaban en moto, en la calle 11 entre 4 y 6 de la colonia Centro. 

Derivado de esta agresión, una de las piedras impactó en la víctima quien cayó al suelo, golpeándose el rostro contra el pavimento, sufriendo lesiones que finalmente le ocasionaron la muerte, de acuerdo con la información que consta en la causa penal 42/2024. En el operativo fue detenido el menor S. K. C.

La víctima iba como pasajero en una motocicleta conducida por Carlos Gabriel C. E., cuando fueron agredidos con piedras y golpes.

Una cámara de seguridad instalada en ese sector, captó todo lo sucedido, y sirvió de apoyo para que las autoridades dieran con los responsables.

Además de la pena privativa de libertad, los tres culpables deberán pagar la reparación del daño a los familiares, se les prohíbe acercarse a la víctima indirecta, se les suspendieron sus derechos políticos y recibieron una amonestación pública.

• Según lo establecido en la causa penal 47/2025, el ilícito se llevó a cabo en dos ocasiones al interior de un predio en ese municipio

Mérida, Yucatán.- Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada (2), J.Y.H.K. fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, por los hechos   ocurridos en la localidad de Huhí, en agravio de una menor de edad.

Después de ser valoradas las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento otorgó el fallo condenatorio.

De acuerdo con la información reunida en la causa penal 47/2025, los hechos tuvieron lugar el pasado siete de febrero, cuando el encausado se encontraba en un predio en compañía de una adolescente a la que agredió sexualmente, repitiendo dicha acción cuatro días después, por lo que se presentó la formal denuncia.

Durante la audiencia celebrada en el  Centro de Justicia Oral de Kanasín, la Juez de Control revisó los datos de prueba aportados por esta representación social, los cuales fueron suficientes para que se decretara el auto de vinculación a proceso por el delito imputado, otorgando además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que, tras interponerse la denuncia, los fiscales de litigación iniciaron con la
investigación que derivó en la causa penal 47/2025, misma que se desahogó durante su etapa inicial en el Juzgado Primero de Control, donde se estableció que los hechos ocurrieron en dos ocasiones durante el mes de febrero del año 2025, cuando el encausado agredió sexualmente a la víctima de identidad reservada, por lo que se interpuso la formal denuncia.

Además de la pena privativa de la libertad, el acusado también deberá pagar lo equivalente a 4000 días multa, así como la cantidad de 10 mil pesos por concepto de la reparación del daño.

• Se le condenó a pagar lo equivalente a 7000 días multa, así como 60 mil pesos por concepto de reparación del daño que ya le fueron entregados a la denunciante.

Mérida, Yucatán.- Acusado de agredir sexualmente a una adolescente, Ángel Santibañez R., de 31 años, originario de Villahermosa, Tabasco, de oficio repartidor de agua, fue declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada (3) en un procedimiento de juicio abreviado, por lo que, tras el fallo condenatorio, se le sentenció a una pena de 23 años y cuatro meses de prisión.

Una vez que se contó con el acuerdo de las partes involucradas, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas de los hechos ocurridos en tres ocasiones diferentes, en el interior de un predio ubicado en la colonia Ampliación Xelpac, que refieren que el sentenciado le impuso la cópula a la víctima de 14 años de identidad reservada recurriendo a la violencia física.

Los abusos fueron denunciados por la madre de la víctima. Las agresiones habrían ocurrido en tres diferentes días de octubre de 2023 en la colonia Ampliación Xelpac del municipio de Kanasín.

En la propia denuncia se menciona que la persona que agredió a la adolescente lo hizo aprovechando la confianza que se le tenía, además de que ejerció contra ella violencia física y emocional y la amenazó con hacerle daño a su familia si contaba lo sucedido.

Además de la pena privativa de la libertad, A.S.R. deberá pagar lo equivalente a 7000 días multa, así como 60 mil pesos por concepto de reparación del daño que ya le fueron entregados a la denunciante.

El procedimiento, celebrado en el Centro de Justicia Oral de Mérida, ante la Juez del Juzgado Primero de Control, se judicializó bajo la causa penal 57/2025 y los fiscales de litigación fueron los encargados de aportar los datos y pruebas suficientes para obtener el citado fallo condenatorio y tras acordarlo entre ambas partes, se establecieron las penas antes mencionadas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, entregó certificados y claves de registro a 44 servidoras y servidores judiciales que concluyeron 60 horas de capacitación especializada en esta materia.

De esta forma, Yucatán se prepara para la próxima publicación del Protocolo de Actuación sobre Justicia Restaurativa Familiar de Primera y Segunda Instancia, así como para la implementación del nuevo sistema de justicia derivado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Con esta entrega, ya suman 67 personas —entre jueces, psicólogos y trabajadores sociales— acreditadas como facilitadoras institucionales, ya que en enero pasado se certificó a otras 23.

En su mensaje desde el auditorio del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), Torres López señaló que esta preparación contribuye a marcar el rumbo hacia una justicia más humana y cercana a la ciudadanía, pero, sobre todo, una justicia que transforma vidas.

---“El impacto de su labor serán familias que logran acuerdos en lugar de fracturas, comunidades fortalecidas y un Poder Judicial que no solo dicta sentencias, sino que transforma vidas día a día con cada una de sus decisiones”, puntualizó.

Asimismo, anunció que en junio próximo personal de las sedes judiciales de Tizimín, Tekax e Izamal se incorporará a esta capacitación para ampliar la red de facilitadores restaurativos en el territorio estatal.

Sostuvo que la Justicia Restaurativa representa un compromiso profundo con Yucatán en un mundo donde el conflicto parece ser la norma, “pero donde ustedes, como parte de nuestra institución, han elegido el camino de la reconciliación, la empatía y la reparación para mantener la paz y la armonía en nuestra sociedad”.

----“Así, estamos fortaleciendo nuestra capacidad ante el nuevo sistema de justicia civil y familiar, porque la Justicia Restaurativa ya es una realidad en el Poder Judicial de Yucatán”, finalizó.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, explicó que de las 44 personas participantes que concluyeron esta capacitación especializada, 20 son juzgadoras de Primera Instancia en las materias civil y familiar de las sedes judiciales de Mérida, Umán y Kanasín.

Añadió que también participaron 19 especialistas en Psicología y cinco en Trabajo Social pertenecientes a la mencionada Unidad.

----“Con esta acreditación, las y los juzgadores quedan plenamente facultados para dirigir procesos restaurativos desde su función jurisdiccional, mientras que el personal de Psicología y Trabajo Social se acredita como especialista para auxiliar a la autoridad judicial”, remarcó la consejera.

Al evento asistieron las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, Claudia Crisol Antonio Mayor; y del Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Leonor Estrella León, Landy Aimeé Pino Barrera y Mirka Sahuí Rivero, así como el magistrado Mauricio Cantón Dager.También estuvieron presentes las y los consejeros de la Judicatura Claudia Ileana Pedrera Irabién y Níger Pool Cab, además de la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Amelia Cetina Pinelo.

• La Fundación Yansa informó en un comunicado que impugnará vinculación a proceso contra defensores del territorio. 

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado informó que en audiencia pública celebrada en el juzgado de control de Progreso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se formuló imputación en contra del director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky Losana y los campesinos mayas Cecilio Cisneros Rivero y Guillermo Julián Yam Ek, por hechos relacionados con la probable comisión del delito de despojo de bien inmueble en el municipio de Ixil. 

La organización Santa María Chi señaló que “esto debería irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incompetencia intercultural de una jueza. “Tu Jueza Suemy Lizama que se vendió a los financiadores de la política e inmobiliarias y los ejidatarios ex comisarios ejidales y ex presidentes municipales , si quieren nombres en Ixil los podrán preguntar: Hugo Aguilar, ministro denle catedra a una juez que no conoce el territorio”.

Cabe señalar que los defensores de las tierras ejidales de Ixil fueron vinculados a proceso judicial por la juez Suemy Lizama Sánchez quien consideró que había datos de prueba suficientes para acreditar el delito de despojo de cosa inmueble, denunciado por las familias Millet Palomeque, Abimerhi Briceño y Millet Menéndez, interesadas en la disputa de más de 5 mil hectáreas de tierras en Ixil.

Los empresarios aducen que las tierras les pertenecen, sin embargo, representantes de la comunidad señalan que son tierras ancestrales que han trabajado durante generaciones. 

De acuerdo con los datos expuestos por la representación social, los hechos ocurrieron en diversas fechas entre los años 2022 y 2024, en predios que son propiedad privada, donde presuntamente se impidió el acceso y disfrute de determinados inmuebles a quienes acreditaron fehacientemente los derechos sobre los mismos.

De acuerdo con el Poder Judicial la autoridad judicial actuó en estricto apego a derecho, garantizando en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de la integridad y derechos de todas las personas involucradas.

Una vez escuchadas las partes, la Juez de Control determino conceder el término de cuatro meses para la investigación complementaria, la cual deberá cerrarse el próximo 11 de septiembre del 2026.

---“El Poder Judicial reitera que las resoluciones y actuaciones realizadas dentro de este procedimiento responden al cumplimiento de las leyes vigentes y a los principios que rigen el sistema de justicia.

Se hace énfasis en que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por autoridad competente.”, señala el comunicado.

Comunicado de la Fundación Yansa A. C.

·La Fundación Yansa informó en un comunicado que impugnará vinculación a proceso contra defensores del territorio. 

---“Desde Fundación Yansa informamos que se impugnará la resolución emitida por la jueza de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez en el Juzgado de Progreso, en la audiencia celebrada el día de ayer mediante la cual fueron vinculadas a proceso tres personas defensoras del territorio de Ixil, entre ellas dos integrantes de la comunidad y el director de la Fundación.

Consideramos grave que durante la audiencia se criminalizara a personas defensoras por portar herramientas propias del trabajo del campo y que se utilizara el término “grupo de choque” para referirse a integrantes de la comunidad que defienden su territorio.

Asimismo, la resolución ignoró principios constitucionales y estándares nacionales e internacionales de protección a los pueblos indígenas. La jueza sostuvo que Ixil no contaba con reconocimiento como pueblo indígena maya al momento de los hechos, pasando por alto que la autodeterminación y la identidad de los pueblos indígenas, los cuales debían ser observados y garantizados durante el proceso.

Reiteramos que defender el territorio y acompañar a las comunidades en la protección de sus derechos no puede ser tratado como un delito”.

De acuerdo con los testigos el parricida estaba bajo los efectos del alcohol y drogas, se enojó y comenzó a discutir con su papá, S. Lázaro H.K. de 60 años, dentro de su casa.

El expediente de la causa penal 499/2025 detalla que los hechos se registraron la noche del 24 de agosto de 2025. El ahora sentenciado y la víctima se encontraban al interior de un predio ubicado en la citada localidad, cuando el individuo atacó a su padre, golpeándolo en la cabeza y en diversas partes del cuerpo con un madero, en repetidas ocasiones.

La agresión fue presenciada por una testigo, momento en el que el atacante intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue retenido por su propio hermano y otra persona, quienes lo entregaron a los elementos de la Policía Municipal. A consecuencia de las severas lesiones, la víctima perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico cuando se le prestaban los primeros auxilios rumbo a la clínica del IMSS en Motul.

Durante la audiencia celebrada ante la Juez Segundo de Control del Primer Distrito, con sede en Mérida, la autoridad judicial avaló los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación. Al contar con la anuencia de las partes para llevar a cabo el procedimiento abreviado, se dictó el fallo condenatorio.

Además de la pena privativa de la libertad por 25 años, se determinó el pago correspondiente a la reparación del daño a la parte denunciante, así como la suspensión de sus derechos políticos y la pérdida de todo derecho familiar respecto a la víctima.

Mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales el embajador Ronald Johnson, destacó la colaboración existente entre la Unión Americana y la nación en términos de lucha contra la corrupción y el crimen.

----“La Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. 

“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, escribió.

Remarcó que hay una estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para que los procesos judiciales iniciados en Nueva York se desarrollen conforme a derecho.

---“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos. 

“Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada”, finalizó.