En representación del Poder Judicial del Estado, Hernández Conde sostuvo que la impartición de justicia no se limita a la resolución de controversias mediante una sentencia. También implica generar condiciones para que las personas encuentren soluciones que atiendan las causas de los conflictos y favorezcan la reconstrucción de sus relaciones. Por ello, subrayó que los mecanismos alternativos de solución de controversias constituyen herramientas idóneas para ese propósito.

----"En el Poder Judicial del Estado estamos convencidos de que una justicia cercana, participativa y restaurativa fortalece el Estado de Derecho y amplía el acceso efectivo a la justicia. Resolver un conflicto mediante el diálogo no significa renunciar a la justicia, sino encontrar caminos que favorezcan la reparación, la convivencia y la paz", manifestó durante la ceremonia realizada en el auditorio "Manuel Cepeda Peraza" del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).

Acompañado por la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Amelia Zetina Pinelo, el magistrado destacó que promover una cultura de paz implica fomentar la capacidad de resolver las diferencias sin violencia, privilegiando el respeto, la empatía y la responsabilidad compartida. Añadió que esta tarea trasciende a los tribunales e involucra a las instituciones educativas, dependencias públicas, organizaciones sociales, el sector privado y, por supuesto, a cada integrante de la comunidad.

----"En Yucatán tenemos razones para sentirnos orgullosos de ser una de las entidades más seguras del país. Sin embargo, sabemos que la paz no es una condición permanente ni un logro que pueda darse por sentado. Se construye todos los días desde las familias, las escuelas, las comunidades, las instituciones y cada espacio donde las personas deciden escucharse, respetarse y buscar soluciones comunes", expresó.

----"Sigamos construyendo puentes de entendimiento en beneficio de nuestra sociedad, con la convicción de que el diálogo siempre será el mejor camino para construir comunidades más fuertes y un mejor futuro para nuestro estado", concluyó.

Las jornadas, que iniciaron ayer miércoles, son organizadas por el Instituto de Mecanismos Alternos A.C., el Instituto de Mediación de México A.C. y el Colegio Internacional de Especialistas en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Reúnen a mediadores, conciliadores, facilitadores, investigadores y estudiantes. El encuentro, que concluye este viernes, incluye conferencias magistrales, mesas panel, talleres, foros y ponencias.

La representante del Comité Organizador, Verónica Moyano Acuña, detalló que esta reunión, más que un encuentro académico, representa un compromiso colectivo con una forma distinta de entender la justicia: "una justicia que escucha, dialoga, repara y coloca a la persona en el centro de toda intervención".

----"La visión es muy clara: los conflictos no son únicamente problemas que deben resolverse, sino oportunidades para reconstruir relaciones, fortalecer comunidades y consolidar una sociedad más pacífica. Tenemos una importante responsabilidad en la tarea de contribuir a la pacificación del país", aseveró.

Indicó que los mecanismos alternativos de solución de controversias han dejado de ser una alternativa para convertirse en un componente esencial del sistema de justicia moderno, pues existe la convicción de que el diálogo sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar la realidad.

• La justicia restaurativa familiar promueve que las partes reconozcan el conflicto, asuman su corresponsabilidad y participen activamente en la reparación del daño

Mérida, Yucatán.- Operadores jurídicos refuerzan sus conocimientos y se preparan para la próxima entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) y para garantizar la adecuada aplicación del Protocolo de Actuación sobre Justicia Restaurativa Familiar de Primera y Segunda Instancia del Poder Judicial del Estado.

Para ello, participan en la Capacitación Especializante de Justicia Restaurativa en Materia Familiar, cuya fase virtual se llevó a cabo en dieciséis sesiones durante los meses de junio y julio, y durante  el fin de semana pasado se desarrolló la fase presencial dividida en dos sesiones.

La capacitación, se realiza en colaboración con la maestra Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama y el equipo de Vínculo Restaurativo S.C., cuenta con el respaldo académico de la Escuela Judicial y está integrada por un programa de un total de 60 horas de formación, que se distribuyen en 48 horas virtuales y 12 presenciales.

En la jornada presencial, la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que esta tercera edición representa un precedente al reunir al mayor número de participantes desde su creación e incorporar, por primera vez, a operadores externos que intervienen directamente en los procesos judiciales.

Subrayó que la justicia restaurativa familiar promueve que las partes reconozcan el conflicto, asuman su corresponsabilidad y participen activamente en la reparación del daño y en la reconstrucción de las relaciones familiares, privilegiando en todo momento el bienestar y la seguridad de quienes las integran.

También participan  servidoras y servidores públicos del Centro Estatal de Solución de Controversias, de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social, juezas y jueces mixtos de reciente nombramiento, así como juzgadores de las materias civil, mercantil y familiar. Asimismo, asisten aspirantes a la categoría de juez de primera instancia.

La capacitación también reúne a facilitadores privados y personal de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), de la Fiscalía General del Estado y del Instituto de la Defensa Pública del Estado, para conformar un grupo de 177 participantes que fortalecen sus conocimientos y habilidades en materia de justicia restaurativa familiar.

En su intervención al cierre del taller, la maestra Claudia Villavicencia Guadarrama señaló: " Nos enorgullece colaborar, por tercera ocasión, con el Poder Judicial del Estado de Yucatán en la formación especializada en Justicia Restaurativa Familiar, rumbo a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, gracias por la confianza en el equipo de Vínculo Restaurativo S.C.  Concluimos un fin de semana intenso junto a 144 personas comprometidas con una justicia más humana, más que aprender herramientas, compartimos la experiencia de acompañar a otras personas con escucha, dignidad y responsabilidad. Porque restaurar no es solo resolver conflictos; es aprender el fino arte de acompañar a otro sin romperlo... y sin romperse en el intento. Seguimos trabajando para fortalecer una justicia más humana, especializada y restaurativa."

En ese marco, integrantes del equipo de Vínculo Restaurativo S.C. recibieron reconocimientos otorgados por el Poder Judicial del Estado. De esta manera, el Poder Judicial del Estado continúa impulsando la profesionalización permanente de quienes participan en la impartición de justicia.

En el marco de la primera sesión ordinaria 2026 del Sipinnay, encabezada por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, la directora de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables del Consejo de la Judicatura, Nicte-Há Chacón Romero, indicó que, como parte de esta agenda, también se promoverán mecanismos que garanticen el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar y ser escuchados en aquellos asuntos que los involucren.

---"Uno de ellos es el programa ‘Justicia Amigable para Niñas, Niños y Adolescentes’, iniciativa que construiremos de manera conjunta con el Sipinnay para acercar la justicia a la niñez mediante materiales accesibles, difusión de derechos, jornadas de sensibilización y mecanismos que garanticen una participación efectiva, acorde con su edad y nivel de desarrollo", expuso en presencia de Yaretzi May Cobá, Martín Lizárraga Cardeña y Keymi Osorio Uk, presidenta y secretarios, respectivamente, del Consejo Consultivo de dicho Sistema.

Chacón Romero recordó que el Poder Judicial no solo tiene la responsabilidad de resolver los asuntos que llegan a los tribunales, sino también el deber de aportar su experiencia para fortalecer las políticas públicas que garanticen un acceso efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes.

----"La protección integral de la niñez no es responsabilidad de una sola institución; es una tarea compartida que exige coordinación, compromiso y una visión común. El Poder Judicial del Estado reitera su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con este Sistema, convencido de que solo a través de la corresponsabilidad institucional podremos construir una justicia cada vez más humana, más accesible y verdaderamente amigable para todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad", aseveró.

Ante la directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Shirley Castillo Sánchez; la titular del Sipinnay, Shalimar Pedrera Cabrera; el fiscal General del Estado, Juan Manuel León; así como representantes de diversas dependencias del Gobierno del Estado, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, Chacón Romero destacó las diversas acciones que el Poder Judicial ha impulsado para que niñas, niños y adolescentes encuentren una justicia especializada, cercana y respetuosa de sus derechos.

"Hemos fortalecido los modelos de justicia adaptada mediante las Salas Especializadas para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA) y la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV), generando espacios seguros y metodologías especializadas que favorecen su participación y previenen la revictimización", puntualizó.

También hemos apostado por la profesionalización del sistema de justicia mediante procesos permanentes de capacitación y un diplomado especializado que fortalece las competencias de quienes intervienen en asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes. Asimismo, trabajamos en el fortalecimiento de los mecanismos de protección, actualizando los protocolos para la emisión de órdenes de protección y coordinando esfuerzos con otras instituciones para brindar respuestas oportunas y efectivas a quienes se encuentran en situación de riesgo, externó.

Finalmente, añadió que se ha consolidado la implementación del Registro Nacional y Estatal de Obligaciones Alimentarias, contribuyendo a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos mediante procedimientos más ágiles y coordinados.

Durante la sesión se abordaron las principales acciones que se han desarrollado en favor de la niñez y la adolescencia en el estado, además de presentar los planes de trabajo que se llevarán a cabo en los próximos meses.

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de Kendra S.M. por el delito de extorsión agravada por presuntamente exigir dinero al afectado a cambio de no publicar una serie de fotos íntimas. 

Por estos hechos la acusada permanecerá privada de su libertad, luego de que los especialistas de la FGE solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue autorizada por el Juez.

De acuerdo con la indagatoria, la detenida presuntamente exigió dinero a la víctima a quien le dijo que de no depositarle haría publica una serie de fotos íntimas, por lo que este le transfirió la cantidad de $1,500; sin embargo, a pesar de haber recibido el dinero, continuó solicitando más efectivo, razón por la que finalmente interpuso la denuncia que consta en la causa penal 190/2026.

En la audiencia los fiscales de litigación argumentaron la vinculación a proceso, pero este trámite se programó para el día 20 del presente año, luego de que la imputada solicitó la duplicidad del tiempo constitucional para tal efecto

• Cecilia Roldán, madre de Montserrat, dijo que la sentencia no revive a la joven víctima

Veracruz, México.- Marlon Botas Fuentes, detenido en junio de 2022 tras un cateo en casa de su abuela en Mérida, Yucatán, fue sentenciado con la pena máxima de 70 años de prisión por el feminicidio de¿ quien fuera su novia Monserrat Bendimes Roldán, cometido el 17 de abril de 2021 en Casas Tamsa, en Boca del Río, Veracruz.

La sentencia fue dictada este jueves 16 durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, luego de que el acusado fuera declarado culpable del feminicidio.

La pena máxima de 70 años había sido exigida por colectivos feministas desde el pasado 9 de julio, cuando el acusado fue declarado culpable.

Marlon Botas fue detenido en junio de 2022, por lo que el cómputo de la condena de 70 años de prisión inicia desde esa fecha. En caso de cumplir la totalidad de la sentencia, concluiría el 9 de julio de 2092

Monserrat tenía 20 años cuando fue víctima de una brutal golpiza en su casa, por lo que fue hospitalizada y entró en coma cerebral. El 23 de abril de 2021, seis días después de la agresión la joven murió a consecuencia de las graves heridas. 

Después del ataque, Botas Fuentes huyó de Veracruz y permaneció prófugo durante más de un año. Pero luego de una serie de investigaciones, en junio de 2022 se entregó en Yucatán.

Luego de un proceso de casi 5 años, los padres de la joven asesinada a golpes por su entonces pareja, obtuvieron justicia y agradecieron a quienes los acompañaron a lo largo de este doloroso tiempo.

----“Se hizo justicia para mi hija y se demostró el grado de culpabilidad de que fue su pareja, (…) lo único que que nos interesa es que se mantenga y se sostenga la sentencia”, comentó en entrevista luego de la audiencia donde se dictó sentencia.

Por su parte, el abogado, Francisco León Chaga, señaló que aún faltan algunas audiencias en el proceso judicial, sin embargo se dijo confiado de que la sentencia se sostenga y no se logre reducir por parte de la defensa de Marlon.

La Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensa Pública del Estado de Yucatán (Indepey), abrió este espacio para fortalecer el acceso a la justicia y brindar atención oportuna a personas que requieren orientación legal, asesoría especializada o acompañamiento jurídico. 

Las personas que acudan a esta sede podrán recibir servicios gratuitos en materias familiar, civil y mercantil, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, atención digna y búsqueda de soluciones que contribuyan a brindar certeza jurídica a las familias yucatecas. 

Durante el acto inaugural, el consejero jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz, destacó que, desde el inicio de la administración que encabeza Huacho Díaz Mena, uno de los principales retos ha sido generar espacios dignos, accesibles y adecuados para atender a la ciudadanía. 

----“Queremos que las personas no solamente reciban asesoría o defensa jurídica, sino que cuenten con espacios dignos, donde puedan sentirse en confianza y percibir que existe una nueva forma de atender y servir a la ciudadanía”, señaló. 

Alemañy Ortiz resaltó la coordinación con el Poder Judicial del Estado, que ha permitido habilitar nuevos espacios en beneficio de las personas usuarias y de las y los servidores públicos del Indepey, quienes ahora cuentan con mejores condiciones para desempeñar sus funciones. 

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, magistrada Erika Torres López, manifestó que la creación de estos espacios representa un beneficio directo para la atención ciudadana. 

Indicó que se continuará fortaleciendo la coordinación y la construcción de vínculos institucionales para acercar la justicia a las y los yucatecos, así como avanzar hacia una atención más pronta, expedita y de calidad. 

El director del Indepey, Christian Rolando Hurtado Can, celebró la apertura de la nueva área, al señalar que permitirá ofrecer una atención más personalizada y profesional a las personas usuarias, quienes podrán acceder de manera gratuita a asesoría jurídica en materias familiar, civil y mercantil. 

Durante el evento, se destacó que el acceso a la justicia no debe depender del lugar donde vive una persona, sino estar al alcance de todas y todos. En este sentido, la apertura de la nueva sede representa un paso importante para consolidar un modelo de atención más cercano, accesible y eficiente, con la ciudadanía como centro de las políticas públicas del Gobierno del Renacimiento Maya. 

Como parte de las acciones para fortalecer la atención integral, también se acompañó a la directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav), Celia María Octubre Maldonado Llanes, en la inauguración de un módulo de atención especializada. 

Este espacio brindará asistencia social, atención psicológica y acompañamiento especializado a niñas, niños y adolescentes durante sus declaraciones ante el Ministerio Público, a fin de garantizar una atención sensible, digna y con pleno respeto a sus derechos. 

Al evento asistieron también el magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, así como las juezas Ileana Álvarez de la Cruz y Gisela Dorinda Dzul Cámara.

Este nuevo espacio permitirá a la ciudadanía acceder a procedimientos alternativos de solución de conflictos, mediante el diálogo, la orientación profesional y acuerdos construidos de forma voluntaria, con pleno respeto a los derechos de las partes involucradas.

El director del Indepey, Christian Rolando Hurtado Can, en representación del consejero jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz, señaló que la apertura de esta área fortalece el sistema alternativo de solución de controversias y amplía las herramientas de la defensoría pública.

Explicó que el objetivo es evitar que los conflictos lleguen a juicio, cuando pueden resolverse mediante mediación, a través de un procedimiento que favorece el diálogo y permite alcanzar soluciones de manera más pronta.

Hurtado Can detalló que el personal que brindará este servicio cuenta con certificación, preparación y capacitación para conducir procedimientos de mediación bajo los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, confidencialidad, voluntariedad y buena fe.

La mediación ayuda a prevenir que los conflictos escalen, reduce tiempos y costos asociados a los procesos judiciales, y contribuye a que los órganos de impartición de justicia concentren su atención en los asuntos que requieren resolución jurisdiccional.

Además, este modelo promueve una cultura de paz basada en el diálogo, el respeto mutuo y la corresponsabilidad, al incentivar que las personas participen activamente en la construcción de acuerdos. La sala de mediación se encuentra dentro de los juzgados mercantiles y familiares del Poder Judicial del Estado, ubicados en la calle 35, entre 62 y 62-A, del Centro de Mérida.

Al corte de listón inaugural asistieron el magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, así como los jefes de departamento de la Defensoría Pública, Edgar Ismael Aké Ojeda y José Luis Tamay Petul.

Como parte de los primeros avances de esta nueva fase, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, realizó, mediante una reunión virtual, la declaratoria de nueva integración del Comité Local para el Seguimiento de la Implementación de este ordenamiento jurídico, cuya rectoría estará, a partir de hoy, a cargo del magistrado del TSJ, Alan Hernández Conde.

El Comité está integrado por magistradas y magistrados del Tribunal, consejeras y consejeros de la Judicatura, personas juzgadoras de las materias Civil y Familiar, así como titulares de las diversas áreas administrativas y operativas del Poder Judicial del Estado.

Hay que recordar que, el mencionado Código Nacional representa un hito en la evolución del derecho procesal mexicano, ya que por primera vez establece un marco normativo de alcance nacional al sustituir a los 32 códigos procesales locales. Este ordenamiento introduce un modelo procesal oral y promueve el uso de herramientas digitales y tecnológicas como ejes del sistema, además de poner especial énfasis en la capacitación institucional. 

Al dirigir un mensaje, Hernández Conde destacó la importancia y trascendencia de una correcta implementación del Código Nacional en Yucatán, ya que representa un reto institucional que exige coordinación, diálogo, planeación y el esfuerzo conjunto de todas las áreas involucradas.

---"Nos encontramos en una etapa decisiva; restan menos de nueve meses para consolidar los trabajos necesarios. Estoy convencido de que, con el compromiso de quienes integran este Comité y de todas las personas que han participado en este esfuerzo, podremos cumplir este importante objetivo", expresó.

De manera particular, el magistrado agradeció la dedicación y el profesionalismo de todas las personas involucradas, especialmente de la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, y de la magistrada María Carolina Canto Valdés, pues el trabajo realizado hasta ahora constituye una base sólida sobre la cual se continuará construyendo.

Durante la reunión virtual, el director de la Unidad de Planeación del Consejo de la Judicatura, Héctor López Martínez, realizó un recuento del trabajo realizado por este órgano técnico desde abril de 2024 y de las acciones desarrolladas a partir de septiembre de 2025 para optimizar tiempos, agilizar procesos y asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma, de los compromisos.

En ese marco, Farfán Flores afirmó que, desde un principio, el trabajo de este órgano técnico ha estado orientado al cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional, tomando en consideración las bases de operación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM).

Añadió que dichas bases establecen cinco ejes temáticos: sistema de gestión; capacitación y certificación de operadores; infraestructura física y tecnológica; criterios de asignación de recursos para la implementación, y normatividad y adecuación legislativa, adaptados al Poder Judicial del Estado, así como los estándares aprobados por la CONATRIB.

• Revisión del Consejo de la Judicatura e incorpora las disposiciones derivadas de la creación del Departamento de Atención a la Violencia de Género

Mérida, Yucatán.- Con la implementación de mecanismos especializados, la profesionalización del personal y el fortalecimiento de la coordinación institucional, el Poder Judicial del Estado refuerza de manera permanente sus acciones para garantizar una justicia con perspectiva de derechos humanos, centrada en la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, aseveró el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alan Hernández Conde.

Al participar en la Segunda Sesión 2026 de la Mesa de Seguridad y Justicia para Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes A.C., Hernández Conde remarcó que entre los principales avances se encuentran la creación y consolidación de espacios especializados que permiten la participación protegida de mujeres, niñas, niños y adolescentes dentro de los procesos judiciales, garantizando su derecho a ser escuchados en condiciones seguras y evitando su revictimización.

En este rubro, abundó, destacan la implementación de la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV), en materia penal, y el desarrollo de las Salas Especializadas para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA), en materia familiar. Asimismo, resaltó la operación de las nueve salas de escucha especializadas, ubicadas en juzgados de Mérida, Umán y Tekax, que permiten la realización de entrevistas y audiencias adaptadas a las necesidades de niñas, niños y adolescentes.

Durante el encuentro, realizado en la Universidad Anáhuac Mayab, el magistrado integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar del TSJ mencionó que el Poder Judicial del Estado también ha fortalecido la atención integral a víctimas mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de mejorar la coordinación interinstitucional y ofrecer respuestas más eficaces frente a la violencia de género y la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, comentó que actualmente se encuentra en proceso de actualización el Protocolo de Actuación para la Emisión de Órdenes de Protección, aprobado en 2018.

Ante Elibenia Pineda Aguilar y Joao García Martínez, fundadora y presidente de la citada Mesa de Seguridad, respectivamente, así como autoridades estatales y municipales, representantes de la academia y de la sociedad civil, Hernández Conde explicó que dicha propuesta, que actualmente revisa el Consejo de la Judicatura, incorpora las disposiciones derivadas de la creación del Departamento de Atención a la Violencia de Género y tiene como propósito establecer criterios, lineamientos y procedimientos claros para la solicitud, tramitación, emisión, ejecución, seguimiento y evaluación de las órdenes de protección, favoreciendo una actuación judicial homogénea y especializada.

En ese sentido, el magistrado informó que, en lo que respecta a las órdenes de protección, durante el primer trimestre de 2026 se otorgaron 156, de las cuales 143 fueron para mujeres y 13 para hombres.

Al mismo tiempo, agregó, se ha impulsado la implementación de la Justicia Restaurativa Familiar, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y se desarrolló un protocolo de Justicia Restaurativa mediante un equipo multidisciplinario.

Por lo que toca a la profesionalización judicial, Hernández Conde expuso que la institución desarrolla un amplio programa académico de capacitación permanente y especializada, dirigido al personal jurisdiccional y administrativo, convencida de que una atención sensible, profesional y basada en evidencia constituye un elemento esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia.

----"Todas estas acciones reflejan el compromiso del Poder Judicial del Estado con la consolidación de una justicia especializada, restaurativa, accesible y con enfoque de derechos humanos, que coloca en el centro a las personas y garantiza una protección reforzada para mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los avances alcanzados son resultado del trabajo coordinado entre las distintas instituciones que integran el sistema de justicia y constituyen una base sólida para continuar fortaleciendo el acceso a la justicia, la protección de las víctimas y la construcción de una sociedad más segura e incluyente", finalizó.

Durante la sesión se presentaron avances en la atención de la salud mental en los entornos escolares, desde la educación básica hasta los modelos que se implementan en el nivel superior.

• Su cómplice, un menor de edad. Ambos amenazaron a las empleadas y rociaron de gasolina el local.

Mérida, Yucatán.- Durante un procedimiento de juicio abreviado ante el Juez Primero de Control del Quinto Distrito, Vicente Emérito G.G. fue declarado penalmente responsable del delito de robo calificado cometido con violencia en la joyería Mariel en Chemax, siendo sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión, además de otras penas.

Uno de los asaltantes fue identificado como un menor. Ambos amenazaron a las empleadas y rociaron de gasolina el local.

Cabe recordar que la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los elementos de prueba de la causa penal 52/2025, los cuales resultaron suficientes para que la autoridad judicial emitiera el fallo condenatorio y las penas correspondientes al grado de culpabilidad del hombre.

Dichas sanciones incluyen, además de la pena privativa de la libertad, una multa de 175 UMAS, el pago de la reparación del daño, la amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos, así como también la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a las víctimas, posterior a cumplir la pena en prisión.

Los hechos ocurrieron el 24 de junio de 2025, aproximadamente a las cinco de la tarde, cuando el encausado presuntamente ingresó a un establecimiento joyero ubicado en la calle 22 con 21 colonia Centro y tras amenazar a dos empleadas con un arma de fuego, se apoderó de varias prendas de oro y se retiró del lugar, por lo que se presentó la denuncia que derivó en la causa penal 52/2025.

Finalmente, antes de concluir la sesión, las partes se pusieron de acuerdo para dispensar de la audiencia de lectura y explicación de sentencia, lo que significa que las penas antes mencionadas quedan en firme y no admitirán apelación alguna.

Mérida, Yucatán.- Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violación, Ángel Román A. R. fue sentenciado a 10 años, un mes y 15 días de prisión por los hechos ocurridos en un predio de la colonia Yucatán en esta ciudad de Mérida, en agravio de su pareja sentimental.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales suficientes para que el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento dictara el fallo condenatorio y sentenciara al acusado a la pena privativa de la libertad en un juicio oral.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, se amonestó públicamente al encausado, se le sentenció al pago de 250 días multa, a reparar el daño moral, la suspensión de sus derechos políticos y se le prohíbe por tiempo indefinido acercarse a la víctima.

El proceso, durante su etapa inicial fue desahogado ante el Juzgado Segundo de Control bajo la causa penal 346/2023, donde se logró establecer que los hechos ocurrieron el seis de octubre del 2023, cuando haciendo uso de la violencia física y moral y aprovechando la confianza en él depositada por ser novio de la víctima, la agredió sexualmente en el interior de un predio en la citada colonia.

El alcohólico y drogadicto sujeto fue detenido el 26 de septiembre de 2023 luego que violó las órdenes de protección que tenía su exmujer: fue a reclamarle que lo hubiera denunciado por la agresión sexual contra el menor; la insultó, la abofeteó, la jaloneó y amenazó con hacerle daño a ella y a sus otros hijos.

Por la violenta agresión a su exesposa, la juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez lo imputó por el delito de violencia familiar y violación a las órdenes y medidas de protección, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Sobre la agresión sexual al menor, de acuerdo con datos reunidos en la causa penal 333/2023 que se desahogó durante su etapa inicial ante el Juez Segundo de Control del Primer Distrito, ocurrieron el 26 de agosto del 2023, en el interior de un predio de la localidad de Temax.

Ese día, haciendo uso de la violencia moral, agredió sexualmente al menor, aprovechó la confianza en él depositada por ser el padre. Para cometer la agresión cerró puertas y ventanas, amenazando al menor con hacerle daño a la madre y sus hermanitos si lo delataba.

Luego que la madre denunció el hecho, se inició la investigación y se emitió la orden de aprehensión.

Agresión contra la madre

El miércoles 20 de septiembre de 2023, a las 11 horas, cuando la señora C.G.D.C. caminaba sobre la calle 36 entre 37 y 39, a la altura del parque “Santísima Trinidad”, de Temax, se le acercó Mario Apolonio, reclamó que ya sabía que lo había denunciado y enseguida la agredió física y verbalmente.

Poco le importó las órdenes de restricción: la insultó, le dio varias bofetadas, la jaloneó del cabello y la amenazó con hacerle daño a ella y a sus hijos.

En presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López y personal jurisdiccional, el funcionario federal expuso que el 62 por ciento de las personas que identificaron o tuvieron contacto con el Poder Judicial en Yucatán valoran positivamente su desempeño, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Durante su exposición, Franco Barrios subrayó que cada interacción entre servidores públicos y ciudadanos influye en la percepción institucional, por lo que llamó a reforzar la atención y el compromiso cotidiano para consolidar la confianza de la sociedad en la impartición de justicia.

• Siete organizaciones —JUMAC, APASDEM, Brighter Green, Todos Somos Animales, Naturaleza Animal, Greenpeace y Generación Vegana— se unieron para entregar una carta de exigencia y el pronunciamiento del propio Wilberth ante la Representación del Gobierno de Yucatán en la CDMX
• Respaldo de la ONU en la defensa del territorio y clausura total y definitiva, así como reubicación, de la granja por la PROFEPA

Mérida, Yucatán.- Después de más de tres años de criminalización y luego de una audiencia de más de seis horas, el Juzgado Segundo de Control de Mérida resolvió a favor del comisario maya Wilberth Nahuat   Puc, de Santa María Chi, el no ejercicio de la acción penal por represalias por denunciar la contaminación de una megagranja de cerdos en su comunidad, misma que fue clausurada definitivamente por a PROFEPA.

Wilberth enfrentaba persecución judicial por denunciar la contaminación de una megagranja de cerdos en su comunidad, toda vez que representantes de la granja porcícola San Genaro -socio comercial de Kekén- lo denunció por despojo de propiedad y privación de la libertad por bloqueo y manifestaciones, de mayo de 2023. 

---“Hoy es un día de celebración para Santa María Chí y para todo el pueblo maya de Yucatán. Después de más de tres años de criminalización, la audiencia del 17 de junio resolvió a favor de Wilberth: el proceso penal en su contra ha terminado y nuestro comisario está libre.

Esto no fue un favor, fue justicia. Y fue posible gracias a ustedes.

Más de 1,600 personas firmaron esta petición en menos de 48 horas. Siete organizaciones —JUMAC, APASDEM, Brighter Green, Todos Somos Animales, Naturaleza Animal, Greenpeace y Generación Vegana— se unieron para entregar una carta de exigencia y el pronunciamiento del propio Wilberth ante la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México. Esa presión, sumada a la resistencia de tres años de la comunidad y al respaldo de la ONU, hizo la diferencia.

¡Muchas gracias a todas las personas que apoyaron a Wilberth!

Esta victoria pertenece a Santa María Chí, pero también a cada persona que firmó, compartió o alzó la voz. Recordemos sus propias palabras: defender el agua, el aire, la tierra y la salud de nuestros hijos nunca debió ser un delito — y hoy, finalmente, así se reconoció.

La lucha de los pueblos mayas por su territorio continúa, pero hoy toca celebrar. Gracias por estar presentes”, comunicó Santa Marí Chi.

De esta manera llega a su fin el proceso legal derivado de las protestas comunitarias contra la granja señalada por contaminar el manto acuífero.

----“Lo único que buscamos es estar tranquilos en nuestra comunidad, ya los cerdos ya se retiraron, lo que estábamos buscando era justicia penal, es lo que estábamos buscando con la comunidad, ya lo logramos”, declaró Wilberth al obtener su libertad. 

Wilberth Nahuat Puc es un defensor del agua, el aire limpio, la salud y la vida de Santa María Chí, de la cual e comisario.

Ha dedicado años de su vida a la defensa de los derechos de su comunidad. Su compromiso nace de una convicción sencilla pero profunda: proteger el agua, el aire limpio, la salud y la vida de las familias que habitan su pueblo.

Ante las preocupaciones expresadas por habitantes de la comunidad sobre posibles afectaciones ambientales y riesgos para la salud, Wilberth decidió acompañar la voz de su pueblo, impulsando acciones comunitarias para exigir el respeto a un medio ambiente sano y a los derechos de las generaciones presentes y futuras.

Su lucha ha estado guiada por la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el derecho de niñas, niños, mujeres, hombres y personas adultas mayores a vivir en un entorno saludable.

Sin embargo, defender a una comunidad no ha sido un camino sencillo. Como ocurre con muchas personas defensoras del territorio y del medio ambiente, ha enfrentado señalamientos, procesos legales y diversos intentos de desacreditar su labor, derivados del conflicto existente entre los intereses empresariales y las demandas de protección ambiental impulsadas por la comunidad.

A pesar de ello, Wilberth ha permanecido firme, convencido de que la defensa del agua, del aire limpio y de la salud colectiva es una causa legítima que trasciende intereses particulares.

Su historia representa la fuerza de un pueblo que decidió organizarse para proteger lo más valioso que posee: la vida, la salud de sus familias y el futuro de sus hijas e hijos.

“Defender el agua es defender la vida. Defender el aire limpio es proteger la salud de toda una comunidad”: Consejos Mayas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López y el director de esa casa de estudios, José de Jesús Palafox Quintero, firmaron el convenio de colaboración que también permitirá ofrecer oportunidades educativas para el personal del Poder Judicial y espacios de formación práctica para estudiantes universitarios.

Durante el evento, se resaltó que este acuerdo representa nuevas oportunidades para ambas instituciones y, con ello, se reafirma el compromiso con la capacitación permanente, la excelencia en el servicio público y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento institucional.

Mérida, Yucatán.- Al comprobarse su plena responsabilidad en diversas agresiones cometidas en agravio de una niña, el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento dictó sentencias de 14 y 20 años de prisión para Nahomi Jasiel S.R. (20 años) y Bryan Imanol C.S., (23 años) respectivamente, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) acreditara su culpabilidad durante un juicio oral por los delitos de abuso sexual y violación, ambos en su tipo equiparado.

El expediente de la causa penal 81/2024 detalla que los delitos ocurrieron entre los meses de mayo y julio del año 2023 en el interior de un predio ubicado en el fraccionamiento Bella Vista de Mulchechén, perteneciente a Kanasín.

Los cargos contra el sujeto son presunto abuso sexual equiparado y violación equiparada, y para la mujer presunto abuso sexual equiparado.

Las agresiones a la menor ocurrieron en repetidas ocasiones en un predio del fraccionamiento Bellavista, de Mulchechén, Kanasín, durante el año 2023.

En dicho lugar, los encausados aprovecharon su cercanía vecinal para ejecutar actos lascivos y agresiones sexuales en contra de una menor de 11 años, empleando para ello la violencia física y moral.

Tras el fallo condenatorio obtenido en diligencias previas, se llevó a cabo la audiencia de individualización de sanciones, en la que se determinó que el sujeto compurgará 20 años de cárcel y el pago de tres mil 700 días de multa por violación y abuso sexual, mientras que a la mujer se le impuso una pena de 14 años de privación de la libertad y mil 200 días de multa por el delito de abuso sexual.

 Adicionalmente, se les condenó al pago de la reparación del daño material y a cubrir la cantidad de 50 mil pesos cada uno por concepto de reparación del daño moral.

Para finalizar, la autoridad judicial convocó a las partes involucradas para el próximo 19 de junio, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia de lectura y explicación de la sentencia.

• Violentó física, psicológica y sexualmente desde el mes de casados. Fue detenido en agosto de 2023

Mérida, Yucatán.- Después de ser declarado penalmente responsable del delito de violencia familiar el rejoneador potosino Rodrigo Santos Alonso Quintanilla, de 60 años, fue sentenciado a cinco años de prisión y al pago de la reparación del daño, en la audiencia de individualización de sanciones celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales, documentales y testimoniales suficientes para confirmar la responsabilidad penal del Centauro Potosino, quien además de la pena privativa de la libertad fue sentenciado a la reparación del daño moral y material, además de pagar una indemnización en favor de la víctima, su exesposa María Inés Rivera Castro.

De los hechos, desahogados durante su etapa inicial ante la Juez Primera de Control bajo la causa penal 114/2022, ocurrieron en un predio de la colonia Maya en esta ciudad de Mérida, donde en diversas ocasiones del 2018 ejerció actos abusivos en agravio de su entonces esposa, a quien violentó física, psicológica y sexualmente desde el mes de casados.

Por último, antes de concluir la diligencia, se citó a las partes para el próximo 16 de junio celebrar la audiencia de lectura y explicación de sentencia.

• También funcionará como Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV).
• Crece infraestructura del Poder Judicial del Estado para atender niñas, niños y adolescentes

Tekax, Yucatán.– A fin de fortalecer el acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos, el Poder Judicial del Estado puso en funcionamiento en la sede judicial de Tekax un nuevo espacio que opera como Sala Especializada para la Participación Infantil y Adolescente (SEPIA) y como Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV).

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, realizó el corte del listón inaugural de esta nueva instalación, que permitirá garantizar procesos de escucha adecuados y apegados a los protocolos especializados para niñas, niños, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad, salvaguardando en todo momento su seguridad, integridad emocional y el respeto a sus derechos.

La sala, que ya se encuentra en operaciones, cuenta con un sistema de registro audiovisual que contribuirá a evitar la revictimización de las personas usuarias mediante la repetición innecesaria de entrevistas o audiencias. 

Asimismo, esta herramienta tecnológica permitirá que las declaraciones y audiencias queden disponibles para las y los operadores jurídicos que intervengan durante los procesos judiciales.

La titular de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables, Nicte-Há Chacón Romero, destacó que la apertura de esta sala representa un paso significativo en la protección de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad.

Señaló que el esfuerzo realizado en el Poder Judicial para habilitar este espacio es de gran relevancia, ya que permitirá brindar una atención especializada, digna y acorde con los protocolos vigentes. Además, indicó que la puesta en funcionamiento de la sala estará acompañada de capacitación y acompañamiento permanente para el personal judicial encargado de su operación.

Como parte de su visita, Torres López continuó con el impulso del esquema de participación ciudadana “Puertas Abiertas, Justicia Cercana”, acercando los servicios judiciales a las comunidades del interior del estado. En ese marco, se anunció que las próximas jornadas de este ejercicio se llevarán a cabo el próximo 8 de junio en la sede de los Juzgados Familiares en la calle 35 con 62 de Mérida y el 18 de junio venidero en la sede judicial de Izamal.

En esta cuarta edición, realizada en la Casa de la Justicia de Tekax, hombres y mujeres del sur de la entidad sostuvieron un diálogo directo con la magistrada presidenta, a quien expusieron planteamientos relacionados con casos específicos, mismos que recibieron orientación y canalización personalizada por parte del equipo institucional.

Los participantes también compartieron propuestas y sugerencias para fortalecer la labor del Poder Judicial, en un ejercicio que promueve la participación social y la construcción de una justicia más cercana a la ciudadanía.

La jornada contó con la participación de personal especializado en áreas jurídicas, atención a grupos vulnerables, violencia de género, orientación psicológica y del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, se sumaron la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y el Instituto de Defensa Pública del Estado.

Al evento asistieron por el Tribunal Superior de Justicia, las magistradas Sofía Cámara Gamboa, presidenta de la Sala Colegiada Civil y Familiar, y Carolina Muñoz Gasca; así como el magistrado Alan Jesús Hernández Conde; y la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Estrella León. 

También estuvieron presentes la jueza Beatriz Lavadores Suaste; la directora del DIF Municipal de Tekax, Yareli Vázquez Andrade; la titular del Centro Estatal de Evaluación y Atención a Víctimas (CEEAV), Celia Maldonado Llanes; y el titular del Instituto de Defensa Pública, Christian Rolando Hurtado Can.

• El día de la agresión, el 28 de mayo, tenían audiencia (una más) en el Juzgado Décimotercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado
• Annalie Marino sigue hospitalizada y su esposo, el jordano Ibrahim Ahmad, también está en el hospital por lesiones que ocurrieron al momento de su detención, el mismo día de los hechos

Mérida, Yucatán.- Un litigio judicial por divorcio y guarda y custodia de los hijos estaría tras el móvil de los tiros contra la cubana Annalie Marino por el jordano Ibrahim Ahmad en el fraccionamiento Las Américas. El día de los hechos, el 28 de mayo, estaba programada una audiencia más del pleito judicial en el Juzgado Décimotercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado al que nunca llegaron por el violento hecho.

Tras la separación el año pasado, el jordano Ibrahim Ahmad Hussein Hamdan, quien fue detenido por elementos de la Policía Investigadora Estatal (PEI) el mismo día que hirió de gravedad a su esposa, interpuso una demanda de juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia contra Annalie Marino, según consta en el expediente 315/2025.

De acuerdo con los documentos judiciales, la cubana Annalie Marino Canelles Rodríguez reaccionó solicitando a su vez un procedimiento especial de divorcio sin causales, según el expediente 00284/2025 en el cual obra acumulado el expediente 315/2025 del índice del Juzgado Decimoprimero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado.

Precisamente el día de la audiencia, entre las 7 y las 8 de la mañana, el jordano Ibrahim Ahmad –montado en su motocicleta—espero (cerca de la casa familiar ubicada sobre la calle 45D con 124, en la cuarta etapa del fraccionamiento Las Américas), que su esposa regresara de dejar a los niños de la escuela y le disparó dos veces. Una bala impactó cerca de la cabeza. La mujer está hospitalizada.

Las autoridades lograron ubicar al presunto responsable en un predio del mismo fraccionamiento y según las versiones periodísticas cuando los agentes intentaban entrevistarlo, el hombre trató de evadir la intervención policial y sufrió una caída que le provocó lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital.

Actualmente permanece bajo custodia policial y a disposición de un Juzgado de Control.

Al momento, el caso se investiga bajo el protocolo relacionado con el delito de tentativa de feminicidio, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento total de los hechos.

• El convenio permitirá unificar criterios, compartir recursos y colaborar en la formación de capital humano para fortalecer el tejido familiar en la entidad.
• La profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos se traduce en instituciones más eficientes, confiables y cercanas a las necesidades de la ciudadanía: León.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial de Yucatán y la Fiscalía General del Estado (FGE) firmaron un convenio de colaboración para establecer las bases de coordinación institucional para la aplicación efectiva del Protocolo de Justicia Restaurativa Familiar  de primera y segunda instancia del Poder Judicial del Estado de Yucatán, lo cual contribuirá a fomentar la paz, la reconciliación y el bienestar de las familias.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, y el titular de la FGE, Juan Manuel León, signaron dicho acuerdo, que permitirá unificar criterios, compartir recursos y colaborar en la formación de capital humano para fortalecer el tejido familiar en la entidad.

El convenio contempla acciones como la capacitación y especialización del personal, la creación de mecanismos de coordinación que permitan una atención más ágil y oportuna, así como la participación de equipos multidisciplinarios que aporten una visión integral en beneficio de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

Durante el acto, Torres López señaló que este convenio representa la voluntad de ambas instituciones de trabajar de manera coordinada y colaborativa para ofrecer mejores respuestas a las familias que enfrentan situaciones complejas, con un propósito claro: colocar a las personas en el centro de la actuación institucional, privilegiando el diálogo, la escucha y la construcción de soluciones duraderas.

----“La justicia se fortalece cuando las instituciones unen capacidades, experiencias y esfuerzos en favor de la sociedad. Esto marca el inicio de una nueva etapa de colaboración institucional al servicio de las y los yucatecos. La justicia restaurativa es una apuesta por la paz, la reconciliación y el bienestar de las familias”, aseveró.

En su turno, el fiscal General del Estado, Juan Manuel León León subrayó que la Justicia Restaurativa constituye una herramienta clave para construir un sistema de justicia más humano, accesible y cercano a la sociedad, al privilegiar la reconstrucción del tejido social, la cultura de paz y la solución efectiva de controversias.

Asimismo, señaló que la reciente entrada en vigor de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representan un reto institucional que exige fortalecer las capacidades técnicas, metodológicas y operativas de quienes participan en la procuración e impartición de justicia.

León León reconoció la iniciativa del Poder Judicial y resaltó la importancia de incluir en este proyecto de capacitación a los operadores del sistema de justicia familiar, al considerar que la profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos se traduce en instituciones más eficientes, confiables y cercanas a las necesidades de la ciudadanía.

Al evento, realizado en el Salón de Plenos del Consejo de la Judicatura, asistieron el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Alan Hernández Conde; las magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Estrella León, Landy Aimée Pino Barrera y Mirka Sahuí Rivero; así como el magistrado Mauricio Cantón Dager.

De igual forma, estuvieron presentes los consejeros de la Judicatura, María Ely Farfán Flores y Níger Desiderio Pool Cab, así como el director de Asuntos Jurídicos y de Sistematización de Precedentes del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Carlos Alamilla Mena.