De los hechos integrados en la causa penal 92/2024 del Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, se desprende que las agresiones ocurrieron entre el 31 de julio y el 13 de octubre de 2024 en el interior de un predio ubicado en la colonia Santa Cruz.

Durante ese periodo, aprovechando el parentesco y que tenía a los infantes bajo su cuidado, realizó tocamientos lascivos en diversas ocasiones contra ambos menores y, en el fin de semana del 11 al 13 de octubre del mismo año, agredió sexualmente a su hija.

El expediente señala que Jorge Daniel agredió sexualmente a sus hijos: una menor de 6 años y ejecutó tocamientos lascivos en contra de otra víctima de 4 años, en un predio ubicado en la colonia Santa Cruz, en la citada localidad, por lo que se presentó la formal denuncia, misma que derivó en la causa penal 92/2024.

De acuerdo con la denuncia interpuesta por la madre, que está separada de Jorge Daniel desde hace tres años (en 2024), este abusaba de sus hijos cuando pasaba a buscarlos para llevarlos a su domicilio, en la ciudad de Tizimín.

La denunciante se enteró de los hechos cuando los menores le contaron lo que ocurría cada vez que iban a casa de su padre.

Durante la audiencia de individualización de sanciones celebrada ante el Tribunal Colegiado Segundo de Juicio Oral, bajo la carpeta 48/2025, la autoridad judicial desglosó la condena en 17 años y seis meses de prisión por el delito de violación equiparada, sumados a 16 años y cuatro meses por cada uno de los cargos de abuso sexual, además del pago total de 5 mil 483 Unidades de Medida y Actualización.

Asimismo, se condenó al sentenciado al pago de la reparación del daño de manera integral y a gestionar el tratamiento psicológico para las víctimas, además de recibir una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos, la prohibición definitiva de acercarse a los afectados y la negativa de cualquier beneficio de sustitución de sanciones.

En representación del Poder Judicial del Estado, el magistrado Gerardo Chacón Tuyub encabezó el encuentro, acompañado de las consejeras de la Judicatura Alejandra Chávez Montes y Viridiana Acevedo Ceballos, realizado en el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia.

Durante la apertura, Chacón Tuyub destacó que estos espacios permiten mantener un diálogo permanente con quienes participan en la aplicación de los mecanismos alternativos, escuchar sus planteamientos e identificar áreas de oportunidad para que los procedimientos cumplan con el objetivo de garantizar justicia. 

El también presidente de la Sala Colegiada Mercantil, de Extinción de Dominio y Laboral reiteró la disposición del Poder Judicial para sumar esfuerzos, en estricto apego a la "Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias", y atender los retos que se presenten durante la ejecución de los procedimientos. 

Recordó que desde marzo pasado se habilitó el registro de convenios mediante el Sistema Estatal de Facilitadores y Convenios (SEFAC), plataforma destinada a revisar y validar los acuerdos alcanzados entre las partes en conflicto y remitidos por personas facilitadoras privadas. Su implementación coloca a Yucatán entre las primeras entidades del país en incorporar una herramienta tecnológica de este tipo.

----“En el Poder Judicial estamos seguros de que, al igual que ustedes, facilitadoras y facilitadores, tenemos un mismo objetivo: que la ciudadanía cuente con una herramienta legal rápida, accesible y segura. Para lograrlo, necesitamos estar coordinados y en sintonía”, expresó.

Por su parte, la titular del Centro Estatal de Solución de Controversias, Amelia Zetina Pinelo, informó que, a siete meses de la puesta en marcha del SEFAC, se habían registrado 2 mil 952 convenios, de los cuales 1 mil 46 habían sido aprobados.

Durante la reunión, las personas facilitadoras privadas compartieron diversas propuestas para abonar a la mejora continua, además de reconocer la importancia de mantener espacios de diálogo y escucha con las autoridades judiciales, así como continuar fortaleciendo las herramientas tecnológicas que garanticen la atención a la ciudadanía.

La consejera Alejandra Chávez Montes destacó que las personas facilitadoras privadas suelen ser de las primeras en tener contacto con quienes buscan resolver sus diferencias mediante acuerdos pacíficos, por lo que también representan el rostro humano de la justicia. 

En ese sentido, las exhortó a desempeñar su labor con responsabilidad y en estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

• Es hermano de la diputada federal del PAN, Abril Ferreyro Rosado, e impuesto en el cargo por Mauricio Vila

Mérida, Yucatán.- El magistrado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, César Enrique Ferreyro Rosado, hermano de la diputada federal del PAN, Abril Ferreyro Rosado, fue multado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, Licenciado Julio Guillermo Artiachi Vázquez, por incumplir con una ejecutoria de amparo.

La multa asciende a $26,981.30 (Veintiséis Mil Novecientos Ochenta y Un Pesos 30/100 Moneda Nacional), que equivale a doscientos treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo.

El acuerdo, de 13 de octubre de 2026, fue publicado el día de hoy miércoles, dentro del juicio de amparo 648/2025-VI. promovido por las profesoras Hilda del Carmen Martínez Sierra y Loida Eunice Cocom Tun.

El Resolutor Federal advierte que el Magistrado no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ni al requerimiento realizado mediante acuerdo de 11 de septiembre de 2026; que le fue notificado desde el 17 de septiembre del actual. En virtud de lo anterior, ante la conducta omisiva de la autoridad de referencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de septiembre de dos mil veintiséis, y se le impone la multa.

Asimismo, el Juez de Distrito en Yucatán, determinó que, con independencia de lo anterior, los autos se remitirán al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia, que podrían concluir en su destitución por desacato a una resolución federal.

El juez ordenó que previo a girar el oficio al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con sede en esta ciudad, para el cobro de la multa de referencia, se requiera al Director de Recursos Humanos del referido Tribunal, para que en  tres días hábiles informe a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, el Registro Federal de Contribuyentes "R.F.C"., así como el día, mes y año de su nacimiento del sancionado César Enrique Ferreyro Rosado, Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios. 

Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de notificado este proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, en los términos concedidos en la sentencia de amparo; debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes que acrediten su dicho. 

Apercibida que de no cumplir con lo anterior, o no proporcionar la información solicitada, en el lapso señalado, se les impondrá una multa por la cantidad de $26,981.30 (veintiséis mil novecientos ochenta y un pesos 30/100 moneda nacional), que equivale a doscientos treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia.

Cabe recordar que Ferreyro Rosado fue designado por el Congreso del Estado a propuesta del gobernador Mauricio Vila Dosal, sin cumplir con el perfil, la experiencia y la trayectoria que se requería para ese importante puesto.

No obstante, en julio de 2022, el Congreso del Estado de Yucatán lo designó como Magistrado de dicho tribunal laboral por un periodo de 15 años y poco después de su incorporación, el 5 de septiembre de 2022, asumió de manera formal las funciones de Magistrado Presidente del Tribunal por un periodo específico de 4 años.

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo un fallo condenatorio en contra de Jorge Daniel Vitorín T., de 27 años, tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado (2) y violación equiparada agravada, cometidos en agravio de sus dos hijos menores, cuando tenían de 4 y 6 años.

Los Jueces integrantes del Tribunal Colegiado Segundo de Enjuiciamiento del Poder Judicial, por unanimidad de votos, declararon penalmente responsable al ac usado.

De acuerdo con la causa penal 92/2024, los hechos se registraron entre los meses de julio y octubre de 2024 en el interior de un predio de la colonia Santa Cruz en Tizimín, donde el encausado aprovechó la convivencia y la relación de parentesco para realizar actos lascivos en agravio de los menores.

El acusado acudía al domicilio de su expareja sentimental por sus hijos para llevarlos a su casa, donde de acuerdo con la indagatoria, aprovechaba para cometer los abusos.

Durante la audiencia de debate celebrada ante el Tribunal Colegiado Segundo de Juicio Oral, derivado de la carpeta 48/2025, los fiscales de litigación expusieron los datos probatorios necesarios para demostrar la culpabilidad del acusado en los términos sostenidos por esta representación social.

Por último, el Tribunal de Enjuiciamiento citó a las partes procesales para el próximo 15 de octubre de 2026, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia para conocer la sentencia correspondiente.

• La obtención de un nombramiento definitivo confirma el valor de su trabajo, la contribución de su dedicación al fortalecimiento y desarrollo del sistema de justicia, 

Mérida, Yucatán.- En reconocimiento a su esfuerzo constante, disciplina y compromiso con sus funciones, más de 90 trabajadores de las áreas jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial del Estado recibieron sus nombramientos definitivos, con lo que obtienen certeza y estabilidad laboral, en beneficio de ellos y sus familias.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, encabezó la ceremonia de entrega de estos documentos a servidores públicos judiciales que diariamente atienden al público en las diversas sedes judiciales, tanto en Mérida como en los municipios.

Ante los trabajadores y sus familias, así como dirigentes sindicales, reunidos en el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Torres López señaló que la obtención de un nombramiento definitivo confirma el valor de su trabajo, la contribución de su dedicación al fortalecimiento y desarrollo del sistema de justicia, así como la confianza de la institución para que continúen sirviendo a la sociedad yucateca con ética, responsabilidad y una permanente vocación de servicio.

-----“Sabemos que detrás de cada logro hay horas de trabajo, retos superados y, sobre todo, el compromiso de servir a la sociedad yucateca. Ustedes representan el rostro humano de la justicia, porque son quienes atienden, orientan y resuelven. El Poder Judicial no se construye únicamente a través de resoluciones; también se fortalece mediante el trabajo cotidiano de cada área, oficina y persona que formamos parte de esta institución”, aseveró.

-----“Seguiremos impulsando acciones que garanticen el respeto a los derechos laborales, la estabilidad en el empleo y el desarrollo profesional dentro de la institución. Estamos convencidos de que un Poder Judicial sólido se construye con servidores y servidoras públicas que cuentan con certeza laboral, motivación y un entorno digno para desempeñar sus funciones”, puntualizó.

En su mensaje, la magistrada presidenta exhortó también a las y los trabajadores a renovar juntos el compromiso de desempeñar sus labores con integridad, profesionalismo y un profundo sentido de responsabilidad hacia la sociedad. Asimismo, los invitó a asumir este nombramiento como un incentivo para continuar creciendo, capacitarse y mantener en alto los valores que rigen su labor, a fin de seguir construyendo una justicia más cercana a la gente, más sólida y, sobre todo, más humana.

Los trabajadores que recibieron sus nombramientos definitivos se desempeñan como asistentes, asistentes legales, ayudantes de archivo, técnicos judiciales, auxiliares administrativos, asistentes administrativos, actuarios, secretarios de acuerdos y secretarios de estudio y cuenta, entre otros puestos, en las sedes judiciales de Mérida y del interior del estado.

Por su parte, el consejero presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Álvaro Juanes Laviada, señaló que este reconocimiento busca recordar a los servidores públicos judiciales el profundo valor humano de su labor, así como que cada esfuerzo cuenta, cada responsabilidad asumida es apreciada y cada integrante de la institución es visto y valorado.

----“Queremos que se sientan parte esencial del Poder Judicial, porque lo son. Que este paso sea un aliento para seguir adelante, con la certeza de que juntos construimos un Poder Judicial más sólido, cercano a la sociedad y más justo para todos”, expresó.

En la ceremonia también estuvieron presentes el secretario ejecutivo, Mario Marrufo Pinzón; el director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura, Pedro Patrón Durán; y los secretarios generales de los sindicatos Progresista de los Trabajadores, Luisa Martín Puc, y Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado, Renán Marcelino Puc Chi.

En la audiencia realizada en el Juzgado de Primer Distrito, con sede en Mérida, los fiscales de litigación aportaron los datos reunidos en la causa penal 588/2026 y el Juez de Control decretó el auto de vinculación a proceso por el delito imputado y otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia inicial, la Fiscalía estableció que los hechos ocurrieron entre mayo y julio de este año, cuando el encausado presuntamente acudió en repetidas ocasiones al puesto ambulante propiedad de la denunciante, a quien exigió cobros de dinero semanal a fin de brindarle protección ante posibles desalojos.

Al término de la audiencia, el Juez de Control decretó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en la audiencia inicial, persistiría por todo el tiempo que dure el proceso.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los elementos reunidos durante la indagatoria, mismos que confirmaron la responsabilidad del acusado en los hechos que obran en la causa penal 10/202 y por los cuales fue sentenciado a la citada sanción privativa de la libertad.

Los hechos juzgados ocurrieron el pasado 24 de enero de 2026 cuando el citado Lucio se encontraba en el interior de un predio ubicado en el fraccionamiento Jardines de San Francisco de Valladolid, donde jaloneó a la menor de seis años, realizando tocamientos lascivos, lo que derivó en la denuncia correspondiente.

Además de la pena de prisión, el imputado deberá pagar una multa de 400 UMAS, la reparación del daño, recibió una amonestación pública, la suspensión de derechos políticos y la prohibición de acercarse a la víctima.

Mérida, Yucatán,.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso contra Martín Ch. C., quien deberá permanecer en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Alameda, en Kanasín.

De acuerdo con la indagatoria, la tarde del pasado 26 de septiembre, el hombre presuntamente agredió sexualmente a un menor de siete años, hijo de su pareja sentimental, al cual tenía acceso y cercanía debido a dicha relación.

Por lo anterior, esta representación social argumentó la vinculación a proceso y la Juez Primero de Control del Segundo Distrito accedió, resolviendo así la condición legal del acusado y fijando un plazo de tres meses para que las partes continúen con la indagatoria.

Finalmente, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual estará vigente por todo el tiempo que dure el presente proceso penal.

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de los presuntos sicarios Rubén Ernesto T.M., Rubén Ernesto C.C., Rubí de los Ángeles M.E. y Claudia Cristina C.M., tras ser imputados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla, tras los hechos registrados en Montes de Amé.

Los individuos son acusados de intentar ejecutar al presunto líder criminal José Marcelino ‘Marce’ Chan Tun, objetivo prioritario del Atlas Delictivo del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la causa penal 607/2026, los hechos ocurrieron el pasado 2 de octubre en calles de la citada colonia, donde una persona resultó lesionada por proyectil de arma de fuego cometido por una pareja que  circulaba a bordo de una motocicleya, lo que derivó en un operativo coordinado de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE), que culminó con la captura de los probables involucrados y el aseguramiento de un vehículo y una motocicleta.

Durante la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación aportaron los datos de prueba necesarios, logrando que la autoridad judicial dictara el auto de vinculación a proceso en los términos solicitados y estableciera un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La medida cautelar de prisión preventiva justificada, impuesta previamente en la audiencia de imputación, permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso legal.

• Nigel Karim fue condenado al pago de más de dos millones de pesos por concepto de reparación del daño, además de otras penas.

Mérida, Yucatán.- Nigel Karim G. Tamayo (a) Beliceño, de 26 años, fue condenado a 40 años de prisión como responsable del feminicidio de  su pareja sentimental María M., de 30 años, a quien le cegó la vida en Telchac Puerto con 25 lesiones con arma blanca (machete).

Originario de Orange Walk, Belice, de oficio pescador, habría ultimado a su pareja la noche del 4 de diciembre de 2025 en un predio que ambos habitaban en Telchac Puerto, Yucatán, donde la víctima fue agredida con un objeto punzocortante, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte.

De acuerdo con testigos y vecinos, la mujer, era víctima de violencia familiar y, tras los hechos, el responsable huyó del lugar a bordo de una bicicleta, sin embargo, fue localizado y detenido posteriormente.

Nigel Karim fue condenado al pago de más de dos millones de pesos por concepto de reparación del daño, además de otras penas.

Dicha resolución fue emitida durante el juicio abreviado realizado con el consentimiento de las partes, donde la Juez Tercero de Control del Primer Distrito valoró el grado de culpabilidad del hombre, basándose en las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Por último, las partes decidieron omitir la audiencia de lectura y explicación de sentencia, ya que la gravedad de la conducta delictiva no permite el beneficio de sustitución de sanciones o condena condicional.

De acuerdo con investigaciones de gabinete, campo y tecnología, José Marcelino es señalado como líder de un grupo criminal generador de violencia en la zona de Cancún. También se le relaciona con la colocación de mantas en distintas zonas del municipio como parte de una disputa con la lideresa de una organización rival, vinculada con la venta de drogas en el boulevard Kukulcán.

Por su probable relación en hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, Policías de Investigación de la Fiscalía General del Estado detuvieron a un masculino identificado como José Marcelino, alias “El Marce”, objetivo prioritario del Atlas Delictivo del estado, quien además cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó la detención de José Marcelino “N”, alias “El Marce”, identificado como objetivo prioritario en el Atlas Delictivo estatal, por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, cometidos en el municipio de Benito Juárez.

La captura fue realizada por Policías de Investigación sobre la avenida 135, en la Supermanzana 336 de Cancún, cuando el señalado circulaba a bordo de una camioneta. Durante la inspección, los agentes aseguraron bolsitas que contenían hierba verde seca con características similares a la marihuana, así como una sustancia cristalina que podría ser cristal.

De acuerdo con investigaciones de gabinete, campo y tecnología, José Marcelino “N” es señalado como líder de un grupo criminal generador de violencia en la zona. También se le relaciona con la colocación de mantas en distintas zonas del municipio como parte de una disputa con la lideresa de una organización rival, vinculada con la venta de drogas en el boulevard Kukulcán.

En Quintana Roo “El Marce” cuenta con una orden de aprehensión vigente por su presunta implicación en el delito de homicidio calificado, girada en abril de 2023. Se le acusa de haber participado en hechos que derivaron en la muerte de cuatro personas del sexo masculino, dos de identidad reservada y dos más no identificadas.

José Marcelino también era considerado sucesor de Héctor Elías Flores Aceves, alias “El 15” o “El Rey”, líder máximo de la facción de Los Chapitos en la zona norte de Quintana Roo?.-

Sicarios a prisión

Acusados de los hechos del pasado fin de semana en Montes de Amé, donde una persona fue herida con arma de fuego, Rubén Ernesto T.M., Rubén Ernesto CH.C., Rubí de los Angeles M.E. y Claudia Cristina C.M. fueron imputados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en pandilla, por lo que permanecerán bajo prisión preventiva justificada.

Tras la aprehensión a cargo de elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (Fge) en labor coordinada, los cuatro acusados fueron puestos a disposición del Juzgado Segundo de Control donde se llevó a cabo la audiencia correspondiente y en la cual se les informó del delito en su contra.

Durante la sesión de este día, los fiscales de litigación imputaron el delito para luego argumentar la vinculación a proceso de los encausados, quienes se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo viernes 9 de octubre cuando se defina su condición jurídica.

De los hechos, reunidos en la causa penal 17/2026, se estableció que el pasado dos de octubre, autoridades de seguridad recibieron el reporte de una persona lesionada con arma de fuego en calles de la citada colonia, por lo que se inició un operativo que derivó en la detención de dos hombres y dos mujeres, así como el aseguramiento de un vehículo y una motocicleta relacionados con los hechos.

Antes de dar por concluida la audiencia inicial, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual fue concedida por la autoridad judicial, por lo que los cuatro imputados permanecerán privados de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso.

Andrés fue presentado el 2 de septiembre de 2023 por policías investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes en coordinación con la Fiscalía General del Estado, reunieron los datos de prueba que incriminan al sujeto en la privación de la vida de su pareja sentimental ocurrida entre las 23 horas del día 28 de agosto del 2023 y las 05.00 horas del día 29 en una habitación del hotel “Rodríguez” en el centro de Mérida.

La necropsia realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que el fallecimiento fue por asfixia mecánica por estrangulamiento y el cuerpo fue descubierto por un empleado del hotel al acudir a la habitación porque el tiempo de hospedaje había vencido.

Las cámaras de vigilancia de negocios y domicilios particulares cercanos al lugar fueron clave para dar con el responsable.

En primera instancia el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento del Poder Judicial, absolvió al imputado del delito de feminicidio agravado toda vez que la defensa encabezada por Jesús Miguel Vázquez Aguilar, entregó un segundo informe y otros medios de prueba que combatieron los hechos que se le atribuyeron a su representado.

Mendoza enfrentaba una condena de hasta 65 años y queda libre al obtener una sentencia absolutoria en un juicio oral y confirmada el pasado 29 de marzo por Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

• El diputado Bayardo Ojeda dijo que esta organización cobra derecho de piso a comerciantes en Ciudad Caucel, Las Américas y Los Héroes, además del centro de la ciudad y en los tianguis de las colonias.

Mérida, Yucatán.- Luego de la intervención pública del diputado local Bayardo Ojeda Marrufo, elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron mediante una orden de aprehensión, a José Esteban S.B. y Karen Odeth B.L., imputados por el delito de extorsión agravada (cobro de piso), tras su presunta participación como parte de la asociación “La Concordia”.

La pareja, que permanecerá bajo prisión preventiva,  fue puesta a disposición del Juzgado Segundo de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, donde se les notificó la acusación en su contra y tras una audiencia que se prolongó hasta las seis de la tarde de ayer jueves.

Cabe mencionar que el diputado Ojeda Marufo advirtió que si se siguen tolerando los cobros de derecho de piso del grupo La Concordia, que encabeza Jaime Manrique, hay el riesgo que Mérida se convierta como en Playa del Carmen o Tulum, donde los extorsionadores dañaron la imagen turística.

En un video en vivo, el legislador dijo que La Concordia cobra derecho de piso a comerciantes en Ciudad Caucel, Las Américas y Los Héroes, además del centro de la ciudad y en los tianguis de las colonias.

Los acusados se acogieron a la duplicidad del término constitucional, por lo que será en fecha posterior cuando se defina su condición jurídica por los hechos denunciados.

De acuerdo con la información reunida en la carpeta de investigación bajo la causa penal 588/2026, los investigados presuntamente exigían pagos de cuotas a comerciantes, impidiéndoles el desempeño de sus labores de venta.

Antes de concluir la audiencia inicial, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva justificada como medida cautelar, la cual fue concedida por la autoridad judicial, por lo que los dos detenidos permanecerán privados de su libertad, durante todo el tiempo que dure el proceso.

En un comunicado la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso en favor de la sociedad yucateca y reitera que quien incurra en actos constitutivos de delito será detenido y sancionado conforme a la Ley.

Mérida, Yucatán.- Con la modernización de sus procesos, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado, órgano encargado de custodiar los recursos derivados de actos jurídicos, logró durante el último año simplificar los mecanismos de pago, reducir el uso de efectivo, incorporar nuevas empresas al sistema de transferencias e incrementar la bancarización, con el objetivo de ofrecer un servicio más seguro, transparente, eficiente y accesible para las personas usuarias.

El jefe del Fondo Auxiliar, Luis Parra Lorenzo, señaló que a estos resultados se suma el crecimiento en la cobertura de atención, pues en los últimos 12 meses se incorporaron 1,767 nuevos expedientes a esta instancia, lo que representa la atención de al menos 3,534 nuevas personas usuarias, entre consignantes y beneficiarias.

----“Mantener procedimientos modernos y seguros permite absorber este volumen de atención de manera fluida, garantizando agilidad y seguridad en cada procedimiento”, aseveró.

Al referirse a los principales resultados obtenidos durante el último año, Parra Lorenzo mencionó el pago de pensiones alimenticias, para el cual desde marzo pasado se estableció un límite de 10 mil pesos mensuales para los cobros en efectivo en ventanilla, impulsando con ello el uso de medios bancarios, como pagos a través de tarjetas de débito con las distintas instituciones con las que se trabaja, así como mediante órdenes de pago.

Estas medidas, añadió, han permitido disminuir los riesgos asociados al manejo de efectivo y, al mismo tiempo, evitar traslados innecesarios para las personas beneficiarias.

En materia de bancarización, el avance fue significativo, ya que el número de personas que reciben su pensión mediante tarjeta bancaria aumentó 264 por ciento, al pasar de 399 a 1,055 personas usuarias en Mérida.

----“Este crecimiento representa un cambio importante en la forma de entregar los recursos, al permitir que las pensiones estén disponibles de manera más directa, segura y práctica”, puntualizó.

En el caso de los Certificados de Depósito, Parra Lorenzo informó que se modernizaron los esquemas de pago para sustituir el manejo de efectivo en ventanilla por órdenes de pago para montos menores a 20 mil pesos y cheques nominativos para sumas superiores.

----“Esta medida brinda certeza en el manejo del dinero, asegura que cada persona reciba sus recursos de forma protegida y agiliza la atención en ventanilla”, expresó.

Indicó que durante el último año 17 nuevas empresas en Mérida y 30 en los municipios se sumaron a este esquema, al migrar de la entrega de cheques a transferencias electrónicas.

---“Esta medida agiliza el trámite para las empresas al evitar el envío y traslado físico de cheques desde sus sedes centrales, al mismo tiempo que garantiza que las personas beneficiarias dispongan de su pensión alimenticia de forma inmediata y directamente en sus cuentas bancarias”, finalizó.

• Desde el Poder Judicial del Estado reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con independencia, transparencia y cercanía, afirma la presidenta del TSJE ante el gobernador Díaz Mena 
• La verdadera transformación exige jueces independientes, imparciales y sometidos únicamente a la Constitución y a la ley: Díaz Mena, gobernador

Mérida, Yucatán.- Los retos de la justicia contemporánea son complejos, por lo que debemos mantener una visión conjunta que nos permita actuar con sensibilidad y enfoque humano, teniendo en la coordinación y el entendimiento interinstitucional un verdadero motor de transformación para Yucatán, afirmó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López al presentar el Informe Anual de Actividades correspondientes al 2025.

Durante una sesión solemne, con la asistencia del gobernador Huacho Díaz Mena y de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Naomi Peniche López, la magistrada presidenta sostuvo que el trabajo colaborativo y la coordinación institucional entre los distintos órdenes y niveles de gobierno constituyen pilares fundamentales para fortalecer y consolidar un sistema de justicia eficaz, cercano y sensible a las necesidades de la ciudadanía.

----“Porque la justicia no puede ser distante ni ajena a las necesidades de la sociedad; debe sentirse en la vida cotidiana, reflejarse en la protección de los derechos y en la dignidad de cada persona. Estoy segura de que esta visión y compromiso institucional trascenderán en el tiempo, libres de protagonismos, con la firme convicción de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar el acceso a una justicia pronta, completa e imparcial”, aseveró desde el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” de la sede del TSJE.

Ante la presidenta honoraria del DIF Yucatán, Wendy Méndez Naal; los titulares de los Poderes Judiciales del Estado de México, Héctor Macedo García; Hidalgo, Rebeca Aladro Echeverría; Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez; San Luis Potosí, Lourdes Zarazúa Martínez; Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez; y Quintana Roo, Heyden Cebada Rivas; así como autoridades civiles y militares, Torres López hizo énfasis en la colaboración sustentada en el diálogo, el respeto mutuo y el ejercicio responsable de las atribuciones que corresponden a cada institución.

----“Esto es lo que permite avanzar en la construcción de una justicia más sólida y orientada al bienestar de la sociedad, siempre con pleno respeto a la autonomía e independencia judicial. Desde el Poder Judicial del Estado reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con independencia, transparencia y cercanía. Porque solo una justicia abierta, colaborativa y humana puede responder a las legítimas aspiraciones de nuestra sociedad”, agregó.

Además, recordó que en junio de 2025 Yucatán abrió un nuevo capítulo en la historia de su justicia, una transformación que coloca nuevamente al ciudadano en el centro de las decisiones, cuando por primera vez el pueblo yucateco eligió a sus juzgadores en las urnas.

----"Rendir cuentas honra el mandato de la ciudadanía que depositó en cada una de las personas que imparten justicia en Yucatán, y por eso la felicito a usted y a quienes integran este Tribunal", expresó.

Díaz Mena fue enfático al señalar que la elección popular no significa subordinación política.

----"La verdadera transformación exige jueces independientes, imparciales y sometidos únicamente a la Constitución y a la ley. Este gobierno respeta y respetará siempre la autonomía del Poder Judicial, porque un juez que decide con libertad es la mejor garantía que tiene una familia yucateca que acude a un tribunal", afirmó.

Asimismo, subrayó que los poderes del Estado tienen responsabilidades distintas, pero un mismo compromiso: servir al pueblo de Yucatán.

"Este tribunal encontrará siempre en el Gobierno del Renacimiento Maya, que me honra encabezar, una puerta abierta para colaborar, cada poder desde su ámbito, en lo que fortalezca la impartición de justicia", señaló.

A su vez, la magistrada presidenta reconoció al gobernador Díaz Mena su disposición y determinación para construir un Yucatán siempre seguro, humano y justo, así como a las diferentes dependencias y entidades que conforman su administración, por tejer redes de colaboración que han permitido brindar una atención más oportuna y de puertas abiertas a la ciudadanía.

Asimismo, Torres López hizo un reconocimiento a la delegación de la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General del Estado por convertirse en aliadas del Poder Judicial para robustecer la procuración y la impartición de justicia, así como al Poder Legislativo por su voluntad, en el ámbito de sus funciones, para adecuar el marco normativo que hoy permite transitar hacia una visión judicial más sólida y humana.

----“De manera especial, reconozco y agradezco a las magistradas y magistrados, juezas y jueces, secretarias y secretarios, técnicas y técnicos judiciales, asistentes, coordinadoras y coordinadores, actuarias y actuarios, notificadoras y notificadores, y a todo el personal jurisdiccional y administrativo. Su trabajo, compromiso y ética son el verdadero sustento de la impartición de justicia. Cada día, desde sus distintas responsabilidades, contribuyen a que nuestra institución cumpla con la misión que la sociedad le ha confiado”, expresó.

En ese marco, Torres López hizo un recuento de las acciones realizadas durante 2025 bajo el orden de los cinco ejes rectores contemplados dentro del Plan Estratégico del Consejo de la Judicatura y el Plan General del TSJE 2023-2026: Acceso incluyente a la justicia; Modernización e Innovación; Profesionalización, Vigilancia y Disciplina; Gestión Judicial; y Vinculación Institucional. El documento digital del Informe Anual de Actividades del Poder Judicial del Estado se puede consultar en el siguiente enlace, https://www.pjyucatan.gob.mx/assets/files/informe/pdf/informe2025.pdf

Tras agradecer a su familia y a las familias de quienes integran el Poder Judicial, la magistrada presidenta convocó al personal a seguir trabajando incansablemente para contribuir a transformar vidas a través de la impartición de justicia.

Acompañada de magistrados que integran el TSJE y los Tribunales de Disciplina Judicial y de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, así como de consejeros de la Judicatura, aseguró  que este informe representa un reconocimiento al trabajo colectivo, pues en sus páginas se encuentran los resultados alcanzados, pero, más allá de las estadísticas y los números, constituye el reflejo del esfuerzo, la dedicación y la vocación de servicio de las mujeres y hombres que forman parte de esta institución.

----“Sigamos juntos haciendo de la coordinación y el entendimiento interinstitucional un verdadero motor de transformación para Yucatán. Una justicia al servicio de la gente es una justicia viva; es una justicia que deja huella”, finalizó.

• Se le impuso el pago de una multa por 75 mil pesos por concepto de “reparación del daño moral” 
• El sujeto grabó los actos ilícitos utilizando su teléfono celular,

Mérida, Yucatán.- Al comprobarse su culpabilidad en los delitos de violación equiparada agravada, corrupción de menores y pornografía infantil cometidos contra su propia hija de nueve años, Zahid Enrique C.S. fue sentenciado a 42 años y seis meses de prisión, resultado de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el expediente desahogado bajo la causa de juicio oral 9/2025, los hechos ocurrieron entre el 20 y 21 de enero de 2024 en un predio del fraccionamiento Sol San Pedro, en Kanasín.

En los hechos se expone que entre las 11.56 horas del 20 de enero y las 00.05 horas del día 21 del 2024, en un predio ubicado en el fraccionamiento Sol San Pedro de Kanasin, Zahid Enrique, agredió sexualmente a su hija, agresión que grabó en su teléfono celular. 

La madre de la niña dijo que se separó de su esposo desde hace dos años y, por acuerdo mutuo, los fines de semana Zahid se llevaría a su hija para convivir con ella.

Las investigaciones determinaron que el sentenciado agredió sexualmente a la menor de edad y grabó los actos ilícitos utilizando su teléfono celular, evidencias que fueron integradas a la carpeta de investigación y acreditadas plenamente ante el Tribunal Colegiado Primero de Juicio Oral.

Tras emitir el fallo condenatorio unánime, el Tribunal celebró la audiencia de individualización de sanciones, donde además de los más de 42 años de privación de la libertad, se le impuso el pago de una multa por 75 mil pesos por concepto de reparación del daño moral y la prohibición permanente de acercarse a la víctima, negándosele cualquier beneficio de sustitución de sanciones.

La diligencia para la lectura y explicación de las penas quedó programada para los próximos días.

 Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Pedro H.R. por los delitos de violación agravada (6), acoso sexual agravado (2) y violación equiparada agravada cometidos contra su cuñada, por lo que continuará preso en tanto se resuelve su situación jurídica.

De acuerdo con la información que consta en la causa penal 550/2026, el implicado presuntamente ejecutó los actos ilegales en contra de la víctima entre los años 2019 y 2020 aprovechándose de la convivencia diaria y ejecutando violencia física contra la mujer.

En la audiencia los especialistas de la FGE solicitaron la vinculación a proceso, la cual fue autorizada por la autoridad judicial, que de igual manera concedió un periodo de tres meses para la realización de la investigación complementaria.

Finalmente, se refrendó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, la cual estará vigente durante todo el tiempo que dure el proceso en su contra.

Mérida, Yucatán.- La Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado mantiene una dinámica de trabajo orientada a brindar una justicia más oportuna y eficiente, con resultados que muestran avances en la resolución de los asuntos sometidos a su conocimiento.

De enero a julio de 2026, la Sala dictó 404 sentencias, frente a las 229 emitidas durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 76.4% en el número de sentencias dictadas. El aumento en la resolución de sentencias se presentó aun cuando durante 2026 se registró un mayor número de asuntos turnados para conocimiento de las ponencias que integran la Sala, respecto del mismo periodo de 2025.

El avance también se refleja en el total de asuntos concluidos. Durante los primeros siete meses de 2026 se concluyeron 573 asuntos, frente a 377 en el periodo comparable de 2025, lo que representa un incremento de 52%.

Más allá de las cifras, cada asunto resuelto representa la atención de un conflicto que puede involucrar derechos familiares, personales o patrimoniales de especial importancia para quienes acuden al Poder Judicial. Por ello, fortalecer la capacidad de respuesta de la Sala se traduce en una atención más ágil para las personas justiciables.

Otro indicador relevante es la relación entre los asuntos iniciados y concluidos. De enero a julio del presente año se iniciaron 475 asuntos y se concluyeron 573, equivalente a una tasa de resolución de 120.6%. Esto significa que, además de atender los asuntos de nuevo ingreso, la Sala avanzó en la resolución de expedientes que ya se encontraban en trámite.

Actualmente, la Sala Colegiada Civil y Familiar está integrada por las magistradas Sofía Elena Cámara Gamboa, quien la preside; Carolina Muñoz Gasca y María Carolina Canto Valdés, así como por los magistrados Alan Hernández Conde y Alberto Salum Ventre.

El trabajo colegiado de sus cinco integrantes se ha enfocado en fortalecer la impartición de justicia, mejorar los tiempos de respuesta y avanzar de manera sostenida en la atención de los asuntos civiles y familiares de su competencia.

Estos resultados reflejan el compromiso institucional de continuar fortaleciendo los procesos y capacidades del Poder Judicial del Estado para ofrecer una justicia abierta, accesible, oportuna y apegada al Estado de Derecho.

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado inició la formación de la octava generación de la “Especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes”, programa de posgrado que contribuye a profesionalizar a los diversos actores relacionados con la impartición de justicia para este sector de la población, con un enfoque en los procesos biopsicosociales, las tendencias globales y los cambios tecnológicos que impactan la forma de vivir la niñez y la adolescencia en la actualidad.

En representación de la institución, la consejera de la Judicatura, Viridiana Acevedo Ceballos, puso en marcha las actividades de esta especialidad, en la que participan 37 servidores públicos judiciales, personal del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (Ceama) y abogados postulantes, quienes cuentan con formación en Psicología, Trabajo Social y Derecho.

La especialidad tiene una duración de dos semestres y cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Superior (RVOE) ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que, al concluir el programa, los participantes obtienen el título y la cédula profesional de especialistas.

Durante su preparación, los estudiantes abordarán materias como Desarrollo Evolutivo, Niñez y Adolescencia del Siglo XXI, Procesos Asociados a Conductas Disociales, Psicopatología del Niño y el Adolescente, Evolución del Sistema de Justicia para Adolescentes, Seminario de Justicia para Adolescentes, Proceso de Reinserción Social y Seminario de Derechos Humanos.

Acompañada de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Patricia Gamboa Wong, de la consejera de la Judicatura, Alejandra Chávez Montes, y del director de la Escuela Judicial, Jorge Eden Wynter García, Acevedo Ceballos afirmó que conocer los aspectos relacionados con la niñez y la adolescencia cuando se encuentran asociadas con el conflicto con la ley contribuirá a un mejor ejercicio de las funciones diarias de servidores públicos y profesionales.

----“En el Poder Judicial del Estado estamos convencidos de que la capacitación constante es la clave del éxito y del mejor desempeño de nuestras funciones”, puntualizó desde el auditorio “Víctor Cervera Pacheco” del Tribunal Superior de Justicia, sede de la especialidad.

A su vez, la consejera Chávez Montes indicó que este espacio académico convoca no solo a fortalecer los conocimientos, sino también a reafirmar el compromiso con una justicia especializada, humana y profundamente respetuosa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Remarcó que se requiere de profesionales preparados, sensibles y conscientes de que su actuar puede marcar profundamente el presente y el futuro de una niña, un niño o un adolescente.

----“Hablar de justicia penal cuando se encuentran inmersos los derechos de la niñez y la adolescencia exige una mirada distinta. Exige comprender que, detrás de cada caso, existe una historia, una familia, un contexto y, sobre todo, una persona en una etapa determinante de su vida. Por eso, esta especialidad representa una oportunidad de adquirir nuevas herramientas, compartir experiencias y fortalecer una visión de justicia vigilante de los derechos de este sector de la población, que sea capaz de generar oportunidades de responsabilización, reinserción, restauración y nuevos proyectos de vida para niñas, niños y adolescentes”, aseveró.

Tras la inauguración, la maestra Cristina Carrillo Eugenio, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), impartió la primera sesión de la especialidad

Fue trasladado por los policías a la clínica supuestamente por una crisis nerviosa durante una diligencia realizada en el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado.

Esto ocurrió como parte de las diligencias ante el Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencia , como parte del desahogo del expediente 150/2022J3ES derivada de una denuncia por el delito de abuso de confianza. En la audiencia se le determinó prisión preventiva e ingreso al Cereso de Mérida, toda vez que no cumplió con el pago de reparación del daño por la cantidad de 2.8 millones de dólares.

Personal paramédico confirmó que el imputado pasaba por una crisis por lo que la autoridad jurisdiccional autorizó fuera trasladado a una clínica particular y solicitó a la SSP la custodia del sentenciado durante todo el tiempo que permaneciera en el nosocomio y hasta que fuera dado de alta.

Sin embargo, se dio a la fuga sin que presuntamente los agentes de la SSP se dieran cuenta.