• La víctima fue reportada como desaparecida el 17 de abril de 2025, tras lo cual la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación.

Mérida, Yucatán.- Al realizar un procedimiento de juicio abreviado en su contra, Damon Royce M. de nacionalidad norteamericana fue declarado penalmente responsable y recibió una condena de 45 años de prisión por el delito de feminicidio agravado cometido en contra de su madre Linda Johnston, de 71 años, en la localidad de Chicxulub Puerto.

Los hechos, reunidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la causa penal 44/2025, permitieron a la Juez de Control dictar el fallo condenatorio y establecer las sanciones correspondientes al grado de culpabilidad del hombre.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar en abril del año 2025, cuando el sujeto y su madre se encontraban en un predio de la localidad referida y éste aprovechó el estado de indefensión de la mujer para agredirla de manera física, hasta que finalmente le provocó la muerte a causa de una asfixia mecánica por estrangulamiento.

Es por ello que, además de la pena privativa de la libertad, se le condenó al pago de 900 UMAS de multa, el pago de la reparación del daño en abstracto, a la pérdida de derechos de familia, la amonestación pública y la privación de sus derechos políticos.

Finalmente, las partes estuvieron de acuerdo en renunciar a la audiencia de lectura y explicación de sentencia, lo que significa que no habrá apelación ante la condena emitida.

• Vecinos llman a las autoridades estatales a combatir la drogadicción y el alcoholismo, pues el alcalde hace oídos sordos

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó la captura de tres sujetos, de iniciales E. H. M. C., de 25 años; R. M. C., de 20 años; y F. J. P. C., de 34 años, alias “La Diosa”, presuntos responsables de la muerte de Marcos P., de 24 años, en la comisaría de Tixcacaltuyub, comisaría de Yaxcabá.

A este último se le aseguró un arma larga (escopeta), con la cual presuntamente ocasionó las lesiones que derivaron en la muerte de Marcos.

La corporación indicó que atendió un reporte de agresión con arma de fuego en la comisaría de Tixcacaltuyub, municipio de Yaxcabá, que derivó en el fallecimiento de un hombre por lesiones ocasionadas por proyectil.

Con base en la información recabada en el lugar, durante un altercado anoche lunes en la calle 14 entre varias personas se habría realizado un disparo que impactó a un ciudadano, identificado como Marcos P., de 24 años, quien fue a la tienda y en el trayecto interceptado por personas con quienes tenía viejas rencillas, según su padre, el Sr. Juan P.

La víctima habría recibido al menos cinco impactos de perdigones en el pecho. Paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales al momento de la valoración.

Tras estos hechos y luego que familiares identificaron a los agresores se activó un operativo de búsqueda en la zona y se detuvo a E. H. M. C., de 25 años; R. M. C., de 20 años; y F. J. P. C., de 34 años, alias “La Diosa”, presuntamente vinculados con el incidente.

Vecinos llamaron a las autoridades estatales combatir la drogadicción y el alcoholismo que azota la comunidad, pues en vano han solicitado la intervención del presidente municipal.

Los detenidos y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales correspondientes.

En un comunicado la SSP refrenda su compromiso de atender con prontitud los reportes ciudadanos y colaborar con las autoridades investigadoras para el esclarecimiento de los hechos. Ante cualquier emergencia, comuníquese al 9-1-1; para denuncia anónima, está disponible el 089.

• Tras los hechos la SSP realizó un operativo logrando detener a R. A. H. M., de 25 años, y J. A. H. C., de 27 años,

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que atendió un reporte en un parque de la unidad habitacional Polígono 108 CTM, calle 16 con 31, donde se registró una agresión que derivó en el fallecimiento de una persona, de aproximadamente 35 años.

Vecinos que conocen al fallecido, de nombre Carlos, dijeron que deja en la orfandad a tres pequeños y es esposo de la señora que vende ropa los sábados en el tianguis.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el incidente ocurrió la noche del sábado mientras un grupo de personas se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Vecinos señalaron que esto ocurrió después de una “charlotada” cerca del sitio.

Posteriormente, se registró una agresión con objetos contundentes, entre ellos botellas de vidrio y piedras, contra dos ciudadanos. Uno de los agredidos presentó una lesión en la cabeza y, al arribo de los servicios de emergencia, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Según los testigos don Carlos, quien estaba en el puesto de ropa, intervino para calmar los ánimos, pero uno de los rijosos le aventó un block en la cabeza, cayendo mortalmente herido.

Tras el hecho, la SSP implementó un operativo de búsqueda en la zona y, como resultado, se logró la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la agresión. Los detenidos fueron identificados como R. A. H. M., de 25 años, y J. A. H. C., de 27 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias legales correspondientes.

La SSP refrenda su compromiso de colaborar con las autoridades investigadoras para el esclarecimiento de los hechos e invita a la ciudadanía a reportar de manera oportuna cualquier situación de riesgo por los canales oficiales.

• El operativo se realizó en Chihuahua, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua

Mérida, Yucatán.- La secretaría de Seguridad Pública informó la detención de Luis David “N”, de 37 años, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, el 14 de septiembre de 2024, en contra del empresario José Ángel Dávila Bernal, dedicado a la venta de autos de lujo.

El operativo se realizó en Chihuahua, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2024 en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el fraccionamiento Las Américas, donde la víctima, José Ángel fue privado de la vida tras recibir disparos de arma de fuego.

Las indagatorias establecen que el crimen habría sido ejecutado de manera concertada, mediante acuerdo previo y distribución de funciones entre varios participantes. Después de la agresión, los involucrados huyeron en un vehículo que posteriormente fue localizado en otro punto de la ciudad, donde intentaron incendiarlo para eliminar evidencias.

Por estos mismos hechos ya habían sido detenidos Joel “N”, Edgar Paul “N” y Shamir “N”, señalados como probables partícipes en la planificación y ejecución del delito. Derivado del trabajo de investigación y seguimiento, se obtuvo información que permitió ubicar a Luis David “N” fuera del estado y solicitar su detención mediante orden de colaboración.

Tras ser informado de sus derechos, fue trasladado a Yucatán y puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, para continuar con el proceso penal correspondiente.

Quienes vengan a cometer delitos a Yucatán deben saber que serán buscados y detenidos donde se encuentren. No habrá impunidad.

La SSP reconoce la coordinación efectiva entre agentes investigadores, autoridades ministeriales y fuerzas federales, cuyo trabajo conjunto permitió dar cumplimiento a esta orden de aprehensión y fortalecer el acceso a la justicia.

• El propietario dejó estacionada la camioneta en la madrugada del domingo 8 en una plaza de Prolongación Paseo de Montejo debido al daño en una llanta
• Los sujetos llegaron a la plaza acompañados de un cerrajero y un llantero, quienes abrieron la camioneta y repararon la rueda, para posteriormente retirarse del sitio con el vehículo.

Mérida, Yucatán.- La SSP Yucatán reportó que tres sujetos fueron detenidos el domingo 15 por su presunta responsabilidad en el robo de una camioneta Ford Lobo, ocurrido el pasado domingo 8 de este mes en una plaza comercial al norte de Mérida.

Agentes investigadores de la corporación, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con apoyo de fuerzas federales, localizaron y detuvieron a Jorge Jesús “N”, de 29 años, originario de Campeche; Jesús Antonio “N”, de 28 años, de Quintana Roo, y Rodrigo Airan “N”, de 35 años, oriundo de Yucatán.

Los tres están acusados de apoderarse de una camioneta con placas del estado de Chiapas, que su propietario dejó estacionada la madrugada de ese mismo domingo en una plaza de Prolongación Paseo de Montejo, por 47 y 49, debido a que se le dañó una llanta.

Cuando regresó al día siguiente con intención de cambiar el neumático, el vehículo ya no estaba.

Las investigaciones permitieron establecer que los tres sujetos habrían llegado al lugar ese mismo domingo, aproximadamente a las 13:30 horas, acompañados de un cerrajero y un llantero, quienes abrieron la camioneta y repararon la rueda, para posteriormente retirarse del sitio con el vehículo.

Tras labores de localización, los imputados fueron detenidos y puestos a disposición del Juez de Control que ordenó su aprehensión, a fin de que se continúe con el proceso legal correspondiente.

Si eres víctima de un delito o requieres auxilio, reporta de inmediato al 9-1-1. También puedes realizar una denuncia anónima al 089.

Mérida, Yucatán.- Acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de J.C.C.C. tras incumplir con la manutención en favor de su hija, que a la fecha asciende a unos 648 mil pesos.

De los hechos contenidos en la causa penal 118/2025 se establece que el acusado y su expareja procrearon a su hija en el año 2005; sin embargo, un año más tarde abandonó la casa familiar y fue entonces cuando su expareja inició un procedimiento para solicitar la pensión en favor de la menor.

Pese a ser ordenado al pago de $3000 mensuales en 2007, el acusado no cumplió con dicha obligación, por lo que finalmente, tras la solicitud de los fiscales de litigación, en la misma audiencia fue vinculado a proceso.

Finalmente, la autoridad judicial determinó un periodo de dos meses para la realización de la investigación complementaria, así como que el implicado deberá quedar bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y acudir a firmar de forma periódica.

Vehículo SSP/Imagen ilustrativa

• Los sujetos forcejearon con los uniformados a quienes agredieron con armas blancas

Mérida, Yucatán.- Cuatro narcomenudistas se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el centro de la capital yucateca y tras el forcejeo fueron sometidos, detenidos y consignados bajo la causa penal 72/2026, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De este incidente no se informa de más detalles de cuándo y a qué horas ocurrieron los hechos ni las iniciales de los detenidos. La SSP tampoco generó comunicado al respecto.

La dependencia indicó que uno de los agresores utilizó un cuchillo, otro un destornillador y un tercero otra arma “con las que comenzaron a agredir a los policías, quienes forcejearon con los denunciados, siendo que uno de estos terminó rompiendo el uniforme de uno de los agentes”.

Señala que la FGE formuló la imputación en contra de cuatro hombres por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico cannabis, desobediencia y resistencia de particulares, portación de armas e instrumentos prohibidos, ataques peligrosos cometidos contra servidor público y daño a propiedad ajena contra institución pública. 

Por estos hechos y luego de la solicitud de los especialistas de la FGE, los involucrados quedarán privados de su libertad, luego de que la autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva. 

De acuerdo con la información que consta en la causa penal 72/2026 los acusados se encontraban en calles del centro de Mérida cuando se percataron de la presencia de elementos de la SSP por lo que comenzaron a insultar a los uniformados, quienes se acercaron a estos.

En la audiencia los fiscales de litigación argumentaron la vinculación a proceso, pero dicho trámite se programó a realizarse en fecha próxima, luego de que los imputados solicitaron la duplicidad del tiempo para resolver su situación jurídica.

• Está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos

Mérida, Yucatán.- Un Juez de Control dictó ayer auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva contra Gabriela Alejandra M.H., de 29 años (“La Patrona”) esposa de Valerio “N” alias “Monkey” presunto líder de una célula de Caborca en Chetumal. La mujer, según filtraron fuentes policiacas fue detenida hace unos15 días y estaría vinculada a la masacre en Dzilam González.

De acuerdo con la SSP Yucatán el juzgador emitió la resolución con base en los datos de prueba recabados por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y presentados por el Ministerio Público.

Está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública.

Según se filtró Monkey utilizo a su esposa para llevar las armas que utilizaron los sicarios para cometer el triple homicidio en Dzilam González, cuando ejecutaron al hijo de Don Nato.

El Juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de no acceder a la suspensión condicional del proceso solicitada por sus defensores, al no cumplirse los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual la acusada permanecerá en prisión.

La SSP Yucatán señaló que “por el momento no es posible proporcionar mayor información debido a que las investigaciones continúan”.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier situación sospechosa o ilícita a los números de emergencias 9-1-1 o de denuncia anónima 089.

• Es señalada, por unos 60 afectados, de ser integrante de una banda de estafadores en venta de vehículos en redes sociales
• Dos denuncias señalan presuntas operaciones irregulares hechas a través de Facebook Marketplace.

Mérida, Yucatán.- Agentes de la Policía Investigadora del Estado (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las Fiscalías General del Estado de Yucatán y de Campeche detuvieron a Liany Nery Ayala Pacheco, de 35 años, originaria de Dzilam González, Yucatán, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de confianza y fraude agravado.

La denuncia está radicada en la carpeta con el número FGE/UNATD/UNADT-1394/2025 NUAT/ 47/2025/DE/UNATD

La mujer está acusada de ser integrante de una banda de defraudadores en la venta de vehículos en redes sociales con factura clonada. Al menos hay unos 60 afectados, de acuerdo con información proporcionada durante el plantón realizado en Palacio de Gobierno, solicitando la intervención del gobernador Huacho Díaz. También se han manifestado en la FGE estatal.

Las víctimas afirman que a través de contacto en Facebook (Marketplace),  les venden un vehículo con placas actuales y cuando acuden a la SSP a realizar el cambio de propietario resulta que la factura es clonada, y la  policía retiene el automotor dejando a los compradores sin el dinero y sin el coche.

Ante la acusación de que la mujer es simpatizante de morena, el gobernador Díaz Mena aseguró que no protegerán a nadie y que la Fiscalía ya investiga los casos de estafa.

A su vez la SSP alertó sobre estos engaños y exhortó a la ciudadanía a verificar la documentación y reportar irregularidades al 9-1-1. 

Investigaciones de la PEI

La corporación informó que ola mujer fue detenida en Mérida y que la primera orden de aprehensión está relacionada con una denuncia por un intercambio de vehículos acordado en Facebook Marketplace. La persona denunciante señaló que entregó un Mini Cooper y recibió una camioneta Chevrolet Trax; posteriormente, al intentar venderla, fue informado por autoridades que la unidad tenía reporte de robo, por lo que fue retenida y se presentó la denuncia correspondiente.

La segunda orden deriva de otra denuncia: una ciudadana señaló que compró un automóvil tras contacto en Facebook Marketplace, entregó dinero en efectivo y, días más tarde, una persona llegó a reclamar el vehículo como suyo, por lo que se solicitó auxilio y el caso fue turnado a la autoridad ministerial.

Tras labores de investigación, la mujer fue localizada, detenida y puesta a disposición del Juez de Control que la requiere.

Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en la compraventa de vehículos y a denunciar cualquier hecho relacionado con posibles fraudes. Ante una situación de riesgo o emergencia, reporta al 9-1-1. También puedes realizar una denuncia anónima al 089.

¿Cómo se movilizaron los defraudados?

El caso se viralizó cuando una de las afectadas, Yacki Mena, denunció a través de redes sociales. Señaló que entregó en efectivo un total de 200 mil pesos a Liany Nery, y cuando acudió a realizaron el cambio de propietario se enteró de que era un vehículo con varias irregularidades, entre ellas el estatus de “robado”.

---“Juro que no me cansaré hasta verte pagar cada una de las que hiciste porque te llevaste lo que luché por 4 años con mi familia.  juro que no lo voy a dejar así. No sabes que es ganarse la vida honradamente, pero sé que existe una justicia divina aquí en la tierra y la vas a pagar en la cárcel o aquí en vida porque el dinero que obtuviste de mi parte fue dinero limpio y  yo sé que jamás le he hecho daño a nadie y he sido un buen ser humano, pero voy a luchar porque eso me enseñó mi hija  y sé que deste el cielo ella me ayudará”, publicó en su perfil, texto acompañado de fotografías de la denunciada. 

Como parte del combate permanente al narcomenudeo en Yucatán, se ejecutó una orden de cateo en un predio ubicado en la calle 189-B del citado fraccionamiento.

En el domicilio fueron detenidos un hombre y una mujer, identificados como Carlos Enrique “N” y Oliveth “N”.

Durante la intervención, los elementos participantes incautaron metanfetaminas, cocaína, cannabis y dinero en efectivo. Asimismo, fue asegurado un mono araña que se encontraba en posesión de dichas personas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI), Unidad Canina (K-9), Bomberos y la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV), así como peritos criminalistas y personal del Servicio Veterinario Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de efectivos de la Defensa y la Guardia Nacional. 

• El objetivo es avanzar hacia una impartición de justicia que no solo resuelva expedientes, sino que repare vínculos, reconstruya la confianza y contribuya a la paz social.
• Acompañamiento de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, precursora en México y Latinoamérica en los procesos de justicia restaurativa familiar

Mérida, Yucatán.— El Poder Judicial de Yucatán inició la elaboración del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa en Materia Familiar, con el propósito de fortalecer una impartición de justicia más humana, efectiva y con enfoque de derechos, que priorice la reparación del daño y el bienestar integral de las personas involucradas.

Para la construcción de este instrumento se integró un grupo multidisciplinario conformado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alan Jesús Hernández Conde; la consejera de la Judicatura, María Ely Farfán Flores; juezas y jueces en materia familiar; la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Elma Gabriela Ávila Miranda; mediadores institucionales; la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Consejo de la Judicatura, así como psicólogas y trabajadoras sociales.

En este proceso también se contó con el acompañamiento de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, precursora en México y Latinoamérica en los procesos de justicia restaurativa familiar, reconocida por su amplia trayectoria profesional en la materia.

El protocolo abarcará tanto la primera como la segunda instancia, y permitirá dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, consolidando la incorporación de la justicia restaurativa en el ámbito familiar dentro del Poder Judicial del Estado.

Los trabajos se desarrollaron mediante una serie de mesas de trabajo durante tres días consecutivos, en las que se definieron acuerdos y acciones estratégicas para fortalecer la justicia familiar, colocando en el centro a las personas y, de manera prioritaria, a niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, el magistrado Hernández Conde señaló que estas jornadas permitieron una articulación interinstitucional efectiva, en la que cada área aportó desde su ámbito de competencia para alinear criterios, delimitar responsabilidades y asegurar una implementación adecuada del modelo restaurativo.

---“Construir justicia también implica generar espacios de diálogo técnico que den certeza a su aplicación. Estos encuentros nos permitieron definir con claridad cuándo y cómo derivar los asuntos familiares a procesos restaurativos, garantizando el control judicial, evitando la revictimización y protegiendo en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, expresó el integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar del TSJE.

Durante las mesas de trabajo se desarrollaron herramientas operativas del protocolo, entre ellas guiones de entrevistas iniciales, criterios de viabilidad, planes de reparación del daño y rutas de seguimiento, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

Finalmente, el magistrado subrayó que el enfoque del protocolo parte del reconocimiento del daño y de su reparación integral, no solo desde el ámbito jurídico, sino también desde las dimensiones relacional, emocional y social, con el objetivo de avanzar hacia una justicia que transforma conflictos, repara vínculos, reconstruye la confianza y contribuye de manera sostenida a la paz social.

El individuo es señalado como probable responsable del delito de crueldad animal, en hechos que derivaron en la muerte de tres caninos, conforme a una carpeta de investigación integrada por la autoridad ministerial.

De acuerdo con la denuncia y los datos de prueba recabados por agentes y peritos, los hechos ocurrieron en un predio de la colonia El Porvenir, en la ciudad de Mérida. En el lugar, los animales —propiedad de los padres del detenido— habrían sufrido lesiones graves que les provocaron una muerte violenta, de acuerdo con dictámenes emitidos por peritos médico veterinarios y criminalistas del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE.

Tras labores de investigación y localización, el sujeto fue aprehendido y puesto a disposición del Juez de Control que ordenó su captura, a fin de que se continúe con el proceso legal correspondiente, conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de actuar con firmeza, legalidad y coordinación institucional para atender y prevenir conductas que vulneren la seguridad, la integridad y la tranquilidad de las familias yucatecas.

El individuo es requerido por la autoridad judicial por el delito de violencia familiar, derivado de un proceso penal iniciado en su contra por hechos ocurridos en el año 2023.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría ejercido violencia física y psicológica de manera reiterada en contra de la ciudadana N. J. N., con quien mantenía una relación de pareja sentimental, en un predio ubicado en la comisaría de Chichí Suárez, comisaria de Mérida.

Tras incumplir las disposiciones legales impuestas dentro del proceso, la autoridad judicial libró la orden de reaprehensión correspondiente. Mediante labores de investigación y localización, agentes estatales lograron ubicarlo y darle cumplimiento al mandato judicial.

Juan Carlos “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Juez que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de proteger a las víctimas de violencia familiar y de actuar con firmeza para que quienes ejerzan este tipo de conductas enfrenten la justicia.

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, solicita apoyo de inmediato al 9-1-1 o realiza tu denuncia de manera anónima al 089.

Mérida, Yucatán.– Jueces y personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado actualizaron sus conocimientos en materia de juicio de amparo, derivado de la reciente reforma constitucional a la Ley en la materia, la cual es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna.

El director de la Escuela Judicial de la institución, magistrado en retiro Jorge Enrique Edén Wynter García, impartió el curso “Actualización en materia de amparo”, en el que participaron 100 personas, entre juzgadores y servidores públicos judiciales. Con esta actividad se dio inicio al programa anual de capacitación continua dirigido al personal del Poder Judicial.

Ante el consejero presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, Níger Pool Cab, el ponente recordó que el juicio de amparo constituye un medio de defensa fundamental de los gobernados frente a actos de autoridad, ya sea de un policía o de cualquiera de los tres Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno

Edén Wynter García explicó que la reforma constitucional impactó directamente en la Ley de Amparo, introduciendo nuevos procedimientos, por lo que resulta indispensable que los funcionarios del Poder Judicial del Estado conozcan la forma en que deben enfrentar este tipo de juicios, aun cuando se trate de una figura de carácter federal.

---“El juicio de amparo evalúa la actividad de las autoridades responsables. En el caso del Poder Judicial, los jueces son autoridades demandadas, por lo que es importante saber cómo enfrentar estos juicios y cómo defender sus actos de autoridad, es decir, sus resoluciones”, señaló.

El magistrado en retiro indicó que esta capacitación marca el inicio de las actividades de la Escuela Judicial durante el presente año y que, en los próximos meses, se impartirán diversos cursos y talleres, principalmente relacionados con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación está prevista para abril de 2027.

Señaló que se trata de una reforma de gran alcance, por lo que resulta necesario fortalecer la capacitación del personal para enfrentar los cambios que conlleva. Agregó que la Escuela Judicial trabaja de manera permanente en la actualización y regularización de sus procesos de enseñanza, enfocados principalmente en los funcionarios jurisdiccionales, como parte de su labor de formación judicial.

Finalmente, Edén Wynter García afirmó que la ciudadanía puede tener confianza en el Poder Judicial del Estado, ya que su personal se capacita de forma constante para emitir resoluciones cada vez más transparentes y apegadas a Derecho.

• Detectan irregularidades en millonario contrato con empresa de tecnología en Poder Judicial yucateco; fue contratada por adjudicación directa en diciembre de 2023
• Es la misma empresa, también por adjudicación directa, que presentó presuntas irregularidades en la FGE.

Mérida, Yucatán.- Una investigación interna arrojó presuntas irregularidades e incumplimiento de la implementación de un sistema de justicia digital en el Poder Judicial del Estado denominado “Sistema de Apoyo a Procesos de Justicia (SAPROJ) Poder Judicial” entregado mediante adjudicación directa por unos 30 millones de pesos a la empresa regiomontana Total Systems SA de C V., en el gobierno de Mauricio Vila Dosal.

La adjudicación directa, a la empresa representada por Juan Pablo Lavín Moreno y su CEO Víctor Iván Contreras Lozano, se realizó en diciembre del 2023 bajo el contrato DAF-46/2023 AD. A la fecha solo se tendría acreditado un avance aproximado del 5 por ciento del proyecto, aunque se habría pagado en tu totalidad.

Solicitamos la versión oficial, sin embargo esta no ha llegado. El SAPROJ Poder Judicial prometía, según el documento, implementar un sistema de justicia digital integral con tecnologías de la información y comunicación para optimizar los procesos judiciales, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a la justicia.

Con ello habría automatización de procesos, integración de datos, firma electrónica, videoconferencias, portal ciudadano, módulos especializados: desde la recepción de denuncias hasta la ejecución de sentencias.

Con ello se buscaba mayor eficiencia al reducirse los tiempos de procesamiento de casos y optimiza el uso de recursos.Mejor acceso a la justicia, pues facilitaría el acceso a la información y a los servicios judiciales para los ciudadanos.Mayor transparencia, reducción de costos, adaptabilidad a nuevas tecnologías, lo cual permitiría una actualización constante del sistema para aprovechar las nuevas herramientas y tendencias.

Sin embargo, trascendió que a la fecha no se han entregado la documentación técnica, informes de implementación, sistemas operativos ni productos finales que justifiquen el uso de los recursos públicos.

La preocupación de los auditores es que las garantías contractuales únicamente ampararían alrededor de 18 millones de pesos, una cifra significativamente menor al monto total contratado.

No es el primer caso con esta empresa

Este no es el primer caso contra la regiomontana Total Systems. Anteriormente el gobierno de Vila Dosal entregó por adjudicación directa, según contrato número C/JUR/023-2022, para la “Adquisición del ‘Sistema de Apoyo a los Procesos de Procuración de Justicia (SAPROJ) Fiscalía General”, por un monto de 22 millones 428 mil 971 pesos.

De manera extraña el método de pago fue pactado más allá de lo que comúnmente se realiza, pues se le otorgó al proveedor 

un anticipo del 50 %, es decir 11 millones 214 mil 485.51 pesos; y el otro 50% como pago final al término del plazo de ejecución establecido del 12 de mayo hasta el 12 de noviembre del 2022.

La empresa prometió, al igual que en el Poder Judicial, la automatización de procesos e Inteligencia artificial para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones más informadas.

También se menciona por otra parte, irregularidades cometidas por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura (CJ) del Poder Judicial del Estado (PJE), pues en agosto de 2022 duplicaron licitaciones para la adquisición de equipo de tecnologías de la información.

La empresa ganadora en ambos fallos fue Warriors Group Services and Technologies, una iniciativa privada constituida en San Luis Potosí; en un lapso de cinco días autorizó una doble adquisición de equipo de tecnología por 3.3 millones de pesos

El sujeto es acusado del delito de abuso sexual agravado, presuntamente cometido el pasado 24 de este mes en una vivienda del municipio de Kanasín.

La víctima es su sobrina, una adolescente de 15 años. De acuerdo con la denuncia y los datos de prueba recabados por los investigadores, el detenido habría ejercido violencia física y moral.

Luis Guadalupe “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que libró la orden de aprehensión.

Nota: Si eres víctima o conoces a alguien que pueda estar en riesgo, denuncia de inmediato al 9-1-1. También puedes reportar de manera anónima al 089.

En el marco de la conmemoración del 16 aniversario del CESC, el magistrado Alan Hernández Conde, en representación del Poder Judicial del Estado, entregó las constancias a las y los facilitadores Institucionales, quienes cumplieron con 60 horas de capacitación especializada para obtener dicha certificación.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que con la certificación de las y los 23 facilitadores se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de los lineamientos de capacitación para la formación, actualización y especialización de personas facilitadoras, así como al artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado.

Señaló que se atiende lo dispuesto en los artículos 584, 585 y 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el artículo 21 de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias.

Farfán Flores reconoció su liderazgo, dedicación, compromiso y vocación de servicio de la directora del CESC, Elma Gabriela Ávila Miranda, subrayando que, junto con su equipo de trabajo, ha contribuido de manera significativa a la promoción de la solución pacífica de conflictos en la entidad.

Como parte de las actividades conmemorativas del 16 aniversario del CESC, el doctor Bernardo Rivadeneyra Pérez, mediador y facilitador privado con amplia experiencia, impartió la conferencia magistral “Presente y Futuro de los MASC en Yucatán. Una mirada holística”, dirigida a facilitadores institucionales y privados.

Al evento asistieron también el abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Carlos Herrera Lizcano, así como Jorge Carlos Toledo Sauri, presidente del Comité de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Sureste de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés).

Mérida, Yucatán.– El Poder Judicial de Yucatán cuenta ya con sus primeros Mediadores Especializados en Justicia Restaurativa certificados, luego de que 23 facilitadores del Centro Estatal de Solución de Controversias (CESC) concluyeran satisfactoriamente su proceso de acreditación.

En el marco de la conmemoración del 16 aniversario del CESC, el magistrado Alan Hernández Conde, en representación del Poder Judicial del Estado, entregó las constancias a las y los facilitadores Institucionales, quienes cumplieron con 60 horas de capacitación especializada para obtener dicha certificación.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que con la certificación de las y los 23 facilitadores se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de los lineamientos de capacitación para la formación, actualización y especialización de personas facilitadoras, así como al artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado.

Señaló que se atiende lo dispuesto en los artículos 584, 585 y 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el artículo 21 de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias.

Farfán Flores reconoció su liderazgo, dedicación, compromiso y vocación de servicio de la directora del CESC, Elma Gabriela Ávila Miranda, subrayando que, junto con su equipo de trabajo, ha contribuido de manera significativa a la promoción de la solución pacífica de conflictos en la entidad.

Como parte de las actividades conmemorativas del 16 aniversario del CESC, el doctor Bernardo Rivadeneyra Pérez, mediador y facilitador privado con amplia experiencia, impartió la conferencia magistral “Presente y Futuro de los MASC en Yucatán. Una mirada holística”, dirigida a facilitadores institucionales y privados.

Al evento asistieron también el abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Carlos Herrera Lizcano, así como Jorge Carlos Toledo Sauri, presidente del Comité de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Sureste de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés).

• La SCJN dijo que otra opción es que, bajo un análisis de riesgo, los vehículos puedan reasignarse a jueces y magistrados que enfrentan amenazas

Ciudad de México.- Tras la polémica y las severas críticas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron este domingo 25 de enero su decisión unánime de no utilizar los vehículos oficiales recientemente adquiridos, entre los que se encontraban nueve camionetas blindadas cuyo costo individual supera el millón de pesos.

---“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.

Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. 

Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”, señalaron en breve comunicado.

La controversia comenzó la semana pasada, cuando se difundieron imágenes de las nuevas camionetas asignadas a los nueve ministros. Ante la polémica, la Corte justificó la compra y afirmó que el propósito era garantizar la seguridad y la protección de los juzgadores.

Además, el Poder Judicial reveló que no solo se adquirieron las nueve camionetas, sino un total de 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos. Este gasto fue destinado a cubrir las necesidades de movilidad tanto de la Corte como del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Poder Judicial explicó que la compra de vehículos se debía a que anteriormente arrendaban 445 autos, lo que generaba un costo anual operativo de 366.2 millones de pesos, cifra que se consideró insostenible a largo plazo.

En agosto pasado, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reafirmó su compromiso con la austeridad, asegurando que el presupuesto de la Corte para 2026 sería más ajustado. “Vamos a poder hacer mucho con poco. Ese será el principio fundamental que guiará nuestra gestión”, destacó en su momento.

El counicado:

• Para prevenir posibles gastos excesivos, la Corte detalló que la compra de estas unidades se dio  mediante la venta de un parque vehicular de mayor precio

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que realizó la adquisición de una nueva flotilla de camionetas blindadas para las y los nueve ministros que integran el Pleno del Alto Tribunal.

En total son nueve camionetas blindadas Gran Cherokee último modelo marca Jeep cuyo precio va de 1 millón 69 mil pesos a los 1.7 millones. Cada uno eligió el color entre gris y blanco.

La administración de la SCJN detalló que la compra se basa en normativa interna vigente, pues se establece que la duración de dichos vehículos debe cambiarse cada cuatro años (o antes, en caso de desgaste o necesidad).

Además, señalaron que dicho cambio se debió a una cuestión de seguridad y prevención, y aseguraron que se decidió conforme a opiniones técnicas de autoridades federales.

---“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades.

Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.

Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.

Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, indica el documento.