Mérida, Yucatán.- Acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de J.C.C.C. tras incumplir con la manutención en favor de su hija, que a la fecha asciende a unos 648 mil pesos.

De los hechos contenidos en la causa penal 118/2025 se establece que el acusado y su expareja procrearon a su hija en el año 2005; sin embargo, un año más tarde abandonó la casa familiar y fue entonces cuando su expareja inició un procedimiento para solicitar la pensión en favor de la menor.

Pese a ser ordenado al pago de $3000 mensuales en 2007, el acusado no cumplió con dicha obligación, por lo que finalmente, tras la solicitud de los fiscales de litigación, en la misma audiencia fue vinculado a proceso.

Finalmente, la autoridad judicial determinó un periodo de dos meses para la realización de la investigación complementaria, así como que el implicado deberá quedar bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y acudir a firmar de forma periódica.

Vehículo SSP/Imagen ilustrativa

• Los sujetos forcejearon con los uniformados a quienes agredieron con armas blancas

Mérida, Yucatán.- Cuatro narcomenudistas se enfrentaron con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el centro de la capital yucateca y tras el forcejeo fueron sometidos, detenidos y consignados bajo la causa penal 72/2026, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De este incidente no se informa de más detalles de cuándo y a qué horas ocurrieron los hechos ni las iniciales de los detenidos. La SSP tampoco generó comunicado al respecto.

La dependencia indicó que uno de los agresores utilizó un cuchillo, otro un destornillador y un tercero otra arma “con las que comenzaron a agredir a los policías, quienes forcejearon con los denunciados, siendo que uno de estos terminó rompiendo el uniforme de uno de los agentes”.

Señala que la FGE formuló la imputación en contra de cuatro hombres por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple del narcótico cannabis, desobediencia y resistencia de particulares, portación de armas e instrumentos prohibidos, ataques peligrosos cometidos contra servidor público y daño a propiedad ajena contra institución pública. 

Por estos hechos y luego de la solicitud de los especialistas de la FGE, los involucrados quedarán privados de su libertad, luego de que la autoridad judicial determinó la medida cautelar de prisión preventiva. 

De acuerdo con la información que consta en la causa penal 72/2026 los acusados se encontraban en calles del centro de Mérida cuando se percataron de la presencia de elementos de la SSP por lo que comenzaron a insultar a los uniformados, quienes se acercaron a estos.

En la audiencia los fiscales de litigación argumentaron la vinculación a proceso, pero dicho trámite se programó a realizarse en fecha próxima, luego de que los imputados solicitaron la duplicidad del tiempo para resolver su situación jurídica.

• Está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos

Mérida, Yucatán.- Un Juez de Control dictó ayer auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva contra Gabriela Alejandra M.H., de 29 años (“La Patrona”) esposa de Valerio “N” alias “Monkey” presunto líder de una célula de Caborca en Chetumal. La mujer, según filtraron fuentes policiacas fue detenida hace unos15 días y estaría vinculada a la masacre en Dzilam González.

De acuerdo con la SSP Yucatán el juzgador emitió la resolución con base en los datos de prueba recabados por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y presentados por el Ministerio Público.

Está acusada de ataques peligrosos cometidos contra servidor público, cohecho, portación de armas e instrumentos prohibidos, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y daño en propiedad ajena cometido contra institución pública.

Según se filtró Monkey utilizo a su esposa para llevar las armas que utilizaron los sicarios para cometer el triple homicidio en Dzilam González, cuando ejecutaron al hijo de Don Nato.

El Juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, luego de no acceder a la suspensión condicional del proceso solicitada por sus defensores, al no cumplirse los requisitos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual la acusada permanecerá en prisión.

La SSP Yucatán señaló que “por el momento no es posible proporcionar mayor información debido a que las investigaciones continúan”.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier situación sospechosa o ilícita a los números de emergencias 9-1-1 o de denuncia anónima 089.

• Es señalada, por unos 60 afectados, de ser integrante de una banda de estafadores en venta de vehículos en redes sociales
• Dos denuncias señalan presuntas operaciones irregulares hechas a través de Facebook Marketplace.

Mérida, Yucatán.- Agentes de la Policía Investigadora del Estado (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con las Fiscalías General del Estado de Yucatán y de Campeche detuvieron a Liany Nery Ayala Pacheco, de 35 años, originaria de Dzilam González, Yucatán, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de confianza y fraude agravado.

La denuncia está radicada en la carpeta con el número FGE/UNATD/UNADT-1394/2025 NUAT/ 47/2025/DE/UNATD

La mujer está acusada de ser integrante de una banda de defraudadores en la venta de vehículos en redes sociales con factura clonada. Al menos hay unos 60 afectados, de acuerdo con información proporcionada durante el plantón realizado en Palacio de Gobierno, solicitando la intervención del gobernador Huacho Díaz. También se han manifestado en la FGE estatal.

Las víctimas afirman que a través de contacto en Facebook (Marketplace),  les venden un vehículo con placas actuales y cuando acuden a la SSP a realizar el cambio de propietario resulta que la factura es clonada, y la  policía retiene el automotor dejando a los compradores sin el dinero y sin el coche.

Ante la acusación de que la mujer es simpatizante de morena, el gobernador Díaz Mena aseguró que no protegerán a nadie y que la Fiscalía ya investiga los casos de estafa.

A su vez la SSP alertó sobre estos engaños y exhortó a la ciudadanía a verificar la documentación y reportar irregularidades al 9-1-1. 

Investigaciones de la PEI

La corporación informó que ola mujer fue detenida en Mérida y que la primera orden de aprehensión está relacionada con una denuncia por un intercambio de vehículos acordado en Facebook Marketplace. La persona denunciante señaló que entregó un Mini Cooper y recibió una camioneta Chevrolet Trax; posteriormente, al intentar venderla, fue informado por autoridades que la unidad tenía reporte de robo, por lo que fue retenida y se presentó la denuncia correspondiente.

La segunda orden deriva de otra denuncia: una ciudadana señaló que compró un automóvil tras contacto en Facebook Marketplace, entregó dinero en efectivo y, días más tarde, una persona llegó a reclamar el vehículo como suyo, por lo que se solicitó auxilio y el caso fue turnado a la autoridad ministerial.

Tras labores de investigación, la mujer fue localizada, detenida y puesta a disposición del Juez de Control que la requiere.

Se exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones en la compraventa de vehículos y a denunciar cualquier hecho relacionado con posibles fraudes. Ante una situación de riesgo o emergencia, reporta al 9-1-1. También puedes realizar una denuncia anónima al 089.

¿Cómo se movilizaron los defraudados?

El caso se viralizó cuando una de las afectadas, Yacki Mena, denunció a través de redes sociales. Señaló que entregó en efectivo un total de 200 mil pesos a Liany Nery, y cuando acudió a realizaron el cambio de propietario se enteró de que era un vehículo con varias irregularidades, entre ellas el estatus de “robado”.

---“Juro que no me cansaré hasta verte pagar cada una de las que hiciste porque te llevaste lo que luché por 4 años con mi familia.  juro que no lo voy a dejar así. No sabes que es ganarse la vida honradamente, pero sé que existe una justicia divina aquí en la tierra y la vas a pagar en la cárcel o aquí en vida porque el dinero que obtuviste de mi parte fue dinero limpio y  yo sé que jamás le he hecho daño a nadie y he sido un buen ser humano, pero voy a luchar porque eso me enseñó mi hija  y sé que deste el cielo ella me ayudará”, publicó en su perfil, texto acompañado de fotografías de la denunciada. 

Como parte del combate permanente al narcomenudeo en Yucatán, se ejecutó una orden de cateo en un predio ubicado en la calle 189-B del citado fraccionamiento.

En el domicilio fueron detenidos un hombre y una mujer, identificados como Carlos Enrique “N” y Oliveth “N”.

Durante la intervención, los elementos participantes incautaron metanfetaminas, cocaína, cannabis y dinero en efectivo. Asimismo, fue asegurado un mono araña que se encontraba en posesión de dichas personas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI), Unidad Canina (K-9), Bomberos y la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar y de Género (UNIPREV), así como peritos criminalistas y personal del Servicio Veterinario Forense de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de efectivos de la Defensa y la Guardia Nacional. 

• El objetivo es avanzar hacia una impartición de justicia que no solo resuelva expedientes, sino que repare vínculos, reconstruya la confianza y contribuya a la paz social.
• Acompañamiento de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, precursora en México y Latinoamérica en los procesos de justicia restaurativa familiar

Mérida, Yucatán.— El Poder Judicial de Yucatán inició la elaboración del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa en Materia Familiar, con el propósito de fortalecer una impartición de justicia más humana, efectiva y con enfoque de derechos, que priorice la reparación del daño y el bienestar integral de las personas involucradas.

Para la construcción de este instrumento se integró un grupo multidisciplinario conformado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alan Jesús Hernández Conde; la consejera de la Judicatura, María Ely Farfán Flores; juezas y jueces en materia familiar; la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Elma Gabriela Ávila Miranda; mediadores institucionales; la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Consejo de la Judicatura, así como psicólogas y trabajadoras sociales.

En este proceso también se contó con el acompañamiento de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, precursora en México y Latinoamérica en los procesos de justicia restaurativa familiar, reconocida por su amplia trayectoria profesional en la materia.

El protocolo abarcará tanto la primera como la segunda instancia, y permitirá dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, consolidando la incorporación de la justicia restaurativa en el ámbito familiar dentro del Poder Judicial del Estado.

Los trabajos se desarrollaron mediante una serie de mesas de trabajo durante tres días consecutivos, en las que se definieron acuerdos y acciones estratégicas para fortalecer la justicia familiar, colocando en el centro a las personas y, de manera prioritaria, a niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, el magistrado Hernández Conde señaló que estas jornadas permitieron una articulación interinstitucional efectiva, en la que cada área aportó desde su ámbito de competencia para alinear criterios, delimitar responsabilidades y asegurar una implementación adecuada del modelo restaurativo.

---“Construir justicia también implica generar espacios de diálogo técnico que den certeza a su aplicación. Estos encuentros nos permitieron definir con claridad cuándo y cómo derivar los asuntos familiares a procesos restaurativos, garantizando el control judicial, evitando la revictimización y protegiendo en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, expresó el integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar del TSJE.

Durante las mesas de trabajo se desarrollaron herramientas operativas del protocolo, entre ellas guiones de entrevistas iniciales, criterios de viabilidad, planes de reparación del daño y rutas de seguimiento, en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 

Finalmente, el magistrado subrayó que el enfoque del protocolo parte del reconocimiento del daño y de su reparación integral, no solo desde el ámbito jurídico, sino también desde las dimensiones relacional, emocional y social, con el objetivo de avanzar hacia una justicia que transforma conflictos, repara vínculos, reconstruye la confianza y contribuye de manera sostenida a la paz social.

El individuo es señalado como probable responsable del delito de crueldad animal, en hechos que derivaron en la muerte de tres caninos, conforme a una carpeta de investigación integrada por la autoridad ministerial.

De acuerdo con la denuncia y los datos de prueba recabados por agentes y peritos, los hechos ocurrieron en un predio de la colonia El Porvenir, en la ciudad de Mérida. En el lugar, los animales —propiedad de los padres del detenido— habrían sufrido lesiones graves que les provocaron una muerte violenta, de acuerdo con dictámenes emitidos por peritos médico veterinarios y criminalistas del Instituto de Ciencias Forenses de la FGE.

Tras labores de investigación y localización, el sujeto fue aprehendido y puesto a disposición del Juez de Control que ordenó su captura, a fin de que se continúe con el proceso legal correspondiente, conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de actuar con firmeza, legalidad y coordinación institucional para atender y prevenir conductas que vulneren la seguridad, la integridad y la tranquilidad de las familias yucatecas.

El individuo es requerido por la autoridad judicial por el delito de violencia familiar, derivado de un proceso penal iniciado en su contra por hechos ocurridos en el año 2023.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría ejercido violencia física y psicológica de manera reiterada en contra de la ciudadana N. J. N., con quien mantenía una relación de pareja sentimental, en un predio ubicado en la comisaría de Chichí Suárez, comisaria de Mérida.

Tras incumplir las disposiciones legales impuestas dentro del proceso, la autoridad judicial libró la orden de reaprehensión correspondiente. Mediante labores de investigación y localización, agentes estatales lograron ubicarlo y darle cumplimiento al mandato judicial.

Juan Carlos “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición del Juez que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de proteger a las víctimas de violencia familiar y de actuar con firmeza para que quienes ejerzan este tipo de conductas enfrenten la justicia.

Si eres víctima de violencia o conoces a alguien que lo sea, solicita apoyo de inmediato al 9-1-1 o realiza tu denuncia de manera anónima al 089.

Mérida, Yucatán.– Jueces y personal jurisdiccional del Poder Judicial del Estado actualizaron sus conocimientos en materia de juicio de amparo, derivado de la reciente reforma constitucional a la Ley en la materia, la cual es reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna.

El director de la Escuela Judicial de la institución, magistrado en retiro Jorge Enrique Edén Wynter García, impartió el curso “Actualización en materia de amparo”, en el que participaron 100 personas, entre juzgadores y servidores públicos judiciales. Con esta actividad se dio inicio al programa anual de capacitación continua dirigido al personal del Poder Judicial.

Ante el consejero presidente de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, Níger Pool Cab, el ponente recordó que el juicio de amparo constituye un medio de defensa fundamental de los gobernados frente a actos de autoridad, ya sea de un policía o de cualquiera de los tres Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno

Edén Wynter García explicó que la reforma constitucional impactó directamente en la Ley de Amparo, introduciendo nuevos procedimientos, por lo que resulta indispensable que los funcionarios del Poder Judicial del Estado conozcan la forma en que deben enfrentar este tipo de juicios, aun cuando se trate de una figura de carácter federal.

---“El juicio de amparo evalúa la actividad de las autoridades responsables. En el caso del Poder Judicial, los jueces son autoridades demandadas, por lo que es importante saber cómo enfrentar estos juicios y cómo defender sus actos de autoridad, es decir, sus resoluciones”, señaló.

El magistrado en retiro indicó que esta capacitación marca el inicio de las actividades de la Escuela Judicial durante el presente año y que, en los próximos meses, se impartirán diversos cursos y talleres, principalmente relacionados con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación está prevista para abril de 2027.

Señaló que se trata de una reforma de gran alcance, por lo que resulta necesario fortalecer la capacitación del personal para enfrentar los cambios que conlleva. Agregó que la Escuela Judicial trabaja de manera permanente en la actualización y regularización de sus procesos de enseñanza, enfocados principalmente en los funcionarios jurisdiccionales, como parte de su labor de formación judicial.

Finalmente, Edén Wynter García afirmó que la ciudadanía puede tener confianza en el Poder Judicial del Estado, ya que su personal se capacita de forma constante para emitir resoluciones cada vez más transparentes y apegadas a Derecho.

• Detectan irregularidades en millonario contrato con empresa de tecnología en Poder Judicial yucateco; fue contratada por adjudicación directa en diciembre de 2023
• Es la misma empresa, también por adjudicación directa, que presentó presuntas irregularidades en la FGE.

Mérida, Yucatán.- Una investigación interna arrojó presuntas irregularidades e incumplimiento de la implementación de un sistema de justicia digital en el Poder Judicial del Estado denominado “Sistema de Apoyo a Procesos de Justicia (SAPROJ) Poder Judicial” entregado mediante adjudicación directa por unos 30 millones de pesos a la empresa regiomontana Total Systems SA de C V., en el gobierno de Mauricio Vila Dosal.

La adjudicación directa, a la empresa representada por Juan Pablo Lavín Moreno y su CEO Víctor Iván Contreras Lozano, se realizó en diciembre del 2023 bajo el contrato DAF-46/2023 AD. A la fecha solo se tendría acreditado un avance aproximado del 5 por ciento del proyecto, aunque se habría pagado en tu totalidad.

Solicitamos la versión oficial, sin embargo esta no ha llegado. El SAPROJ Poder Judicial prometía, según el documento, implementar un sistema de justicia digital integral con tecnologías de la información y comunicación para optimizar los procesos judiciales, mejorar la eficiencia y facilitar el acceso a la justicia.

Con ello habría automatización de procesos, integración de datos, firma electrónica, videoconferencias, portal ciudadano, módulos especializados: desde la recepción de denuncias hasta la ejecución de sentencias.

Con ello se buscaba mayor eficiencia al reducirse los tiempos de procesamiento de casos y optimiza el uso de recursos.Mejor acceso a la justicia, pues facilitaría el acceso a la información y a los servicios judiciales para los ciudadanos.Mayor transparencia, reducción de costos, adaptabilidad a nuevas tecnologías, lo cual permitiría una actualización constante del sistema para aprovechar las nuevas herramientas y tendencias.

Sin embargo, trascendió que a la fecha no se han entregado la documentación técnica, informes de implementación, sistemas operativos ni productos finales que justifiquen el uso de los recursos públicos.

La preocupación de los auditores es que las garantías contractuales únicamente ampararían alrededor de 18 millones de pesos, una cifra significativamente menor al monto total contratado.

No es el primer caso con esta empresa

Este no es el primer caso contra la regiomontana Total Systems. Anteriormente el gobierno de Vila Dosal entregó por adjudicación directa, según contrato número C/JUR/023-2022, para la “Adquisición del ‘Sistema de Apoyo a los Procesos de Procuración de Justicia (SAPROJ) Fiscalía General”, por un monto de 22 millones 428 mil 971 pesos.

De manera extraña el método de pago fue pactado más allá de lo que comúnmente se realiza, pues se le otorgó al proveedor 

un anticipo del 50 %, es decir 11 millones 214 mil 485.51 pesos; y el otro 50% como pago final al término del plazo de ejecución establecido del 12 de mayo hasta el 12 de noviembre del 2022.

La empresa prometió, al igual que en el Poder Judicial, la automatización de procesos e Inteligencia artificial para analizar datos, identificar patrones y tomar decisiones más informadas.

También se menciona por otra parte, irregularidades cometidas por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura (CJ) del Poder Judicial del Estado (PJE), pues en agosto de 2022 duplicaron licitaciones para la adquisición de equipo de tecnologías de la información.

La empresa ganadora en ambos fallos fue Warriors Group Services and Technologies, una iniciativa privada constituida en San Luis Potosí; en un lapso de cinco días autorizó una doble adquisición de equipo de tecnología por 3.3 millones de pesos

El sujeto es acusado del delito de abuso sexual agravado, presuntamente cometido el pasado 24 de este mes en una vivienda del municipio de Kanasín.

La víctima es su sobrina, una adolescente de 15 años. De acuerdo con la denuncia y los datos de prueba recabados por los investigadores, el detenido habría ejercido violencia física y moral.

Luis Guadalupe “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que libró la orden de aprehensión.

Nota: Si eres víctima o conoces a alguien que pueda estar en riesgo, denuncia de inmediato al 9-1-1. También puedes reportar de manera anónima al 089.

En el marco de la conmemoración del 16 aniversario del CESC, el magistrado Alan Hernández Conde, en representación del Poder Judicial del Estado, entregó las constancias a las y los facilitadores Institucionales, quienes cumplieron con 60 horas de capacitación especializada para obtener dicha certificación.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que con la certificación de las y los 23 facilitadores se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de los lineamientos de capacitación para la formación, actualización y especialización de personas facilitadoras, así como al artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado.

Señaló que se atiende lo dispuesto en los artículos 584, 585 y 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el artículo 21 de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias.

Farfán Flores reconoció su liderazgo, dedicación, compromiso y vocación de servicio de la directora del CESC, Elma Gabriela Ávila Miranda, subrayando que, junto con su equipo de trabajo, ha contribuido de manera significativa a la promoción de la solución pacífica de conflictos en la entidad.

Como parte de las actividades conmemorativas del 16 aniversario del CESC, el doctor Bernardo Rivadeneyra Pérez, mediador y facilitador privado con amplia experiencia, impartió la conferencia magistral “Presente y Futuro de los MASC en Yucatán. Una mirada holística”, dirigida a facilitadores institucionales y privados.

Al evento asistieron también el abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Carlos Herrera Lizcano, así como Jorge Carlos Toledo Sauri, presidente del Comité de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Sureste de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés).

Mérida, Yucatán.– El Poder Judicial de Yucatán cuenta ya con sus primeros Mediadores Especializados en Justicia Restaurativa certificados, luego de que 23 facilitadores del Centro Estatal de Solución de Controversias (CESC) concluyeran satisfactoriamente su proceso de acreditación.

En el marco de la conmemoración del 16 aniversario del CESC, el magistrado Alan Hernández Conde, en representación del Poder Judicial del Estado, entregó las constancias a las y los facilitadores Institucionales, quienes cumplieron con 60 horas de capacitación especializada para obtener dicha certificación.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, destacó que con la certificación de las y los 23 facilitadores se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de los lineamientos de capacitación para la formación, actualización y especialización de personas facilitadoras, así como al artículo 13, párrafo segundo, de la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado.

Señaló que se atiende lo dispuesto en los artículos 584, 585 y 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el artículo 21 de la Ley General de Medios Alternos de Solución de Controversias.

Farfán Flores reconoció su liderazgo, dedicación, compromiso y vocación de servicio de la directora del CESC, Elma Gabriela Ávila Miranda, subrayando que, junto con su equipo de trabajo, ha contribuido de manera significativa a la promoción de la solución pacífica de conflictos en la entidad.

Como parte de las actividades conmemorativas del 16 aniversario del CESC, el doctor Bernardo Rivadeneyra Pérez, mediador y facilitador privado con amplia experiencia, impartió la conferencia magistral “Presente y Futuro de los MASC en Yucatán. Una mirada holística”, dirigida a facilitadores institucionales y privados.

Al evento asistieron también el abogado general de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Jorge Carlos Herrera Lizcano, así como Jorge Carlos Toledo Sauri, presidente del Comité de Arbitraje y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Sureste de la Cámara Internacional de Comercio (ICC, por sus siglas en inglés).

• La SCJN dijo que otra opción es que, bajo un análisis de riesgo, los vehículos puedan reasignarse a jueces y magistrados que enfrentan amenazas

Ciudad de México.- Tras la polémica y las severas críticas, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informaron este domingo 25 de enero su decisión unánime de no utilizar los vehículos oficiales recientemente adquiridos, entre los que se encontraban nueve camionetas blindadas cuyo costo individual supera el millón de pesos.

---“Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta #scjn informan su decisión de no utilizarlos; asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable.

Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. 

Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”, señalaron en breve comunicado.

La controversia comenzó la semana pasada, cuando se difundieron imágenes de las nuevas camionetas asignadas a los nueve ministros. Ante la polémica, la Corte justificó la compra y afirmó que el propósito era garantizar la seguridad y la protección de los juzgadores.

Además, el Poder Judicial reveló que no solo se adquirieron las nueve camionetas, sino un total de 571 vehículos nuevos en el último trimestre de 2025, con una inversión de 252 millones de pesos. Este gasto fue destinado a cubrir las necesidades de movilidad tanto de la Corte como del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Poder Judicial explicó que la compra de vehículos se debía a que anteriormente arrendaban 445 autos, lo que generaba un costo anual operativo de 366.2 millones de pesos, cifra que se consideró insostenible a largo plazo.

En agosto pasado, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reafirmó su compromiso con la austeridad, asegurando que el presupuesto de la Corte para 2026 sería más ajustado. “Vamos a poder hacer mucho con poco. Ese será el principio fundamental que guiará nuestra gestión”, destacó en su momento.

El counicado:

• Para prevenir posibles gastos excesivos, la Corte detalló que la compra de estas unidades se dio  mediante la venta de un parque vehicular de mayor precio

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que realizó la adquisición de una nueva flotilla de camionetas blindadas para las y los nueve ministros que integran el Pleno del Alto Tribunal.

En total son nueve camionetas blindadas Gran Cherokee último modelo marca Jeep cuyo precio va de 1 millón 69 mil pesos a los 1.7 millones. Cada uno eligió el color entre gris y blanco.

La administración de la SCJN detalló que la compra se basa en normativa interna vigente, pues se establece que la duración de dichos vehículos debe cambiarse cada cuatro años (o antes, en caso de desgaste o necesidad).

Además, señalaron que dicho cambio se debió a una cuestión de seguridad y prevención, y aseguraron que se decidió conforme a opiniones técnicas de autoridades federales.

---“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades.

Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. La adquisición de los nuevos vehículos responde, por tanto, a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa que dicha renovación se realizó en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.

Con el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido.

Con ello, la SCJN reafirma su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”, indica el documento.

Con base en los datos de prueba recabados por agentes y fiscales investigadores, el detenido, de 20 años, originario de Chetumal, Quintana Roo, de oficio barbero, es señalado como probable partícipe en los hechos ocurridos el 5 de enero de 2026, en una caballeriza del municipio de Dzilam González, Yucatán.

Como se recordará, en el lugar fallecieron Juan Carlos Valdéz González (a) Nato, y Ariel Andrés Rodríguez Kuk (a) Polli. Posteriormente perdió la vida Luis Francisco Kukuk Torres (a) Gary, a consecuencia de las lesiones. En el mismo suceso, un menor de edad resultó lesionado.

Derivado del trabajo de investigación y de la coordinación entre autoridades de Yucatán y Quintana Roo, así como del apoyo de fuerzas federales, el sujeto fue localizado, aprehendido y puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere.

Otros detenidos

El pasado19 de enero, el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, Julio César Torres Gómez, informó la detención el 15 de enero, en el poblado de Huay Pix, municipio de Othon P. Blanco de Dalia “N” y Dora Criselda “N”, integrantes del Cártel de Caborca, así como el aseguramiento de la camioneta vinculada a los hechos violentos en Dzilam González, Yucatán

Al momento de la detención las mujeres tenían en su posesión 122 dosis de narcóticos.

Mencionó que el 13 de enero, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Yucatán y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, se logró la captura en Cancún, Benito Juárez, de Martina “N”, una mujer de talla baja. La detenida contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, derivado de la triple ejecución ocurrida en Dzilam González, Yucatán. Esta mujer fue presentada oportunamente por la policía yucateca.

Estos arrestos se suman a las cinco personas detenidas y presentadas previamente por la SSP de Yucatán, entre las que resalta el nombre de Keny Elías “N”. Este joven es familiar directo de los hermanos Interian, líderes del Cártel de Caborca en la zona sur de Quintana Roo. 

Con base en los datos de prueba recabados por agentes y fiscales investigadores, los hechos habrían ocurrido el pasado 16 de enero de 2026, en un predio ubicado en la colonia Amalia Solórzano II, del municipio de Kanasín, Yucatán.

De acuerdo con la denuncia, el imputado se encontraba al interior del domicilio en compañía de una menor de 11 años, quien dormía, cuando presuntamente realizó actos con la intención de cometer una agresión sexual. 

La conducta fue interrumpida por la llegada de otra menor, quien alertó de inmediato a un familiar adulto, lo que permitió que los hechos fueran denunciados ante la autoridad.

Derivado de la investigación, se solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente. El sujeto fue localizado, detenido y puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado reiteran su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier delito que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con la indagatoria, el menor padecía de un mal congénito que lo mantenía desde hace varios meses con una cánula para poder alimentarlo; no obstante, su situación médica se complicó en las últimas horas.

--“La Fiscalía General del Estado lamenta los hechos y se une a la pena que embarga a sus familiares, al tiempo de dar celeridad a los trámites de Ley, a fin de garantizar una atención pronta y expedita”, señala en comunicado.

Ante lo sucedido y luego de la apertura de la carpeta de investigación para descartar la posible comisión de algún delito, la FGE continuará con las diligencias conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Tadeo recibió atención médica: gobierno

Por otra parte, en un comunicado, el Gobierno del Estado informa que el menor Tadeo falleció la mañana de hoy en un predio de la colonia Francisco I. Madero, derivado de complicaciones graves de salud de origen patológico.

El menor recibió atención médica especializada desde el 27 de octubre de 2025, debido a un padecimiento congénito que requería cuidados médicos continuos y el uso de una cánula para su alimentación.

Durante su atención hospitalaria fue valorado de manera integral, recibió tratamiento conforme a su condición clínica y permaneció bajo supervisión médica especializada. El 10 de noviembre, el menor contaba con egreso hospitalario vigente, con indicaciones médicas específicas para su cuidado y seguimiento.

Tras su fallecimiento, la Fiscalía General del Estado realizó la necropsia de ley correspondiente, con el fin de descartar la comisión de algún delito. El estudio determinó que la causa del deceso fue sepsis generalizada de origen patológico, sin indicios de violencia.

Desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán activó de manera inmediata los protocolos institucionales de protección, dando seguimiento al caso y manteniendo coordinación con las instancias correspondientes para salvaguardar el interés superior del menor.

El Gobierno del Estado lamenta profundamente este fallecimiento y expresa su solidaridad con la familia. Asimismo, reitera su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de atención y protección para niñas, niños y adolescentes en Yucatán.

• La juez lo condenó al pago de 2500 días de multa, lo equivalente a la cantidad de 259 mil 350

Mérida, Yucatán.- Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada, el vaquero Marcial C.P. fue sentenciado, en un procedimiento de juicio oral, a 15 años de prisión, por los hechos ocurridos en rancho de Tekal de Venegas en agravio de un menor de cinco años.

Después de valorar las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento otorgó el fallo condenatorio y el pago de 2500 días de multa, lo equivalente a la cantidad de 259 mil 350

Cabe recordar que los peritos de la FGE iniciaron la investigación que derivó en la causa penal 168/2023, misma que se desahogó en su etapa inicial en el Juzgado del Segundo Distrito, con sede en Kanasín, donde se estableció que los hechos ocurrieron el 20 de marzo del año 2023, en horas de la mañana, en un rancho ubicado en la citada localidad, donde el sentenciado agredió sexualmente a la víctima de identidad reservada.

• Equipo multidisciplinario en la Mesa de Trabajo para la Construcción del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa Familiar para el Poder Judicial del Estado.

Mérida, Yucatán. – Juzgadores y personal jurisdiccional en materia familiar del Poder Judicial del Estado continúan fortaleciendo su especialización en justicia restaurativa, con el objetivo de robustecer sus conocimientos y capacidades para brindar una atención más humana, integral y acorde con el nuevo paradigma normativo que rige estos procedimientos en el país.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, puso en marcha el Taller Intensivo Práctico para la Implementación de Procesos Restaurativos, en el que participan 60 servidores públicos judiciales, con lo que se da por concluida la segunda fase del curso de Justicia Restaurativa, iniciado a finales de octubre del año pasado en su modalidad virtual.

El taller contó nuevamente con la participación de la doctora Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, precursora en México y Latinoamérica en Procesos de Justicia Restaurativa Familiar, reconocida por su amplia trayectoria profesional en la materia. Entre los participantes se encuentran jueces de Oralidad Familiar, jueces mixtos, secretarios de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta de primera y segunda instancia, así como personal especializado en trabajo social y de la Unidad de Psicología del Consejo de la Judicatura.

Ante magistradas y magistrados del TSJ y del Tribunal de Disciplina, así como consejeras y consejeros de la Judicatura, la magistrada presidenta destacó la disposición de juzgadores y personal jurisdiccional para participar en esta capacitación, lo cual refleja el compromiso institucional de fortalecer la impartición de justicia en beneficio de las personas usuarias del sistema judicial.

Asimismo, señaló que con este tipo de acciones se reafirma la convicción institucional de que la capacitación continua es un eje fundamental para consolidar una justicia más cercana, empática y efectiva.

---“Desde el Poder Judicial del Estado refrendamos nuestro compromiso de fortalecer modelos de justicia que privilegien el diálogo, la corresponsabilidad y la reparación del daño, sin menoscabo de la legalidad, la imparcialidad y la protección de los derechos humanos”, expresó.

Por su parte, la consejera María Ely Farfán Flores informó que un equipo multidisciplinario conformado por un magistrado, autoridades judiciales, jueces en materia familiar, la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, mediadores institucionales, la titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y Trabajo Social del Consejo de la Judicatura, así como psicólogas y trabajadoras sociales, participa en la Mesa de Trabajo para la Construcción del Protocolo de Implementación de Justicia Restaurativa Familiar para el Poder Judicial del Estado.

Precisó que dicho protocolo abarcará tanto la primera como la segunda instancia, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Al evento asistieron las magistradas Mariana García Brito, Sofía Elena Cámara Gamboa y Claudia Crisol Antonio Mayor; el magistrado Alan Jesús Hernández Conde; del Tribunal de Disciplina, el magistrado Mauricio Cantón Dager; el consejero de la Judicatura Níger Pool Cab; así como el magistrado en retiro Jorge Enrique Edén Wynter García, director de la Escuela Judicial.