Mérida, Yucatán.- Al concluir el juicio abreviado en su contra, Manuel M.V. (Macuch), Alberto K.C. y Jorge Humbereto K.V. fueron encontrados penalmente responsables del delito de homicidio cometido en pandilla, luego de causar la muerte de José Clemente C.M., de 22 años, en calles de la localidad de Tahdziú, por lo que fueron condenados a 10 años, dos meses y 29 días de prisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos de prueba que permitieron acreditar la comisión del delito y tras la anuencia de las partes la autoridad judicial determinó la culpabilidad de los tres implicados, quienes arrojaron unas piedras en contra de dos personas que viajaban en moto, en la calle 11 entre 4 y 6 de la colonia Centro. 

Derivado de esta agresión, una de las piedras impactó en la víctima quien cayó al suelo, golpeándose el rostro contra el pavimento, sufriendo lesiones que finalmente le ocasionaron la muerte, de acuerdo con la información que consta en la causa penal 42/2024. En el operativo fue detenido el menor S. K. C.

La víctima iba como pasajero en una motocicleta conducida por Carlos Gabriel C. E., cuando fueron agredidos con piedras y golpes.

Una cámara de seguridad instalada en ese sector, captó todo lo sucedido, y sirvió de apoyo para que las autoridades dieran con los responsables.

Además de la pena privativa de libertad, los tres culpables deberán pagar la reparación del daño a los familiares, se les prohíbe acercarse a la víctima indirecta, se les suspendieron sus derechos políticos y recibieron una amonestación pública.

• Según lo establecido en la causa penal 47/2025, el ilícito se llevó a cabo en dos ocasiones al interior de un predio en ese municipio

Mérida, Yucatán.- Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada (2), J.Y.H.K. fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, por los hechos   ocurridos en la localidad de Huhí, en agravio de una menor de edad.

Después de ser valoradas las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento otorgó el fallo condenatorio.

De acuerdo con la información reunida en la causa penal 47/2025, los hechos tuvieron lugar el pasado siete de febrero, cuando el encausado se encontraba en un predio en compañía de una adolescente a la que agredió sexualmente, repitiendo dicha acción cuatro días después, por lo que se presentó la formal denuncia.

Durante la audiencia celebrada en el  Centro de Justicia Oral de Kanasín, la Juez de Control revisó los datos de prueba aportados por esta representación social, los cuales fueron suficientes para que se decretara el auto de vinculación a proceso por el delito imputado, otorgando además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que, tras interponerse la denuncia, los fiscales de litigación iniciaron con la
investigación que derivó en la causa penal 47/2025, misma que se desahogó durante su etapa inicial en el Juzgado Primero de Control, donde se estableció que los hechos ocurrieron en dos ocasiones durante el mes de febrero del año 2025, cuando el encausado agredió sexualmente a la víctima de identidad reservada, por lo que se interpuso la formal denuncia.

Además de la pena privativa de la libertad, el acusado también deberá pagar lo equivalente a 4000 días multa, así como la cantidad de 10 mil pesos por concepto de la reparación del daño.

• Se le condenó a pagar lo equivalente a 7000 días multa, así como 60 mil pesos por concepto de reparación del daño que ya le fueron entregados a la denunciante.

Mérida, Yucatán.- Acusado de agredir sexualmente a una adolescente, Ángel Santibañez R., de 31 años, originario de Villahermosa, Tabasco, de oficio repartidor de agua, fue declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada (3) en un procedimiento de juicio abreviado, por lo que, tras el fallo condenatorio, se le sentenció a una pena de 23 años y cuatro meses de prisión.

Una vez que se contó con el acuerdo de las partes involucradas, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas de los hechos ocurridos en tres ocasiones diferentes, en el interior de un predio ubicado en la colonia Ampliación Xelpac, que refieren que el sentenciado le impuso la cópula a la víctima de 14 años de identidad reservada recurriendo a la violencia física.

Los abusos fueron denunciados por la madre de la víctima. Las agresiones habrían ocurrido en tres diferentes días de octubre de 2023 en la colonia Ampliación Xelpac del municipio de Kanasín.

En la propia denuncia se menciona que la persona que agredió a la adolescente lo hizo aprovechando la confianza que se le tenía, además de que ejerció contra ella violencia física y emocional y la amenazó con hacerle daño a su familia si contaba lo sucedido.

Además de la pena privativa de la libertad, A.S.R. deberá pagar lo equivalente a 7000 días multa, así como 60 mil pesos por concepto de reparación del daño que ya le fueron entregados a la denunciante.

El procedimiento, celebrado en el Centro de Justicia Oral de Mérida, ante la Juez del Juzgado Primero de Control, se judicializó bajo la causa penal 57/2025 y los fiscales de litigación fueron los encargados de aportar los datos y pruebas suficientes para obtener el citado fallo condenatorio y tras acordarlo entre ambas partes, se establecieron las penas antes mencionadas.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, entregó certificados y claves de registro a 44 servidoras y servidores judiciales que concluyeron 60 horas de capacitación especializada en esta materia.

De esta forma, Yucatán se prepara para la próxima publicación del Protocolo de Actuación sobre Justicia Restaurativa Familiar de Primera y Segunda Instancia, así como para la implementación del nuevo sistema de justicia derivado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Con esta entrega, ya suman 67 personas —entre jueces, psicólogos y trabajadores sociales— acreditadas como facilitadoras institucionales, ya que en enero pasado se certificó a otras 23.

En su mensaje desde el auditorio del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), Torres López señaló que esta preparación contribuye a marcar el rumbo hacia una justicia más humana y cercana a la ciudadanía, pero, sobre todo, una justicia que transforma vidas.

---“El impacto de su labor serán familias que logran acuerdos en lugar de fracturas, comunidades fortalecidas y un Poder Judicial que no solo dicta sentencias, sino que transforma vidas día a día con cada una de sus decisiones”, puntualizó.

Asimismo, anunció que en junio próximo personal de las sedes judiciales de Tizimín, Tekax e Izamal se incorporará a esta capacitación para ampliar la red de facilitadores restaurativos en el territorio estatal.

Sostuvo que la Justicia Restaurativa representa un compromiso profundo con Yucatán en un mundo donde el conflicto parece ser la norma, “pero donde ustedes, como parte de nuestra institución, han elegido el camino de la reconciliación, la empatía y la reparación para mantener la paz y la armonía en nuestra sociedad”.

----“Así, estamos fortaleciendo nuestra capacidad ante el nuevo sistema de justicia civil y familiar, porque la Justicia Restaurativa ya es una realidad en el Poder Judicial de Yucatán”, finalizó.

La consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, explicó que de las 44 personas participantes que concluyeron esta capacitación especializada, 20 son juzgadoras de Primera Instancia en las materias civil y familiar de las sedes judiciales de Mérida, Umán y Kanasín.

Añadió que también participaron 19 especialistas en Psicología y cinco en Trabajo Social pertenecientes a la mencionada Unidad.

----“Con esta acreditación, las y los juzgadores quedan plenamente facultados para dirigir procesos restaurativos desde su función jurisdiccional, mientras que el personal de Psicología y Trabajo Social se acredita como especialista para auxiliar a la autoridad judicial”, remarcó la consejera.

Al evento asistieron las magistradas del Tribunal Superior de Justicia, Claudia Crisol Antonio Mayor; y del Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Leonor Estrella León, Landy Aimeé Pino Barrera y Mirka Sahuí Rivero, así como el magistrado Mauricio Cantón Dager.También estuvieron presentes las y los consejeros de la Judicatura Claudia Ileana Pedrera Irabién y Níger Pool Cab, además de la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Amelia Cetina Pinelo.

• La Fundación Yansa informó en un comunicado que impugnará vinculación a proceso contra defensores del territorio. 

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado informó que en audiencia pública celebrada en el juzgado de control de Progreso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se formuló imputación en contra del director de la Fundación Yansa, Sergio Oceransky Losana y los campesinos mayas Cecilio Cisneros Rivero y Guillermo Julián Yam Ek, por hechos relacionados con la probable comisión del delito de despojo de bien inmueble en el municipio de Ixil. 

La organización Santa María Chi señaló que “esto debería irse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por incompetencia intercultural de una jueza. “Tu Jueza Suemy Lizama que se vendió a los financiadores de la política e inmobiliarias y los ejidatarios ex comisarios ejidales y ex presidentes municipales , si quieren nombres en Ixil los podrán preguntar: Hugo Aguilar, ministro denle catedra a una juez que no conoce el territorio”.

Cabe señalar que los defensores de las tierras ejidales de Ixil fueron vinculados a proceso judicial por la juez Suemy Lizama Sánchez quien consideró que había datos de prueba suficientes para acreditar el delito de despojo de cosa inmueble, denunciado por las familias Millet Palomeque, Abimerhi Briceño y Millet Menéndez, interesadas en la disputa de más de 5 mil hectáreas de tierras en Ixil.

Los empresarios aducen que las tierras les pertenecen, sin embargo, representantes de la comunidad señalan que son tierras ancestrales que han trabajado durante generaciones. 

De acuerdo con los datos expuestos por la representación social, los hechos ocurrieron en diversas fechas entre los años 2022 y 2024, en predios que son propiedad privada, donde presuntamente se impidió el acceso y disfrute de determinados inmuebles a quienes acreditaron fehacientemente los derechos sobre los mismos.

De acuerdo con el Poder Judicial la autoridad judicial actuó en estricto apego a derecho, garantizando en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y la protección de la integridad y derechos de todas las personas involucradas.

Una vez escuchadas las partes, la Juez de Control determino conceder el término de cuatro meses para la investigación complementaria, la cual deberá cerrarse el próximo 11 de septiembre del 2026.

---“El Poder Judicial reitera que las resoluciones y actuaciones realizadas dentro de este procedimiento responden al cumplimiento de las leyes vigentes y a los principios que rigen el sistema de justicia.

Se hace énfasis en que toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por autoridad competente.”, señala el comunicado.

Comunicado de la Fundación Yansa A. C.

·La Fundación Yansa informó en un comunicado que impugnará vinculación a proceso contra defensores del territorio. 

---“Desde Fundación Yansa informamos que se impugnará la resolución emitida por la jueza de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez en el Juzgado de Progreso, en la audiencia celebrada el día de ayer mediante la cual fueron vinculadas a proceso tres personas defensoras del territorio de Ixil, entre ellas dos integrantes de la comunidad y el director de la Fundación.

Consideramos grave que durante la audiencia se criminalizara a personas defensoras por portar herramientas propias del trabajo del campo y que se utilizara el término “grupo de choque” para referirse a integrantes de la comunidad que defienden su territorio.

Asimismo, la resolución ignoró principios constitucionales y estándares nacionales e internacionales de protección a los pueblos indígenas. La jueza sostuvo que Ixil no contaba con reconocimiento como pueblo indígena maya al momento de los hechos, pasando por alto que la autodeterminación y la identidad de los pueblos indígenas, los cuales debían ser observados y garantizados durante el proceso.

Reiteramos que defender el territorio y acompañar a las comunidades en la protección de sus derechos no puede ser tratado como un delito”.

De acuerdo con los testigos el parricida estaba bajo los efectos del alcohol y drogas, se enojó y comenzó a discutir con su papá, S. Lázaro H.K. de 60 años, dentro de su casa.

El expediente de la causa penal 499/2025 detalla que los hechos se registraron la noche del 24 de agosto de 2025. El ahora sentenciado y la víctima se encontraban al interior de un predio ubicado en la citada localidad, cuando el individuo atacó a su padre, golpeándolo en la cabeza y en diversas partes del cuerpo con un madero, en repetidas ocasiones.

La agresión fue presenciada por una testigo, momento en el que el atacante intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue retenido por su propio hermano y otra persona, quienes lo entregaron a los elementos de la Policía Municipal. A consecuencia de las severas lesiones, la víctima perdió la vida a causa de un traumatismo craneoencefálico cuando se le prestaban los primeros auxilios rumbo a la clínica del IMSS en Motul.

Durante la audiencia celebrada ante la Juez Segundo de Control del Primer Distrito, con sede en Mérida, la autoridad judicial avaló los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación. Al contar con la anuencia de las partes para llevar a cabo el procedimiento abreviado, se dictó el fallo condenatorio.

Además de la pena privativa de la libertad por 25 años, se determinó el pago correspondiente a la reparación del daño a la parte denunciante, así como la suspensión de sus derechos políticos y la pérdida de todo derecho familiar respecto a la víctima.

Mediante un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales el embajador Ronald Johnson, destacó la colaboración existente entre la Unión Americana y la nación en términos de lucha contra la corrupción y el crimen.

----“La Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. 

“Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, escribió.

Remarcó que hay una estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para que los procesos judiciales iniciados en Nueva York se desarrollen conforme a derecho.

---“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos. 

“Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada”, finalizó.

• Gobierno mexicano dice que “se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer” la información.

Ciudad de México.- Al conirmar la petición de autoridades federales norteamericanas para detener al gobernador morenista de Sinaloa, Ruben Rocha Moya la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos. 

En un comunicado señaló que “de acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana. 

Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición. 

Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición. 

Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer”.

En un mensaje en redes sociales expresó:

---- “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”.

Cabe mencionar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, a quienes señala por presuntos delitos de tráfico de drogas y relacionados con armas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en territorio de ese país.

• Fiscal federal lo señala de proteger a "Los Chapitos"

Nueva York, EU.-- El Gobierno de Estados Unidos abrió una investigación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (morena), por los delitos de tráfico de drogas y conexos con armas.

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el Administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (“DEA”), Terrance C. Cole, incluyeron a otras ocho personas en la acusación, como el senador de Morena, Enrique Inzunza y Enrique Díaz, secretario de Finanzas, extitular de Finanzas de Sinaloa.

Junto a Rocha Moya fueron imputados:

Juan de Dios Gámez Mendívil, de 41 años, alcalde de Culiacán;

Enrique Inzunza Cazárez, de 53, senador y ex secretario General de Sinaloa;

Enrique Díaz Vega, de 50 años, ex secretario de Administración y Finanzas;

Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa, recibía presuntamente alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros de arrestos y filtrar información sobre operativos respaldados por EU.

Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, enfrenta cargos adicionales por el secuestro y muerte de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023. Según la acusación, ambas víctimas fueron torturadas y asesinadas por ser sospechosas de colaborar con esta investigación. Millán es el único acusado con pena mínima obligatoria de cadena perpetua.

Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, ambos ex jefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal; 

Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública;

José Antonio Dionisio Hipólito Tornado, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.

Las acusaciones contra Rocha

Sobre el gobernador de Sinaloa, se señala que “Rocha Moya fue elegido Gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde aproximadamente el 1 de noviembre de 2021, luego de que los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales.

A cambio, tanto antes como después de convertirse en Gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”.

----“Como Gobernador, Rocha Moya permitió que los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa. De igual manera, los demás acusados han ayudado directa y reiteradamente a los Chapitos a cambio de cuantiosos sobornos relacionados con el narcotráfico”.

Por ejemplo, Zaavedra, subprocurador general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha “recibido aproximadamente 11 mil dólares estadounidenses mensuales de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a miembros de la organización de ser arrestados y les ha informado sobre operaciones policiales planeadas con el apoyo de Estados Unidos”.

-----“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, se indicó.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.

“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

“El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole.

----“Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.

El Cártel de Sinaloa, según la acusación, es una de las organizaciones criminales más violentas del mundo y ha convertido al estado mexicano de Sinaloa en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial.

Al concluir el curso “Análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, dirigido a secretarios de Acuerdos y secretarios de Estudio de Cuenta de juzgados y del propio Tribunal, el magistrado subrayó que, a menos de 12 meses de la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento jurídico, resulta fundamental que los operadores del sistema de justicia cuenten con la capacitación necesaria y pleno conocimiento de los cambios que contempla.

Hernández Conde, integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar del TSJE, explicó que el nuevo marco normativo incorpora aspectos innovadores como la implementación del expediente electrónico, el fortalecimiento de la oralidad en los procedimientos civiles y nuevas reglas en la oralidad en materia de justicia familiar, ámbito en el que Yucatán ya cuenta con experiencia desde 2013.

----“Es de vital importancia que los operadores del sistema de justicia estén debidamente preparados. Este curso es solo uno de los muchos que se desarrollarán a lo largo del año, ya que se contemplan capacitaciones adicionales dirigidas a magistrados y demás personal jurisdiccional”, puntualizó.

Asimismo, destacó que una adecuada preparación de todo el personal —desde técnicos judiciales hasta jueces y magistrados— permitirá una mejor impartición de justicia y contribuirá al éxito en la aplicación del nuevo Código.

El CNPCyF representa un hito en la evolución del derecho procesal en México, al establecer por primera vez un marco normativo de alcance nacional que sustituye a los 32 códigos procesales locales. Este ordenamiento promueve un modelo procesal oral, el uso de herramientas digitales y tecnológicas, así como el fortalecimiento de la capacitación institucional. En Yucatán, se prevé que entre en operación plenamente en 2027.

El primer módulo del curso, con duración de cuatro horas, fue impartido por el magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, Michel Wabi Dorbercker, quien abordó la estructura general del Código y sus principios.

Los módulos restantes estuvieron a cargo de las y los especialistas Gloria María Ceballos Cruz, Lourdes Isabel Reyes Arce, Luis Alfonso Méndez Corcuera, Wilbert Vidal Pech, Jorge Rivero Evia, Paula Florentina Lugo Martín y Elsa Rivera Uc, quienes desarrollaron temas relacionados con justicia civil, justicia familiar, pruebas, juicios sucesorios, recursos, medidas cautelares y ejecución.

Con estas acciones, el Poder Judicial de Yucatán refrenda su compromiso con la capacitación continua y la modernización de sus procesos, con el objetivo de garantizar una impartición de justicia más eficiente, transparente y acorde con las nuevas exigencias del sistema jurídico nacional.

• Los actos ilegales en contra de dos menores denunciantes ocurrieron en diversas ocasiones entre los años 2019 y 2024 mientras eran alumnas de conocida academia de danza en Cordemex

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que formuló la imputación en contra del maestro de jazz y danza José Miguel L.L. ‘Miguelo’ por los delitos de violación, abuso y acoso sexual cometido en contra de dos menores, hechos por los que permanecerá en prisión preventiva.

De conocida familia en el fraccionamiento Revolución (Cordemex), Miguelo es acusado por dos mujeres. La primera por acoso sexual agravado, abuso sexual equiparado agravado y violación equiparada agravada. La segunda por abuso sexual equiparado agravado, en ambos casos cuando eran menores de edad. Otros casos, aseguran, se remontan hasta 2007.

De acuerdo con las querellas José Miguel abusó de las menores cuando era maestro de danza  en una conocida academia de danza en el norte de la ciudad; también se le atribuyen otros casos cuando era maestro de jazz en el centro cultural "Ricardo López Méndez" de Cordemex.

La información que consta en la causa penal 197/2026 señala que el acusado presuntamente habría cometido los actos ilegales en contra de las menores en diversas ocasiones entre los años 2019 y 2024, siendo que tenía acceso a las víctimas dado que era su profesor de danza en un estudio ubicado en la colonia Cordemex.

En la audiencia los fiscales de litigación argumentaron la vinculación, pero dicho trámite será resuelto en fecha próxima luego de que el implicado solicitó la duplicidad del tiempo para esa resolución.

Finalmente, como medida cautelar J.M.L.L. estará tras las rejas durante todo el tiempo que dure el proceso en su contra, al determinarse la prisión preventiva oficiosa.

Según el relato de una de las otras víctimas difundido en redes sociales, Miguelo la habría abusado cuando ésta tenía entre 10 y 11 años, actualmente tiene 25 años. Narra que los abusos ocurrieron en un motel en el 2007 y, bajo presiones, la obligó a tener relaciones sexuales. Conducta que se repitió en otras ocasiones pese a su negativa.

• El plan presentado por la Fiscalía General de la República impulsa un modelo basado en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención diferenciada de los casos.

Ciudad de México.- El gobernador Huacho Díaz Mena asistió a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia encabezada por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la Ciudad de México.

Díaz Mena refrendó la disposición del Gobierno de Yucatán de mantener una coordinación estrecha con la Federación en materia de procuración de justicia.

---“Asistimos a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, encabezada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando en coordinación con la Federación para fortalecer el sistema de justicia y mejorar la atención a la ciudadanía”, señaló.

Durante la presentación, la titular de la FGR explicó que este plan establece directrices para fortalecer el sistema de procuración de justicia en el país, con énfasis en el combate a delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión, la atención a la violencia de género y la desarticulación de células criminales.

Godoy Ramos señaló que la estrategia busca consolidar una institución más transparente, eficiente y confiable, orientada a erradicar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia. 

Añadió que el plan impulsa un cambio en la operación institucional, al pasar de esquemas reactivos a modelos sustentados en inteligencia, coordinación interinstitucional y atención diferenciada de los casos según su complejidad.

Ante ello, el Gobierno del Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando en coordinación con las instancias federales y estatales del sistema de justicia, para fortalecer las acciones encaminadas a garantizar a la ciudadanía una justicia pronta, imparcial y con enfoque humanista.

En el evento también estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Erika Beatriz Torres López; el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León; el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Gaspar Alemañy Ortiz; el representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez; y el delegado de la FGR en la entidad, Alejandro Ríos Covián Silveira.

El argumento es limitar las pensiones y jubilaciones para que no superen el 50% del salario del gobernador, argumentando que existen pensiones "doradas" o elevadas que insostenibles para el instituto.

El gobernador ha declarado que el sistema está en "quiebra" y ha señalado que el gobierno estatal no invertirá más recursos propios en el fondo de pensiones. 

Señaló que estas medidas son parte de un intento por salvar al instituto de la quiebra técnica, lo que ha generado intensos debates y protestas por parte de los derechohabientes del ISSSTEZAC, quienes buscan frenar estos recortes.

Sin embargo, esta medida fue fue ratificada por la Suprema Corte. El fallo no implica un ajuste generalizado ni automático para todas las personas pensionadas del país, pero sí establece un precedente relevante en materia de seguridad social y sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones estatales.

El Pleno de la SCJN avaló la constitucionalidad de la reforma al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Zacatecas, la cual reduce el aguinaldo de las personas pensionadas de 60 a 30 días.

De acuerdo con la Corte, esta modificación no viola el derecho humano a la seguridad social, ya que persigue un fin constitucionalmente válido: garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones y evitar su colapso presupuestal a largo plazo. Las y los ministros consideraron que la medida es razonable y proporcional dentro del nuevo esquema legal.

La Suprema Corte fue clara al establecer que la reducción del aguinaldo no puede aplicarse de manera retroactiva. Esto significa que:

Las personas que ya estaban pensionadas antes de la reforma mantienen intacto su derecho a un aguinaldo de 60 días.

La reducción a 30 días solo aplica para quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, por lo que los nuevos jubilados a partir de 2026 serán los directamente perjudicados por el recorte.

Con ello, el tribunal constitucional evitó afectar derechos adquiridos y brindó certeza jurídica a quienes ya forman parte del sistema de pensiones.

A partir de 2026, el aguinaldo para nuevos pensionados del ISSSTEZAC en Zacatecas se reducirá del 50%, pasando de 60 a 30 días de pago. Esta medida, avalada por la SCJN, busca la sostenibilidad financiera del instituto y no afecta a quienes ya estaban jubilados antes de la reforma de agosto 2024. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los elementos reunidos durante la indagatoria, mismos que confirmaron la responsabilidad penal del acusado en los hechos que obran en la causa penal 101/2025 y por los cuales fue sentenciado a la citada pena privativa de la libertad, además de una multa de 500 días.

Además de lo anterior, se solicitó el pago de la reparación del daño, se impuso una amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos y la prohibición de acercarse a la víctima, su familia y al lugar de los hechos una vez compurgada dicha sanción, por el término de tres años.

Los hechos juzgados ocurrieron el pasado 14 de febrero de 2025 cuando la menor afectada caminaba junto a su hermana también menor de edad, por calles de la colonia San Pedro Uxmal, cuando el arriba señalado ejecutó actos lascivos en contra de la primera, por lo que pidieron auxilio y el sujeto pudo ser detenido inmediatamente por elementos policiacos, procediendo a ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

• Simulaban deudas o alteraban los montos de deudas inicialmente contraídas, afectando gravemente a las víctimas, muchos de ellos adultos mayores.
• En Yucatán no vamos a permitir que se abuse de la confianza de las personas ni que se usen mecanismos legaloides de forma indebida para despojar a alguien de su patrimonio: Huacho

Mérida, Yucatán.- El gobernador Huacho Díaz Mena informó que la Fiscalía General del Estado ha integrado una carpeta de investigación e imputado a cinco personas detenidas acusadas de obtener firmas en blanco de las víctimas que posteriormente fueron utilizadas para elaborar pagarés falsos que simulaban deudas hasta de 450 mil pesos.

---“Estos documentos fueron usados para promover juicios mercantiles, logrando el embargo de bienes inmuebles propiedad de las víctimas. Derivado de estas acciones, los imputados han sido vinculados a proceso y de igual forma se ha tenido conocimiento de señalamientos públicos realizados por la ciudadanía, en la que refieren posibles esquemas de préstamos informales mediante la firma de documentos en blanco con el uso de pagarés que habrían generado adeudos desproporcionados, señaló durante su Lunes Live en Facebook.

Dijo que estos casos se tuvieron conocimiento durante los Diálogos con el Pueblo donde llega mucha gente quejándose de que por algún fraude, falsificación de su firma en un pagaré o falsificación de un pagaré, les están quitando su predio, su vivienda, algún predio de su propiedad.

Aseveró que estos resultados derivan de investigaciones entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que han permitido detectar esquemas delictivos en los que se utilizan documentos apócrifos para simular deudas inexistentes o alterar los montos de deudas inicialmente contraídas, afectando gravemente a las víctimas, muchos de ellos adultos mayores.

---“Reiteramos: toda denuncia será atendida y no se permitirá que ninguna persona quede en estado de indefensión.

Hizo un llamado a todas y a todos a actuar con responsabilidad al momento de firmar cualquier documento, en especial pagarés. A esos que pasan vendiendo productos por abonos y te piden una firma que luego se la venden a este tipo de abogados que hacen estos fraudes antes de firmar lean el contenido, verifiquen que las condiciones plasmadas coincidan con la realidad.

Nunca firmen hojas en blanco. Bajo ninguna circunstancia, verifiquen plenamente la identidad de la persona con la que están celebrando el acuerdo. Si firman como deudor o como aval, tengan presente que ustedes van a asumir la deuda. Es una obligación legal que posteriormente les pueden exigir y comprometer su patrimonio, no acepten condiciones poco claras o montos que no correspondan a lo realmente recibido.

Eviten firmar bajo presión o sin comprender lo que firma y en caso de duda acérquense a las autoridades. En Yucatán la seguridad jurídica y la protección al patrimonio de las familias es una prioridad. Con prevención, información y denuncia correspondiente, vamos a seguir trabajando con la Fiscalía del Estado y en la coordinación que tenemos con el Poder Judicial para que la justicia prevalezca y a estas personas, en especial adultos mayores, a quienes han despojado de sus bienes, los puedan recuperar, finalizó.

• El exprofesor fue encontrado culpable del delito de violación equiparada agravada en contra de una adolescente, hechos ocurridos mientras impartía clases en una secundaria de la Ciudad de México

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Omar Vázquez Sánchez, un exservidor público del sector educativo, quien ejecutó actos sexuales en agravio de una adolescente.

El exprofesor impartía clases en la Secundaria Técnica 45 "Ignacio Manuel Altamirano" ubicada en la Colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México. El exdocente abusó de una adolescente en al menos cinco ocasiones en la Ciudad de México

En septiembre de 2015, se inició la averiguación y se llevó a cabo el proceso penal por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), en el que se acreditó la responsabilidad penal de Omar en el delito de violación equiparada agravada, cometido en cinco ocasiones, durante el ejercicio de su encargo como servidor público.

El monto de la reparación del daño se determinará en la etapa de ejecución de sentencia

En la sede judicial de este municipio costero, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, encabezó esta actividad acompañada de servidores públicos de las áreas jurídica, atención a grupos vulnerables, violencia de género, orientación psicológica y del Tribunal de Disciplina Judicial.

Durante la jornada, los ciudadanos pudieron expresar de manera directa sus diversas inquietudes relacionadas con asesorías  y servicios institucionales, evitando con esta estrategia traslados hasta la capital del estado, lo que representó un ahorro significativo en tiempo y recursos.

A esta iniciativa se sumaron la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y el Instituto de Defensa Pública del Estado, fortaleciendo el trabajo coordinado con el Poder Ejecutivo en beneficio de la ciudadanía.

En esta jornada de participación ciudadana estuvo presente el Tribunal de Disciplina Judicial, representado por la Magistrada Landy Aimeé Pino Barrera, así como de los titulares del CEEAV, Celia Maldonado Llanes y del Instituto de Defensa Pública, Christian Rolando Hurtado Can.

La Magistrada Presidenta destacó que este esquema tiene como objetivo principal escuchar y orientar a la ciudadanía, lo que permitirá una mejora continua en la atención y servicios judiciales.

“En Progreso es la segunda edición que llevamos a cabo; la primera fue en Mérida, y estaremos replicando este esquema de manera continua y permanente tanto en la capital como en las distintas sedes y departamentos judiciales del estado, las fechas y lugares se comunican oportunamente mediante las redes sociales del Poder Judicial de Yucatán”, señaló.

Asimismo, subrayó que la participación de la CEEAV y del Instituto de Defensa Pública reafirma la colaboración institucional para brindar una atención integral y cercana a la ciudadanía.

Al concluir la jornada, la magistrada presidenta, junto con las autoridades participantes, realizó el corte inaugural de las nuevas oficinas de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que ahora cuenta con un espacio dentro de la sede judicial de Progreso, fortaleciendo así la atención a personas en situación de vulnerabilidad en la región.

• La mujer proporcionó hasta cuatro domicilios, por lo que ante la posibilidad de huir permanecerá recluida en prisión

Mérida, Yucatán.- Después de ser revisados los datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue vinculada a proceso Stephanny O.L. por el delito de fraude específico, tras presuntamente vender una camioneta de la cual no tenía la posesión legal, por lo que permanecerá en prisión como medida cautelar.

(El gobernador Huacho Díaz Mena informó la noche del lunes 9 de marzo, a través de su Lunes de Live, la detención de una segunda implicada en el fraude de vehículos mediante Facebook Marketplace en Mérida, como parte de las investigaciones a decenas de defraudados mediante este esquema.

De acuerdo con la información, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a Stephanny Oramas Lara, de 37 años, originaria de la Ciudad de México, presunta cómplice de Llany Nery Ayala Pacheco, de 35 años, originaria de Dzilam González, Yucatán, en cumplimiento de dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de confianza y fraude agravado.

La hoy detenida, quien cuenta con diversos domicilios registrados en fraccionamientos como Los Pinos, Francisco de Montejo, Los Héroes y Jardines de Oriente, fue presentada ante un juez quien, debido al riesgo de evasión y la pluralidad de domicilios, la representación social busca que se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva).

Al reanudarse la audiencia ante la Juez Primera de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la autoridad judicial consideró suficientemente probatorios los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación, por lo que dictó el citado auto de vinculación a proceso en los términos solicitados por esta representación social, otorgando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que, durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación lograron establecer que la imputada ofreció intercambiar una camioneta que tenía en su posesión por el auto compacto del querellante, lo cual realizaron el 8 de enero del 2025.  Pero cuando la víctima intentó vender la camioneta, ésta le fue retenida, lo que le ocasionó un perjuicio económico, tal como consta en la carpeta de investigación de la causa penal 338/2025.

Finalmente, antes de concluir la diligencia, se les recordó a las partes que continuará vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la acusada permanecerá privada de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, puso en marcha el curso “Análisis del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, dirigido a secretarios de Acuerdos y secretarios de Estudio de Cuenta, tanto de los juzgados como del propio Tribunal. La capacitación se llevará a cabo durante marzo y abril.

Cabe recordar que el CNPCyF representa un hito en la evolución del derecho procesal mexicano, ya que por primera vez establece un marco normativo de alcance nacional al sustituir a los 32 códigos procesales locales. Este ordenamiento introduce un modelo procesal oral y promueve el uso de herramientas digitales y tecnológicas como ejes del sistema, además de poner especial énfasis en la capacitación institucional. En Yucatán, el código deberá entrar plenamente en operación en 2027.

El primer módulo del curso, con duración de cuatro horas, fue impartido por el magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región en el estado, perteneciente al Poder Judicial Federal, Michel Wabi Dorbercker, quien abordó la estructura general del código y sus principios.

Los módulos restantes estarán a cargo de la licenciada Gloria María Ceballos Cruz, la maestra Lourdes Isabel Reyes Arce, el doctor Luis Alfonso Méndez Corcuera, el licenciado Wilbert Vidal Pech, el doctor Jorge Rivero Evia, la licenciada Paula Florentina Lugo Martín y la doctora Elsa Rivera Uc, quienes expondrán temas relacionados con justicia civil, justicia familiar, pruebas, juicios sucesorios, recursos, medidas cautelares y ejecución.

Durante el inicio del curso, Torres López subrayó que la implementación del código nacional no implica únicamente la sustitución de normas procesales, sino que representa un cambio profundo en la cultura jurídica, en las prácticas de trabajo y en la manera de comprender la función jurisdiccional.

En presencia de las magistradas Sofía Cámara Gamboa y Carolina Muñoz Gasca, así como del magistrado Alán Hernández Conde, la magistrada presidenta señaló que la aplicación del nuevo código deberá realizarse no solo desde una perspectiva formal, sino en armonía con los estándares constitucionales y convencionales, incluyendo los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y los criterios interpretativos desarrollados por los tribunales.

Asimismo, destacó la importancia de considerar los precedentes locales relevantes, pues la transición hacia este nuevo modelo procesal deberá dialogar con la experiencia jurisdiccional que ya se ha construido en el estado.

----“En el Poder Judicial estamos convencidos de que espacios como éste fortalecen nuestra capacidad institucional para enfrentar los cambios que exige el sistema de justicia. La profesionalización permanente no solo eleva la calidad de nuestras resoluciones, sino que también fortalece la confianza de la sociedad en sus instituciones”, concluyó.

Al inicio del curso también asistieron el consejero presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Níger Pool Cab, y el director de la Escuela Judicial, magistrado en retiro Jorge Eden Wynter García.