• La empresa de Ricardo Salinas Pliego calificó a la Corte como “espuria” y anunció que llevará su defensa a instancias nacionales e internacionales.

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias que obligan a TV Azteca y Grupo Elektra, empresas de Ricardo Salinas Pliego, a pagar más de 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por siete créditos fiscales.

El fallo del Pleno determinó que los amparos de las compañías no debieron admitirse, por lo que se mantienen las resoluciones del SAT sobre adeudos de ISR, recargos y multas de los ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tras la decisión, Grupo Salinas calificó el día como “negro para la justicia en México”, acusando que la Corte actuó “por consigna” y anunció que seguirá la batalla en tribunales nacionales e internacionales.

En un comunicado el conglomerado afirmó que los ministros actuaron en línea con los intereses del Gobierno de la Cuarta Transformación. “Obedecieron al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos” y denunció “acoso”.

Grupo Salinas sostuvo que el litigio que la Corte rechazó es “el más relevante de la historia reciente del país”, al involucrar más de 12 años de procesos judiciales y un supuesto “hostigamiento administrativo permanente”.

En uno de sus señalamientos más fuertes, la empresa afirma que el fallo confirma a la Corte como “una oficina al servicio del poder político y no de la justicia”.

En un comunicado, la empresa de Ricardo Salinas, señaló que “hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del Gobierno de México.

El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político.

Pero que quede claro: seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos. 

Aquí estamos y aquí vamos a seguir por muchos años más.”, aseguró.

El documento oficial:

¡ESTO NO TERMINA AQUÍ! FRENTE A UNA CORTE ESPURIA QUE VIOLA DERECHOS HUMANOS, SEGUIREMOS DEFENDIENDO NUESTRAS CAUSAS ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2025.- Como ya lo habíamos anticipado, el día de hoy los ministros de la espuria Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestaron el golpe fulminante a la justicia y al Estado de Derecho en nuestro país.

En una decisión abiertamente violatoria de nuestros derechos humanos, desecharon todos los argumentos de Grupo Salinas, obedeciendo al pie de la letra las instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal para servir a sus intereses, y renunciando a su deber constitucional y moral de defender a los ciudadanos. Así, la ilegítima Corte se confirma como una oficina al servicio del poder político y no de la justicia.

Los ministros del acordeón omitieron deliberadamente analizar el fondo jurídico y considerar el evidente acoso político en nuestra contra; y desecharon el litigio público más relevante de la historia reciente del país: más de doce años de procesos judiciales; 285 menciones en contra nuestra en las conferencias matutinas de López Obrador y Sheinbaum; campañas millonarias de desprestigio, hostigamiento administrativo permanente y un violento linchamiento mediático contra nuestro presidente fundador, Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Entre este grupo de ministros ilegítimos, no hubo un solo cuestionamiento al guion enviado desde Palacio Nacional, confirmando con ello su plena sumisión a quienes los llevaron a la Corte. Es tanto su descaro que ni siquiera abordaron el evidente sesgo dogmático y la dolosa falta de imparcialidad de ministras como Lenia Batres y María Estela Ríos, tripuladas por su resentimiento personal y prejuicio hacia el señor Salinas Pliego.

Todo esto no es casualidad; lo advertimos hace mucho tiempo: los ministros que tomaron estas decisiones fueron impuestos mediante una reforma judicial autoritaria, cuya farsa electoral —en la que votaron menos del 8 por ciento de los mexicanos— fue diseñada y orquestada por MORENA y el Ejecutivo Federal para eliminar contrapesos, destruir la democracia y controlar por completo al Estado mexicano. Finalmente lo lograron.

Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obliga a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos, exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, y exhibiendo ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación.

De igual forma, seguimos esperando la respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nuestras solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales. Su silencio administrativo y dilación de nuestros procesos solo confirma la consigna y motivación política por parte del gobierno federal.

Las consecuencias de estas resoluciones van mucho más allá de Grupo Salinas y sus empresas. Con ellas, la Corte espuria ha legitimado la violación de derechos humanos básicos de ciudadanos, trabajadores y empresas, avalando cobros dobles inconstitucionales e inmorales sin garantía alguna ni defensa real.

Con ello, se sienta un precedente profundamente preocupante y envía una señal peligrosa para las inversiones en México: hoy las reglas pueden cambiar según a quién se apliquen. Es una señal de alerta para la generación de empleo y la confianza empresarial, que son los verdaderos motores de la prosperidad de nuestro país.

Ya lo hemos dicho antes y hoy lo repetimos: en Grupo Salinas SIEMPRE hemos estado dispuestos a pagar lo que es justo y correcto, pero no cederemos a extorsiones abusivas e ilegales. Por nuestros más de 180 mil colaboradores y millones de clientes, mantenemos la convicción de defender el fruto de nuestro trabajo y la libertad de expresión de todos los mexicanos.

No nos van a doblegar ni a callar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, finaliza el texto.

Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales necesarias para obtener el fallo condenatorio y sentenciar al acusado, quien de acuerdo al Tribunal Unitario 4 de Enjuiciamiento, además deberá otorgar una disculpa pública, recibirá una amonestación, le fueron suspendidos sus derechos políticos, no podrá acercarse a la víctima de manera permanente y deberá participar en programas educativos sobre los derechos de las mujeres.

Por concepto de la reparación del daño cometido en el año 2020, D.Z.R. deberá cubrir la cantidad de 37 mil 966.56 pesos; por los delitos contra la imagen personal (2) registrados en el año 2021 el monto es por 78 mil, 327.88 pesos; por la reparación del daño moral y emergente la cantidad es de 60 mil pesos; por el daño material, 70 mil 759 pesos y por los perjuicios 83 mil 450.85 pesos.

Cabe recordar que, durante la etapa inicial el caso fue desahogado ante el Juzgado Segundo de Control bajo la causa penal 396/2023, donde se estableció que los hechos ocurrieron entre finales del año 2020 y principios del 2021, cuando el sentenciado divulgó, distribuyó y publicó imágenes y videos íntimos que se grabaron mientras ambos sostuvieron una relación sentimental.

Mérida, Yucatán.- Tras un procedimiento abreviado y la aportación de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), J.M.C.R. fue encontrado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada cometido contra una menor de edad, por lo que fue sentenciado a la pena de 14 años de prisión.

Los hechos que generaron esta denuncia que consta en la causa penal 410/2023 tuvieron lugar cuando el ahora culpable, quien sostenía una relación con la madre de la víctima de seis años, ingresó al cuarto de la menor, donde la agredió sexualmente.

Tras la anuencia de las partes, la autoridad judicial determinó la culpabilidad del indiciado por su participación en los hechos referidos y además de la pena privativa de libertad le impuso el pago de 350 días multa, así como $8,000 por concepto de reparación del daño moral.

De igual forma, fue amonestado públicamente, se le suspendieron sus derechos políticos y se le prohíbe acercarse a la víctima.

Mérida, Yucatán.- En un procedimiento de juicio abreviado, J.I.C.C. fue declarado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual equiparado (2) y violación equiparada y sentenciado a 33 años, 11 meses y 29 días de prisión por los hechos ocurridos en el fraccionamiento Prado Norte de la capital yucateca.

Los hechos ocurrieron en una escuela secundaria, donde el sujeto ejecutó actos lascivos sin el propósito de llegar a la cópula, acto que finalmente consumó en ocasiones posteriores en la persona de una adolescente de 13 años.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas suficientes para que la Juez de Control dictara además de la pena privativa de la libertad, una multa equivalente a 4,199 UMA’s, una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos.

Una vez compurgada la sentencia, J.I.C.C. tiene prohibido acercarse a la víctima y a su domicilio por un lapso de tres años, al salir libre.

Los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 447/2024 establecieron que, en los meses de abril y mayo del año 2023, el sentenciado ejecutó actos lascivos en agravio de la víctima menor de edad, siendo en la segunda fecha cuando tuvo cópula vía oral con la adolescente.

Por último, se dispensó la lectura y explicación de sentencia, por lo que quedaron en firme las penas mencionadas.

• Detenidos en Valladolid los abogados del caso, Jorge Antonio “N”, de 52 años; José Francisco “N”, de 28, y Lorena “N”, de 39, acusados de narcomenudeo

Mérida, Yucatán.- El conductor de una camioneta de lujo, Víctor Manuel R. B., de 20 años, acusado de ser responsable de un hecho de tránsito en el puente de Altabrisa donde falleció una pareja que viajaba en motocicleta, Ángel de Jesús Méndez Kú, de 18 años, y Fabiola Che Yah, de 21 años, y un feto de cuatro meses, salió este sábado por un amparo contra la prisión preventiva que obsequió el juez federal del Quinto Distrito, Julio Guillermo Artiachi Vásquez que hizo efectivo la jueza Silvia Pamela Cetina Bautista.

Con esta decisión el imputado salió de prisión con un brazalete electrónico, además de otras medidas cautelares, como acudir a firmar cada 15 días, para continuar su proceso fuera del penal.

Los familiares de las víctimas manifestaron su inconformidad, señalando presuntas irregularidades en el proceso.

El responsable intentó huir del sitio, pero testigos lo persiguieron y lo obligaron a volver. 

El padre de Ángel indicó que ayer las seis de la tarde fue informado de la audiencia de este sábado. El abogado del caso, Jorge Méndez Mex, tío de la víctima y nombrado como asesor legal. fue detenido por la policía estatal cuando viajaba para presentarse a la audiencia. Su coche quedó abandonado en la carretera. Señaló que las autoridades policíacas los acusaron de llevar drogas. Hoy también, pero más tarde, interpuso una demanda por secuestro. No pudo llegar a la audiencia.

Víctor es hijo de Víctor Manuel R.R., quien fungió como director de Servilimpia y operador político del exalcalde Renán Barrera Concha y del exgobernador Mauricio Vila Dosal.

Su madre, Mariana B.D., es contralora y encargada de las finanzas del Ayuntamiento de Progreso, que encabeza el panista Erik Rihani González.

Confirman detención de Jorge y Lorena

Al respecto, la SSP Yucatán comunicó que de acuerdo con investigaciones realizadas de manera conjunta por fuerzas estatales y federales relacionadas con el delito de narcomenudeo, han resultado en la detención de seis personas, tres de ellas esta madrugada en el municipio de Valladolid.

Jorge Antonio “N”, de 52 años; José Francisco “N”, de 28, y Lorena “N”, de 39, estaban a bordo de un automóvil habilitado como taxi. Tenían como destino Mérida.

Se les puso a disposición de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El pasado día 19, derivado de una denuncia anónima, efectivos del Ejército, Marina, Guardia Nacional, así como elementos de la Policía Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y la FGE realizaron un cateo en un predio del fraccionamiento Orquídeas, de Valladolid.

En ese lugar se aseguró cannabis.

Además, como parte de las pesquisas se han asegurado dos vehículos más habilitados como taxi y una camioneta tipo estaquitas.

La investigación continúa abierta por lo cual no es posible por el momento hacer pública más información acerca de estos hechos de los cuales se ha detenido a seis personas.

• Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que se ordenó su ingreso al Centro de Reinserción Social de Mérida.

Mérida, Yucatán.- Acusado del delito de crueldad animal por la agresión a la perrita Sicilia, Ferdinando L:E (Ferdy), presidente de la Asociación de Tiro Deportivo de Yucatán, fue imputado y vinculado a proceso en la misma audiencia, tras los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que permanecerá en prisión preventiva.

El delito está previsto y sancionado con pena privativa de libertad por los artículos 406, 407 párrafo primero fracciones II y IV y 408 párrafo segundo, todos del Código Penal del Estado de Yucatán.

Los hechos que originaron la denuncia contra el hoy detenido se desprenden luego de ser señalado como la persona que habría herido a un perro hembra de raza Ganadero Australiano, lesionada con un arma de perdigones, ocasionándole diversas heridas.

Horas más tarde el can fue encontrado por vecinos dentro de un contenedor en la colonia Plan de Ayala Norte, quienes reportaron el hecho ante las autoridades correspondientes.

En la misma audiencia, los fiscales de litigación argumentaron y obtuvieron la vinculación a proceso por el delito solicitado, así como un periodo de cuatro meses para la realización de la investigación complementaria.

Posteriormente solicitó se dicte auto de vinculación a proceso en su contra, y por cuanto el imputado solicitó se resuelva su situación jurídica en la propia audiencia, previo debate entre las partes, se dictó en su contra auto de vinculación a proceso, por el delito de crueldad animal agravado.

En la propia audiencia previo debate entre las partes, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que se ordenó su ingreso al Centro de Reinserción Social de Mérida.

Asimismo, se otorgó para la investigación complementaria, el plazo de 4 meses, que inicia el día 25 de octubre de 2025 y fenecerá el 24 de febrero de 2026.

Finalmente, la autoridad judicial determinó que el acusado deberá permanecer privado de su libertad al determinarse la medida cautelar de prisión preventiva, la cual estará vigente durante todo el tiempo que dure el proceso en su contra.

En respuesta al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Huacho Díaz Mena, los trabajadores del Poder Judicial recolectaron durante una semana alimentos enlatados, agua, leche, galletas, sopas, café, sal, azúcar, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para bebés y adultos, así como pasta dental, cloro, toallas húmedas, entre otros artículos.

---“Con el compromiso de apoyar a la comunidad, el Poder Judicial de Yucatán, entregó víveres a las personas y familias afectadas tras las recientes inundaciones, reafirmando su solidaridad y compromiso social”, indicó Torres López en la cuenta oficial del PJ.

Acompañada de los magistrados Hernán Vega Burgos, Alberto Salum Ventre y Mauricio Tappan Silveira, así como del director de la Unidad de Administración, Luis Felipe Góngora Medina, supervisó el traslado de los víveres que fueron reunidos por los servidores públicos judiciales al Centro de Acopio que se habilitó en las instalaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Yucatán), desde donde se enviará hasta los lugares en los que se necesitan.

La anciana sufrió heridas graves en brazos y piernas, y fue trasladada de urgencia a un hospital. La agresión ocurrió mientras limpiaba un terreno, y sus gritos alertaron a los vecinos que la auxiliaron. Las autoridades detuvieron a la propietaria junto con dos de los perros.

La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos y elementos de prueba suficientemente probatorios para que la Juez Tercera de Control dictara el citado auto de vinculación a proceso por los hechos registrados en febrero del presente año, mismos que provocaron la muerte de la ciudadana María Victoria después de permanecer un mes hospitalizada tras las lesiones causadas por los perros.

Cabe recordar que, de acuerdo con la información reunida en la causa penal 26/2025, el pasado 16 de febrero del presente año, en horas de la mañana la víctima transitaba por un camino de terracería en la comisaría mencionada, cuando la imputada presuntamente abrió la puerta de su domicilio de donde salieron dos perros.

De acuerdo con la indagatoria realizada por los especialistas de la FGE, los dos caninos al salir sin ningún mecanismo de control como correa o bozal, atacaron en conjunto a la mujer de 71 años, quien resultó con diversas lesiones, que a la postre le causaron la muerte a consecuencia de una sepsis generalizada, tal como dictaminaron peritos del Servicio Médico Forense de la Fiscalía estatal.

Antes de concluir la diligencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Progreso, la Juez de Control otorgó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria y subsisten las medidas cautelares impuestas a la encausada, quien debe acudir a firmar periódicamente y tiene prohibido salir del Estado.

El presidente de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo A.C (AYTIDE) y representante de la Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. (FEMETI) en Yucatán, señalado como presunto responsable de agredir a la perrita Sicilia, fue detenido en Ciudad del Carmen la tarde del jueves.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, como resultado de una investigación coordinada y del trabajo conjunto con autoridades del estado de Campeche, se logró la detención del dirigente 

Fuentes allegadas a proceso indicaron que Ferdinando tramitó su amparo ante la autoridad federal para que no sea privado de su libertad durante el proceso judicial que se sigue en su contra, el cual le fue concedido al tratarse de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Ese amparo fue recibido en el Juzgado Primero de Control, a cargo de la jueza María Isabel Mex Tzab, en el que esta persona fue puesta a disposición por la Policía Estatal de Investigación, y durante audiencia se le dejó en inmediata libertad para no vulnerar la suspensión provisional otorgada en contra del acto reclamado.

No obstante, se determinó fijar audiencia para la tarde de este viernes y continuar con el proceso. 

Espinoza Salas, exhibida en La Mañanera

Cabe recordar que, en agosto de 2024, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, exhibieron a la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, jueza tercera de distrito en Quintana Roo, responsable de otorgar el amparo indirecto 865/2023 al ex mandatario poblano Mario Martín Torres.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública dijo que la jueza tercera de Distrito en el Estado de Quintana Roo, Espinoza Salas, le otorgó un amparo, liberado el 5 de agosto, para dejar sin efecto una sentencia dictada en 2023 con el que se declaró infundada la petición de modificar la prisión preventiva en su contra.

También Angélica Ortuño Suárez, jueza segunda de distrito, quien ordenó la inmediata liberación del “gober precioso”, el cambio de medidas cautelares con la portación de un brazalete electrónico y arraigo domiciliario.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, indicó lo anterior durante una sección en la que se presentaron casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes.

Mario Marín fue liberado el pasado 14 de agosto del Altiplano, durante a su domicilio en Xilotzingo, fue custodiado por la Guardia Nacional.

• Ambas instituciones cumplieron con su deber legal de investigar, integrar la carpeta correspondiente y ejecutar la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial: SSP y FGE
• La SSP y la FGE expresan su firme convicción de que los actos de maltrato y crueldad hacia los animales deben recibir la sanción que la ley establece, señalan en comunicado

Mérida, Yucatán.- El presidente de la Asociación Yucateca de Tiro Deportivo A.C (AYTIDE) y representante de la Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. (FEMETI) en Yucatán, señalado como presunto responsable de agredir a la perrita Sicilia fue detenido en Ciudad del Carmen y liberado por decisión judicial.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que, como resultado de una investigación coordinada y del trabajo conjunto con autoridades del estado de Campeche, se logró la detención de Ferdinando Leal Echartea en Ciudad de Caren ayer jueves aproximadamente a las tres de la tarde.

El dirigente deportivo, de acuerdo con la denuncia de la Unidad de Protección Animal, está acusado del delito de crueldad animal agravada.

---“Ambas instituciones cumplieron con su deber legal de investigar, integrar la carpeta correspondiente y ejecutar la orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial, actuando con estricto apego a derecho y profesionalismo en cada etapa del proceso”, señalan en comunicado.

“La SSP y la FGE expresan su firme convicción de que los actos de maltrato y crueldad hacia los animales deben recibir la sanción que la ley establece. La sociedad demanda y merece una justicia que refleje su compromiso con la protección de todos los seres vivos.

Las instituciones agradecen la labor de los equipos operativos, de investigación e inteligencia de Yucatán y Campeche, quienes actuaron con responsabilidad, coordinación y compromiso para lograr la detención del imputado”, indica el comunicado.

• En la propuesta también se considera para el año venidero un aumento salarial del 3% para toda la amplia base trabajadora del Poder Judicial,

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado ejercería el próximo año un presupuesto de 1,102 millones 580 mil pesos, que representa un incremento del 3% con respecto a 2025 y el cual, en su mayoría, estará destinado para fortalecer la atención en la primera instancia, que es donde se ofrecen servicios de impartición de justicia a los ciudadanos.

El proyecto de presupuesto 2026 fue aprobado por unanimidad en los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos cuerpos colegiados presididos por la magistrada Erika Torres López, y fue enviado, de acuerdo con lo que establece la ley, al Ejecutivo del Estado para que éste lo incluya dentro presupuesto de egresos del Gobierno del Estado que remitirá al Congreso local para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

La propuesta también considera para el año venidero un aumento salarial del 3% para toda la amplia base trabajadora del Poder Judicial, lo cual es resultado de los acuerdos alcanzados dentro de la Comisión Mixta de Condiciones Generales de Trabajo del Poder Judicial del Estado en conjunto con el Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado (SUTPAMPJY), reconocido por la ley laboral como el sindicato mayoritario.

En los 1,102 millones 580 mil pesos de egresos para 2026 están considerados todos los órganos de impartición de justicia que conforman el Poder Judicial del Estado. 

Al respecto, Torres López señaló que el presupuesto del Poder Judicial para el año venidero fue elaborado considerando la situación económica actual y enfocado en fortalecer la atención de la ciudadanía en la primera instancia, así como mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, quienes a diario hacen un gran esfuerzo. 

En ese sentido, la magistrada presidenta recordó que desde el inicio de su administración el pasado 1 de septiembre se puso en marcha un plan de reingeniería administrativa que busca generar los ahorros suficientes para cumplir con el principal objetivo de esta institución, la impartición de justicia ágil y humana.

El resultado se dictaminó luego de que la Juez Tercero de Control, evaluó los documentos de prueba expuestos por los fiscales de litigación, que comprueban la participación del imputado en los hechos.

En la carpeta se señala que el 11 de enero de 2025, el ya señalado se quedó a solas con el menor en un predio ubicado en el referido puerto y cometió el ilícito.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas en un predio ubicado en la calle 34 con 19, donde el sujeto habría aprovechado una situación de vulnerabilidad para agredir sexualmente al menor.

La carpeta de investigación señala que, a base de engaños, logró atraer a dos menores, sin embargo, uno de ellos habría sido el atacado, pero al no dejarse, logró escapar y junto con él, su hermanito, que habría sido el segundo menor que fue engañado.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar y lograron detener al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Tras el acuerdo entre las partes involucradas se dio paso a la audiencia de juicio abreviado conforme a los hechos contenidos en la causa penal 9/2025, otorgándose la pena de prisión antes citada, además de dispensarse la audiencia de lectura y explicación de sentencia, quedando en firme la pena señalada.

Durante el proceso se estableció que los hechos ocurrieron cuando el ahora culpable se encontraba en calles de la colonia Despertares Kanasín, cuando sorprendió a su víctima al ingresar a un predio, tomándola por la espalda y realizando actos lascivos en su contra, como consta en la causa penal 82/2022.

La denuncia señala que el día 28 de mayo del 2022, el imputado se encontraba a puertas de un predio de la citada colonia, al que ingresó y tras tomar de la espalda a la víctima, la acarició de forma lasciva.

Después de tal hecho, salió e intentó darse a la fuga, pero la oportuna llamada al número de emergencia hizo llegar a agentes policíacos que lograron su detención.

Además de la pena privativa de libertad, el implicado deberá pagar un total de 850 días multa, así como la cantidad de 50 mil pesos como reparación del daño moral, así como se ordenó que se le inscriba al acusado al registro de personas que cometen delitos contra mujeres.

Conforme a la causa penal 342/2025, los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de junio del presente año en el predio antes señalado, donde teniendo el imputado un cuchillo, se lo clavó en el tórax a su madre, ocasionándole la muerte por traumatismo torácico secundario a herida por objeto punzocortante y siendo detenido en el mismo sitio por elementos policíacos.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito con sede en Mérida, el Juez valoró los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación, los cuales fueron suficientes para que se decretara el auto de vinculación a proceso en los términos instados, además de otorgar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el proceso.

Mérida, Yucatán.- La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los documentos de prueba suficientes para que Diego Alonso M.D., representante de la empresa Banquetes y Eventos Piña fuera vinculado a proceso por el delito de fraude específico, tras haber engañado a más de 300 estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).

De acuerdo con la causa penal 503/2025 en septiembre de 2024 el acusado se reunió con los querellantes, a quienes, a través de la firma de un supuesto convenio, les hizo creer que se haría cargo de la organización del evento que se llevaría a cabo el 21 junio del presente año en un local ubicado en la carretera Cholul-Santa Maria Chi.

Diego Alonso estableció un costo total de $260,000.00 pesos, siendo que en ese momento los agraviados le entregaron un anticipo de $28,600.00 pesos.

Posteriormente, mediante una representante de dicho grupo, se realizaron diversos abonos firmando los recibos correspondientes, hasta que el 13 de junio se aplicó el último pago, liquidando un total de $276,250.00 pesos debido a que se agregaron más invitados.

Sin embargo, el día del evento los querellantes se enteraron que el local se encontraba cerrado debido a que el imputado no efectuó las gestiones ni el pago del lugar y tampoco devolvió el dinero que le fue entregado.

Posteriormente los alumnos acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), delegación número 35 en la zona Cordemex, para realizar una conciliación donde el acusado propuso devolver el dinero en un plazo de año y medio con la condición que los estudiantes retiren la denuncia en su contra, lo cual fue rechazado por los afectados.

Por lo anterior, la autoridad judicial decretó la citada vinculación a proceso a petición de esta representación social y otorgó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria; además, ratificó las medidas cautelares antes establecidas que ordenan al acusado el sometimiento a vigilancia por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares, la firma periódica y la prohibición de salir del Estado, así como la prohibición de acercarse a las víctimas por todo el tiempo que dure el proceso.

De igual manera, como parte de su condena, el ahora culpable deberá cumplir con el pago de $2,177, 914.20 pesos por concepto de reparación del daño y una multa de 1125 UMA, así como la amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en marzo de 2024 al interior de un predio de la colonia Cuauhtémoc de Kanasín, donde el acusado estranguló a su pareja sentimental, provocando que ésta perdiera la vida por asfixia mecánica, tal como lo dictaminó el equipo del Servicio Médico Forense.

La necropsia determinó que el deceso de la mujer fue por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Por último, se fijó el próximo 29 de septiembre como fecha para la audiencia de lectura y explicación de sentencia.

Después de ser valoradas las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento otorgó el fallo condenatorio.

Cabe recordar que, tras interponerse la denuncia, los fiscales de litigación iniciaron con la indagatoria que se integró en la causa penal 346/2023, misma que se desahogó en su etapa inicial en el Juzgado Primero de Control, con sede en Mérida, donde se estableció que el 14 de abril del año 2022, en horas de la madrugada, el sentenciado ejerció actos abusivos en contra de la denunciante en el interior del domicilio familiar ubicado en la citada colonia.

En un arranque de celos, R.E.Ch.R. la insultó y agredió físicamente para luego empujarla contra el suelo donde la despojó de sus prendas de vestir y la atacó sexualmente,  provocándole lesiones que ponen en riesgo su vida.

Además de la pena privativa de la libertad, el encausado también fue sentenciado a pagar dos mil días de multa, mientras que la autoridad judicial citó a las partes para el próximo 24 de septiembre para la lectura y explicación de la sentencia.

• .Tras los ataques, el ahora detenido ordenó a la víctima que se retire antes que se arrepienta y la mate.

Mérida, Yucatán.- Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron hoy a Joaquín Alberto “N”, alias “Papá Oso”, de 46 años, originario de Villahermosa, Tabasco, chofer de plataforma digital.

Un Juez de Control ordenó la aprehensión del sujeto como probable responsable de los delitos de amenazas, lesiones calificadas, abuso sexual agravado y privación ilegal de la libertad, con base en la carpeta de investigación integrada por los agentes y fiscales investigadores.

La víctima es una mujer de identidad reservada, de 30 años, que la madrugada del pasado jueves 11 de este mes estaba en una habitación de un motel ubicado en el Periférico de Mérida.

En ese cuarto habría entrado el acusado junto con otros individuos, que golpearon, amordazaron y amarraron de pies y manos a la mujer.

Actos seguido le habrían picado con una jeringa para después cometer abusos sexuales.

Tras los ataques, el ahora detenido habría dicho que se retire del motel antes de que se arrepienta y la mate.

Las investigaciones acreditan la probable responsabilidad del individuo en los delitos antes mencionados.

Fue puesto a disposición del juez que lleva el caso.

• Participaron en la jornada jueces, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y demás servidores públicos judiciales,

Mérida, Yucatán.- En el inicio de una etapa de innovación, compromiso y transformación en el Poder Judicial de Yucatán, nuestro reto es claro, impulsar un sistema que no solo resuelva conflictos, sino que los transforme en oportunidades de diálogo, reparación y reconciliación, aseveró la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López.

Durante las últimas jornadas y parte práctica del curso "Justicia Restaurativa", dirigida a jueces, psicólogos, mediadores, trabajadores sociales y demás servidores públicos judiciales, Torres López señaló que todos los participantes en esta capacitación serán fundamentales para materializar este cambio de paradigma. 

---"Cada decisión, cada proceso restaurativo, será un reflejo de nuestra visión de justicia: una justicia con cercanía, con comprensión y con resultados que verdaderamente restauren. Sigamos trabajando juntos para que la justicia sea más humana, más ágil y cercana a quienes servimos: la ciudadanía", puntualizó.

En su mensaje desde el auditorio "Víctor Cervera Pacheco" de la sede del TSJE, la magistrada refrendó que desde el inicio de su administración en el Poder Judicial el compromiso es claro, cambiar paradigmas, acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer la confianza social. 

La Justicia Restaurativa es un ejemplo concreto de este enfoque: nos invita a poner a la persona en el centro, a reconocer el daño, a reparar relaciones y a construir soluciones que trasciendan los tribunales, expuso.

Ante magistrados y magistradas del TSJE y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como consejeros y consejeras de la Judicatura, Torres López expresó un reconocimiento a la maestra Claudia Lizeth Villavicencio Guadarrama, precursora en México y Latinoamérica en procesos de justicia restaurativa familiar, por su valiosa experiencia y por guiarnos en la construcción de una justicia más cercana, humana y eficaz.

La capacitación se comenzó a ofrecer los días 25, 26, 27, 28 y 29 de agosto pasado y continuó el 1, 3,  4, 8, 9 y 10 de septiembre, todos ellos en formato virtual en horario de 18:00 a 22:00 horas. Las sesiones presenciales se desarrollan desde hoy y hasta mañana sábado de 9:00 a 18:00 horas y de 9:00 a 15:00 horas, respectivamente. El curso es coordinado por la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura y la Escuela Judicial.

Entre los temas que se abordaron figuran introducción a la justicia restaurativa; teoría base para la aplicación de la justicia restaurativa; programas y modelos de justicia restaurativa; procedimientos de las prácticas o procesos de justicia restaurativa; análisis jurídico de la justicia restaurativa familiar de justicia terapéutica, entre otros.

En su turno, la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Consejo de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, exhortó a todos los que están tomando esta etapa del curso a sacar el mayor provecho a esta parte práctica y aprender todos los conocimientos, cumpliendo de esta forma con la impartición de una capacitación especializada en esa materia, a fin de concretar lo que señalan los artículos 21 de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia y  584, 585 y 586 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

En el evento estuvieron presentes las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Cámara Gamboa, Leticia del Socorro Cobá Magaña, Ingrid Priego Cárdenas, Alberto Salum Ventre, Alan Hernández Conde, Mauricio Tappan Silveira y José Rubén Ruiz Ramírez, así como la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Sara Leonor Estrella León y el magistrado de ese mismo órgano colegiado, Mauricio Cantón Dager.

También asistieron el presidente consejero de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura, Níger Pool Cab y el director de la Escuela Judicial, Jorge Enrique Edén Wynter García.

Se le imputan los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravado, en contra de su propia hija, cometidos en julio de 2012 cuando la niña apenas tenía siete años.

Los resultados de las investigaciones iniciadas a raíz de la denuncia contra el sujeto acreditan que los abusos continuaron de 2021 al presente año, en un predio del norponiente de la ciudad.

Una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición del Juez de Control que sigue la causa penal.