• El actual presidente del C.D.M. del PRI Mérida 2024-2027 fue diputado Local LXIII por morena donde renunció al perder la nominación a la alcaldía de Mérida

Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI), en coordinación con autoridades ministeriales, detuvieron al presidente del comité municipal del PRI en Mérida por su presunta participación en el delito de fraude.

De acuerdo con el comunicado de la SSP Yucatán, el empresario Rafael Echazarreta Torres, de 46 años, es originario de la Ciudad de México,

La orden judicial fue emitida por el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, derivado de hechos ocurridos en 2023 y 2024, relacionados con operaciones comerciales de alto valor económico.

El detenido será puesto a disposición ante el juez que giró la orden de aprehensión.

Origen de los hechos

El 4 de marzo de este año, el empresario Horacio de Freitas reveló que el 30 de diciembre de 2024 interpuso una denuncia contra Echazarreta, caso integrado en la carpeta Norte-57-24-2024 por un fraude superior a los 12 millones de pesos.

En la denuncia, el empresario denunció que el exlegislador priista, valiéndose de su imagen política, le solicitó primero sumas menores para ganar su confianza, a cambio de participar con el 40 por ciento de las acciones en la empresa Exportaciones Integrales Mexicanas.

De Freitas accedió al acuerdo, pero se percató que las ganancias no llegaron a lo pactado y que la supuesta empresa habría sido embargada en un litigio internacional.

Entonces De Freitas acordó con Echazarreta la devolución de su aportación y tampoco se concretó.

De Freitas exige la devolución de su dinero y que se aplique la ley contra el acusado, a fin de que no caiga en este tipo de engaños otro empresario yucateco. 

¿Quién es Rafael Echazarreta?

El 13 de febrero de 2024 Rafael Alejandro Echazarreta Torres, diputado de Morena renunció al partido y se pasó a las filas del PRI.

En esa ocasión acusó que Joaquín Díaz Mena lo difamó durante el proceso interno del partido para buscar la candidatura por la presidencia municipal de Yucatán, tras la postulación de Rommel Pacheco.

Echazarreta, de acuerdo con su currículo, es un empresario filántropo de la Fundación Echazarreta, organización sin fines de lucro que fue fundada hace más de 50 años.

Pese a su actualidad como civil Echazarreta Torres cuenta con pasado castrense, hecho que lo ha ayudado a colaborar en diversas ocasiones con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Cuenta con la Licenciatura en Ciencia Política y Administra por la Universidad Social IUTT.

Además, por la misma institución educativa, tiene una Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios.

Echazarreta Torres destaca por contar con otras dos Maestrías, una de ellas en Finanzas y Administración Financiera por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y otra en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

Además, cuenta con 3 Diplomados que cursó en el extranjero: Implementación y Documentación Política Institución por la Universidad de Yale, en Estados Unidos

• Logística Operativa por la Universidad de George Town, en Estados Unidos
• Coordinación y Logística Masiva Política y Empresarial por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos

En el sector privado fue:

• Director Ejecutivo del Grupo Echazarreta, desde el año 2015, a la fecha
• Director de Exportaciones Integrales Mexicanas, 2009
• Coordinador de Área en Petróleos Mexicanos (Pemex), durante 2005
• Anteriormente estuvo ligado al PRD debido al apoyo que brindaba a uno de sus militantes, pues Echazarreta Torres se ha manifestado como un pensador de izquierda.

Derivado de esta situación, fue invitado a unirse a Morena, partido por el que se postuló y ganó la diputación en las elecciones del año 2021.

La localización y captura la realizaron agentes y fiscales investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública ( SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), respectivamente, en colaboración con sus homólogos mexiquenses.

El sujeto está acusado de la violación de una mujer, que en aquel entonces (2020) tenía 28 años.

Con base en la denuncia y los datos de prueba, el individuo sometió con violencia física y amenazas a su víctima.

Los hechos ocurrieron en un domicilio del municipio de La Paz en el Estado de México.

Este mismo martes fue entregado a los agentes de ese estado a fin de que lo trasladen y pongan a disposición del Juez de Control que libró la orden de aprehensión.

•  Al equipo de #CECOFAY y #PRODENNAY, por cuidar de Lucía con respeto, cariño y responsabilidad en momentos tan delicados

Mérida, Yucatán.- Acusado del delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares agravada, Mauricio E.E.P., fue vinculado a proceso, tras la aportación de las pruebas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que continuará en prisión en tanto se resuelve su situación jurídica. 

De acuerdo con los hechos presentados por los fiscales de litigación, bajo la causa penal 351/2025, el acusado mantuvo bajo su resguardo a su hija menor de edad, a pesar de que una resolución judicial le otorgó la guarda y custodia a la madre.

En la audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control, con sede en esta capital, los fiscales de litigación argumentaron y obtuvieron la citada vinculación a proceso en contra del imputado, así como un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria.

Al término de esta, los representantes de la Fiscalía solicitaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, tras valorar los argumentos expuestos, la Juez de Control concedió la solicitud y decretó dicha medida, la cual permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso.

Gracias por ayudarme a traer a Lucia a casa: Ericka

La madre de Lucia, en un escrito en redes, difundió una carta de agradecimiento a las autoridades que participaron en la búsqueda y localización de su hija.

---“Así como ha habido momentos para alzar la voz y exigir justicia, hoy también es tiempo de agradecer. Ese momento ha llegado para nosotras.

Gracias al Gobierno de México y al Gobierno del Estado de Yucatán Huacho Díaz Mena, y sus instituciones por cumplir en nosotras una parte esencial de su misión: proteger la vida, la integridad y los derechos de las niñas, niños y mujeres.

 A nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , por no ser indiferente al grito de una abuela desesperada y por poner atención a lo que vivíamos.

A la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a cada servidor público que día a día pone su conocimiento, sus desvelos y su tiempo al servicio de la justicia. Por hacer de su labor algo más que un trámite: convertir cada investigación, audiencia y paso procesal en un acto de responsabilidad y de compromiso con la verdad. En particular, agradezco que hayan comprendido la gravedad de la violencia vicaria. Gracias por atender este caso con perspectiva de infancia y género, por no minimizar el dolor, y por actuar con la firmeza que se requiere cuando una niña ha sido separada de su madre bajo mecanismos de manipulación, control y poder. 

SSP Yucatán - PEI por buscar a Lucía con responsabilidad, por seguir cada pista sin descanso hasta tener resultado. En un país donde la violencia vicaria aún se invisibiliza, ustedes dieron un mensaje claro: la desaparición forzada de una menor por su progenitor no es un pleito familiar, es un delito grave que debe perseguirse con toda la fuerza del Estado.

A la Primera Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, por su cercanía, su eficiencia y un equipo de mujeres capaces y empáticas.

A la Comisión Ejecutiva Estatal de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Yucatán  por acompañarnos con herramientas, apoyo emocional y estrategias que marcaron la diferencia.

Al DIF Yucatán Mtra. Wendy Yamile Méndez Naal y Shirley Castillo Sánchez, y al equipo de #CECOFAY y #PRODENNAY, por cuidar de Lucía con respeto, cariño y responsabilidad en momentos tan delicados.

A Secretaría de las Mujeres Yucatán Sisely Burgos Cano, por no solo observar sino sumar, abonar y acompañar desde la comprensión de lo que significa la violencia vicaria, familiar, digital y mediática.

A las personas trabajadoras Poder Judicial de Yucatán  y del Poder Judicial Federal, por recordar que detrás de cada expediente hay una historia, una niña y una familia. Gracias por decisiones que devuelven dignidad, protección y esperanza. Seguimos por cero impunidad. 

A cada funcionaria y funcionario que no permitió que esta historia fuera una más, que supo ver el dolor y actuar con responsabilidad: gracias por no soltar la mano de Lucía. 🫶🏼

Hoy está en casa. Hay mucho por sanar, pero también mucho por agradecer. Y este es solo el inicio de un camino hacia la justicia y la reparación.

Con profunda admiración y gratitud,

Ericka Contreras Pérez”.

En otro escrito agradece a su familia “por estar en cada paso. Por la fortaleza, por el amor y por sostener incluso cuando todo se volvía difícil”.

También al  Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Colectivo Femenil Xtabay Quintana Roo, Madres Libertarias, Unión de Madres Protectoras, Madre Yo si te creo, Mamá, hija e hijo en libertad A.C. Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán,  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio/YUCATÁN,  Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, AMISY - Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán, Centro de Justicia Integral para la Mujer, entre otras.

A la señora Ligia Canto, y a las asociaciones civiles Hogares Mana, A.C., AMORI Alas al Vuelo A.C., Red por las infancias y adolescencias en Yucatán, Cefim Yucatan SAPI.

A los medios de comunicación, a la sociedad civil “y a todas las personas que desde redes sociales —sobre todo en Facebook— compartieron, preguntaron, oraron y acompañaron, gracias. Su voz fue escudo y su empatía, motor”.

• Está denunciado por los delitos de robo calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena

Mérida, Yucatán.- Acusado de participar en el intento del hurto de un cajero electrónico en el interior del Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, O. P. F., de 23 años, originario de la Ciudad de México, fue imputado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los delitos de robo calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena, ambos cometidos en pandilla, denunciados tras los hechos ocurridos el fin de semana pasado y por lo que permanecerá bajo prisión preventiva.

Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación de varios delitos, agregando además el de falsificación y uso indebido de sellos, llaves, marcas, contraseñas y otros objetos, luego de hacer uso de ropa y logotipos de una empresa de seguridad privada.

Una vez formulada la imputación de los delitos, esta representación social argumentó la vinculación a proceso, pero el acusado se acogió a la ampliación del término constitucional para resolver su situación, por lo que en fecha próxima se definirá su condición jurídica.

De los hechos, reunidos por los especialistas de la Fiscalía en la causa penal 365/2025, se logró establecer que ocurrieron el pasado 28 de junio en el interior del citado hospital, en donde el imputado junto con otras dos personas que se encuentran bajo investigación, presuntamente se hicieron pasar por empleados de una empresa de transporte de valores.

La indagatoria arrojó que ante la actitud sospechosa de estas personas que portaban uniformes, provocó que se activará una alarma, presentándose agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), motivo que propició que los involucrados se dieran a la fuga y se comenzará un operativo de búsqueda, logrando la localización del encausado.

Finalmente, antes de concluir la diligencia del día, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva justificada, misma que fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.

Mérida, Yucatán.- Tras ejecutarse una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y en coordinación de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP, se formuló la imputación de V.E.G.G. por el delito de robo calificado con violencia, denunciado tras los hechos ocurridos en la joyería y relojería Mariel, ubicada en el centro de Chemax.

El acusado fue presentado ante la Juez Primera del Quinto Distrito Judicial, donde se le imputó su participación en los hechos ocurridos el pasado 24 de junio, cuando el encausado presuntamente ingresó a un establecimiento joyero ubicado en la colonia Centro y tras amenazar a dos empleadas con un arma de fuego, se apoderó de varias prendas de oro y se retiró del lugar, por lo que se presentó la denuncia que derivó en la causa penal 52/2025.

Tras formular la imputación del delito, esta representación social solicitó la vinculación del acusado, quien se apegó al término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la Juez de Control citó a las partes para los próximos días para dar continuidad a la audiencia.

Mientras tanto, el acusado permanecerá en prisión preventiva justificada como medida cautelar, misma que estará vigente por todo el tiempo que dure el proceso.

Mérida, Yucatán.- Acusado de los delitos de violación y de feminicidio en grado de tentativa, hoy fue detenido Omar “N”, de 46 años, originario del Estado de México.

La víctima es una mujer que cuando ocurrieron los hechos, en junio de 2014, tenía 47 años, era expareja sentimental del sujeto que la tenía bajo amenaza de hacerle daño a ella y a su familia si lo denunciaba, razón por la cual guardó silencio por más de 10 años.

En las pesquisas realizadas por la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) se obtuvieron los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer salía de un supermercado en la zona poniente de Mérida cuando fue sorprendida por el individuo, quien la habría sujetado con fuerza para subirla a su vehículo al tiempo que la amenazaba de muerte.

La llevó hacia la carretera Mérida-Campeche y a la altura del kilómetro 158 habría cometido los abusos denunciados.

Tras la captura, los agentes y fiscales investigadores pusieron al acusado a disposición del Juez de Control que le sigue proceso penal. 

• Yucatán continúa avanzando hacia una cultura de la paz

Mérida, Yucatán.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, M.D María Carolina Canto Valdés, entregó constancias que acreditan la renovación de la certificación a los Facilitadores Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

Esta certificación es una muestra del compromiso que asume el Centro Estatal de Controversias de contar con personal especializado en materia penal, para brindar un servicio de calidad a la población. 

Dijo que estas herramientas permitieron, durante 2024, cerrar 1,947 expedientes de casi 2,600 que se recibieron a través de acuerdos escritos que se traducen en reconciliación familiar, resolución de conflictos sin judicializar y comunidades más cohesionadas.

También destacó que durante el año pasado, en materia de justicia para adolescentes, se lograron 18 acuerdos reparatorios y se atendieron a 27 jóvenes, lo que demuestra que el diálogo previene y repara.

En ese marco, remarcó que en esta labor de construir acuerdos,  las personas mediadoras son una parte muy importante, por lo que en 2024 se realizaron 64 exámenes teóricos y prácticos para certificar a 27 nuevos facilitadores privados y refrendar a 31 públicos, además 51 mediadores realizaron prácticas en el CESC, fortaleciendo su formación con experiencia real.

En cuanto a las 12 personas del CESC que renovaron su certificación como Facilitadores Judiciales Especializados en MASC en materia penal, se detalló que este proceso se realiza cada 3 años de conformidad a lo establecido por el artículo 24 de los lineamientos sobre el tema expedidos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y cumpliendo con el artículo 50 de la Ley Nacional de MASC en materia penal

Reconoció el esfuerzo adicional que hacen para prepararse y los convocó a seguirse capacitando, creciendo y no quedarse con lo que ya saben, tarea para la cual reiteró que cuentan con el apoyo y respaldo del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

---Tenemos un compromiso firme con seguir fomentando la cultura de la paz en el estado. Recientemente firmamos un convenio de colaboración con el IGOME para desarrollar e impartir programas académicos en MASC, que son una herramienta poderosa para preservar relaciones y reducir costos sociales, puntualizó en presencia de la magistrada ,   Sary Ávila Novelo, los consejeros de la Judicatura, Claudia Pedrera Irabién y Níger Pool Cab, así como la directora de la Escuela Judicial, Silvia Lara Medina.

A su vez, la consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional, María Ely Flores, indicó que esta certificación es muestra del compromiso que asume el CESC de contar con personal especializado en materia penal para brindar un servicio de calidad a la población que acude a la impartición de justicia.

En su turno, la directora del CESC, Elma Gabriela Ávila Miranda, recordó que estos 12 mediadores que renuevan sus certificaciones también están certificados en las materias civil, mercantil y familiar, por lo que resaltó el empeño con el que trabajan para revisar cada expediente, con empatía para lograr acuerdos reparatorios, siendo asertivos y usando técnicas y estrategias en el proceso de mediación.

El agricultor originario del municipio de Muna, Justino “N”, de 74 años, está acusado de ofensas sexuales en contra de un adolescente de 12 años.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 22 en montes del mencionado municipio. 

El sujeto fue denunciado públicamente a través de redes sociales, tras ser sorprendido por un ciudadano que trabajaba en su parcela y se percató del abuso contra el menor de edad.

En video grabado por el ciudadano se aprecia cómo éste confronta al agresor y pone a salvo a la víctima al pedirle que se retire del lugar.

Tan pronto tomaron conocimiento del suceso los agentes y fiscales investigadores reunieron los datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control que giró la orden de aprehensión.

• Se queda en prisión, imputado por desaparición forzada
• En este tipo de delitos como los que él tiene vinculados yo no puedo ofrecer el desistimiento o "perdón": Ericka.

Mérida, Yucatán.- El exconsejero de la CODHEY, Mauricio –detenido esta mañana durante un cateo domiciliario en busca de la niña Lucía—se negó a revelar a la jueza Silvia Pamela Cetina Bautista el paradero de la menor y se reservó el derecho a declarar.

Además, solicitó las 72 horas del plazo constitucional para resolver su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado informó que continúan las diligencias para determinar el paradero de la menor, a quien su padre retiene desde hace 15 días.

Luego que el exfuncionario declinó declarar, la madre de Lucía, Erick afirmó que en este tipo de delitos como los que él tiene vinculados “yo no puedo ofrecer el desistimiento o "perdón" y cuestionó: “¿dónde está Lucia? ¿Dónde está mi hija? ¿Quién la tiene?”.

Acusado del delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de Mauricio E.E.P., detenido la mañana del sábado en el fraccionamiento Gran Santa Fe de esta capital y quien permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Durante la audiencia celebrada ante el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Mérida, esta representación social presentó los datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso; sin embargo, el imputado se acogió al plazo constitucional, por lo que la audiencia continuará el 30 de junio.

De acuerdo con los hechos presentados por los fiscales de litigación, bajo la causa penal 325/2025, el acusado mantuvo bajo su resguardo a su hija menor de edad, a pesar de que una resolución judicial le otorga la guarda y custodia a la madre y al no presentarla ante la autoridad, se ejecutó una orden de cateo en su domicilio sin que se localizara a la menor, por lo que continúan las diligencias para determinar su paradero.

Los representantes de la FGE solicitaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, tras valorar los argumentos expuestos, la Juez de Control concedió la solicitud y decretó dicha medida, la cual permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso penal.

Tras esta situación, la madre de la niña, Erick cuestionó “¿Dónde está Lucía?”

---“Hoy 28 de junio, en el Centro de Justicia Oral de Mérida, se llevó a cabo la audiencia de vinculación solicitada por la Fiscalía General del Estado de Yucatán contra el papá de mi hija, acusado de desaparición forzada de particulares agravada por la desaparición de mi hija Lucía, de 6 años.

A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición en su artículo 33 contempla que revelar el paradero de la víctima puede reducir su pena, Mauricio se negó a declarar dónde está Lucía.

La jueza Silvia Pamela Cetina Bautista, por el interés superior de la menor, le ordenó revelar el paradero, pero él se reservó el derecho a declarar, lo cual es completamente Constitucional (no es error de la jueza, sino de nuestras leyes).

Además, solicitó las 72 horas del plazo constitucional para resolver su situación jurídica.

Ante el claro estado de necesidad de ubicar a Lucía, la jueza dictó prisión preventiva oficiosa, valorando parámetros convencionales y destacando que solo así se puede garantizar la localización de mi hija.

Hoy, mientras un hombre —abogado, maestro en derecho procesal y doctor en derechos humanos— se escuda en su derecho a defenderse, Lucía sigue desaparecida.

¿dónde está Lucia? ¿Dónde está mi hija? ¿Quién la tiene? ¿Cuándo la encontrarán?

Puntualizaciones:

▪️El patrimonio de ambos no fue afectado, solo procesado durante el cateo.

▪️En este tipo de delitos como los que él tiene vinculados yo no puedo ofrecer el desistimiento o "perdón".

▪️La integridad física de él estaba en apariencia bien y el trato recibido por parte de las autoridades hacia él, créanme que se apega a los Derechos Humanos.

▪️Apenas ahora, después de la audiencia, será ingresado al CERESO, es decir antes estuvo ante autoridades. Desconozco, porque así debe ser qué o cuáles diligencias se hicieron.

 Lo más importante es que Lucía nl aparece, necesitamos con urgencia su localización”, finaliza.

• Autoridades judiciales ordenaron nuevamente la restitución de su hija para que esté con su mamá.

Mérida, Yucatán.- Ante la negativa de devolver a su hija Lucía con su mamá Ericka a quien le asiste el derecho por resolución judicial, Mauricio E.E.P. fue aprehendido por el delito de desaparición forzada cometida en agravio de particulares, tras un operativo realizado las primeras horas de este sábado en el fraccionamiento Gran Santa Fe de esta ciudad.

Elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron una orden de cateo obsequiada por la Juez Primero de Control, pues a pesar de haber señalado a las mismas autoridades que la niña se encuentra con él bajo su cuidado, la misma no se encontró en el citado domicilio, por lo que continúan los  trabajos para su localización.

En la relatoría de hechos contenidos en la investigación correspondiente, se establece que dentro del juicio de jurisdicción voluntaria relativa a un convenio de alimentos y de guarda y custodia, bajo el número 125/2019 del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, la madre de la menor es quien tendría la guarda y custodia legal de su hija.

No obstante, el ciudadano Mauricio E.P. es la persona que tenía físicamente a la menor, por lo que, al serle negada la suspensión definitiva del amparo interpuesto contra los actos del juez familiar, autoridades judiciales ordenaron nuevamente la restitución de su hija para que esté con su mamá.

En ese sentido y con base en los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en su investigación conjunta con diversas autoridades, se solicitó el citado cateo, tras el cual la menor continúa como no localizada, por lo que prosiguen los avances de la indagatoria para conocer su paradero. 

En tanto, el implicado fue puesto a disposición de la Jueza de Control donde, en audiencia, afrontará los hechos por los que se le acusa.

A su vez la madre de la menor, tras el operativo y al no encontrarse la menor en el domicilio cuestionó: “¿Dónde Está Lucia?”

---“Mauricio fue detenido la madrugada de hoy, imputado por desaparición forzada de particulares agravada. Pero lo más importante: Lucía sigue sin aparecer.

Han cateado su casa. Él está detenido. Pero mi hija no está. Nadie la ha visto. Nadie me dice dónde está.

Necesito su ayuda. Compartan su ficha de búsqueda. Exijan conmigo que las autoridades judiciales hagan todo lo necesario para que Mauricio confiese DÓNDE ESTÁ LUCÍA. 

Mi hija, una niña de 6 años no puede simplemente desaparecer.

¡Ayúdenme a encontrarla!

#dóndeestalucia 

#luciaregresaacasaconmamá

• El sujeto fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal de la Fiscalía.

Mérida, Yucatán.- Después de ser valorados los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), R.D.H.C. fue vinculado a proceso por el delito de crueldad animal, por los hechos ocurridos en la colonia El Roble, de esta ciudad.

En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, se expusieron los datos reunidos en la causa penal 332/2025, mismos que fueron suficientes para comprobar la existencia del delito y se otorgó el auto de vinculación a proceso.

El Juez Primero de Control del Primer Distrito, tras escuchar la intervención de los fiscales de litigación, otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe recordar que, durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación establecieron que los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio, en la citada colonia, cuando el encausado agredió al animal doméstico con una coa, provocándole lesiones en la cabeza y hocico.

La agresión fue presenciada por los dueños del perro, quienes pidieron auxilio policiaco para lograr la detención del acusado, quien fue puesto a disposición de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal de la Fiscalía.

Antes de finalizar la diligencia, fue decretada la medida cautelar de prisión preventiva, misma que estará vigente por todo el tiempo que dure el proceso.

• El Poder Judicial del Estado y el Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas (IGOME) firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar e impartir programas académicos en Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC). 

Mérida, Yucatán.- El Poder Judicial del Estado certificará a los egresados del Instituto Internacional de Gobierno Corporativo y Mejores Prácticas (IGOME) que se formen en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) bajo las figuras de Facilitadores Privados, Abogados Colaborativos y Especialistas en Justicia Restaurativa, por lo que contarán con pleno reconocimiento y validez oficial.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés y el presidente del IGOME, Bernardo Rivadeneyra Pérez, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar e impartir programas académicos en MASC, que incluye esta certificación, todo en cumplimiento con los lineamientos vigentes de la Ley General en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, publicada el año pasado.

Entre algunos de los compromisos adquiridos por ambas partes al signar este acuerdo figuran la elaboración de cursos, talleres, diplomados y programas de formación, actualización y especialización en la materia, asegurando que los contenidos académicos se ajusten a los estándares y requisitos determinados en los lineamientos de capacitación.

También validación por parte del Poder Judicial de los programas de formación antes de su implementación garantizando su alineación con las disposiciones normativas aplicables. 

Respecto a la mencionada certificación, en el documento se precisa que se otorgará a las personas participantes en los programas académicos que cumplan con los requisitos establecidos con las instancias competentes del Poder Judicial.

Acompañada de la magistrada Graciela Torres Garma, la consejera de la Judicatura, Claudia Pedrera Irabién y la directora del Centro Estatal de Solución de Controversias, Elma Gabriela Ávila Miranda, Canto Valdés señaló que esta alianza va más allá de una capacitación o programa académico, porque su objetivo principal es contribuir a restaurar el tejido social y abonar a la sociedad.

--“En el Poder Judicial de Yucatán estamos comprometidos con las causas que fomenten esta cultura de paz a través de los MASC, quienes integramos esta institución tenemos ese compromiso y queremos que Yucatán se siga distinguiendo por esa cultura de paz que la caracteriza y que podamos orientar a los ciudadanos a una solución de controversias pacíficas”, expresó la magistrada presidenta desde la Sala de Usos Múltiples de la sede del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En ese marco, Canto Valdés reconoció a Rivadeneyra Pérez como un promotor de la cultura de la paz no solo desde el IGOME sino también de manera particular como un ciudadano comprometido con la resolución pacífica de los conflictos, al tiempo de agradecerle por su participación, comentarios, y aportaciones con relación al proyecto del Poder Judicial para que Yucatán cuente con un Juzgado Especializado en Arbitraje y Medios Alternativos de Solución de Controversias.

En su turno, Rivadeneyra Pérez señaló que la profesionalización de los facilitadores, abogados colaborativos y especialistas en justicia restaurativa no es lujo, es una necesidad, pues desde el IGOME reconocemos que no hay justicia sin formación.

La firma de este convenio representa un compromiso sólido con la formación de profesionales capaces de generar acuerdos, prevenir conflictos y acompañar procesos restaurativos con ética y sensibilidad, cada vez más profesional.

Al acto acudieron la directora de la Escuela Judicial, Silvia Lara Medina, la gerente del Centro Privado de Mediación, Conciliación y Arbitraje, Andrea Guadalupe Ávila Quijano, la directora del Instituto IGOME, Esther Rodríguez Janeiro y el abogado titular de la Notaría 25, Bernardo Rivadeneyra Bassó.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, María Carolina Canto Valdés, realizó un recorrido de supervisión por los Juzgados Civiles, que se encuentran ubicados junto el Centro de Reinserción Social de Mérida (Cereso), al sur de esta capital, en donde constató los trabajos de rehabilitación que se realizaron en uno de ellos.

En la jornada, Canto Valdés también verificó las adecuaciones realizadas en dichos juzgados para el funcionamiento del área correspondiente al Departamento de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables y la Biblioteca que se encuentra en el edificio que alberga al Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa)

Acompañada de los consejeros de la Judicatura, María Ely Farfán Flores, Claudia Pedrero Irabién y Níger Pool Cab, la magistrada presidenta visitó los nuevos Juzgados Laborales en la sede del Ciospoa, en donde próximamente se trasladará al Juzgado Segundo, que actualmente se encuentra en las instalaciones de los Juzgados Civiles, y el Juzgado Tercero que será creado en los próximos meses

Durante el recorrido, Canto Valdés también supervisó las adecuaciones que se realizan en el área de biblioteca, que cuenta con un acervo de más de 1,500 ejemplares sobre diferentes materias y ramas del Derecho, en donde lo servidores públicos podrán acudir próximamente para cualquier consulta bibliográfica

Respecto a los Juzgados Civiles, se explicó que se realizaron trabajos de rehabilitación de un espacio, se le dotó con su respectiva Sala de Oralidad y próximamente se instalará todo el mobiliario y equipo, con lo que el Poder Judicial del Estado sigue avanzando en las adecuaciones con miras a la implementación del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 

Hay que recordar que, por acuerdo general del Consejo de la Judicatura se determinó la creación de Juzgado Quinto Civil, el cual comenzó a funcionar el pasado mes de octubre. Asimismo, en mayo de este año se inauguraron seis nuevos Juzgados de Oralidad Familiar con sede en Mérida y también se abrieron los juzgados Segundo Mixto de lo Civil y Mercantil en Umán y el Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil en Kanasín.

Con esto y el Tercer Juzgado Laboral que se creará próximamente, el Poder Judicial pasa de 51 a 62 juzgados de primera instancia, esto es, 11 más de los que se tenían hasta antes del 2023, considerando mejoras en todas las materias, al incrementarse de 8 a 10 las salas de oralidad para la atención de audiencias en el sistema penal y la Sala de Audiencia para Personas en Condición de Vulnerabilidad (SAPCOV),  que posiciona al Poder Judicial de Yucatán en uno de los estados que cuentan con esta herramienta enfocada a una justicia que no revictimice a las personas en situación de vulnerabilidad, como son las niñas, niños y adolescentes (NNA).

De acuerdo con los hechos contenidos en la causa penal 413/2024, el ahora culpable cometió actos abusivos en contra de su pareja sentimental cuando estaba alcoholizado, a quien agredió físicamente, amenazó y le causó diversas lesiones en el cuerpo, todo dentro del domicilio que compartía la pareja, ubicado en la citada comisaría motuleña.

Tras la valoración de los médicos forenses de la FGE, se determinó que la víctima presentaba lesiones externas, además de que existía antecedentes de violencia por parte del implicado contra la mujer.

Tras el acuerdo de ambas partes, además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó que E.M.P. deberá pagar una multa de 400 Umas; es decir, una suma superior a los 45 mil pesos.

• La señora Ericka Contreras, en plantón desde ayer, pasó la noche en los bajos del Palacio de Gobierno esperando una audiencia con el gobernador Huacho Díaz

Mérida, Yucatán.- Después de más de nueve horas de audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM) la juez Silvia Elena Torres Cobá resolvió imponer un brazalete electrónico a Mauricio Estrada Pérez, exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)denunciado por los delitos de sustracción de menores, violencia vicaria, violencia familiar y lesiones.

--“Pero lo más grave: no le pidió que dijera dónde está mi hija. Lucía de solo seis años, sigue desaparecida”, afirmó la denunciante Ericka Contreras Pérez al término de la audiencia.

Mencionó que Lucía desapareció el 13 de junio, “cuando su papá supo —por una filtración dentro del Poder Judicial de Yucatán — que ese día se cumpliría una orden para restituírmela. Desde entonces no se sabe con certeza dónde está, con quién está, ni quién la cuida”. 

---“Lo único que sabemos es que en el único domicilio que yo y las autoridades tenemos no están.

Hoy, en la audiencia, la Fiscalía, PRODENNAY y yo pedimos que se le colocara el brazalete de inmediato en el domicilio que él señalara, para evitar que huyera otra vez.

---“La jueza dijo que no. Le dio 24 horas para presentarse voluntariamente.

También pedimos algo básico: Que se le ordenara decir si Lucía está con él y en qué dirección se encuentra. Él mismo dijo que no han estado en su casa porque “no había luz”. La jueza también dijo que no. Alegó que eso no era parte de esta audiencia, expresó.

Cuestionó: ¿Cómo puede discutirse una medida cautelar sin hablar de la víctima, una niña desaparecida?

Indicó que “durante toda la audiencia, él no dijo una sola palabra sobre mi hija. Su abogado defensor alego su derecho constitucional de no declarar (art. 20).

Como una burla más, advirtió que quizá no esté en casa cuando vayan a verle o notificarle porque saldrá a inyectarse con frecuencia.

Yo solo quiero saber dónde está mi hija. ¿Estuvo con él durante esas nueve horas? ¿Quién la cuidó? ¿Está bien? Hoy, el sistema decidió no preguntarle nada. Hoy, otra vez, la protección fue para él, no para Lucía. Mi hija sigue desaparecida. Yo sigo de pie, buscándola”, aseveró.

• La orden de restitución judicial ha sido desacatada, afirma
• Dice que se excusó de acudir a la audiencia judicial exhibiendo una receta de farmacia por síntomas por COVID que se trata con broncolín paracetamol y loratadina

Mérida, Yucatán.- La madre de Lucía, Ericka Contreras Pérez realizó un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno para solicitar la intervención del gobernador Huacho Díaz Mena al cumplirse 108 horas de la desaparición de la niña, de lo cual está denunciado su padre Mauricio Estrada.

---“La orden de restitución judicial ha sido desacatada, y el sistema continúa dándole tiempo y margen al agresor mientras una madre suplica protección y acción urgente. Exijo, como ciudadana y como madre, que el Poder Judicial del Estado de Yucatán actúe con seriedad, ética y perspectiva de infancia”, expresó.

Recordó que, como resultado de la audiencia de control solicitada de forma urgente el domingo pasado, la jueza Silvia Elena Torres Cobá del Poder Judicial de Yucatán, decidió que una receta médica de consultorio de farmacia era suficiente para que el presunto responsable de sustracción de menores, violencia vicaria, violencia familiar y lesiones no se presentara ante el tribunal.

---“¿Quién cuida a Lucía (de seis años) si el padre está tan enfermo? cuestiona Ericka, quien señala que en esa receta le prescribieron Broncolín, paracetamol y loratadina para el tratamiento de los síntomas del COVID.

El sujeto negó conectarse vía zoom para la audiencia ya que tiene dificultades para respirar.

Ante esto la juez otorgó a Mauricio 24 horas para que —sin siquiera comparecer— pueda “por memorial” informar si ya se siente en condiciones de asistir o conectarse a audiencia vía Zoom.

--- ¿Burla? ¿Realidad? ¿Esto es justicia?, cuestiona la mujer.

Recordó que 2004 ya vivió la sustracción de Lucía que duró diez meses y ahora el papá la volvió a desaparecer, con la intención de seguir violentándola a ella y a la menor.

Aseguró que se mantendrá en los bajos del Palacio hasta s que el gobernador o algún funcionario la atienda.

---“No hay juez, silencio ni obstáculo más fuerte que el amor que me mueve por ti. Voy a encontrarte. Vamos a abrazarnos. Vas a volver. Te amo con todo lo que soy”, dijo en mensaje para Lucía.

Mérida, Yucatán.- La juez de Control del Juzgado Primero del 1er Distrito Silvia Elena Torres Cobá emplazó al abogado Mauricio Efraín Estrada Pérez, padre de la niña Lucía y denunciado por Ericka Contreras Pérez por la sustracción de la menor, para que responda ante esa autoridad en un plazo de 24 horas que vence esta noche y, en caso, contrario sería presentado por la fuerza pública.

El 8 de agosto de 2024 la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber para la búsqueda y localización de la niña Lucía Estrada Contreras, de cinco años, quien fue vista por última vez en compañía de su padre Mauricio Efraín Estrada Pérez, en el fraccionamiento Gran Santa Fe Caucel.

El caso tomó relevancia porque el protagonista fue designado por el Congreso del Estado en julio de 2018, por un periodo de tres años, como Consejero del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

El comunicado del Poder Judicial:

--“Con relación al caso de la niña Lucía, el Poder Judicial del Estado informa que la juez Silvia Elena Torres Cobá emitió, como establece la ley, una prevención al padre de la infante para que responda ante esta autoridad en un plazo de 24 horas, el cual concluye la noche de este lunes, por lo que de no hacerlo se aplicará la legislación vigente, que pueden incluir el uso de la fuerza pública para que se presente ante esta autoridad judicial.

De igual forma, la autoridad judicial indicó que el caso continúa su proceso y no se ha concluido, toda vez que se siguen desarrollando sus diversas fases, tal y como lo establece la ley en la materia.

Respecto a la protesta pacífica que inició la ciudadana E. C.P. en una Sala de Oralidad del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el domingo pasado, el Poder Judicial del Estado expuso que por seguridad no es permitido que persona alguna permanezca en dicha instalación, pues el espacio jurisdiccional necesita ser utilizado para próximas audiencias y los trabajadores encargados del área la tienen que dejar preparada y asegurada.

Además, todas las Salas cuentan con sistemas que de manera automática entran en receso para su protección y cuidar su adecuado funcionamiento.

El personal del Poder Judicial del Estado otorgó todas las facilidades a los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), quienes acudieron a corroborar lo correspondiente a los derechos de E. C.P, los cuales se han respetado.

En lo referente a las declaraciones de E. C.P sobre un supuesto mal uso en la confidencialidad de la información judicial, el Poder Judicial del Estado exhorta a esta persona a interponer una queja ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura para iniciar una investigación interna y, en su caso, sancionar a quien o quienes resulten responsables.

Mérida, Yucatán.- Por el delito de violación equiparada agravada y luego de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), H.N.N.P. fue sentenciado a seis años con ocho meses de prisión, tras agredir sexualmente a su hijastra en un predio de Colonia Vicente Solís.

Tras las indagatorias correspondientes que constan en la causa penal 350/2023 y luego de un acuerdo entre las partes, se dio paso a la audiencia de juicio abreviado que, como parte de las penas, incluye una multa de 2000 días, pago de la reparación del daño, una amonestación pública, suspensión de sus derechos políticos, se le negaron los beneficios en la sustitución de sanciones y se le prohibió acercarse a la víctima directa, a la denunciante y a sus domicilios durante los tres años siguientes, a partir de que el acusado obtenga su libertad.

El resultado de la audiencia se dictaminó luego de que la Juez Primero de Control con sede en Mérida evaluó los documentos de prueba expuestos por los fiscales de litigación, tras los hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2022, cuando el encausado y la niña se encontraban solos en el predio y usando la violencia moral y física la agredió sexualmente, por lo que fue denunciado.

• También se brindó atención médica a un hombre con lesiones, quien fue trasladado a un hospital bajo un dispositivo de seguridad

Mérida, Yucatán.- La SSP Yucatán reporta el fallecimiento de una persona del sexo femenino, de aproximadamente 72 años, a causa de heridas con arma blanca, en la quinta Santa Cruz en el tramo carretero Cholul-Sitpach, y se brindó atención médica a un hombre, al parecer su hijo, con lesiones, quien fue trasladado a un hospital bajo un dispositivo de seguridad.

La corporación informó que en cumplimiento en su deber de actuar ante posibles hechos que pudieran constituir delitos, la SSP respondió de manera inmediata a un reporte de emergencia en un predio ubicado en el tramo carretero Cholul–Sitpach, activando los protocolos correspondientes para preservar la escena y colaborar con las instancias ministeriales.

Tras recibirse una llamada al número de emergencias 9-1-1 sobre un posible hecho de violencia en una quinta particular, elementos de seguridad de la SSP, junto con personal paramédico, acudieron al lugar donde se confirmó el fallecimiento de una persona del sexo femenino y se brindó atención médica a un hombre con lesiones, quien fue trasladado a un hospital bajo un dispositivo de seguridad.

En el sitio también se presentó personal de la Policía Estatal de Investigación, quien dio parte a la autoridad ministerial correspondiente para el inicio de las diligencias legales. El área fue acordonada y se mantienen las actuaciones conforme al protocolo de feminicidio.

La SSP recuerda que este hecho se encuentra en proceso de investigación, por lo que únicamente las autoridades ministeriales están facultadas para emitir información oficial. Por ello, y a fin de no comprometer las diligencias en curso, por el momento no es posible brindar más información al respecto.

• Los hechos ocurrieron el mes de marzo del 2024 en el domicilio familiar.
• Deberá pagar 150 mil pesos en concepto de reparación del daño a la víctima

Mérida, Yucatán.- Durante un juicio abreviado, H.J.C.L. fue declarado penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado y sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por tocamientos lascivos realizados en agravio de su hija menor de edad.

Una vez que se contó con la anuencia de las partes involucradas, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas suficientes para confirmar la responsabilidad penal del encausado por los hechos ocurridos el mes de marzo del 2024 en el domicilio familiar.

Tras el fallo condenatorio otorgado por la Juez Segunda de Control, el encausado fue sentenciado, además de la pena privativa de la libertad, al pago de 333 días multa, la privación de sus derechos de familia, así como tampoco deberá acercarse a la víctima tres años más después de compurgar su pena en prisión.

La autoridad estableció que también deberá pagar 150 mil pesos en concepto de reparación del daño a la víctima, así como recibir amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos.

De los hechos, reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 98/2024, esta representación social logró establecer que ocurrieron el 14 de marzo del año pasado, cuando en horas de la noche el imputado ejecutó actos lascivos en agravio de la menor mientras dormía, acción que fue observada por la madre de la víctima quien solicitó el auxilio policiaco.

Por último, las partes estuvieron de acuerdo en que se dispensara la audiencia de lectura y explicación de sentencia, por lo que quedan en firme las penas señaladas.