- El comisionado del INAI,. Joel Salas, afirmó que en el país privan condiciones generalizadas de violencia, pobreza e inequidad en contra de las niñas y los niños, situación que se recrudece en los menores migrantes y en situación de adopción.
- Participó en el Foro Académico Protección de los Datos Personales y Privacidad de los Menores Edad
Refirió que el Índice de los Derechos de la Niñez, elaborado
por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, señala que
en el país privan condiciones generalizadas de violencia, pobreza e inequidad
en contra de las niñas y los niños, situación que se recrudece en los menores
migrantes que recorren el territorio mexicano y en algunos menores en situación
de adopción.
Al participar en el Foro Académico Protección de los Datos
Personales y Privacidad de los Menores Edad, indicó que la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, próxima a ser
aprobada en el Senado de la República, deberá atender de forma cuidadosa, el
tema de la protección de datos personales de menores de edad.
“Ante la coyuntura que tenemos de la Ley General
consideramos que se abre una oportunidad, y desde el INAI también consideramos
que es urgente que nosotros mismos y los sujetos obligados involucrados
logremos conformar una agenda de trabajo conjunta para identificar las problemáticas
entorno a estos temas y, en su momento, poder ofrecer las normativas al
respecto”, expuso.
Durante el panel “Protección de datos personales y
privacidad de migrantes menores de edad y en situación de adopción”, Salas
Suárez señaló que México, como país de tránsito para menores de edad
procedentes de los países centroamericanos y mexicanos que se dirigen
irregularmente a Estados Unidos, ofrece a éstos la posibilidad de gozar de los
derechos que se reconocen en la Constitución, entre ellos,
el de la protección a los datos personales.
“Entre los sujetos obligados a cumplir con estas
disposiciones, sin duda están el Instituto Nacional de Migración, la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados y el propio DIF, y sus homólogos estatales, las
organizaciones privadas de albergue y ayuda a los migrantes, entre otras”,
apuntó.
Sin embargo, el comisionado Salas sostuvo que muchas veces
los migrantes no buscan el apoyo de la autoridad, sea por su situación
irregular o porque desconfían de ellas, al poder estar coludidas con el crimen
organizado y acuden con más frecuencia a las organizaciones privadas para
solicitar apoyo y confiarles sus datos personales.
Dijo que para el caso de migrantes desaparecidos, es
necesario identificar el fundamento jurídico que permita tratar datos
personales sin el consentimiento de sus titulares; así como determinar quién ostenta la representación
legal de un menor migrante en territorio nacional cuando no está acompañado de
su tutor.
Por otra parte, al referirse al tema de menores de edad en
situación de adopción, Salas Suárez indicó que el INAI no cuenta con un diagnóstico
institucional, lo que evidencia la ausencia de datos confiables sobre la
atención de la infancia y la adolescencia de este sector.
“Esta situación puede ocasionar que las autoridades no
tengan control sobre el número de infantes en condición de ser adoptados y, por
lo tanto, pone en riesgo su integridad física. Recordemos casos de tráfico de
menores de Casitas del Sur de donde fueron sustraídos menores de edad y
localizados años después y, más
recientemente, el de la Gran Familia”, precisó.
Manifestó que el INAI tiene conocimiento de que el Senado
discute una iniciativa de Ley General de Adopciones, presentada el pasado 10 de
noviembre, sin embargo, en el documento no se hace referencia a reglas o normas
que protejan los datos personales en
relación con los menores y el régimen de adopciones.
“En la citada iniciativa se advierte un tema que se
encuentra relacionado con la protección de datos personales de menores de edad,
se trata de la creación de un registro nacional de adopciones. El DIF sería el
responsable de operar este registro, pero se alimentaría con datos que generen
los propios sistemas estatales y las propias Procuradurías de Protección Integral”,
dijo.
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