Mérida, Yucatán.- “El trabajo que realiza la Auditoría
Superior del Estado es indistinto de cualquier partido político”, sentenció el
diputado Evelio Dzib Peraza durante la discusión de los dictámenes de los
Informes de Resultados de la Cuenta Pública 2013 y 2014.
En sesión ordinaria en la que el Congreso del Estado aprobó
dichos documentos, el legislador enfatizó que la Auditoría Superior del Estado
de Yucatán (ASEY) cumplió cabalmente con la ley al revisar las cuentas públicas
y redactar los informes correspondientes a los entes fiscalizados.
Además, dijo, en tiempo y forma, la fracción parlamentaria
del PRI constató el cumplimiento de dichas disposiciones, durante la revisión
de los documentos en las oficinas de la Secretaría General del Congreso del
Estado.
Incluso se revela que el organismo ha interpuesto denuncias
a administraciones municipales emanadas de 3 partidos políticos distintos.
Por ello, reconoció a los integrantes de la Comisión de
Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia por realizar una tarea siempre
apegada a derecho.
“Nuestro trabajo es verificar de manera estricta que se
cumplan los mecanismos señalados por la ley”, enfatizó.
En su turno, el diputado Antonio Homá Serrano resaltó que la
ASEY cumplió con los mecanismos y con los documentos requeridos para la
elaboración de los informes como lo señala la Ley de Fiscalización de la Cuenta
Pública del Estado.
Informó que se realizó una exhaustiva revisión y análisis
por lo que votar a favor de los dictámenes de los Informes de Resultados de la
Cuenta Pública es congruente como cuerpo colegiado.
“Se nos otorgaron las facilidades para realizar el análisis
de los documentos que contaban con todo lo requerido en el artículo 27 de la
Ley”, expresó.
En su exposición, la fracción del PRI recordó que la ASEY es
un órgano del Poder Legislativo, dotado de autonomía técnica, presupuestal y de
gestión; y son estas características las que la facultan para decidir sobre
cuestiones administrativas y de funcionamiento.
Además como aquellas funciones indispensables para realizar
las auditorías e iniciar acciones en caso de encontrar irregularidades o
conductas ilícitas que afecten a la hacienda pública estatal o municipal.
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