Mérida, Yucatán.- Las cinco fuerzas políticas aprobaron por
unanimidad avalar el decreto para declarar el “2018, año del Centenario de la
Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Yucatán”, así como un dictamen para armonizar leyes locales con las generales
para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes.
En la sesión ordinaria de este martes, los diputados también
aprobaron por unanimidad la licencia solicitada por Evelio Dzib Peraza, para
separarse de su cargo de diputado del PRI por el décimo tercer distrito, para
que en la próxima plenaria ocupe la curul su suplente, Pedro Javier Chi Canul.
Las fracciones legislativas del PRI y el PAN, en voz de sus
coordinadores, Celia Rivas Rodríguez y Raúl Paz Alonzo, respectivamente, le
desearon el mayor de los éxitos a Dzib Peraza y agradecieron su trabajo a favor
de las coincidencias y disminuir las diferencias.
De la misma forma, la LXI Legislatura aprobó por unanimidad
la realización del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado para el próximo 27 de febrero del año en curso a las 11
horas, que fue solicitado vía oficio por el secretario ejecutivo encargado de
la presidencia de la Codhey, Miguel Sabido Santana.
Referente a la declaración del año del Centenario de la
Constitución Política del Estado, Verónica Camino Farjat (PRI) recordó que el
pasado 15 de Enero se cumplieron los 100 años de la Carta Magna local que, con
los principios de la Revolución Mexicana y sentando las bases para traer la
tranquilidad después del conflicto armado, puso en alto el nombre de Yucatán,
con su contenido progresista y de vanguardia, que vale la pena recordar y
fortalecer.
Mencionó que la Constitución de Yucatán de 1918 es de
avanzada, porque se destacan la defensa de los derechos de los obreros, en
consonancia con su homóloga federal, así como la obligación que imponía al
Gobierno del Estado de ser garante del Bienestar Social.
“Después de 100 años, nuestra ley fundamental continúa
siendo el cimiento sólido del marco normativo de Yucatán y es el origen de las
instituciones que todos los días promueven y construyen el desarrollo de
nuestro estado; como diputados, debemos difundir la importancia de este
histórico momento, resaltando la clara visión del Estado de Derecho”, resaltó.
Sobre la armonización de leyes locales en materia de
tortura, Daniel Granja Peniche (PRI) detalló que el dictamen modifica el Código
Penal para que cuando se refiera al delito de tortura se establezca claramente
la mención a la Ley General en la materia, y exprese que se trata de un delito
grave.
También, continuó, se reforma la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos para facultar a este organismo para intervenir de manera
inmediata cuando se realicen quejas relacionadas con violaciones a la
integridad personal en el mismo contexto, así como la Ley de Víctimas para
hacer referencia al derecho de éstas para contar con medidas de protección
eficaces e instrumentación de programas para atender casos de tortura.
“Además se especifica que la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas tendrá además a su cargo, atribuciones previstas en la Ley
General y se reforma la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para crear
el Registro Estatal del Delito de Tortura, que deberá coordinarse con el
Registro Estatal de Atención a Víctimas”, agregó.
En su turno, Moisés Rodríguez Briceño (PAN) mencionó que con
estas nuevas reformas se distribuyen las competencias y la coordinación que
deben tener las autoridades en el combate a la tortura, se establece además
claramente los tipos de este delito,
pero también se legisla para otorgar medidas específicas de atención, ayuda,
asistencia, protección integral y reparación de las víctimas que sufran algún
tipo de tortura.
“La tortura es una práctica violatoria de los derechos
humanos, con estas reformas se sientan las bases para combatir esta vergonzosa
problemática, no más tortura en Yucatán, los diputados del PAN conscientes de
la necesidad de armonizar y actualizar nuestro marco local a los parámetros que
señala las leyes generales”, expresó.
En la plenaria de este día, también se turnó a la comisión
de Derechos Humanos, la iniciativa para declarar el “23 de febrero, Día del
Rotarismo en el Estado de Yucatán”; así como a la comisión de Justicia y
Seguridad Pública, la propuesta para modificar el código penal y el código de
la familia, en materia de derechos de la mujer, suscrita por la fracción del
PRI.
En asuntos generales, Beatriz Zavala Peniche (PAN) presentó
una iniciativa de Ley de Asentamientos Humanos del Estado que contempla cambios
para que las autoridades cuenten con un marco jurídico adecuado para el
crecimiento urbano.
Al igual que Rafael Montalvo Mata (PAN) que entregó una
iniciativa de decreto para adicionar el artículo 101 ter al capítulo décimo de
la Constitución Política, en materia de derecho patrimonial, para que todos los
yucatecos cuenten con seguridad jurídica respecto al tema.
Para finalizar, la LXI Legislatura aprobó realizar la
siguiente sesión ordinaria el próximo martes 6 de febrero del presente año a
las 12:30 horas.
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