- Evidenció irregularidades en caso de abuso sexual
En entrevista con Cimacnoticias la abogada tabasqueña
mencionó que fue víctima de acoso laboral y violencia económica por parte Jorge
Javier Priego, tras denunciar, en 2014, que las juezas, Guadalupe Cadena
Sánchez y Elena Lastra Osorio, quienes son parte del TSJE, no conocen los
tratados internaciones de los derechos de las mujeres, debido a que no los
aplicaron al analizar el caso de abuso sexual en contra una de sus hijas, quien
fue violentada por el exentrenador del Instituto del Deporte de Tabasco, Felix
Miguel Rojas Romero.
La abogada señaló que el Poder Judicial de Tabasco le negó
medidas de protección a su hija, aun cuando la casa del agresor estaba a sólo
50 metros de distancia de la suya; además ordenó careos entre la víctima y su
agresor, revictimizándola; les notificó resoluciones relevantes hasta un año
después; se negó a recibir las pruebas testimoniales del padre y hermana de la
víctima.
Después de denunciar las irregularidades y no ser escuchada,
la abogada tabasqueña realizó una huelga de hambre afuera del recinto del TSJE.
Del 25 de abril al 1 de mayo no consumió alimentos sólidos con el fin de
evidenciar la deficiente respuesta de las instituciones y del Gobernador de
Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ante el acoso laboral que padeció y ante las
violaciones al debido proceso en el caso de su hija.
Durante su protesta, mencionó fue intimidada y acosada de
forma constante por personas enviadas –infirió ella– por el presidente del
TSJE, quienes le tomaban fotos y le pedían información personal. Además, afirmó
que el Gobernador de Tabasco declaró que su huelga sólo era un “escándalo
mediático”, audio que escuchó en un programa de radio llamado
“Telereportaje”.
La abogada esclareció que desde 2016, Javier Priego Solís
inició conductas de acoso laboral contra ella para inducir a su renuncia, la
aisló de su lugar de trabajo, no le permitió realizar funciones relacionadas
con su excargo de coordinadora del Comité de Compilación, Sistematización y
Criterios Aislados y Jurisdisrprindenciales Locales, donde elaboraba
observaciones a los códigos civiles de
Tabasco, pues sus homólogas, encargadas de hacer la repartición de trabajo en
su área, Ana Ruth Zurita Sánchez y Thelma Romero Olive la ignoraban y
humillaban.
De acuerdo con Odina de Jesús sus compañeras la avergonzaban
y desvalorizaban su cargo frente a sus compañeros de trabajo.
En ese mismo año, agregó, el presidente del TSJE inició un
proceso para suprimir una de las tres plazas en su área, donde ella sería la
única sin ser ratificada, sin embargo ésta no se aprobó. En 2017 Tum Pérez fue
incapacitada por el Instituto de Seguridad Social de Tabasco (ISSET) por una
enfermedad en las vértebras.
A su regreso, en 2018, al TSJE se le negó su bono de
antigüedad de 30 años como trabajadora del TSJE. El presidente del TSJE alegó
que tenía muchas incapacidades, de las cuales se dudaba su autenticidad, y dijo
que tenía dos actas contra donde la acusaban de “no hacer una anotación en el
cuaderno del Gobierno de Tabasco” y “gritarle a una compañera”, hechos que
sucedieron hace 29 años.
Ante ello la abogada interpuso un amparo en el TSJE para que
se le pagara lo justo, sin embargo éste sigue en proceso.
Aseguró que con esos dos pretextos el presidente se valió
para inciarle un proceso en su contra por faltas administrativas y así poder
rescindirla definitivamente del TSJE, el 25 de abril, día que comenzó su huelga
de hambre. Ese día, recordó, un notario, del cual desconoce su nombre; su
homóloga, Ana Ruth Zurita; y una actuaria, Graciela Jiménez, le entregaron un
oficio. La actuaria le dijo: “licenciada me están mandando a notificarle su cese,
disculpe”.
No obstante, Tum Pérez afirmó no haber firmado el oficio con
el propósito de demandar al TSJE (en un periodo de 30 días) ante el Tribunal
Administrativo de Conciliación de Tabasco, acción que presentará esta semana.
“Esperaré la respuesta del TSJE a mis demandas, con base en ello tomaré
acciones futuras”, precisó.
Todas estos hechos fueron denunciadas por Tum Pérez en
diversas instituciones como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), la Comisión de Equidad de Género del Congreso de Tabasco, entre
otras, quienes, dijo, se han amparado bajo la excusa de que el presidente del
TSJE no quiere recibir sus documentos.
La abogada resaltó que en la anterior administración del
TSJE, bajo la presidencia de Rodolfo Campos Montejo, vivió acoso laboral por
las actividades que realizaba: elaborar los criterios de las Salas Civiles del
Tribunal, en las cuales se evidenciaba la corrupción en el trabajo desempeñado
por el ex magistrado, sin embargo –explicó– una vez anulada esta tarea el acoso
hacia ella cesó.
Odina Tum Pérez pidió se respeten sus derechos laborales y
se le ratifique en el cargo que ostentaba desde hace 16 años, se brinde
justicia al caso de su hija y hace un llamado a organizaciones civiles para
proporcionen medidas de seguridad pues teme represalias hacia su familia.
Además, expresó va a dirigir una carta al director de Bancomer de Tabasco para
obtener un plazo en el pago de la hipoteca de su casa, ya que ella es quien
solventa los gastos de su hogar.
DENUNCIA POR ACOSO SEXUAL
El proceso de abuso sexual contra su hija, explicó la
abogada, se ha dilatado 4 años en trámites. En 2016 el agresor fue sentenciado
a pagar una fianza por abuso sexual, lo que permitió que saliera en libertad.
Esta resolución fue gracias a que la jueza, Thelma Elena Lastra Osorio eliminó
“el agravante” de la relación de autoridad entre la víctima y el agresor, al
decir que “éste no entrenaba a la hija de Tum Pérez”.
Es por ello que la abogada interpuso un amparo en busca de
que el proceso se reponga y haya una sentencia justa. El caso ahora está en
manos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito en Tabasco.
Asimismo, comentó, el agresor es de nacionalidad cubana, sin
embargo, no se le otorgó su derecho a la asistencia consular cuando fue acusado
de abuso sexual, en este caso, explicó Odina de Jesús, es necesario que las
autoridades le garanticen servicios de protección consular porque de lo
contrario en cualquier momento él puede alegar violaciones al debido proceso y
ser absuelto por una irregularidad del TSJE.
Odina de Jesús señaló que esta negligencia, de no darle
asistencia consular al acusado, fue cometida por el Ministerio Público y por la
jueza del TSJE, Thelma Elena Lastra Osorio, a pesar de que ellos sabían que el
acusado no radicaba en México de manera regular, información notificada por el
Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco.
De acuerdo con la abogada, el hostigamiento en su contra y
su cese laboral se debe a que ha denunciado omisiones e irregularidades de la
autoridad. 18/AE
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